Lillian Gutierrez Morales
Expediente 1434/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1434/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Lillian Gutierrez Morales
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos a trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual informa que acepta la competencia declinada por este órgano de control constitucional, por lo que registró el juicio de amparo bajo el número 1496/2023. En mérito de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este cuaderno como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; en términos de lo establecido en el Capítulo Cuarto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Por consiguiente, toda vez que el presente asunto se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el artículo 20, fracción II; por consiguiente, en el numeral 25, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 826/2023-V, promovido por ********************. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, turnada y recibida en la misma fecha por este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Juez Especializado en Control del Único Distrito Judicial del Estado con sede en Xochitepec, Morelos. SEGUNDO. Prevención. Por auto de diecinueve de junio de dos mil veintitrés se radicó la demanda con el número 826/2023-V y se previno para que el quejoso aclarara la demanda, lo cual realizó a través de escrito recibido el veintiséis de junio de dos mil veintitrés. TERCERO. Admisión. Por acuerdo de seis de julio de dos mil veintitrés se admitió a trámite la demanda, se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado, se dio intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, iniciada al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en éste donde se presentó la demanda, reside la autoridad responsable. SEGUNDO. Acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama: ? El auto de vinculación a proceso emitido el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en la causa penal ******************** por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia alimentaria. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado pues así lo manifestó el Juez Especializado en Control del Único Distrito Judicial del Estado con sede en Xochitepec, Morelos, al rendir su informe justificado. Al respecto la responsable exhibió: 1. Copia del registro de audio y video (en disco compacto) de la audiencia inicial en la cual se verificaron las fases de formulación de imputación, medidas cautelares y vinculación a proceso. 2. Índice cronológico del desarrollo de la audiencia inicial. 3. Copia certificada de constancias de la causa penal ********************. Medios de prueba a los cuales se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Mientras que el disco óptico adquiere el carácter de una prueba documental pública en sentido amplio, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; ello, conforme a lo señalado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro digital 2004362, del rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". En consecuencia, el acto reclamado se tiene plenamente probado. CUARTO. Estudio del acto reclamado. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por las partes, ni de autos se advierte alguna que de oficio deba ser analizada, se procede al análisis del acto reclamado. En suplencia de la queja deficiente, con fundamento en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte una violación formal acontecida contra la parte quejosa, consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable, de emitir la resolución escrita relativa al auto de vinculación a proceso, por lo cual procede conceder el amparo para los efectos precisados en el siguiente punto considerativo. Para ello debe partirse de que la institución de la suplencia de la queja deficiente obliga a este juzgado federal a analizar de oficio las posibles violaciones a los derechos de la parte quejosa -procesales, formales o de fondo- en el entendido que de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la prelación de su estudio atenderá a aquellas que de resultar fundadas redunden en un mayor beneficio para la misma. En esas condiciones, en el presente asunto, la violación formal advertida se considera la de mayor beneficio, al no advertirse una violación procesal o formal diversa, y en tanto que la solicitante de amparo no reclamó alguna otra de tal naturaleza en su demanda que resulte fundada, ello aunado a que la violación formal referida se trata de una que causó impacto a sus derechos, al mermar su capacidad de defensa, al no habérsele permitido conocer la resolución dictada en su contra de forma escrita para así poder controvertirla de la mejor forma posible. De ahí, se colige, no estuvo en aptitud de conocer plenamente los argumentos con base en los cuales se sustentó el auto de vinculación a proceso dictado en su contra en la audiencia oral respectiva -al estar contenida únicamente en un archivo de audio y video-. En ese contexto, el artículo 16 del Pacto Federal consagra entre otros, los principios de legalidad y seguridad jurídica, para ello preceptúa como regla general que los actos de molestia deben constar en mandamiento "escrito" emitido por una autoridad competente, en el cual se satisfagan los requisitos de fundamentación y motivación; sin embargo contiene una precisión respecto a que en los procedimientos donde existe como regla la oralidad, basta que quede constancia del mandamiento por cualquier medio para dar certeza de su contenido. Ahora bien, para desentrañar el contenido de tal disposición, se deben tomar en cuenta como puntos fundamentales dos cuestiones: La primera, en cuanto a que los derechos reconocidos constitucionalmente constituyen un catálogo mínimo susceptible de ser ampliado. La segunda, en el sentido de que cualquier interpretación dada a una disposición constitucional debe atender a los diversos preceptos que la componen, es decir, debe ajustarse a los métodos funcional y sistemático. En efecto, el primero ha sido establecido jurisprudencialmente por el máximo Tribunal Constitucional definiendo que los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente son mínimos, pero pueden ser ampliados por el legislador ordinario -ya sea federal o local- en su reglamentación, siempre que ello se realice sin vulnerar el marco al cual se encuentran sujetos, tal como resulta perceptible en las tesis 1a. LIV/2009 y 2a. CXXXIX/2002, con registros 167386 y 185566, respectivamente, del contenido siguiente: "RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 113, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL ESTABLECE UN DERECHO SUSTANTIVO QUE PUEDE SER AMPLIADO POR EL LEGISLADOR ORDINARIO. La mencionada norma constitucional establece un derecho sustantivo en favor de los particulares que se fundamenta en la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado, articulada sobre la base de dos características fundamentales: la de ser directa y objetiva. Siendo estas dos características las que determinan la extensión del citado derecho constitucional, es claro que existen actos realizados por el Estado por los cuales no es responsable constitucionalmente. Así, el Tribunal Pleno de esta Corte ha considerado que los daños ocasionados por la actividad regular del Estado, que se traduce en una responsabilidad subjetiva e indirecta, así como la actuación dolosa o culposa de los funcionarios públicos eran aspectos no incluidos en el segundo párrafo del artículo 113 constitucional. Sin embargo, el hecho de que no estén explícitamente contemplados en la Norma Fundamental, debe llevar a concluir que dichas cuestiones pueden ser reguladas en los distintos órdenes jurídicos parciales con el propósito de ampliar el ámbito protector que establece el precepto constitucional. La anterior conclusión se fundamenta en el criterio de esta Suprema Corte, según el cual los derechos constitucionales son mínimos que deben ser respetados para garantizar su efectividad, pero que pueden ser ampliados por el legislador ordinario -ya sea federal o local- en su reglamentación. Una técnica válida constitucionalmente para ampliar un derecho constitucional de los particulares es la de ampliar los supuestos de responsabilidad de aquellas instituciones de cuya actuación -y la forma como se regule- dependa el ejercicio del citado derecho, por lo que si en un orden jurídico parcial se decide establecer supuestos que actualicen la responsabilidad patrimonial del Estado, distintos a los establecidos en la norma constitucional, es evidente que los particulares tienen derecho a exigir todas las consecuencias que se deriven de la actuación del Estado, en las vías que se contemplen sin que pueda alegarse su incompatibilidad." "DERECHOS DE LOS INDÍGENAS. LOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDEN SER AMPLIADOS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES DENTRO DEL MARCO DE AQUÉLLA. El artículo 1o. de la Constitución Federal establece que las garantías que otorga no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece, de lo que deriva que ninguna ley secundaria puede limitar las disposiciones constitucionales correspondientes; sin embargo, sí son susceptibles de ser ampliadas por el legislador ordinario, ya sea federal o local, en su reglamentación, al pormenorizar la norma constitucional que prevea el derecho público subjetivo a fin de procurarse su mejor aplicación y observancia. En consecuencia, los Congresos Locales, al legislar sobre la materia indígena y regular las instituciones relativas, en términos de lo dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben hacerlo bajo el criterio de que los que se otorgan en ella a la población indígena son derechos mínimos que deben ser respetados para garantizar su efectividad, pero que pueden ser ampliados para imprimir las características propias que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de sus pueblos indígenas, siempre que tal ampliación se realice sin vulnerar el marco constitucional al que dichos derechos se encuentran sujetos." En ese sentido, partiendo de que el artículo 16 de la Constitución Federal se trata de un mínimo constitucionalmente reconocido, tal disposición no impide establecer que adicionalmente al registro de carácter no escrito de los actos orales ellos, queden también asentados de manera escrita en ciertos supuestos que así lo ameriten por su trascendencia, pues la norma constitucional