Linda Diana Trueheart Vega

Expediente 175/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 19 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
175/2016
Año
2016
Actuaciones
19
Última actuación
29/08/2016

Partes del expediente

  • Linda Diana Trueheart Vega
  • Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia Para el Primer Distrito Judicial

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes, archívese este expediente. Por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en las fracciones I y II, del punto VIGESIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que en el mismo se decretó el sobreseimiento. Notifíquese.

  2. Principal

    Al haber transcurrido el término de dos días concedido a la parte QUEJOSA, asi como a la parte TERCERA INTERESADA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el tres de febrero de dos mil dieciséis, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal LINDA DIANA TRUEHEART VEGA, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia para el Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado. "(.) La denegación de justicia por parte de la responsable en proveer respecto de la tercería coadyuvante promovida por la aquí quejosa el once de enero del año en curso (.)" SEGUNDO. Por auto de cuatro de febrero del año en curso, se admitió a trámite la demanda interpuesta por la parte quejosa, se requirió a la responsable su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y del análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la denegación de justicia al no proveer respecto de la tercería coadyuvante promovida el once de enero de dos mil dieciséis, en el expediente 230/2000. TERCERO. Es cierto el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia para el Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con diversas constancias que acompañó; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Amparo y el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la página 262, del Apéndice de fallos de 1985, parte VIII, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que respecto del acto reclamado consistente en la denegación de justicia por parte de la autoridad responsable al no proveer respecto de la tercería coadyuvante promovida el once de enero de dos mil dieciséis, en el expediente 230/2000, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: "XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Dicho numeral tiene íntima relación con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la misma ley, cuyo contenido dice: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: "V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como ocurre en el presente caso. El acto reclamado anunciado consiste en la denegación de justicia por parte de la autoridad responsable al no proveer respecto de la tercería coadyuvante promovida el once de enero de dos mil dieciséis, en el expediente 230/2000, lo cual alude le genera un perjuicio al no impartirse justicia en los plazos y términos que señala la ley aplicable al acto reclamado. Ahora, de las constancias remitidas por la responsable Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia para el Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, se advierte que el nueve de febrero del presente año, dictó un acuerdo en el cual declaró improcedente la tercería promovida por la quejosa el once de enero del año en curso, a efecto de coadyuvar o adherirse a los intereses del demandado Alfredo Gutiérrez Quintana, en el expediente 230/2000. Asimismo, se evidencia que el once de febrero del presente año, se notificó a la quejosa LINDA DIANA TRUEHEART VEGA, por medio de boletín judicial el proveído de nueve de febrero del mismo año. En consecuencia, de lo anterior se advierte que, sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, la cual para que surta efectos requiere de la revocación del acto que se reclama o que la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Esto es así, pues de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que se surta la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Cobra aplicación la jurisprudencia número 2ª/J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del tomo VII, abril de 1998, novena época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE AC TUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los numerales 1° Fracción I, 61, 62, 63, 73, 74, 76, 75, 79, 119, y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma el juez Guillermo Amaro Correa, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veinte de julio de dos mil dieciséis, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    se difiere la audiencia constitucional y se señalan las diez horas con trece minutos del once de julio de dos mil dieciséis...Notifíquese

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Vista la razón de cuenta, en términos de los ordinales 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta , por medio del cual se apersona al presente juicio Solida Administradora de Portafolios, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Banorte, por conducto Erick Mario Navarrete Acevedo, quien se ostenta como apoderado legal de la moral citada, en términos de una copia certificada de la escritura pública número 40,719 pasada ante la fe del notario público número cuarenta y cuatro con ejercicio en la ciudad de Huixquilucan, Estado de Mexico ; al respecto se le reconoce el carácter de Tercero Interesado a la moral ya referida así mismo en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo se le reconoce a Erick Mario Navarrete Acevedo el carácter de apoderado legal de dicha Moral. Por otra parte, por cuanto a la solicitud del promovente en el sentido de hacerle devolución del instrumento notarial que exhibe, dígasele, que con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no ha lugar a acordar favorablemente su petición, ya que el documento antes referido le será devuelto una vez que cause ejecutoria la resolución que aquí se emita, y una vez que el promovente reitere su petición en dicho momento procesal, sin perjuicio de que pueda solicitar por escrito copia certificada de dicha documental. Finalmente con fundamento en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio del tercero interesado el que precisa y de conformidad con lo previsto en el numeral 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados a las personas que refiere para los efectos que ahí se indican, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

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