Lillyan Arciniega Fernández

Expediente 415/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
415/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
30/01/2019

Partes del expediente

  • Lillyan Arciniega Fernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

     Tercero interesado se apersona. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitidos por la Coordinadora General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, téngasele por apersonada al presente juicio de amparo con el carácter de tercera interesada. Domicilio. De igual forma, con fundamento en el artículo 28 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que se señala en el oficio de cuenta. Delegados. Asimismo, en términos del artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegadas a las personas mencionadas en el referido oficio. Uso de medios electrónicos. Finalmente, se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015 , respectivamente. Notifíquese.

  2. Principal

     Autoridad cumple requerimiento. Téngase por recibido el oficio con anexo signado por los Magistrados integrantes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de dos de enero del año en curso, remiten copia certificada del auto de radicación de demanda de ocho de enero de dos mil diecinueve, emitido dentro del expediente D-183/2018 de su índice. Cabe indicar que la constancia remitida tiene valor probatorio pleno en términos del artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2 de la Ley de Amparo.  Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso concreto, la parte quejosa reclamó del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla, la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, dentro del procedimiento laboral burocrático D-183/2018 de su índice. No obstante, en atención a los antecedentes narrados, en auto de dos de enero de dos mil diecinueve, se le requirió para que aclarara si lo que verdaderamente pretendía reclamar era la omisión de la autoridad responsable, de pronunciarse sobre la admisión de la demanda, el emplazamiento de los demandados, el plazo para dar contestación y señalar la audiencia de ley, apercibida que de no hacerlo, se tendría por no presentada la demanda de amparo . En auto de cuatro de enero del año en curso, se tuvo a la quejosa dando cumplimiento a la prevención realizada y se admitió a trámite la demanda de amparo, donde se tuvo como acto reclamado la omisión de la responsable de señalar fecha para la celebración de la audiencia de pruebas alegatos y resolución, dentro del procedimiento laboral burocrático D-183/2018. Sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que fue hasta el ocho de enero del presente año, que se pronunció respecto a la radicación de la demanda laboral presentada por ****, se tuvo por acreditada su personalidad y se realizó un requerimiento a efecto de emplazar a la parte demandada al juicio laboral burocrático en cita. Por tanto, no obstante que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de la responsable de señalar fecha para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, dentro del procedimiento laboral burocrático D-183/2018 del índice del Tribunal responsable, se advierte que de lo que realmente se duele en el presente juicio es de la omisión de la responsable de pronunciarse sobre la admisión de la demanda, el emplazamiento de los demandados, el plazo para dar contestación y señalar la audiencia de ley, en el referido procedimiento. En consecuencia, precisado lo anterior, de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1996 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Dicho lo anterior, ahora es pertinente explicar por qué en el caso se cumplen todos los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. Respecto al requisito previsto en el inciso a) cabe precisar que se encuentra satisfecho, puesto que se reclama la omisión de pronunciarse sobre la admisión de la demanda, el emplazamiento de los demandados, el plazo para dar contestación y señalar la audiencia de ley, en el expediente laboral D-183/2018, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. En relación al supuesto previsto en el inciso b), se advierte que a la fecha de presentación de demanda -treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho-, aún el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, no había realizado pronunciamiento alguno respecto del escrito de treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual ***, promovió demanda laboral, siendo que mediante acuerdo de ocho de enero de dos mil diecinueve, se proveyó sobre la misma; lo que denota que esta actuación es posterior a la presentación de la demanda. Por otra parte, respecto al requisito previsto en el inciso c), se destaca que en el auto de ocho de enero de dos mil diecinueve, se proveyó respecto del escrito de demanda laboral, en donde el Tribunal responsable, determinó radicar el escrito referido, requerir a la quejosa (actora en el expediente laboral) para que precisará el nombre y domicilio de los demandados que señaló como responsables de la relación laboral y finalmente, tuvo por acreditada la personalidad de la parte actora en el referido juicio. De lo anterior, se advierte que en el juicio de origen, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, se pronunció respecto a la demanda laboral formulada por la quejosa, no obstante, se realizó un requerimiento a efecto de emplazar a la parte demandada al juicio laboral burocrático; lo que se traduce en un cambio de situación jurídica respecto del estado que guardaban los autos al momento de la presentación de la demanda de amparo. