Lina Hernández Varela
Expediente 1150/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 54 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1150/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 54
- Última actuación
- 23/03/2018
Partes del expediente
- Lina Hernández Varela
- Agente del Ministerio Público de la Federación adcrita al Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 54.
- Principal
téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta signado por la Encargada de la O.S.D. Poder Judicial Siglo XXI, San Andrés Cholula, Puebla, por medio del cual, informa que en atención al requerimiento formulado por este órgano judicial mediante proveído de seis de marzo de dos mil dieciocho (foja 593), el sobre que contenía el oficio 55659/2018 de ocho de diciembre de dos mil dieciocho, dirigido a la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, con referencia R 25 se entregó el tres de marzo de dos mil dieciocho a la oficial administrativo Julieta Montes de Oca Silva. En tales condiciones, este Juzgado Federal se hace conocedor de lo antes referido y se deja sin efecto el apercibimiento de multa con que prevenida la autoridad oficiante. Asimismo, a fin de evitar mayores dilaciones, con fundamento en el artículo 17 constitucional, reexpídase el mencionado oficio a dicha responsable para que surta los efectos legales conducentes; para lo cual, se comisiona al Actuario Judicial de esta adscripción lo entregue en el domicilio señalado por dicha responsable al rendir el informe justificado correspondiente, es decir, en la ciudad de Puebla.
- Principal
téngase por recibido el oficio de cuenta a través del cual la Administradora de la OSD, Poder Judicial Siglo XXI, San Andrés Cholula, Puebla, solicita una prórroga de tiempo a efecto de dar cumplimiento al requerimiento hecho en proveído de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho (foja 588). En mérito de lo anterior, dígasele la mencionada administradora que se le concede un nuevo término de tres días para dar cumplimiento al requerimiento hecho mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho (foja 588), en el entendido que dicho término se fija de conformidad con lo previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo que es oportuno destacar que, este órgano jurisdiccional se encuentra constreñido a fijar los términos según lo ordena el legislador federal en dicho ordenamiento legal y el caso en cuestión, por no estar contemplado en la Ley de Amparo, se atiende a la regla general contenida en el referido precepto legal. Apercíbase a dicha Administradora, que de no remitir el acuse de recibo que corresponde al oficio 55659/2018 de ocho de diciembre de dos mil dieciocho, dirigido a la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, con referencia R 25 de la factura de doce de diciembre de dos mil diecisiete, se le hará efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de veintiséis de febrero citado, en el sentido de imponerle una multa cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3º. 4º, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho.
- Principal
Advirtiéndose de los presentes autos que a la fecha en que se actúa no corre agregado el acuse de recibo que corresponde al número de referencia R 25 de la factura de doce de diciembre de dos mil diecisiete, correspondiente al oficio número 55659/2017 de fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete, dirigidos al COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD; en consecuencia, gírese oficio a la Administradora de la Oficina de Servicios Directos del Servicio Postal Mexicano, Poder Judicial siglo XXI, en San Andrés Cholula, Puebla, requiriéndolo para que en el término de tres días siguientes a la notificación de este auto, remita a este juzgado dicha pieza postal o en su caso copia certificada de la misma. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el término que se indica, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3º. 4º, y 5º. De la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Finalmente, a fin de evitar mayores dilaciones en el procedimiento, mediante oficio que al efecto se gire, reexpídase el oficio antes mencionado a la respectiva autoridad. Solicitando acuse de recibo a la brevedad posible.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, a siete de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la razón secretarial de cuenta, en la que se hace constar que ninguna de las partes recurrió la sentencia dictada en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia ha causado ejecutoria. Intégrense los cuadernos incidentales respectivos. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Sin que sea obstáculo, que a la fecha no obren los acuses de recibo correspondientes a los oficios números 52573/2017, 52574/2017, 52575/2017, 52576/2017, 52577/2017 y 52582/2017, dirigidos a las autoridades responsables para notificarles la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo, toda vez que el sentido de la misma no les causa ningún agravio y por lo mismo no se encuentran legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis de Jurisprudencia número XI.3°.4 k, consultable en la página setecientos seis, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Apéndice 1917-1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción II, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó. Acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto Vigésimo Primero de Acuerdo General relativo, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN pues se concedió la medida cautelar solicitada, en forma provisional. En ese tenor de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto normativo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo Primero, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales". Notifíquese. Así lo acordó y firma Adriana Matzayani Sánchez Romo, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Rolando Hernández Hernández, Secretario que autoriza. Doy fe.
Quedan 50 actuaciones en este expediente
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