permite que el registro de los actos procedimentales orales puedan ser almacenados en un medio diferente del escrito, empero, no prohíbe su registro en ciertos casos, también por escrito. Además, tal interpretación es acorde con los métodos de interpretación funcional y sistemática, atendiendo a ellos todo juzgador o juzgadora debe considerar al régimen constitucional como un ordenamiento con estructura coherente, el cual cuenta con una unidad o contexto, constituido por una serie de derechos fundamentales, principios y valores congruentes entre sí, y además permitan en su conjunto cumplir con su finalidad. Lo anterior, conforme a la función exegética de las personas operadoras de justicia, deben considerar a cada precepto constitucional como un elemento de un sistema jurídico, el cual opera en conjunto, de tal suerte que la aplicación que se le dé a cada uno en particular, debe permitir que los diversos preceptos del sistema sean acordes y efectivos, es decir, cumplan con su funcionalidad, y a la vez, no resten efectividad a los demás. Desde dicha perspectiva, el contenido del artículo en estudio debe ser analizado en conjunto con otros dos principios de optimización: El primero se obtiene del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del cual se desprende el principio pro persona, conforme a su directriz de preferencia hermenéutica, implica que ante una diversidad de interpretaciones deba de preferirse aquella que maximice los diversos subprincipios favor libertatis -prepondera libertad- y favor debilis -a favor de la persona en situación de desigualdad de poder-. El segundo se obtiene del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correlacionado con los diversos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales reconocen implícitamente el principio pro actione, el cual permite que en el mismo supuesto, deba decidirse por aquella que permita el acceso a la jurisdicción del estado, antes de las diversas que creen impedimentos técnicos, o erijan barreras para la sustanciación de los procesos. Es ilustrativo sobre dicho principio la jurisprudencia P./J. 4/2017 (10a.) con número de registro digital 2013717, de rubro: "RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA LA DETERMINACIÓN SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA CON FUNDAMENTO EN LA HIPÓTESIS LEGAL DE PROCEDENCIA "CONTRA LA DECISIÓN RECAÍDA A LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL". EL TRIBUNAL REVISOR DEBE DESECHARLO SIN QUE CON ELLO VULNERE EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (LEYES DE AMPARO ABROGADA Y VIGENTE)." Luego, la interpretación aquí sostenida, permite que todos los preceptos en comento cumplan con su funcionalidad, y a la vez, no se resten efectividad en su conjunto, resultando con ello también, la interpretación más protectora de la norma en favor de la persona en situación de desigualdad frente al reproche que pesa en su contra por parte del Estado -imputada-, y su vez maximiza el acceso a la jurisdicción, al permitir ampliar su derecho de defensa. Así bajo dicho contexto constitucional, el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé expresamente que determinadas resoluciones del proceso penal acusatorio y oral, deben quedar plasmadas por escrito de forma adicional a su emisión oral en audiencia, tales como el auto de vinculación a proceso. En ese orden de ideas, se tiene que tal disposición contiene las siguientes premisas: En el Código Nacional de Procedimientos Penales se realizó una precisión respecto de las resoluciones que emite la autoridad judicial, y se dividieron en sentencias y autos. 1. Dichas resoluciones deben cumplir con los requisitos formales que el propio legislador precisó en la norma en estudio. Se estableció una obligación respecto de algunas resoluciones orales, consistente en que deben constar por escrito. 2. Una de las resoluciones que obligatoriamente debe constar por escrito, es el auto de vinculación a proceso. Además, se precisó que la resolución escrita, jamás debe exceder el alcance de lo establecido en la resolución oral. Así, acorde con lo dispuesto en el invocado numeral 67 del código adjetivo aplicable, el cual resulta constitucionalmente válido conforme al contexto normativo de la ley fundamental previamente referido, se desprende la obligación expresa de las autoridades judiciales en materia penal de emitir una versión escrita del auto de vinculación a proceso, después de su emisión oral, con la restricción de que la versión escrita no debe exceder el alcance de lo emitido en forma oral. Ello, pues el precepto en comento persigue como finalidad proteger la seguridad jurídica de las partes (aumentando el mínimo constitucionalmente reconocido al respecto), así como maximizar la protección a la persona imputada (pro persona) y a su derecho de defensa (pro actione) e incluso permite el establecimiento de un mecanismo idóneo para lograr la legitimidad social, en tanto que la resolución oral y su posterior escritura, permiten la apertura de la transparencia en la impartición de justicia. Por ello, la decisión judicial que resuelve una vinculación a proceso debe constar en una resolución escrita, además de la emitida de forma oral. Sin que la suscrita juzgadora inobserve