Limber Nataren Ramos y Otros.
Expediente 706/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 706/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/01/2022
Partes del expediente
- Limber Nataren Ramos y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. 4. Devolución de expediente. En atención a que en el presente sumario obran original del toca *** (un tomo) y copia certificada de la causa penal *** (un tomo), remitida por la responsable 1. Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en apoyo a su informe justificado, al oficio que al efecto se libre, devuélvasele dichas constancias, sin necesidad de solicitar el acuse de recibo, toda vez que en la constancia de notificación respectiva se deberá hacer constar su entrega. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, por el cual remite los autos originales del juicio de amparo 706/2021, original del toca *** (un tomo) y copia certificada de la causa penal *** (un tomo), así como testimonio de la resolución de quince de diciembre de dos mil veintiuno, pronunciada en el conflicto competencial *** de su índice, en la que determinó lo siguiente: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO. Es legalmente competente para conocer del juicio de amparo indirecto ***, instado por el quejoso ***, el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. TERCERO. Envíese copia autorizada al contendiente Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, para su conocimiento. CUARTO. La presente ejecutoria estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en los términos precisados en el último considerando de este fallo; asimismo, se ordena glosar la constancia de captura de sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes". Acúsese el recibo de estilo a la superioridad y hágase del conocimiento lo anterior a las partes. Se ordena capturar el reingreso del asunto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el libro de Gobierno de este Juzgado. Glósense únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes y respecto de los restantes se ordena su destrucción para evitar así la dualidad de constancias innecesarias; comisiónese para tal efecto al actuario judicial adscrito. Atento a lo resuelto por la superioridad, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 37 y 45 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado se avoca al conocimiento del asunto formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ***, por conducto de sus defensores *** y ***, contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. DESECHAMIENTO Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que afecte la demanda de amparo, debe ser evidente por sí mismo, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación haga inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto", significa, claro, evidente; mientras que "indudable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Analizada la demanda de amparo en su integridad y las constancias que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, preceptos que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De la lectura de los preceptos legales transcritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dentro de juicio cuando su ejecución sea de imposible reparación, mismos que a tuvo a bien definir el legislador como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano. Cabe señalar que con anterioridad a la promulgación de la actual Ley de Amparo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había establecido como criterios orientadores para determinar lo que debía entenderse por actos de imposible reparación, los siguientes: a) Como regla general, se estableció que los actos dictados dentro de juicio tenían una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectaban de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos del gobernado (vida, libertad, propiedad o posesión, etcétera); y, b) De manera complementaria, se consideró que los actos procesales tenían una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectaban a las partes en grado predominante o superior (por ejemplo: cuando se decidía una cuestión de personalidad o competencia, entre otros). Corrobora lo anterior, la tesis P. LVII/2004, de rubro "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". En efecto, hasta antes del tres de abril de dos mil trece, en que entró en vigor la actual Ley de Amparo, el criterio prevaleciente sobre el alcance de la procedencia del amparo indirecto en tratándose de actos de ejecución irreparable fue que si bien era acertada la distinción entre actos dentro del juicio que afectaran de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, y aquéllos que solo afectaran derechos adjetivos o procesales, como un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trataba de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución era de imposible reparación, mientras que la segunda hipótesis, por no tener esas características, debían reservarse para ser reclamadas en amparo directo; también era cierto que se consideró que tal criterio no era absoluto pues debía aceptarse de manera excepcional, que el amparo indirecto procedía contra algunas violaciones formales, adjetivas o procesales (como las cuestiones de personalidad), cuando afectaran a las