Linda Estibaliz Aguilar Bernal
Expediente 668/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 8 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 668/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 08/07/2022
Partes del expediente
- Linda Estibaliz Aguilar Bernal
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, ocho de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LA DELEGACIÓN ESTATAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA UNIDAD DEL SISTEMA TRADICIONAL "B" DE AVERIGUACIONES PREVIAS EN TRÁMITE Y DEPURACIÓN DE RESERVA. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 668/2022-IV. Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación del acto reclamado De la lectura de la demanda de derechos fundamentales, se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: -La resolución de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictada en la indagatoria ***, en la cual se consultó el no ejercicio de la acción penal. Lo anterior se fija atendiendo a lo expuesto en el escrito inicial de demanda, pues si bien en el apartado del acto reclamado se citó éste como la determinación de no ejercicio de la acción penal, de la lectura de la demanda, en específico de los antecedentes del acto reclamado se advierte que en la determinación combatida se "consultó" el no ejercicio de la acción penal, en la indagatoria ***, en virtud de lo expuesto por la promovente bajo protesta de decir verdad, en el sentido siguiente: "6. En fecha 22 veintidós de noviembre del año 2014 dos mil catorce, mediante acuerdo se ordena remitir la carpeta de investigación a efecto de que se realice el dictamen en materia de medicina forense, sin embargo, derivado de diversas omisiones por parte de la Representación Social Federal fue hasta el día 09 nueve de junio de la anualidad 2017 dos mil diecisiete, que se recepcionó el expediente de averiguación previa en la Dirección General de Especialidades Medico Forenses, con la finalidad de que se emitiera el dictamen correspondiente, mismo que fue rendido hasta el 15 quince de octubre de la anualidad 2021 dos mil veintiuno, a través del cual se determinó que no existía responsabilidad médica o mala praxis desplegada por parte de los Centros Médicos descritos en líneas que anteceden, aclarando que para realizar el dictamen de referencia en ningún momento esta parte quejosa fue citada a efecto de que el perito me valorada de forma personal o en su defecto me entrevistara con relación a los hechos propuestos en mi escrito de demanda, dictamen que fue ratificado por el experto en materia de medicina forense Doctor HILDEBERTO MENDOZA GARCÍA, en fecha 17 diecisiete de noviembre ele la anualidad próxima pasada, y derivado de lo anterior en data 25 veinticinco de abril de la anualidad que transcurre la Mesa Investigadora elaboro consulta de no ejercicio de la acción penal, sustentado su actuar en el hecho de que había operado la prescripción de la acción penal, en razón de que la última actuación se había practicado el día 23 veintitrés de mayo del año 2012 dos mil doce, lo cual no es acorde con las actuaciones, pues tan siquiera tal emisión de tales dictámenes en su caso, interrumpe con la figura procesal de prescripción, ello sin conceder que esta haya operado, y que la clasificación del ilícito penal realizado por la autoridad responsable, sea el correcto y adecuado, respecto a los hechos denunciados y que han puesto constantemente en peligro la vida de quien ahora comparece ante hasta autoridad federal a pedir el amparo y protección." (Lo destacado es propio). Improcedencia Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. En la especie se actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción VII, interpretado a contrario sensu, de esa Ley. Los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción VII, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VII. Contra las omisiones del ministerio público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y De lo anterior se obtiene que el juicio de amparo indirecto procede contra las resoluciones del Ministerio Público de no ejercicio de la acción penal, entendida aquella que constituya la resolución definitiva. Aplicado en sentido contrario, cuando el acto reclamado consiste en la determinación del Ministerio Público que no constituye la definitiva respecto del no ejercicio de la acción penal, sino una intermedial sujeta a una eventual confirmación, el juicio de amparo es improcedente. Así, la propia Ley de Amparo contempla la improcedencia por alguna causa diversa a las previstas en las primeras veintidós fracciones de dicho precepto 61, cuando aquélla resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia ley de la materia; caso en el cual deberán expresarse los fundamentos y motivos que originen tal improcedencia del juicio de amparo. Ahora bien, en la especie se estima actualizada la referida causa de improcedencia, porque el acto reclamado en la presente instancia constitucional constituye la consulta del no ejercicio de la acción penal, dictada el veinticinco de abril de dos mil veintidós en los autos de la indagatoria PGR/DDF/SZN-I/1075/2011, la cual no es la resolución definitiva, ya que de conformidad con el artículo 8, fracción I y 15 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como el artículo Tercero del Acuerdo A/006/92 de la Procuraduría General de la República, se advierte que el agente del Ministerio Público encargado de la averiguación previa, en caso de estimar que no se reúnen los requisitos para el ejercicio de la acción penal, formulara consulta de no ejercicio de la acción penal, la cual será resuelta de manera definitiva -previo dictamen del agente del Ministerio Público de la Federación auxiliar- por el Procurador General de la República o por los servidores públicos en quienes delegue esa facultad. En ese orden de ideas, la consulta de no ejercicio de la acción penal no debe ser considerada como una resolución definitiva, toda vez que está sujeta a la revisión del agente del Ministerio Público auxiliar del Procurador, la que a su vez será aprobada en definitiva; en consecuencia, no puede ser materia de estudio en el presente juicio de amparo, pues -como ya se dijo- dicha determinación todavía puede ser modificada o confirmada por la decisión final que en su caso emita el Procurador o el servidor público al que se le haya delegado esta facultad. Merece invocarse, por las razones que informa, la tesis del rubro y texto, siguientes: "RESOLUCIÓN A LA CONSULTA DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. EL PROVEÍDO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN QUE DESECHA EL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO EN SU CONTRA, NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El proveído mediante el cual el agente del Ministerio Público de la Federación desecha el recurso de inconformidad interpuesto contra la resolución emitida en la consulta de no ejercicio de la acción penal, no constituye una resolución definitiva impugnable a través del juicio de amparo indirecto, ello en atención a que de acuerdo con la fracción V del artículo 13 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, tal determinación está sujeta a revisión por parte del agente del Ministerio Público de la Federación auxiliar del procurador, quien emitirá el dictamen respectivo para la aprobación en definitiva de dicha consulta por el subprocurador, y será ésta, en su caso, la susceptible de ser impugnada mediante el juicio de amparo indirecto.". En consecuencia, con base en lo establecido en el numeral 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda, por notoriamente improcedente. En similares términos resolvió el suscrito el juicio de amparo ***, mediante sentencia constitucional de veintidós de junio de dos mil veintidós, la cual está pendiente de adquirir firmeza. Domicilio de la quejosa y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Cabe precisar que la parte quejosa, también señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los correos electrónicos y números telefónicos precisados en la demanda de amparo; sin embargo, únicamente se tendrán para en efecto de entablar comunicación procesal entre las partes, toda vez que la Ley de Amparo, no contempla tales medio para oír y recibir notificaciones. Por autorizados a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión. Asimismo, se tienen por autorizados exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que se señalan en la demanda de amparo. (Artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia). Notifíquese personalmente.
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