Liliana Torres Rodríguez

Expediente 384/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
384/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
15/05/2023

Partes del expediente

  • Liliana Torres Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, quince de mayo de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. ( Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ( Se ordena archivo. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. ( Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el presente juicio dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. No se ordena devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa para la devolución de documentos originales, toda vez que los mismos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.ajb

  2. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, veinte de abril de dos mil veintitrés. Autoridad remite constancias. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje; y al efecto, remite la documental consistente en copia certificada del acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, la cual será relacionada en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. De las constancias remitidas por la autoridad oficiante en apoyo a su informe justificado, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Así, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que la parte quejosa demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: "III.- LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. El Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en el Estado de Tlaxcala. Actuario Adscrito a la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en el Estado de Tlaxcala. IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- Se reclama de la responsable Presidente Ejecutor adscrito a la Junta Especial, la falta de emisión del Acuerdo que recaiga respecto a mi escrito de fecha 16 dieciséis de noviembre del año do 2022 dos mil veintidós, dentro del expediente número 123/2015; y del actuario adscrito a la Junta Especial, se reclama la falta de notificación del acuerdo que recayó a mi escrito de fecha 16 dieciséis de noviembre del año do 2022 dos mil veintidós, pues hasta la fecha las autoridades que hoy son señaladas como responsables han sido omisas, es decir, hasta esta fecha, se han abstenido de emitir y notificarme el acuerdo correspondiente.". (sic) En la especie, respecto a las omisiones reclamadas a la autoridad responsable, este juzgado considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de la Materia, que establece que el juicio de amparo es improcedente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.).". A efecto de justificar la actualización de la causa invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En ese sentido, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causa respecto de la cual, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Hechas estas precisiones, se arriba a la convicción de que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada respecto de los actos reclamados, los cuales consisten en: Del Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala: La omisión de acordar el escrito de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Ahora bien, en primer término debe indicarse que de un análisis a las constancias remitidas en esta data, por la autoridad responsable Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se advierte lo siguiente: -En relación al acto consistente omisión de acordar el escrito de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. El diecinueve de abril de dos mil veintitrés, (fojas 24 a 26), la autoridad señalado como responsable dicto un auto, por el que acordó el escrito de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós en el expediente laboral 123/2015, y ordenó su notificación personal, como se puede apreciar de las siguientes imágenes: Así, de lo expuesto en los párrafos que preceden se desprende la cesación de efectos de los actos reclamados en la presente instancia constitucional, pues tal como se precisó las autoridades responsables subsanaron las omisiones que la parte quejosa reclama. En consecuencia, válidamente se puede concluir que en el caso cesaron los efectos de las omisiones reclamadas; pues las afectaciones de las que se dolía la peticionaria de amparo desaparecieron, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento de los actos que ataca, lo cual constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y repuso al quejoso en el goce de la garantía violada. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Por tanto, con dicha actuación se restableció a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos, de tal suerte que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la Justicia Federal. Es decir, resulta ocioso analizar el acto reclamado consistente en el acuerdo por el cual se fijó una fecha lejana para la celebración de la audiencia en el recurso de revisión, si ésta se dejó sin efectos por la autoridad responsable, lo que hace evidente que se actualice la causal de improcedencia que nos ocupa. En efecto, se destaca que cuando durante el juicio biistancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V, del numeral 63 del propio ordenamiento legal, respecto a los actos reclamados por la parte quejosa. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con dieciocho minutos del veintiuno de abril de dos mil veintitrés), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente a las partes Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Librado Antonio Gómez Morales, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Autoridad rinde informe justificado. Agréguese el oficio, signado por el Presidente y Actuario, ambos de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido sus respectivos informes justificados. Con el contenido de los informes, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y manifiesten lo que a su derecho convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Desistimiento de Objeción de Documento. Agréguese a los autos, el escrito signado por Antonio Flores Gracia, autorizado de las terceras interesadas ********************atento a su contenido, se tiene por desistido de la objeción del contenido y alcance del instrumento número cincuenta y ocho mil trescientos ochenta y nueve (58389) asentado en el volumen quinientos diecinueve (519) de nueve de septiembre de dos mil diez, así como, de las pruebas que se tuvieron por ofrecidas en proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós (foja 250). Finalmente se tienen por reiteradas las pruebas que refiere mismas que ya fueron admitidas y desahogadas; asimismo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que a manera de alegatos formula, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Estado de autos. Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de nueve de febrero de dos mil veintitrés, se recibió el dictamen rendido por el perito oficial en materia de topografía, ingeniero civil José Silvano Sergio Cirio Sánchez, quien al dar respuesta a los puntos de pericia 6, 7 y 8 del cuestionario exhibido por la parte quejosa señaló lo siguiente (fojas 493 a 501); De dichas respuestas se puede advertir concretamente lo siguiente: Que de la medición física del predio que la tercera interesada posee como inmueble denominado "Chaclafulpa", las medidas son: al norte 107.80 metros y linda con propiedad particular; al sur 91.80 metros y linda con propiedad particular; al oriente 22.80 metros y linda con calle 16 de septiembre; al poniente 13.20 metros y linda con propiedad particular; con una superficie total de 1,490.68 metros. Que del juicio de usucapión 459/2010, del índice de la jueza responsable, se desprende que del predio denominado "Chaclafulpa", tiene documentalmente las medidas siguientes: al norte 13.80 metros y linda con propiedad de María Margarita Manuela Morales Morales; al sur 13.80 metros y linda con calle 16 de septiembre; al oriente 100 metros y linda con servidumbre de paso; al poniente 96.36 metros y linda con José Concepción Morales. Que del contrato de cesión de derechos exhibido por la quejosa, se desprende que el predio denominado "Atentlacotla", tiene las medidas y colindancias siguientes: Inicia de norte a oriente con 56.40 metros, quiebra al sur con vista al oriente en 4.00 metros y termina al oriente con 3.40 metros, y linda con privada sin nombre, Alejandro Morales y Elena Meza; al sur 87.00 metros y linda con José Concepción Morales y esposa; al oriente 17.35 metros y linda con calle 16 de septiembre; al poniente 13.20 metros y linda con Josefa Morales Cuautlal. Que al no existir identidad entre las medidas físicas advertidas del predio que la tercera interesada posee como inmueble denominado "Chaclafulpa", y las que se desprenden documentalmente del juicio de usucapión 459/2010, del índice de la jueza responsable, en relación al predio del mismo nombre "Chaclafulpa"; no era posible determinar si este último se encuentra inmerso en el denominado "Atentlacotla". En mérito de lo expuesto, a fin de resolver conforme a derecho el juicio de amparo en que se actúa, se hace el siguiente requerimiento. Se requiere a perito oficial. Con fundamento en los artículos 61 y 75 de la ley de Amparo, requiérase al perito oficial en materia de topografía, ingeniero civil José Silvano Sergio Cirio Sánchez, por conducto del Titular del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que dentro del término de diez días, desahogue los siguientes puntos: Deberá determinar y delimitar geográfica y físicamente dónde se ubica el predio denominado "Chaclafulpa", que documentalmente tiene las medidas siguientes: al norte 13.80 metros y linda con propiedad de María Margarita Manuela Morales Morales; al sur 13.80 metros y linda con calle 16 de septiembre; al oriente 100 metros y linda con servidumbre de paso; al poniente 96.36 metros y linda con José Concepción Morales. Hecho lo anterior, deberá determinar si el inmueble indicado en el párrafo que antecede, se encuentra inmerso en el denominado "Atentlacotla". Apercibimiento a perito oficial. Apercibidos que en caso de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Librado Antonio Gómez Morales, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

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