partes en grado "predominante" o "superior"; afectación que se consideró debía determinarse objetivamente. El sustento de esta postura emanaba de la consideración genérica de que al no prever el legislador un concepto determinado sobre la irreparabilidad de los actos, se dejaba al arbitrio de los Tribunales Federales el determinar el alcance de ese concepto. Empero, esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por tanto, es claro que la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación", dejó de tener vigencia, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable, contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis de la que derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de rubro "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Establecido lo anterior, de la lectura integra de la demanda se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en la sentencia de dos de junio de dos mil veintiuno, pronunciada en el toca de apelación ***, que confirmó el auto de once de febrero de dos mil veintiuno, emitido en la causa penal ***, por el cual se tuvieron por excluidas las pruebas ofrecidas por el imputado -aquí quejoso-, al dar contestación a la acusación formulada por el Ministerio Público Dicha resolución se trata de una determinación emitida en etapa intermedia del proceso penal acusatorio seguido en contra del quejoso, pero previa al dictado del auto de apertura a juicio, cuyo pronunciamiento, según se advierte de las constancias remitidas por la responsable, aún no ha tenido verificativo por el aplazamiento de la audiencia relativa. Hecha esa acotación, conviene mencionar que el proceso penal acusatorio regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales se estructura básicamente de tres etapas principales que suceden unas a otras de manera interdependiente, esto es, etapa de investigación, fase intermedia y etapa de juicio oral o plenario. El iter probatorio o camino de la prueba, se desenvuelve en este marco secuencial de las etapas procesales y contribuye a la creación procesal del andamiaje para el sustento del juicio oral -a través de la creación de los elementos de prueba-. Los actos que trascienden a ese camino procesal por regla general permanecen en ese plano, y así es como deben ser entendidos para el estudio de la procedencia del amparo indirecto. En la etapa inicial, de investigación preliminar y complementaria, se realizan diligencias de investigación para obtener fuentes o datos de prueba con la finalidad de develar lo ocurrido en los hechos que se investigan y así sustentar el ejercicio de la acción penal. Datos de prueba que si bien es cierto no tienen valor probatorio para efectos de emisión de sentencia (de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción tercera de la Constitución Federal), sí son ponderadas para tomar diversas decisiones de continuidad y de adopción de medidas a lo largo del procedimiento. Asimismo, son datos que con el paso de las etapas del proceso, pueden mutar a pruebas susceptibles de ser valoradas por el Juez de juicio oral. La etapa intermedia o de preparación a juicio oral, se verifica ante el Juez de Control y tiene por objeto conocer la acusación, ofrecer y admitir o rechazar los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos y la determinación del daño causado por el delito que será materia del juicio oral. El desarrollo de esta etapa también se divide en dos partes, una escrita, que iniciará con la presentación de la acusación y comprenderá los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda es oral, que inicia con la celebración de esa audiencia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Esta etapa regulada en el libro segundo, título VII, capítulo I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene como propósito esencial, en estricto sentido, depurar los hechos sujetos a debate y determinar cuáles son los trascendentales que constituirán el contenido de la litis. Situación que necesariamente conlleva la depuración legal de los elementos para configurar prueba en juicio oral, cuya admisión esté basada en los principios de idoneidad, utilidad y trascendencia. Admisión que de conformidad con el artículo 347, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedará reflejada en el auto de apertura a juicio. La última de las etapas que configuran el proceso es la etapa de juicio oral. Esta, de conformidad con el artículo 348 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene por objeto que las partes desplieguen sus actuaciones tendentes a lograr el convencimiento del Juez, para que éste se encuentre en posición de emitir un fallo en favor de quien despliega dicha actuación. Será en esta etapa del proceso que el Juez valore el material probatorio y resuelva sobre la causa con base en las actuaciones de las partes -sus teorías del caso- que consistirán en la fijación de las afirmaciones y pretensiones iniciales, la práctica probatoria (desahogo de las pruebas), así como la fijación de los alegatos finales establecidos por las partes. En ese sentido, es posible advertir que cada una de las etapas descritas cumple con un objetivo dentro del proceso penal, y tanto la etapa inicial como la intermedia, fuera de sus objetivos secundarios, tiene como finalidad principal construir la