que no se transcribiera la resolución de vinculación a proceso en base al criterio jurisprudencial 1a./J. 34/2017 (10a.) registro digital: 2015127 de rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel." Al respecto, el criterio invocado no justifica la falta de la emisión de la pieza escrita (papel) del auto de vinculación a proceso emitido conforme a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales porque la citada jurisprudencia interpretó legislaciones del Estado de México, Nuevo León y Zacatecas que no prevén que deba constar por escrito la vinculación a proceso decretada oralmente; formalidad exigida en el párrafo segundo, fracción IV, del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por ende, desde un punto de vista de mera observancia a la legalidad, basta la existencia de tal disposición para que la autoridad jurisdiccional no la pueda pasar por alto. De ahí la inaplicabilidad de la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.). Cobra aplicación al razonamiento anterior la jurisprudencia PC.II.P. J/11 P (10a.), registro digital 2023207, la cual dispone: "LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 34/2017 (10a.) EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO JUSTIFICA LA FALTA DE ELABORACIÓN DE LA VERSIÓN ESCRITA DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO QUE SE EMITE CONFORME AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes que conocieron de diversos recursos de revisión, sostuvieron un criterio distinto con relación a si la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), de título y subtítulo: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS).", es aplicable para determinar si la versión escrita del auto de vinculación a proceso debe constar en papel o bien, se subsana con el registro de video grabación. Criterio jurídico: Este Pleno en Materia Penal del Segundo considera que la jurisprudencia de que se trata, no justifica la falta de la emisión de la pieza escrita (papel) del auto de vinculación a proceso que se emite conforme a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: Se afirma lo anterior, porque el criterio jurisprudencial interpretó legislaciones del Estado de México, Nuevo León y Zacatecas que no prevén que deba constar por escrito la vinculación a proceso decretada oralmente; lo que es diferente a lo que establece el párrafo segundo, fracción IV, del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde de forma expresa e inequívoca, establece que la vinculación a proceso es una determinación que debe constar por escrito al margen de su emisión oral; por ende, desde un punto de vista de mera observancia a la legalidad, basta la existencia de tal disposición para que la autoridad jurisdiccional no la pueda pasar por alto, de donde deviene la inaplicabilidad de la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), que tuvo génesis en códigos (actualmente abrogados) que no disponían que la vinculación a proceso debía constar por escrito." Así como, con la diversa tesis aislada I.5o.P.79 P (10a.), con registro digital 2022928, que establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA EXIGENCIA DE QUE DEBE CONSTAR POR ESCRITO DESPUÉS DE SU EMISIÓN ORAL, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEBE PREVALECER SOBRE LA REGLA GENERAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, MÁXIME SI EL IMPUTADO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD. Si bien mediante decreto publicado el quince de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación se adicionó al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la parte conducente que establece "...En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio...", lo cierto es que dicha porción normativa no debe aplicarse en su literalidad, ya que la Constitución General prevé garantías mínimas que pueden ampliarse por la legislación secundaria. En ese orden de ideas, si el artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales contiene la exigencia en el sentido de que el auto de vinculación a proceso debe ser emitido oralmente y constar por escrito, dicha condición que dispone una regla especial debe prevalecer sobre la citada regla general constitucional, para dar certeza jurídica y avalar de manera amplia el derecho de defensa que le asiste al imputado; máxime si éste se encuentra privado de su libertad, pues lo coloca en desventaja, al no contar con los medios tecnológicos para consultar el contenido de la resolución jurisdiccional en comento, a diferencia de que constara por escrito, pues así estaría en aptitud de conocer sus fundamentos y motivos, sin que para ello requiera forzosamente de algún dispositivo electrónico." Establecido lo anterior, del audio y video se observa que el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés se llevó a cabo la audiencia inicial oral en la causa penal ********************, en la cual se vinculó a proceso a ******************** por el hecho delictivo de incumplimiento de obligaciones de asistencia alimentaria. Sin embargo, la Jueza responsable al rendir su informe justificado, además del formato en disco compacto del audio y video de la audiencia respectiva, allegó a este juicio copia certificada de las constancias