Lina Magdalena Veliz Madera

Expediente 11/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 27 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
11/2022
Año
2022
Actuaciones
27
Última actuación
16/11/2022

Partes del expediente

  • Lina Magdalena Veliz Madera
  • José Roberto Rivera Uriostegui
  • Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Ciudad de México, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Por recibido el escrito signado por José Roberto Rivera Uriosteqgui, por medio del cual solicita copia certificada de diversas constancias que obran agregadas en autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, expídase a su costa las copias certificadas que menciona por conducto de las personas que menciona, debiendo dejar en autos constancia de su entrega a satisfacción de este órgano jurisdiccional. Notifíquese

  2. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Ciudad de México, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término a efecto de impugnar el pronunciamiento de cinco de octubre de dos mil veintidós, y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. 25/05/24 18:00:00 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.27.37 NANCY ALEJANDRA MAGOS JURADO De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese

  3. Principal

    Ciudad de México, a trece de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el uno de septiembre de dos mil veintidós, en la que se determinó por una parte, sobresee y por la otra, negó el amparo y protección de la justicia federal, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que se negó la protección constitucional en el presente asunto. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 3, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se negó, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese

  4. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Ciudad de México, a diez de octubre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio remitido vía electrónica por la Directora de Asuntos Contenciosos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, remitido en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como el diverso firmado electrónicamente por el Secretario Técnico Normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, por medio de los cuales, la mencionada en primer orden, en atención al requerimiento de veintitrés de septiembre del año en curso, informa que el veintisiete de septiembre pasado, se emitió el Dictamen Valuatorio solicitado con número 2022-2341 genérico G-2933-ZNC, secuencial 03-22-446, mismo se fue remitido al Director General de Legislación, Consulta y Pago de Predios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y, el mencionado en segundo lugar, proporciona el domicilio y la Clave Única de Registro de Población del sancionado Ernesto Ladrón de Guevara Alafita. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios de cuenta para que obren como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, tomando en consideración las manifestaciones vertidas por la Directora de Asuntos Contenciosos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales en el sentido de que ya se emitió el avalúo correspondiente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley citada, se REQUIERE al ahora Director General de Legislación, Consulta y Pago de Predios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, remita las constancias con las que acredite que realizó el pago a que tiene derecho la quejosa en términos del acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil quince, emitido por el Titular de dicha Secretaría, respecto de la parte proporcional por afectación agraria de 14-02-77.61 hectáreas del predio 'XALPA', ubicado a inmediaciones del poblado Cuauhlotitlán, Municipio de Tlachapa, Estado de Guerrero. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, y el 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley citada, REQUIÉRASE al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que en su calidad de superior jerárquico de la directamente responsable Director General de Legislación, Consulta y Pago de Predios de la citada Secretaría, en cumplir con el fallo protector, remita a este órgano jurisdiccional, dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haberle ordenado el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejerce sobre ellas poder o mando para obligarlas a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibidos que, en caso de no hacerlo así, sin causa justificada se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a cada uno de sus titulares una multa de hasta por cien veces la unidad de cuenta en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley ya citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveídos de veintiocho y veintinueve de septiembre del año en curso, se reservó el envío de la información requerida para el cobro de la multa impuesta en autos, así como copia del proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el que se impuso la citada multa y de la resolución dictada en el recurso de queja Q.A. 230/2022, del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, hasta en tanto se contara con la totalidad de la información solicitada, circunstancia que ya aconteció. En ese sentido, remítase a la Administración de Cobro Persuasivo y Garantías "1" de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, copia del oficio de cuenta registrado con el número 24533, así como del anexo del oficio recibido en este juzgado el veintinueve de septiembre pasado registrado con el número 23634, de los que se advierte el Registro Federal de Contribuyentes, la Clave Única de Registro de Población, y el domicilio de Ernesto Ladrón de Guevara Alafita, así como copia del proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el que se impuso la multa que nos ocupa y de la resolución dictada en el recurso de queja Q.A. 230/2022, del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a efecto de que proceda al cobro de la misma. Finalmente, toda vez que la información proporcionada por el Instituto Nacional Electoral, fue clasificada como confidencial en términos de los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en consecuencia, glósese al presente expediente en un sobre cerrado, quedando su acceso restringido a la partes. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa

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