Linda Cristal López Pérez

Expediente 818/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
818/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
20/10/2021

Partes del expediente

  • Linda Cristal López Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el veinticuatro de septiembre de este año, en el cual se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente juicio se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, requiérase a las partes para que dentro del término de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, comparezcan en el local de este órgano jurisdiccional en día y hora hábil debidamente identificados, a efecto de recoger los documentos originales que en su caso hubiesen allegado a este asunto, previa constancia de recibo que se deje en autos; apercibidas que de no hacerlo en el plazo indicado éstos serán destruidos, de conformidad con el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa el auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido: 1. Oficio telegráfico 1.2.402.DA/1150/2021; 2. Oficio 1.2.402.DA/1226/2021, 3. Oficio 1.2.402.DA/1227/2021, todos suscritos por el Director de Amparos y Controversistas Constitucionales de la Dirección General Adjunta de Procesos Contenciosos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 4. Oficio UJ/DAC/1325/2021, suscrito por la Directora de Asuntos Contenciosos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (INDAABIN); y 5. Oficio 1.2.402/DA/1113/2021, firmado por Aurelio Muñoz Jaramillo, en su calidad de delegado del Secretario de Comunicaciones y Transportes y del Subsecretario, todos con sede en Ciudad de México; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguense al expediente para que obren como corresponda, y respecto a su contenido, enseguida se provee lo siguiente: Por lo que hace al oficio telegráfico 1.2.402.DA/1150/2021, de treinta y uno de agosto del año en curso, suscrito por el Director de Amparos y Controversistas Constitucionales de la Dirección General Adjunta de Procesos Contenciosos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no se hace mayor pronunciamiento, toda vez que dicho comunicado se tuvo recibido en acuerdo de diecisiete de septiembre del presente año. Respecto al oficio 1.2.402.DA/1226/2021, suscrito por el Director de Amparos y Controversistas Constitucionales de la Dirección General Adjunta de Procesos Contenciosos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dicha autoridad refiere que en esa dependencia se recibieron el trece de septiembre del año en curso, los diversos 36058/2021, 36061/2021 y 36062/2021, que contienen inserto el auto de uno de los corrientes, dirigidos a la Dirección General Adjunta de Procesos Contenciosos de la Unidad de Asuntos Jurídicos, al Titular y al Subsecretario de Infraestructura, todos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respectivamente; asimismo, en cuanto a la vista conferida en dicho proveído, expresa que deben remitirse la totalidad de las constancias que integran este asunto para la substanciación de los medios de impugnación recibidos en el citado acuerdo. Tocante al oficio 1.2.402.DA/1227/2021, suscritos por el Director de Amparos y Controversistas Constitucionales de la Dirección General Adjunta de Procesos Contenciosos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se le tiene devolviendo los diversos 36066/2021 y 36871/2021-10, que contienen insertos los acuerdos de uno y seis de septiembre del año en curso, dirigidos al Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, toda vez que por error fueron enviados a dicha dependencia; en consecuencia, se comisiona a la Actuaria Judicial de la adscripción para que proceda a remitir, vía mensajería acelerada, los comunicados en cita, a su destinatario y domicilio correctos. En relación al oficio UJ/DAC/1325/2021, suscrito por la Directora de Asuntos Contenciosos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (INDAABIN), dicha autoridad comunica que el plazo de diez días otorgado en acuerdo de veinticuatro de los corrientes, para la emisión del avalúo ordenado en autos, resulta insuficiente por los motivos que refiere, y al efecto solicita se le otorgue una prórroga por un término prudente para dar cumplimiento a lo requerido; en tal razón, póngase a la vista de la parte quejosa por el término de tres días, y una vez transcurrido dicho plazo, este Tribunal Federal se pronunciará sobre la solicitud de mérito. En atención al oficio 1.2.402/DA/1113/2021, firmado por Aurelio Muñoz Jaramillo, en su calidad de delegado del Secretario de Comunicaciones y Transportes y del Subsecretario de Infraestructura, todos con sede en Ciudad de México, se tiene a dichas autoridades interponiendo recurso de queja en contra del acuerdo de dieciséis de agosto del año en curso. Por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 101 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene a la aludida autoridad responsable y a la parte quejosa, interponiendo recurso de queja en contra del auto pronunciado el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, dentro del juicio de amparo en que se actúa, por lo que, una vez notificado el acuerdo impugnado y el presente auto a las partes, remítase a la superioridad el escrito original de expresión de agravios, el informe sobre la materia de la queja y las constancias que se estimen pertinentes para la substanciación del aludido medio de impugnación. Además, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 101 de la ley de la materia, requiérase al resto de las partes para que el plazo de tres días, señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al tribunal de alzada. Finalmente, en cuanto a la solicitud de Aurelio Muñoz Jaramillo, en su calidad de delegado del Secretario de Comunicaciones y Transportes y del Subsecretario de Infraestructura, todos con sede en Ciudad de México, en el sentido de que se suspenda el procedimiento de ejecución de sentencia en este asunto, la misma resulta improcedente, ello en atención a que la ejecución de las sentencias son de orden público, ya que constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por lo que la suspensión solicitada podría anular los efectos restitutorios. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el informe justificado signado por la presidenta por ministerio de ley de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; en tal razón, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, sin que resulte necesario ponerlo a la vista de las partes en virtud de las consideraciones que enseguida se expondrán. Ahora bien, se precisa que de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito advierte que el acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de proveer lo conducente en relación al señalamiento de la fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente administrativo laboral 694/E06/2020, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I del artículo 77 de la legislación de la materia: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra apoyo en la jurisprudencia número 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior es así, debido a que del contenido del informe justificado con que se da cuenta se advierte que la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, el día veinte de septiembre de dos mil veintiuno, señaló las nueve horas con treinta minutos del veinte de octubre de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, cuya omisión se dolía la parte quejosa, por lo que ha quedado sin efectos el acto reclamado, puesto que, como se dijo, la autoridad responsable dictó el acuerdo correspondiente dentro del expediente administrativo laboral 694/E06/2020, de su índice, que era la causa de pedir en esta instancia constitucional. Asimismo, no pasa por desapercibido que la autoridad que la parte quejosa denominó como Actuario adscrito a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, omitió rendir informe justificado no obstante de haber sido debidamente notificado para ello desde el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, según el acuse de recibo que obra agregado en autos (foja 6). Sin embargo, cabe precisar que de las constancias de autos se desprende que al momento en que se presentó la demanda de garantías, que lo fue el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, la Junta a la que se encuentra adscrito al Actuario responsable, aún no admitía la demanda laboral que le fue presentada por la aquí quejosa, ello en virtud de que se había planteado excusa para conocer de la misma; por tanto, a la fecha en que se presentó el escrito que dio origen a este asunto no existía emplazamiento que realizar por parte del Actuario señalado como responsable. En tales condiciones, al haber cesado los efectos del acto reclamado a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, conlleva a que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta procedente sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada legislación. No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anteriormente expuesto, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con veintitrés minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

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