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas a la omisión reclamada, sin que pueda analizarse su constitucionalidad, pues se soslayaría la nueva situación jurídica, esto es, en el requerimiento efectuado a la parte quejosa en auto de ocho de enero de dos mil diecinueve, con motivo de la formulación de su demanda laboral. El requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre la omisión reclamada y la nueva situación jurídica que rige el juicio burocrático de origen, que consiste en la omisión de pronunciarse sobre la admisión de la demanda, el emplazamiento de los demandados, el plazo para dar contestación y señalar la audiencia de ley, en el expediente laboral D-183/2018. En efecto, dentro de un procedimiento se dictan una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes; influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada, dado que ha quedado superado el estado que guardaban los autos antes de la presentación del escrito inicial de demanda -omisión de pronunciarse sobre la admisión de la demanda, el emplazamiento de los demandados, el plazo para dar contestación y señalar la audiencia de ley- y la situación jurídica que se originó en auto de ocho de enero de dos mil diecinueve, donde se requirió a la parte quejosa a efecto de emplazar a la parte demandada al juicio laboral burocrático. En otras palabras, no podría analizarse la legalidad de la omisión reclamada sobre el escrito de treinta de julio de dos mil dieciocho mediante el cual la parte quejosa promovió demanda laboral, bajo el sólo argumento de que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla le realizó un requerimiento a efecto de emplazar a la parte demandada al juicio laboral burocrático, pues implicaría afectar la nueva situación procesal que se actualizó con posterioridad a la presentación del presente juicio de amparo. No pasa inadvertido que la autoridad responsable no exhibió la constancia de notificación del auto de radicación de la demanda a las partes; sin embargo, esa circunstancia no impide actualizar la causa de improcedencia objeto de estudio, toda vez que con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo, la parte quejosa tendrá conocimiento del mismo, pues se le correrá traslado con copia certificada de dicho proveído al momento de la notificación de esta determinación. En consecuencia, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada . En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las diez horas del uno de febrero de dos mil diecinueve; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con copia certificada del auto de radicación de la demanda, emitido en el juicio laboral burocrático D-183/2018.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE DIEZ DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Téngase por recibido el oficio con anexo signado por los Magistrados integrantes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de dos de enero del año en curso, remiten copia certificada del auto de radicación de demanda de ocho de enero de dos mil diecinueve, emitido dentro del expediente D-183/2018 de su índice. Cabe indicar que la constancia remitida tiene valor probatorio pleno en términos del artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2 de la Ley de Amparo.  Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso concreto, la parte quejosa reclamó del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla, la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, dentro del procedimiento laboral burocrático D-183/2018 de su índice. No obstante, en atención a los antecedentes narrados, en auto de dos de enero de dos mil diecinueve, se le requirió para que aclarara si lo que verdaderamente pretendía reclamar era la omisión de la autoridad responsable, de pronunciarse sobre la admisión de la demanda, el emplazamiento de los demandados, el plazo para dar contestación y señalar la audiencia de ley, apercibida que de no hacerlo, se tendría por no presentada la demanda de amparo . En auto de cuatro de enero del año en curso, se tuvo a la quejosa dando cumplimiento a la prevención realizada y se admitió a trámite la demanda de amparo, donde se tuvo como acto reclamado la omisión de la responsable de señalar fecha para la celebración de la audiencia de pruebas alegatos y resolución, dentro del procedimiento laboral burocrático D-183/2018. Sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que fue hasta el ocho de enero del presente año, que se pronunció respecto a la radicación de la demanda laboral presentada por ****, se tuvo por acreditada su personalidad y se realizó un requerimiento a efecto de emplazar a la parte demandada al juicio laboral burocrático en cita. Por tanto, no obstante que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de la responsable de señalar fecha