Lina Morfín Morfín
Expediente 5135/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 5135/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/12/2022
Partes del expediente
- Lina Morfín Morfín
- Lina Morfín Morfín y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, siete de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio procedente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, al que se acompañan los autos del juicio de amparo indirecto 792/2015 y sus acumulados 802/2015, 958/2015, 960/2015, 962/2015 y 968/2015 del índice de este juzgado auxiliar, así como el toca del amparo en revisión 510/2017 de la estadística del Quinto Tribunal Colegido en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco, del que deriva el amparo en revisión 935/2019 del índice del tribunal colegiado citado en primer término. Acúsese recibo. En razón de lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar, que en el amparo en revisión 935/2019 del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, se determinó lo siguiente: "(.) PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria, SE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO en el juicio de amparo indirecto 792/2015 y sus acumulados del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. (.)" Realícense las anotaciones respectivas y glósense únicamente las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión. Debido a que el tribunal colegiado oficiante, envía testimonio de la ejecutoria correspondiente, el cual se encuentra glosado en el toca del amparo en revisión que adjunta, de conformidad con el punto nueve de la circular CAR 06/CCNO/2017 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, obténgase copia certificada de la ejecutoria para que obre agregada en autos. Ahora bien, resulta necesario señalar que el efecto que la Superioridad determinó al revocar la sentencia emitida y reponer el procedimiento, es el siguiente: "(.) SÉPTIMO. Conclusión y efectos de la reposición. Por consiguiente, atendiendo a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias citadas en esta ejecutoria, se revoca la sentencia recurrida y se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo indirecto, para los siguientes efectos: Con libertad de jurisdicción, el juzgador de aparo emitirá una sentencia particular al asunto, conforme a los artículos 73 y74 de la Ley de Amparo, donde se ocupará de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que solicitaron el amparo, fijará de forma clara y precisa el acto reclamado, analizará sistemáticamente todos los conceptos de violación, valorará las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio, emitirá las consideraciones y citará los fundamentos legales en que se apoye la decisión, así como los efectos o medidas en que se traduzca una eventual concesión del amparo, además de precisar de forma clara y precisa los puntos resolutivos, con base en lo reclamado en la demanda y su ampliación, y atendiendo a la singularidad del juicio de amparo indirecto que nos ocupa. En el entendido de que la reposición del procedimiento debe ordenarse sólo respecto del dictado de la sentencia, pues aun cuando la audiencia constitucional es un solo acto procesal, para fines prácticos ésta se divide en tres etapas, por lo que basta reponer aquella en la que se presentó la violación. (.)" En relatadas consideraciones, en cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad en la ejecutoria que nos ocupa, se provee lo siguiente: Como está ordenado y en cumplimiento a lo dispuesto por el órgano colegiado, se deja insubsistente la sentencia de tres de noviembre de dos mil dieciséis y se ordena reponer el procedimiento para el efecto de que se emita la sentencia que corresponda de acuerdo con lo determinado por la superioridad. AUTO DE TURNO PARA EL DICTADO DE SENTENCIA Ahora bien, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por el órgano colegiado, una vez que se cuente con las constancias de notificación de este auto, previo acuerdo, túrnese el expediente, para que se dicte la sentencia que conforme a derecho proceda. Se ordena notificar a las partes la ejecutoria dictada en el en el amparo en revisión 935/2019 del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, derivado del amparo en revisión 510/2017 de la estadística del Quinto Tribunal Colegido en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco, y en cumplimiento al punto nueve de la circular CAR 06/CCNO/2017 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cuente con las constancias de notificación, previa copia certificada que se deje en autos, glósense al expediente original relativo al recurso de revisión del tribunal colegiado de circuito, y sin ulterior acuerdo, remítase al tribunal colegiado que tramitó el recurso, a fin de que provea lo conducente, solicitándole el acuse de recibo respectivo. SUGERENCIA PARA TRANSITAR A JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, se exhorta a la quejosa, para que, de ser posible, transite a la tramitación del expediente físico hacia la actuación electrónica de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual se pueda acceder al expediente electrónico, recibir notificaciones por la misma vía, así como presentar promociones y/o recursos, siempre y cuando se tramite y/o se cuente con la firma electrónica vigente (FIREL) y se solicite autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal por medio de expediente electrónico y además se indique el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Adicionalmente se informa a las partes, que a fin de privilegiar las herramientas tecnológicas, facilitar la tramitación en línea de los juicios de amparo y evitar físicamente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (Juzgados de Distrito), el Consejo de la Judicatura de la Federación puso a disposición del público en general la aplicación móvil (APP) para tramita en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL, que se puede descargar buscando la palabra "FIREL" o "Firma Electrónica", y acceder, desde cualquier dispositivo móvil con sistema operativo "Android", o bien iniciar el proceso desde el Portal www.firel.pjf.gob.mx para el cual se necita como identificación oficial la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE). Finalmente, visto el estado procesal que guardan los autos y el oficio número SEADS/693/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, firmado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, por el cual se comunica la decisión del propio Pleno del Consejo de la Judicatura, en la que se determinó la adscripción de la Jueza Jacqueline Betancourt Silva, a este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes dicha determinación para los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, foja 312, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Es aplicable por su contenido la jurisprudencia P./J. 12/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, página 55, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMUN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCION. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Las demandas de amparo que se presentan fuera del horario de labores ante el secretario autorizado de un Juzgado de Distrito, en términos del último párrafo del artículo 23 de la Ley de Amparo, deben ser remitidas a la oficina de correspondencia común, para que ésta cumpla con el procedimiento que señala el artículo 56 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (49 de la ley en vigor); esto es, para que la registre por orden numérico riguroso y la turne al juzgado que corresponda. Por otra parte, el examen de los artículos 30, primer párrafo, y 147, primer párrafo, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que no hay obligación legal para el Juez de Distrito, de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, pues el primero de los numerales señalados dispone este tipo de notificación respecto del emplazamiento del tercero perjudicado y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, y le otorga al juzgador la facultad de ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, cuando lo estime conveniente; por tanto, es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término, a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existe oficina de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado". Notifíquese; y personalmente a las quejosas.
