Liliana Valeria Morales Camacho
Expediente 1183/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1183/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 25/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Liliana Valeria Morales Camacho
- Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte tercero interesado el proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, que a la letra dice: Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 1183/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado, mediante proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de quince de febrero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Liliana Valeria Morales Camacho, para los efectos siguientes: ".1). Deje insubsistente la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ordinario civil 1045/2021. 2). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación, que puede ser en el mismo sentido o en uno diverso; pero tomando como base las consideraciones aquí apuntadas, esto es, deberá subsanar completamente el vicio formal y demás consideraciones destacadas. Ello a fin de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado." En esas condiciones, mediante auto de siete de marzo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, mediante proveído de quince de marzo siguiente, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias remitidas por la autoridad responsable con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así toda vez que obra en autos el oficio 950 signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Veracruz, Veracruz, con el cual remitió copia certificada de la resolución de diez de marzo de dos mil veintidós, dictada en autos del juicio ordinario civil 1045/2021-IX, de la cual se aprecia que ordenó dejar insubsistente la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, procediendo a resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación interpuesto en autos en contra de la pensión provisional. Por otra parte de la referida resolución se aprecia que el Juez responsable analizó de nueva cuenta los agravios vertidos por el aquí tercero interesado, así como los medios probatorios exhibidos, otorgándoles valor probatorio en términos de los artículos 210, 334, 336, y 337 del Código de Procedimientos Civiles, precisando que los lazos existentes entre el acreedor con el demandado, quedaron justificados, procediendo a entrar al análisis de la proporcionalidad conforme al artículo 242 en relación con el diverso 324, 139 bis del Código Civil del Estado de Veracruz, decretando procedente el recurso de reclamación planteado por Aarón Hernández Cazarin. Asimismo, destacó que a efecto de proceder la acción de los alimentos resulta necesario acreditar la calidad de acreedor y que el deudor cuente con los bienes o ingresos para otorgar una pensión alimenticia, y una vez actualizados estos requisitos se deberá cumplir con lo establecido en el artículo 242 del Código Civil del Estado, respecto al principio de proporcionalidad, así como lo citado en los numerales 234 y 239 del citado cuerpo legal, respecto a la obligación de los padres de otorgar alimentos a sus hijos. Posteriormente, determinó que los alimentos decretados para la aquí quejosa no pueden decretarse excluidos a razón de que implicaría una clara discriminación por razón de sexo y estado civil, esto al tomar como base la condición de mujer casada o no concubina; por lo que ante el cumplimiento de un mínimo deber de solidaridad del nexo estable y ayuda solidaria que mantuvieron, el demandado genera obligación de otorgar alimentos a la actora. Seguidamente, se aprecia el análisis de los gastos personales que genera el deudor alimentario al vivir separado del núcleo familiar, así como las manifestaciones encaminadas a relucir que sus gastos incrementan, analizando en ese sentido las documentales exhibidas, consistentes en: ? Estados de cuenta de la empresa de televisión de paga megacable, ? tres tickets de compra emitidos por Bodega Aurrera, ? un recibo de compra por la empresa Gas del Atlántico. ? un ticket de compra en la Farmacia del Ahorro, Medios de pruebas que resultaron ineficaces para la reducción de la pensión alimenticia provisional, al recalcar que de los mismos no se aprecia que dichos pagos o en su caso compras fueran realizadas por el propio demandado, dejando de otorgarles valor probatorio a efecto de tener demostrado su intención. En ese mismo, sentido determinó el argumento consistente a que cuenta con otra acreedora, y que por ello se incrementan sus gastos, declarando ineficaz dicho argumento, al tratarse de apreciaciones de carácter de subjetivo, máxime que no justificó que su actual pareja dependa económicamente de él con ningún medio de convicción; destacando que ello no influye en provocar la reducción de la pensión alimenticia provisional. Asimismo, puntualizó que la aportación voluntaria generada por el demandado no constituye prueba idónea en el recurso de reclamación que justifique la reducción del monto de la pensión provisional, declarando dicho argumento inoperante, debido a que se trata de una obligación de tracto sucesivo, en virtud de que la necesidad se genera de momento a momento, de ahí que su cumplimiento no puede sujetarse a la voluntad del deudor, para brindarlos en la forma y términos que estime conveniente. Por otro lado, al analizar el agravio encaminado a la Seguridad social del menor lo cual se encontró corroborado con la constancia de vigencia de derechos, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acreditando que goza del servicio médico que proporciona dicha institución. En