para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, dentro del procedimiento laboral burocrático D-183/2018 del índice del Tribunal responsable, se advierte que de lo que realmente se duele en el presente juicio es de la omisión de la responsable de pronunciarse sobre la admisión de la demanda, el emplazamiento de los demandados, el plazo para dar contestación y señalar la audiencia de ley, en el referido procedimiento. En consecuencia, precisado lo anterior, de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1996 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Dicho lo anterior, ahora es pertinente explicar por qué en el caso se cumplen todos los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. Respecto al requisito previsto en el inciso a) cabe precisar que se encuentra satisfecho, puesto que se reclama la omisión de pronunciarse sobre la admisión de la demanda, el emplazamiento de los demandados, el plazo para dar contestación y señalar la audiencia de ley, en el expediente laboral D-183/2018, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. En relación al supuesto previsto en el inciso b), se advierte que a la fecha de presentación de demanda -treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho-, aún el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, no había realizado pronunciamiento alguno respecto del escrito de treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual ***, promovió demanda laboral, siendo que mediante acuerdo de ocho de enero de dos mil diecinueve, se proveyó sobre la misma; lo que denota que esta actuación es posterior a la presentación de la demanda. Por otra parte, respecto al requisito previsto en el inciso c), se destaca que en el auto de ocho de enero de dos mil diecinueve, se proveyó respecto del escrito de demanda laboral, en donde el Tribunal responsable, determinó radicar el escrito referido, requerir a la quejosa (actora en el expediente laboral) para que precisará el nombre y domicilio de los demandados que señaló como responsables de la relación laboral y finalmente, tuvo por acreditada la personalidad de la parte actora en el referido juicio. De lo anterior, se advierte que en el juicio de origen, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, se pronunció respecto a la demanda laboral formulada por la quejosa, no obstante, se realizó un requerimiento a efecto de emplazar a la parte demandada al juicio laboral burocrático; lo que se traduce en un cambio de situación jurídica respecto del estado que guardaban los autos al momento de la presentación de la demanda de amparo. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas a la omisión reclamada, sin que pueda analizarse su constitucionalidad, pues se soslayaría la nueva situación jurídica, esto es, en el requerimiento efectuado a la parte quejosa en auto de ocho de enero de dos mil diecinueve, con motivo de la formulación de su demanda laboral. El requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre la omisión reclamada y la nueva situación jurídica que rige el juicio burocrático de origen, que consiste en la omisión de pronunciarse sobre la admisión de la demanda, el emplazamiento de los demandados, el plazo para dar contestación y señalar la audiencia de ley, en el expediente laboral D-183/2018. En efecto, dentro de un procedimiento se dictan una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes; influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada, dado que ha quedado superado el estado que guardaban los autos antes de la presentación del escrito inicial de demanda -omisión de pronunciarse sobre la admisión de la demanda, el emplazamiento de los demandados, el plazo para dar contestación y señalar la audiencia de ley- y la situación jurídica que se originó en auto de ocho de enero de dos mil diecinueve, donde se requirió a la parte quejosa a efecto de emplazar a la parte demandada al juicio laboral burocrático. En otras palabras, no podría analizarse la legalidad de la omisión reclamada sobre el escrito de treinta de julio de dos mil dieciocho mediante el cual la parte quejosa promovió demanda laboral, bajo el sólo argumento de que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla le realizó un requerimiento a efecto de emplazar a la parte demandada al juicio laboral burocrático, pues implicaría afectar la nueva situación procesal que se actualizó con posterioridad a la presentación del presente juicio de amparo. No pasa inadvertido que la autoridad responsable no exhibió la constancia de notificación del auto de radicación de la demanda a las partes; sin embargo, esa circunstancia no impide actualizar la causa de improcedencia objeto de estudio, toda vez que con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo, la parte quejosa tendrá conocimiento del mismo, pues se le correrá traslado con copia certificada de dicho proveído al momento de la notificación de esta determinación. En consecuencia, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada . En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las diez horas del uno de febrero de dos mil diecinueve; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con copia certificada del auto de radicación de la demanda, emitido en el juicio laboral burocrático D-183/2018.

