Lilisbeth Agüero López
Expediente 734/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 32 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 734/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 09/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Lilisbeth Agüero López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Córdoba, Veracruz, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta, signado por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, en suplencia por ausencia del Titular de la Oficina de Representación, con un anexo, mediante el cual devuelve el original del oficio 22609/2022, dirigido al 11. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México, con sede en Toluca, por los motivos que expone. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones, reexpídase el aludido oficio al 11. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México, con sede en Toluca, a efecto de que tenga conocimiento del acuerdo de quince de agosto del presente año. Finalmente, respecto al domicilio que indica, deberá estarse a proveído de siete de septiembre del año en curso, en el que se tuvo por señalado; además, de los delegados designados en el citado auto, se tiene como delegada a Diana Monserrat Rodríguez Sánchez, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, quince de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veinticinco de julio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2o de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado acuerdo, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...Vistos para dictar sentencia...TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables 1. Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en su carácter de representante jurídico del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México; 2. Sub representante Federal Zona Sur de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; 3. Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula; representante local encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la 4. Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Villahermosa, Tabasco; 5. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz, con sede Veracruz; 6. Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Puebla, Puebla; 7. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas; 8. Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos Comisionado en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Coahuila; 9. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua; 10. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México; 11.Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de México, con sede en Toluca; 12. Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca; 13. Jefe del departamento de asuntos jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre; 14. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Querétaro, Querétaro; 15. Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey; 16. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en León, Guanajuato; 17. Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas; y 19. Subdirectora de Área, encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con sede en Villahermosa, Tabasco; al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados. Los quejosos ofrecieron como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, sin embargo dichas probanzas no desvirtúan la negativa de las autoridades responsables, toda vez que de las constancias que obran en autos no se desprende elemento alguno que acredite la existencia de los actos reclamados. En tales condiciones, si los peticionarios de amparo no aportaron medio de convicción que desvirtuara la negativa pronunciada por las autoridades responsables en torno a los actos reclamados, en la especie es claro que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, por lo que ante tal circunstancia procede, sobreseer en el presente juicio. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 181, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También es aplicable la jurisprudencia número I.2o. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 77, tomo 80, agosto de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que, por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se tendrían por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por 1. Lilisbet Agüero López, 2. Richard Bryan Hernández Albelo, 3. Andy González Landa, 4. Verlix Benoit, 5. Rainilandy García Grillo, 6. Ardanay Arocha Castanedo, 7. Lilisbeth Delgado Carabeo, 8. Ernesto Rodríguez Almeida, y 9. Giselle Gómez Rodríguez, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando tercero de este fallo y por los motivos ahí expuestos.
- Principal
Córdoba, Veracruz, seis de junio de dos mil veintidós. Agréguense a sus autos el informe justificado rendido por el 14. Jefe Jurídico y Atención al Migrante de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Querétaro, con sede en Querétaro, y dese vista a las partes por el término de ocho días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se tiene por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones; y con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le tiene proporcionando un correo electrónico y número telefónico para entablar comunicaciones no procesales en los casos que sean necesarios.
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