ese sentido, dicho rubro sirvió para establecer únicamente la proporcionalidad de la pensión que tiene establecida el menor, tomando como base la cantidad descontada por dicho concepto, sin pasar por alto que lo anterior no puede repercutir en la pensión alimenticia provisional fijada a la aquí quejosa, toda vez que ella no cuenta con ese rubro por parte del demandado. En ese orden de ideas, el juez de lo Familiar consideró que la pensión alimenticia provisional decretada no cumple con la proporcionalidad que establece el artículo 242 del Código Civil del Estado, decretando su reducción del 35% (treinta y cinco por ciento) al 33% (treinta y tres por ciento) que percibe el demandado como empleado de la empresa OPEVER, desglosado de la siguiente manera: Menor de identidad reservada 18% (dieciocho por ciento) y concubina Liliana Valeria Morales Camacho 15% (quince por ciento). Bajo dichas consideraciones, se aprecia que el Juez de lo Familiar resolvió conforme a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, al dejar insubsistente la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, procediendo a resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación interpuesto por el aquí tercero interesado, con libertad de jurisdicción tomando como base las consideraciones señaladas en la sentencia de amparo, esto es, al analizar las documentales exhibidas, así como argumento encaminado a diversos acreedores alimentarios con los que cuenta el demandado; en ese sentido y en términos de lo estipulado en el numeral 242 del Código Civil para Estado de Veracruz, el Juez responsable determinó reducir del 35% (treinta y cinco por ciento) al 33% (treinta y tres por ciento) la pensión provisional decretada en autos del juicio de origen. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General1. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se 11 Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: (.) b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y, (.) decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años.2 Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General3, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte tercero interesado el proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado, mediante proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de quince de febrero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Liliana Valeria Morales Camacho, para los efectos siguientes: ".1). Deje insubsistente la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ordinario civil 1045/2021. 2). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación, que puede ser en el mismo sentido o en uno diverso; pero tomando como base las consideraciones aquí apuntadas, esto es, deberá subsanar completamente el vicio formal y demás consideraciones destacadas. Ello a fin de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado." En esas condiciones, mediante auto de siete de marzo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, mediante proveído de quince de marzo siguiente, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias remitidas por la autoridad responsable con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así toda vez que obra en autos el oficio 950 signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Veracruz, Veracruz, con el cual remitió copia certificada de la resolución de diez de marzo de dos mil veintidós, dictada en autos del juicio ordinario civil 1045/2021-IX, de la cual se aprecia que ordenó dejar insubsistente la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, procediendo a resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación interpuesto en autos en contra de la pensión provisional. Por otra parte de la referida resolución se aprecia que el Juez responsable analizó de nueva cuenta los agravios vertidos por el aquí tercero interesado, así como los medios probatorios exhibidos, otorgándoles valor probatorio en términos de los artículos 210, 334, 336, y 337 del Código de Procedimientos Civiles, precisando que los lazos existentes entre el acreedor con el demandado, quedaron justificados, procediendo a entrar al análisis de la proporcionalidad conforme al artículo 242 en relación con el diverso 324, 139 bis del Código Civil del Estado de Veracruz, decretando procedente el recurso de reclamación planteado por Aarón Hernández Cazarin. Asimismo, destacó que a efecto de proceder la acción de los alimentos resulta necesario acreditar la calidad de acreedor y que el deudor cuente con los bienes o ingresos para otorgar una pensión alimenticia, y una vez actualizados estos requisitos se deberá cumplir con lo establecido en el artículo 242 del Código Civil del Estado, respecto al principio de proporcionalidad, así como lo citado en los numerales 234 y 239 del citado cuerpo legal, respecto a la obligación de los padres de otorgar alimentos a sus hijos. Posteriormente, determinó que los alimentos decretados para la aquí quejosa no pueden decretarse excluidos a razón de que implicaría una clara discriminación por razón de sexo y estado civil, esto al tomar como base la condición de mujer casada o no concubina; por lo que ante el cumplimiento de un mínimo deber de solidaridad del nexo estable y ayuda solidaria que mantuvieron, el demandado genera obligación de otorgar alimentos a la actora. Seguidamente, se aprecia el análisis de los gastos personales que genera el deudor alimentario al vivir separado del núcleo familiar, así como las manifestaciones encaminadas a relucir que sus gastos incrementan, analizando en ese sentido las documentales exhibidas, consistentes