Liliana Teresa Martínez Rivera

Expediente 990/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
990/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
06/10/2021

Partes del expediente

  • Liliana Teresa Martínez Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara dicha resolución ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su oportunidad procédase a la destrucción de este expediente.

  2. Principal

    ****(personal) lrs Pues bien, ***********solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- Todo lo actuado en el expediente número INV/0014-2019, a quienes les reclamamos en consecuencia todos y cada uno de los acuerdos pronunciados dentro del expediente ya señalado b).- Se reclaman todas las consecuencias de hecho y de derecho que pudieran desprenderse del expediente y que manifestaremos en su momento y en su caso todas las resoluciones. II).- LA AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO, le reclamo lo siguiente.- a).- El citatorio girado al suscrito para que me presente ante dicha autoridad el día 26 de agosto del año en curso a las ocho treinta horas". De la lectura integral de la demanda de amparo, interpretada en su conjunto, como un todo, se advierte que **************reclama: Todo lo actuado en el expediente INV/014-2019, del índice de la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango, así como las consecuencias derivadas del mismo; y, El citatorio girado a fin de que se presente ante la Autoridad Investigadora de la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango, el veintiséis de agosto del año en curso, a las ocho treinta horas. Sin embargo, en lo que respecta al acto reclamado, precisado en el inciso a), consistente en todo lo actuado en el expediente INV/014-2019, del índice de la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango, así como las consecuencias derivadas del mismo, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17, 18 y 23, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]". Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". "Artículo 23. Si alguna de las partes reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que conozca o deba conocer del juicio, la demanda y la primera promoción del tercero interesado podrán presentarse, dentro de los plazos legales, en la oficina pública de comunicaciones del lugar de su residencia, en la más cercana en caso de no haberla, o bien, en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica.". De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se desprende claramente que el juicio de amparo se torna improcedente cuando no se haga valer dentro del plazo a que se refiere el segundo de los numerales en cita (quince días); salvo cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición que será de treinta días; la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, que es de hasta ocho años; contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, que será de siete años; y actos que impliquen privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Federal, así como incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, que podrá ser en cualquier tiempo. El artículo 18 de la ley de la materia previene tres hipótesis, a partir de la cuales da inicio el referido plazo, a saber: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto que reclame o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del acto que reclame o de su ejecución. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia P./J. 115/2010, formulada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar.". Luego, la omisión del gobernado de promover el juicio de amparo contra el acto que estima conculcatorio de sus derechos fundamentales, dentro del plazo a que alude el artículo 17 de la ley de la materia, entraña un consentimiento tácito, entendiéndose por tal, la actitud pasiva que asume el que se estima afectado por el acto de autoridad de no defenderse de éste, en términos de los preceptos de que se trata. Pues bien, es pertinente destacar que la parte quejosa, en su escrito aclaratorio de cuenta, precisa: "[.] bajo protesta de decir verdad manifiesto que la fecha en que me fue notificado las observaciones por parte de la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango, fue el día 16 de diciembre de dos mil veinte, y que la fecha con que se presentaron las solventaciones fue el día 27 de enero de 2021.". Señalamiento, que constituye una confesión expresa en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la Ley de Amparo. En consecuencia, tomando en consideración que la parte quejosa manifiesta que dio cumplimiento a las observaciones el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, debe decirse que el término de quince días para la presentación de la demanda, inició a partir del día hábil siguiente (veintiocho de enero siguiente). Ahora bien, en la presente instancia constitucional la parte quejosa presentó su demanda de amparo el día veinte de agosto de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado; de ahí que resulta evidente la extemporaneidad de dicha demanda, ya que se presentó fuera del plazo de quince días a que alude el numeral 17 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo de conformidad con la Ley de Amparo, transcurrió del veintiocho de enero al diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, con descuento de los días treinta y treinta y uno de enero, seis, siete, trece y catorce de febrero de dos mil veintiuno, por ser sábados y domingos, así como uno y cinco de febrero del año en curso, inhábiles de conformidad con lo dispuesto por los artículos 74 de la Ley Federal del Trabajo y 19 de la Ley de Amparo, respectivamente. Por lo anterior, es evidente que, como se dijo, la demanda de amparo presentada por la parte quejosa (veinte de agosto de dos mil veintiuno), resulta notoriamente extemporánea, ya que se presentó fuera del término de quince días, para promover el amparo, pues, en efecto, lo está impetrando con exceso de más de seis meses. Por otra parte, respecto del restante acto reclamado, consistente en el citatorio girado el expediente INV/014-2019, del índice de la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango, a fin de que se presente ante la Autoridad Investigadora de la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango, el veintiséis de agosto del año en curso, a las ocho treinta horas, se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1º, fracción I, y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1º.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; [.]". De una interpretación armónica y sistemática de dichos preceptos legales, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente, entre otros supuestos, contra los actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que no produzcan una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, es decir, si el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen derechos humanos, se llega a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que no exista un derecho humano que pueda ser transgredido con el acto reclamado. Así, la fracción II del numeral 107 de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Sin embargo, en este punto conviene recalcar que no todos los actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo son combatibles mediante el amparo biinstancial. Esto, pues del análisis sistemático a la Ley de Amparo, la hipótesis de procedencia referida se actualiza en aquéllos casos en que se esté ante un acto u omisión cuya ejecución sea irreparable, esto es, que afecte de manera directa derechos sustantivos del justiciable; acorde a la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Al respecto, es importante destacar que a partir de la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, la cual comenzó a tener vigencia el cuatro de octubre de la citada anualidad, y que dio origen a la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que entró en vigor al día siguiente, por disposición de su artículo primero transitorio, el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente cuando se reclamen actos que sean de imposible reparación dentro del juicio acorde lo previsto en la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, como en el caso serían los que afecten la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, entre los que se encuentran el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conmina a una parte para que desempeñe un trabajo forzosamente, el arraigo, entre otros, pues en los tres primeros casos se pueden afectar la propiedad o las posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo y en séptima la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar con una actuación posterior en el juicio, ya que verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo por el que se prolongue la medida, no se restituye con el dictado de la sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto; y en todos estos casos la violación de prerrogativas fundamentales subsistiría irremediablemente, aun cuando fueran objeto de estudio en la sentencia que se pronuncie y ésta fuera favorable a los intereses del quejoso. Entonces, si los actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no afectan materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, será improcedente el juicio de amparo indirecto. Ahora bien, en el caso, la parte quejosa reclama el citatorio girado el expediente INV/014-2019, del índice de la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango, a fin de que se presente ante la Autoridad Investigadora de la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango, el veintiséis de agosto del año en curso, a las ocho treinta horas. Sin embargo, el mencionado acto reclamado y sus consecuencias, no causa un perjuicio de imposible reparación a la parte quejosa, en virtud de que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental, pues no se plantea la infracción de derechos sustantivos, al no afectarle su integridad personal, su libertad o su propiedad, etcétera, entre los que se encuentran el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conmina a una parte para que desempeñe un trabajo forzosamente, el arraigo, entre otros, pues en dicho comunicado, solo se le informa que deberá comparecer a las ocho horas con treinta minutos del veintiséis de agosto del año en curso, ante la Autoridad Investigadora de la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango, a fin de solventar las observaciones detectadas dentro del expediente INV/014-2019, del índice de la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango, sin que le hubiere formulado apercibimiento alguno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    ****(personal) lrs NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA.- Agréguese a los autos, el escrito de la promovente, mediante el cual, en atención a la prevención formulada en auto del veinticuatro de agosto del año en curso, indica la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Sin embargo, no ha lugar a tener por cumplida la citada prevención, pues de la imposición del escrito de demanda, se advierte que la quejosa también reclama todo lo actuado en el expediente INV/0014-2019, esto es, todos y cada uno de los acuerdos pronunciados en el citado expediente. Además, en los antecedentes del escrito de demanda, la quejosa menciona que se desempeña como Tesorera Municipal de Mapimí, Durango, y que recibió un pliego de observaciones (realizadas por la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango) a la cuenta pública de ese municipio, para el ejercicio presupuestal de septiembre a diciembre de dos mil diecinueve. Que esas observaciones fueron solventadas a la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango, sin que esta haya emitido la resolución correspondiente. De ello se sigue que la agraviada ha tenido conocimiento del procedimiento de origen, en el que aduce, solventó las observaciones realizadas por la mencionada autoridad. En consecuencia, se encuentra obligada a precisar la fecha en que tuvo conocimiento de todos y cada uno de los actos reclamados. Por tanto, dígasele al ocursante que no satisface la prevención formulada el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, relativa a proporcionar la fecha exacta en que tuvo conocimiento o se le notifico cada uno de los actos reclamados. Entonces, dado que el plazo de cinco días concedido al promovente, para efecto de que especificara los antecedentes de los actos reclamados y proporcionara la fecha exacta en que tuvo conocimiento de los mismos no ha fenecido, se hace constar que se interrumpe en virtud del escrito que se provee y que se reanudará en cuanto sea legalmente notificado del presente auto, apercibido que en caso de no hacerlo dentro del término que para tal efecto le resta, esto es, tres días, el cual contará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique del presente acuerdo; se hará efectivo el apercibimiento decretado el veinticuatro de agosto del año dos mil veintiuno. Lo anterior, es así toda vez que la notificación del multicitado auto quedó hecha el treinta de agosto de dos mil veintiuno; y el escrito de cuenta fue presentado el tres de septiembre del año curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito.