- Principal
Ciudad de México, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos y la certificación que antecede, considerando que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido, conviene destacar los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la justicia federal en la sentencia dictada en autos: "(.) Así, lo expuesto con antelación, conlleva a conceder el amparo y protección de la Justicia Federal contra el artículo 53-B, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince. DÉCIMO PRIMERO. Efecto de la concesión del amparo. El amparo y protección de la Justicia Federal señalada en supralíneas, se concede para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa durante la vigencia del referido numeral y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previsto para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Sobre el particular se cita la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10a.), de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. " Cabe destacar que el amparo concedido respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, no se hace extensivo a los artículos 61 y 62 de su reglamento, ya que en estos numerales se pormenoriza lo atinente a la solicitud de información a terceros durante el desarrollo del procedimiento de fiscalización y el desahogo de las periciales que se ofrezcan en el mismo, aspectos que no guardan estrecha relación con lo que fue materia de la concesión del amparo. ... Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio respecto de los actos y autoridades precisados en los considerandos cuarto y séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable (1); ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable (2)********************, Sociedad Anónima de Capital Variable (3)********************, Sociedad Anónima (4); ********************, Sociedad Anónima (5); ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable (6); ********************, Sociedad Civil (7); ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable (8); ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable (9); ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable (10); ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable (11); ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable (12); ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable (13); ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable (14); y, ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable (15), contra los actos y autoridades precisados en el considerando quinto y por los motivos expresados en el noveno considerando de esta sentencia. TERCERO. La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable (1); ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable (2)********************, Sociedad Anónima de Capital Variable (3)********************, Sociedad Anónima (4); ********************, Sociedad Anónima (5); ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable (6); ********************, Sociedad Civil (7); ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable (8); ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable (9); ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable (10); ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable (11); ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable (12); ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable (13); ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable (14); y, ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable (15), contra los actos y autoridades precisados en el considerando quinto, por los motivos expresados y para los efectos precisados en los considerandos penúltimo y último de esta sentencia. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y por lista a la parte quejosa atento a lo acordado en proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintidós." El amparo y protección de la Justicia Federal señalada en supralíneas, se concede para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a las quejosas durante la vigencia del referido numeral y éstas no hayan ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de las quejosas para ofrecer las pruebas que estimen conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Sobre el particular se cita la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10a.), de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015." Como se advierte, los efectos del fallo constitucional fueron para que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a las quejosas durante la vigencia del numeral 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, y éstas no hayan ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Ello, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de las quejosas para ofrecer las pruebas que estimen conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO. En principio, no ha lugar a requerirles el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, a las autoridades responsables Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a los actos que en el ámbito de su competencia legislativa se les atribuyeron en esta instancia constitucional, y respecto de los cuales se concedió el amparo y protección de la justicia federal; debido a que el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligarlas a derogar o dejar sin efectos dichos actos. Al respecto, tiene aplicación la tesis 2° CXV/97 (número de registro digital 197512), de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, octubre de 1997, página 414, de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVA O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del Presidente de la República las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Jefe del Servicio de Administración Tributaria y a la diversa autoridad Secretario de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de superior jerárquico, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este acuerdo, dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumpla con los efectos de la ejecutoria y remita copia certificada de las constancias que lo acrediten. Es decir, para el caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a las quejosas durante la vigencia del numeral 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, y éstas no hayan ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Para lo cual, remítasele copia de la sentencia de amparo. En el entendido de que: 1. Las autoridades responsables y sus superiores jerárquicos deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) (número de registro digital 2007912), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.) (número de registro digital 2007914), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un juez de Distrito. APERCIBIMIENTOS POR INCUMPLIR LA SENTENCIA DE AMPARO. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, por causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de la suscrita la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se le hace del conocimiento que aun cuando deje su respectivo puesto seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrá ser consignada en términos de la fracción XVI del artículo 107 Constitucional y el diverso 198 de la Ley de Amparo. Infórmese a la autoridad responsable el Registro Federal de Contribuyentes de las quejosas, a fin de que pueda dar cumplimiento al requerimiento formulado en líneas que anteceden. ORDEN QUEJOSA RFC 1 ********************, 2 ********************, 3 ********************, 4 ********************, 5 ********************, 6 ********************, 7 ********************, 8 ********************, 9 ********************, ********************, 11 ********************, 12 ********************, 13 ********************, 14 ********************, 15 ********************, Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio recibido vía interconexión por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, por medio del cual hace del conocimiento el auto de veintiuno de octubre del presente año, dictado en el amparo en revisión 18/2017 de su índice, en el que precisa que a la fecha no cuenta con el acuse de recibo de la remisión de la sentencia que emitió y los autos originales del juicio en que se actúa; atento a su contenido, vía interconexión acúsese el recibo de estilo respectivo de la recepción de la sentencia y los autos recibidos. Notifíquese; y en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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