en: Estados de cuenta de la empresa de televisión de paga megacable, Tres tickets de compra emitidos por Bodega Aurrera. Un recibo de compra por la empresa Gas del Atlántico. Un ticket de compra en la Farmacia del Ahorro. Medios de pruebas que resultaron ineficaces para la reducción de la pensión alimenticia provisional, al recalcar que de los mismos no se aprecia que dichos pagos o en su caso compras fueran realizadas por el propio demandado, dejando de otorgarles valor probatorio a efecto de tener demostrado su intención. En ese mismo, sentido determinó el argumento consistente a que cuenta con otra acreedora, y que por ello se incrementan sus gastos, declarando ineficaz dicho argumento, al tratarse de apreciaciones de carácter de subjetivo, máxime que no justificó que su actual pareja dependa económicamente de él con ningún medio de convicción; destacando que ello no influye en provocar la reducción de la pensión alimenticia provisional. Asimismo, puntualizó que la aportación voluntaria generada por el demandado no constituye prueba idónea en el recurso de reclamación que justifique la reducción del monto de la pensión provisional, declarando dicho argumento inoperante, debido a que se trata de una obligación de tracto sucesivo, en virtud de que la necesidad se genera de momento a momento, de ahí que su cumplimiento no puede sujetarse a la voluntad del deudor, para brindarlos en la forma y términos que estime conveniente. Por otro lado, al analizar el agravio encaminado a la seguridad social del menor lo cual se encontró corroborado con la constancia de vigencia de derechos, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acreditando que goza del servicio médico que proporciona dicha institución. En ese sentido, dicho rubro sirvió para establecer únicamente la proporcionalidad de la pensión que tiene establecida el menor, tomando como base la cantidad descontada por dicho concepto, sin pasar por alto que lo anterior no puede repercutir en la pensión alimenticia provisional fijada a la aquí quejosa, toda vez que ella no cuenta con ese rubro por parte del demandado. En ese orden de ideas, el juez de lo familiar consideró que la pensión alimenticia provisional decretada no cumple con la proporcionalidad que establece el artículo 242 del Código Civil del Estado, decretando su reducción del 35% (treinta y cinco por ciento) al 33% (treinta y tres por ciento) que percibe el demandado como empleado de la empresa OPEVER, desglosado de la siguiente manera: Menor de identidad reservada 18% (dieciocho por ciento) y concubina Liliana Valeria Morales Camacho 15% (quince por ciento). Bajo dichas consideraciones, se aprecia que el Juez de lo Familiar resolvió conforme a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, al dejar insubsistente la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, procediendo a resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación interpuesto por el aquí tercero interesado, con libertad de jurisdicción tomando como base las consideraciones señaladas en la sentencia de amparo, esto es, al analizar las documentales exhibidas, así como argumento encaminado a diversos acreedores alimentarios con los que cuenta el demandado; en ese sentido y en términos de lo estipulado en el numeral 242 del Código Civil para Estado de Veracruz, el Juez responsable determinó reducir del 35% (treinta y cinco por ciento) al 33% (treinta y tres por ciento) la pensión provisional decretada en autos del juicio de origen. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
III. Con esta fecha se notifica por este conducto ala parte tercera interesada el proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, mismo que a la letra dice: Agréguese el oficio y anexo signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene informando respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada con el oficio de cuenta y anexo por el plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidos que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de marzo de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia en la que se CONCEDIÓ EL AMPARO EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a Liliana Valeria Morales Camacho, en el presente asunto a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Ahora, como en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Veracruz, Veracruz, está obligada a su cumplimiento; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le requiere, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, realice los actos señalados en la ejecutoria de mérito, los cuales se circunscriben a que: ".1). Deje insubsistente la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ordinario civil 1045/2021. 2). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación, que puede ser en el mismo sentido o en uno diverso; pero tomando como base las consideraciones aquí apuntadas, esto es, deberá subsanar completamente el vicio formal y demás consideraciones destacadas. Ello a fin de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado." Hecho lo anterior, dentro del citado plazo, deberá informar a este órgano jurisdiccional su cumplimiento, debiendo acompañar para tal efecto las constancias necesarias que acredite el cumplimiento y su ejecución; con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien a mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúen las constancias remitidas por la autoridad responsable, con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas, en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.
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