  4. Principal

    *****MRS* NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA.- Ahora bien, antes de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en los artículos 108, fracción V, 112 y 114, fracción I, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del término de cinco días, computados legalmente, bajo protesta de decir verdad, por escrito y con las copias necesarias para las partes, de cumplimiento a lo siguiente: ÚNICO. De cumplimiento al requerimiento establecido en el ordinal 108, fracción V, de la ley de la materia, en el sentido de que bajo protesta de decir verdad, especifique los antecedentes de los actos reclamados; esto es, proporcione la fecha exacta en que tuvo conocimiento de los actos reclamados, pues es omisa en proporcionar ese dato. Se le apercibe al promovente que de no cumplir íntegramente con lo anterior, se procederá en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Asimismo, prevéngase a la promovente que en caso de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten, se procederá en términos del artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo... En la inteligencia de que el cumplimiento al presente requerimiento únicamente podrá desahogarlo el promovente, por tratarse de actos personalísimos que sólo puede realizar quien promovió la demanda, relativos a cuestiones que influyen en la configuración de la litis constitucional. ... Con fundamento en el artículo 1º, fracción I, párrafo tercero, del Acuerdo General 13/2020 y numeral 22, fracción I, del 21/2020 del Acuerdo General, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que continúen la tramitación del presente asunto en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e-firma antes FIEL), para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario del Portal de Servicios en Línea, solicitar que las notificaciones se les realice de manera electrónica y que tenga firma electrónica vigente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto con apoyo en el artículo 2º del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con el apercibimiento que de no formular manifestación al respecto a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea o por cualquier medio electrónico, siempre y cuando cuente con firma electrónica, dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, se entenderá que su deseo es continuar el juicio físicamente. En caso de que las partes cuenten con firma electrónica pero que no esté vigente, deberán realizar el trámite de renovación, conforme a los siguientes requisitos previstos en la Circular 7/2020, de veintinueve de abril anterior suscrito por el Secretario de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal.

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