estructura para la celebración de la etapa de juicio oral. Dicho de otra manera, si la etapa inicial e intermedia son preparatorias para el buen conducir de la etapa de juicio, bajo esa premisa, los datos de prueba (etapa de investigación) y los medios de prueba (etapa intermedia), en relación con el juicio oral, constituyen una preparación a lo que será valorado como prueba. Esto se traduce a que conforme avanza el iter probatorio o camino de la prueba se construye el plexo probatorio que será empleado por las partes para la defensa de sus posicionamientos y por el órgano jurisdiccional para la libre y lógica valoración y adopción de una postura respecto al cumplimiento del estándar probatorio requerido. Será ese universo de pruebas, creado a partir de la admisión y exclusión de medios de prueba, junto con los acuerdos probatorios, y demás pruebas que excepcionalmente puedan ser introducidas en juicio, el que constituirá la materia prima sobre la cual las partes podrán sostener su teoría del caso (fáctica, probatoria y jurídica) y realizar los actos procesales propios de la audiencia de debate: afirmar, probar y alegar, incluyendo los alegatos de apertura y de clausura. El acto procesal de los alegatos de apertura es, en esencia, el planteamiento de la teoría del caso, donde las partes despliegan sus hipótesis y anuncian los medios de prueba con los que pretenden acreditar lo afirmado. Esta es la primera ocasión en donde las partes pueden sostener el ángulo sobre el cual pretenden que el órgano jurisdiccional analice las pruebas que serán desahogadas con posterioridad. Por tanto, las partes podrán desahogar pruebas, siempre con base en los principios de oralidad, inmediación y contradicción; con las características esenciales de cada tipo de pruebas. Finalmente, tienen oportunidad de generar sus alegatos de clausura, los cuales se concentran, de manera general, en narrar lo ocurrido (hechos imputados), en decir por qué ocurrió de esa manera, en explicar la forma cómo se corroboró la versión de lo ocurrido y, por último, en desarrollar el análisis jurídico que debe aplicarse al caso concreto. A lo largo del proceso previamente desarrollado, y de manera conclusiva en la deliberación jurisdiccional, el Juez o tribunal de juicio oral debe valorar las pruebas en particular, y el plexo probatorio en general de manera libre, con las limitantes intrínsecas y extrínsecas de las reglas de la experiencia, de la lógica y de la sana crítica, es decir, de conformidad con el mandato constitucional de valoración probatoria: la sana crítica. En ese sentido, el órgano jurisdiccional debe asignar el valor correspondiente a cada una de las pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicar y justificar su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. Lo anterior, para verificar si se cumple o no el estándar de condena requerido, a saber, la plena convicción de la responsabilidad más allá de toda duda razonable. De esa manera es posible comprender que por regla general, la creación del plexo probatorio, mediante la exclusión y admisión de medios de prueba dista de ser un acto de imposible reparación; pues sobre este aún falta que se lleve a cabo un ejercicio de contradicción y deliberativo que podrá o no ser favorable a las partes, pero será hasta el momento de la valoración probatoria que se afecte la esfera jurídica del quejoso, a través del ejercicio argumentativo que realicen las partes, y valorativo que genere el órgano jurisdiccional sobre la totalidad del cúmulo probatorio. En ese sentido, el auto de apertura a juicio en relación con la exclusión de medios de prueba forma parte de esa construcción, misma que resulta ahora claro que no compone un producto final en el proceso penal con trascendencia en la esfera jurídica del imputado, sino que su posible afectación queda sujeta a una condición suspensiva: la valoración en el juicio oral y, por tanto, existe en un plano puramente procedimental. En ese tenor, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, hacen improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Por tanto, de la narrativa de las etapas del proceso penal, de los principios que lo rigen y de las instituciones a las que se otorgan atribuciones de garantía y resguardo de los derechos del imputado -Juez de Control y tribunal de apelación-, se concluye que la exclusión de medios de prueba ciertamente puede imponer cargas a las partes, pues las sujeta a la jurisdicción de un Juez de juicio oral para que éste se pronuncie y justifique su resolución sobre un cúmulo probatorio carente del medio de prueba excluido. Empero, esa carga no necesariamente es de ejecución inmediata y directa sobre los derechos sustantivos del quejoso, por el contrario, por regla general la exclusión reviste únicamente la naturaleza de un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral. Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio de prueba que puede ser empleado para probar el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso pudiendo ser este el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba); de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 23/2021 (11a.), de rubro "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO". Sin que el caso que nos ocupa se advierta una excepción a la regla general que torne procedente el juicio de amparo a que se refiere la aludida jurisprudencia, es decir, que i) la exclusión pueda implicar por sí misma una afectación a los derechos sustantivos del quejoso, entendiendo por estos últimos, aquellos derechos ajenos al contenido, construcción y devenir de la litis del proceso penal; derechos que, a su vez, vistos de manera aislada, no sean meramente de índole adjetiva, sino que sean derechos fundamentales relacionados con la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del imputado; y, ii) que la afectación sea material, es decir, que sea real y actual; inminente; en oposición a especulativa y contingente; máxime que la exclusión no impone cargas injustificadas al quejoso. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio remitido vía interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, por el cual acusa recibo del diverso 243732021, del índice de este juzgado, e informa que admitió el conflicto competencial suscitado entre este Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, y el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, radicándolo con el número *** de su estadística. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; catorce de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, con el cual, devuelve el expediente relativo al juicio de amparo indirecto 706/2021, promovido por ***, original del toca *** (un tomo) y copia certificada de la causa penal *** (un tomo). Lo anterior, en razón que el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, dicho órgano jurisdiccional no aceptó la competencia por declinatoria planteada por la suscrita, en auto de veintiocho de septiembre del año en curso. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y acúsese de recibo. Conforme a su contenido, este órgano de control constitucional considera procedente plantear conflicto competencial ante la Superioridad en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, habida cuenta que esta juzgadora sostiene que no es competente para conocer del presente asunto. En efecto, este Juzgado de Distrito ratifica y reitera los argumentos planteados en auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, y no comparte los razonamientos expresados en proveído de cuatro de octubre del año en curso, que conllevaron al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, a no aceptar la competencia planteada para conocer de la demanda promovida por ***, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de dos de junio de dos mil veintiuno, emitida en el toca penal ***, del índice del tribunal responsable, que confirmó el acuerdo de once de febrero de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal ***, en el cual, el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Tres, del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, excluyó los medios de prueba para la audiencia de etapa intermedia, ofrecidas por la parte quejosa, considerando que transcurrió el término concedido para ello, atribuido a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Ello, en razón de que este órgano jurisdiccional considera que el acto que por esta vía reclama el quejoso, tiene ejecución material, toda vez que se le afecta su derecho a la defensa adecuada en la causa penal ***, que se le sigue ante el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Tres, del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, en el que incluso, se encuentra el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número Trece, en dicha localidad, en el que se encuentra recluido el inconforme. Concatenado a lo anterior, debe precisarse que de conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso, por lo que incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso, sin importar en su caso, si el quejoso se encuentra o no en reclusión. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 24/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro se transcribe: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL)." De igual forma, por el espíritu que informa, la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO". Por tanto, toda vez que el acto que por esta vía se combate, a consideración de este órgano jurisdiccional conlleva una ejecución material, se estima que el estudio de su constitucionalidad compete al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con apoyo en artículo 48, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, y toda vez que el conflicto competencial se plantea entre órganos jurisdiccionales que no son de la jurisdicción de un mismo órgano colegiado, se ordena remitir los autos de este juicio de garantías al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para que resuelva el conflicto competencial suscitado entre este Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta localidad, y el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, sito en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas. Con fundamento en el segundo párrafo de dicho precepto legal, comuníquese la presente determinación al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, para que esté en aptitud de exponer ante el Tribunal Colegiado de Circuito, lo que estime pertinente. Notifíquese.
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