  4. Principal

    Cumple prevención y se admite. Cumple prevención. Visto el escrito aclaratorio presentado por ***, a través de su apoderada legal ***, se tiene a la quejosa desahogando en tiempo la prevención decretada por este juzgador mediante proveído de dos de enero del año en curso. Luego, vista la demanda de amparo se advierten los siguientes datos: Parte quejosa. ***. Tercero interesado. Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla. Autoridad responsable. Magistrados que integran el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Acto reclamado. La omisión de la responsable de señalar fecha para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, dentro del procedimiento laboral burocrático D-183/2018. Fundamentación. Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 1º, fracción I, 3º, 5º, 21, 33, fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 112, 115, 117, 119, 124, 237, fracción I, 251, 259 y 260, de la Ley de Amparo. Artículos 68, 97, 98, 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el 27 de enero de 2016, en el Diario Oficial de la Federación. Admisión. Vista la demanda de amparo, se admite a trámite. Informe justificado. Pídase informe justificado a la(s) autoridad(es) responsable(s), quien(es) deberá(n) rendirlo dentro del plazo de 15 días, siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Federal; en el que deberá(n) exponer las razones y fundamentos que estime(n) pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo o, en su caso, la constitucionalidad o legalidad del(de los) acto(s) reclamado(s). Se solicitan constancias. Al respecto, se precisa que en el plazo señalado deberá(n) acompañar la totalidad de las constancias que justifiquen el(los) acto(s) reclamado(s), anexando copias certificadas legibles, completas y ordenadas del expediente. Apercibimiento. Se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse cierto el(los) acto(s) que de ella(s) se reclame(n), cuando así corresponda, se le(s) impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Información sobre causas de improcedencia. Se solicita a la(s) autoridad(es) responsable(s) a fin de que en caso de tener conocimiento de alguna causa de improcedencia la informe(n), apercibida(s) que en caso de no hacerlo se le(s) impondrá una multa de 30 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Información sobre otros juicios de amparo. Por otro lado, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que al rendir su informe con justificación indique(n) si existen otros juicios de amparo relacionados con el presente, y acompañe(n) las constancias respectivas. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas del uno de febrero de dos mil diecinueve. Incidente de suspensión. No ha lugar a tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado expresamente por la parte quejosa y a criterio de quien aquí resuelve no procede tramitarlo de oficio, ya que el(los) acto(s) reclamado(s) no encuadra(n) en los supuestos previstos en los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo. Intervención del Ministerio Público Adscrito. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención legal que le corresponde. Tercero interesado. El artículo 5, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo establece que tienen el carácter de tercero interesado: la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario. En consecuencia, se tiene como tercero interesado a: 1.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla. Emplazamiento por oficio. En consecuencia, en atención al numeral 26, fracción II, inciso b), emplácesele a la citada parte, vía oficio, en su domicilio oficial. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las documentales descritas por la parte quejosa en el apartado respectivo, así como la instrumental pública de actuaciones y la presuncional es su doble carácter legal y humana, debiendo darse cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Se reserva prueba. Por el momento se reserva a acordar lo conducente respecto a la prueba de inspección judicial ocular de la totalidad de las constancias que obran en el expediente laboral D-183/2018 del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, hasta en tanto la autoridad rinda su respectivo informe. Información reservada. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, este Juzgado determinará si puede ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P./J.26/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Documentación confidencial. Por otro lado, se informa a la(s) autoridad(es) responsable(s) que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberá(n) enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibida(s) que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Vista al quejoso para el caso de que la(s) autoridad(es) responsable(s) no exista(n) con la denominación indicada. En caso de que las autoridades señaladas como responsables, con la denominación que se indica en la demanda no existan, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo (que precisa las obligaciones del quejoso, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de la autoridad responsable), sin diverso acuerdo, se les tendrá como inexistentes y no se les dirigirá comunicación procesal alguna; y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija el señalamiento de la denominación de las autoridades responsables, lo anterior tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Obligación de recibir oficios. Se informa a la(s) autoridad(es) responsable(s) que conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está(n) obligada(s) a recibir los oficios que en relación con este juicio se le(s) dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de la(s) autoridad(es), el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrá(n) por hecha(s) la(s) notificación(es), en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá(n) por hecha(s); además de que se le(s) impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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