relativas a la causa penal de origen, de las cuales se destaca la constancia de haberse celebrado la audiencia de vinculación a proceso el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, la cual, según se observa, cuenta con precisiones mínimas acerca de su desarrollo. Es decir, no se desprenden los motivos y fundamentos por los cuales se vinculó a proceso a la parte solicitante del amparo, tampoco se indican los datos de prueba usados para llegar a tal determinación y cómo fueron valorados para tal efecto; de ahí que resulte insuficiente tener por cumplida la exigencia que establece el citado artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a su interpretación constitucional. Por consiguiente, al no obrar versión escrita del auto de vinculación a proceso dictado en contra de la parte demandante de amparo el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés en la causa penal ********************, se concluye la inexistencia de una resolución escrita como la exigida en el citado artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que en la constancia de audiencia solo se hace referencia a un breve extracto de lo acontecido durante el desarrollo de aquella audiencia. En tales circunstancias, se concluye que la autoridad responsable transgredió los derechos de la promovente de amparo, al omitir el dictado de manera escrita del acto reclamado, lo cual impide pronunciarse sobre el fondo del asunto, en la medida que tanto la emisión oral del auto de vinculación a proceso decretado en audiencia, como su versión escrita, conforman una unidad, como lo prevé el multicitado numeral 67, párrafo segundo, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales; de ahí que el acto reclamado no está debidamente integrado, por lo cual resulta necesario sea subsanada tal violación. Por lo expuesto, el acto reclamado resulta violatorio de los derechos contemplados en el artículo 16 Constitucional, en concordancia con lo previsto en el diverso 67, segundo párrafo, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no existir la constancia escrita del auto de vinculación a proceso, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. Atento al sentido del presente fallo, resulta innecesario el examen de los conceptos de violación formulados por la peticionaria de derechos en su demanda de amparo, porque el vicio formal contenido en la determinación reclamada impide el estudio de las diversas cuestiones de fondo planteadas. A mayor abundamiento, como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de amparo, en razón de que tal información puede ser consultada a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se destaca que en el Estado de Morelos, dos Tribunales Colegiados en este circuito han sido coincidentes con lo aquí determinado: El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, al resolver los amparos en revisión penal ********************y ********************, dispuso esencialmente que previo al estudio de fondo de los asuntos, deben ser purgados los vicios del acto reclamado, como lo es la ausencia de la pieza escrita del auto de vinculación a proceso reclamado, pronunciado en contra de la persona imputada. Además, dicho órgano colegiado estimó inaplicable el criterio jurisprudencial 1a./J. 34/2017 (10a.), registro digital 2015127, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS)."; el Tribunal Colegiado fijó que dicho criterio derivó de la interpretación y análisis de las legislaciones procesales penales del Estado de México, Nuevo León y Zacatecas, no del Código Nacional de Procedimientos Penales aplicable al caso concreto, que exige pronunciamiento de la versión escrita, entre otras resoluciones, del auto de vinculación a proceso, en los términos y restricciones ya destacadas. Con lo cual tuvo por evidenciado que las legislaciones interpretadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no contenían una disposición similar a la prevista en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que producía que el auto de vinculación a proceso tuviera necesariamente que constar por escrito. Asimismo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, al resolver el amparo en revisión penal ********************, esencialmente, con relación a la interpretación del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la luz del principio de legalidad contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisó, entre otras cuestiones, lo siguiente: "De ningún modo se justifica prescindir de la elaboración de la versión escrita del auto de vinculación a proceso, cuando la norma adjetiva asume que debe hacerse el cotejo correspondiente, para corroborar que el audiovisual del auto de vinculación a proceso es correspondiente con su versión escrita. Cuando un juzgado de amparo resuelve el juicio promovido contra el auto de vinculación a proceso, debe verificar que las videograbaciones que se remitan, son íntegras, fidedignas, y no rebasan el alcance de lo acontecido en su versión escrita. Ello, con la finalidad de procurar un debido proceso, y otorgar seguridad jurídica -indispensable en las resoluciones en materia penal en las que está en juego la libertad de las personas y otros derechos de elevado rango-." En efecto, las mismas consideraciones aquí sostenidas, fueron expresadas por diversos Tribunales Colegiados de este circuito judicial, haciéndose patente que el auto de vinculación a proceso debe ser emitido de forma escrita, con la única limitante de no rebasar el alcance de la versión oral, conforme lo dispone el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual solo puede verificarse si en la versión escrita se contienen los fundamentos y razones que llevaran a la persona juzgadora a su emisión en la audiencia respectiva. Lo anterior es así, pues de la interpretación literal de ese precepto en su porción normativa correspondiente, se evidencia la intención del legislador, al contemplar que esta resolución se emitiera de manera escrita, solo limitándola a no exceder lo externado oralmente, y no sólo contuviera un mínimo de datos. En el particular, se reitera que la Juzgadora de Control al rendir su informe justificado, solo allegó la "constancia" escrita relativa a la audiencia inicial (en su fase de vinculación a proceso de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés) donde únicamente hizo un breve extracto de lo acontecido durante el desarrollo de aquella audiencia, pero no la versión escrita de la cual se puedan advertir las consideraciones y fundamentos por los cuales la autoridad judicial determinó vincular a proceso a la parte imputada, indicando los datos de prueba usados para llegar a tal determinación y cómo fueron valorados para tal efecto, cuidando además sus exactos alcances, y a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes; pues solo de esa forma se tendría por cumplida la exigencia a que lo constriñe el citado artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a su interpretación constitucional. Máxime, que en concordancia con el artículo 318 del Código Nacional de Procedimiento Penales, se tiene que en el auto de vinculación a proceso es donde se fija el hecho o hechos delictivos sobre los cuales se continuará el proceso, se determinará la forma anticipada de terminación del mismo, la apertura a juicio o su sobreseimiento; lo cual corrobora la importancia de que sea emitido en versión escrita, y con base en dicho precepto resulta de primordial importancia que tenga acceso a la referida versión escrita con las exigencias indicadas. Cobran aplicación al razonamiento anterior, la jurisprudencia PC.II.P. J/12 P (10a.), registro digital: 2023192, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. CONFORME AL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 67, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEBE EMITIRSE DE MANERA ORAL Y POSTERIORMENTE POR ESCRITO (PIEZA PAPEL)." Por lo tanto, resulta esencial la versión escrita para garantizar a la demandante de amparo la posibilidad de imponerse de su contenido de manera fácil, como lo es en un documento por escrito, y con ello preservar su derecho a una defensa adecuada al poder analizar y eventualmente diseñar la estrategia defensiva en la consecución del proceso penal, a fin de procurar un debido proceso y otorgar seguridad jurídica, indispensable en las resoluciones en materia penal en las que se controvierte la libertad de las personas. Por consiguiente, se concede el amparo para los efectos precisados en el siguiente considerando, en el entendido de que atendiendo a lo aquí resuelto, se insiste, resulta de estudio innecesario los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa al estar encaminados a controvertir el fondo del asunto. QUINTO. Efectos de la concesión de amparo. Con la finalidad de restituir a la parte solicitante del amparo en el uso y goce del derecho vulnerado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, el efecto de la concesión del amparo consiste en que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, la autoridad responsable: 1) Retome la decisión pronunciada en la audiencia inicial en la cual emitió auto de vinculación a proceso en contra de ******************** dentro de la causa penal ********************, y en observancia al artículo 67, párrafo segundo, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicte por escrito el auto de vinculación a proceso que solo emitió oralmente, en la inteligencia de que, conforme al tercer párrafo del numeral citado, la determinación escrita no deberá exceder el alcance de la pronunciada oralmente, sino sólo deberá contener las consideraciones por las cuales determinó vincular a proceso a la quejosa. 2) Al subsanar la mencionada violación formal, tomando en cuenta que tanto la emisión oral de la resolución de vinculación a proceso decretada en audiencia como la versión por escrito de dicho auto conforman una unidad; notifique de nueva cuenta a la parte solicitante de amparo, a fin de que se encuentren en aptitud de ejercer su defensa como lo estimen procedente. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones y para los efectos indicados en el considerando quinto del presente fallo. Notifíquese personalmente, por lista y por oficio, como corresponda a cada una de las partes. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, que las labores del juzgado lo permitieron, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien da fe.
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