Liliana Sanchez Suarez
Expediente 715/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 715/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/02/2021
Partes del expediente
- Liliana Sanchez Suarez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, Chiapas, por medio del cual acusa recibo de las constancias relativas al juicio de amparo 715/2020-3-B, de nuestro índice, e informa que aceptó la competencia declinada y se avoca al conocimiento del juicio de amparo antes mencionado, del que deriva el presente cuadernillo de antecedentes. En virtud de lo anterior, hágase las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y en la estadística; por ende, tomando en consideración que no existe diligencia pendiente por desahogar, archívese el presente expediente auxiliar (cuaderno de antecedentes), como asunto concluido.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; fórmese expediente, regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 715/2020. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 22, 23, 24 y 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que se presenten de manera impresa y que no hayan sido digitalizadas, así como garantizar su gestión electrónica eficiente; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos. En ese sentido, se instruye a la Secretaria, Actuario y Oficial Administrativo respectivos, que permanentemente verifique la debida integración y correspondencia cronológica entre el expediente físico y electrónico, asegurándose que concuerden en su totalidad. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Ahora, el artículo 37 de la Ley de Amparo, textualmente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. [Énfasis añadido]. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El precepto citado establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Expuesto lo anterior, debemos precisar que para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. En el caso, del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señalo como actos reclamados y autoridades responsables las siguientes: "1. PLENO DE LA COMISION DE HONOR Y1JUSTICIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIUDADANA Se le reclama: A. La dilación en sustanciar el procedimiento administrativo adversarial sin otorgar un ingreso mínimo vital durante el tiempo que dure el procedimiento administrativo: adversarial. 2. DIRECCION DE LA POLICIA ESTATAL FRONTERIZA, Se le reclama: B. La falta de competencia para gestionar la orden de preventiva de pago de sueldos de la hoy quejosa a partir del día 30 de Julio del año 2020. 3. DELEGACION ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA ESTATAL FRONTERIZA, Se le reclama: C. La falta de competencia para gestionar ante el Área de Recursos Humanos la orden preventiva de pago de mis sueldos. 4. COORDINACION DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA Se le reclama: D. La falta de competencia para gestionar ante el Tesorero de la Secretaria de Hacienda la preventiva de pago de mis sueldos. 5. JEFE DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA Se le reclama: E. La falta de competencia para gestionar ante la Coordinación de Administración de la Secretada de Seguridad y Protección Ciudadana la preventiva de pago de mis sueldos. 6. TESORERO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, se le reclama: F. La falta de competencia para autorizar la preventiva de pago de sueldos del hoy quejosa durante el procedimiento administrativo adversarial que se le sigue en contra, ya que los policías se rigen por sus propias leyes. 7. COORDINADOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA. G. La falta de competencia para autorizar la preventiva de pago a los Policías que se encuentren bajo un procedimiento administrativo adversarial, sin antes otorgar un ingreso mínimo vital con sueldo mínimo de Policía Razo, tal como lo informo en el oficio número SH/SGRH/1720/2019 de fecha 3 de septiembre del 2019 dentro del Juicio de Amparo Numero 1345/2018 radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en un caso similar de la quejosa IVONNE DEL ROSARIO GUILLEN DURANTE. 8. JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO JURIDICO, EN CARÁCTER DE VOCALIA TECNICA DEL PLENO DE LA COMISIONi DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, se le reclama: H. La negativa a agilizar el procedimiento administrativo del hoy quejosa y señalar fecha de audiencia de Ley del procedimiento administrativo corriendo traslado de las copias del expediente del procedimiento administrativo. 9. ENCARGADO DEL AREA DE INVESTIGACION INTERNA EN SU CARÁCTER DE ORGANO PROSECUTOR DE LA SÉCRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA Se le reclama: 1. El exceso de tiempo para sustanciar el archivó de investigación y así no obstaculizar el procedimiento administrativo adversaria. 10. DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, 11. DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 12. DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, 13. DEL CONSEJERO JURIDICO DEL GOBERNADOR, 14. JEFE DE LA UNIDAD DE LEGALIZACION Y PUBLICACIONES OFICIALES, se les reclama: J. La Inconstitucionalidad de la fracción VI del artículo 52 del REGLAMENTO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA su aprobación, refrendo, promulgación y publicación, y su aplicación (heteroaplicativa) dentro del caso que nos ocupa debido a que se excede de un plazo razonable esto después de transcurrir más de CUATRO MESES para realizar la investigación de la supuesta falta que se me acusa y la norma le otorga un plazo hasta por dos años en la integración de las investigaciones, dicha fracción viola el principio de supremacía Constitucional al contraponerse al principio de Justicia Pronta y expedita consagrado en el artículo 17 Constitucional." Asimismo, refiere bajo protesta de decir verdad, en el apartado de antecedentes del acto reclamado, que la quejosa es policía perteneciente a la Dirección de la Policía de Fuerza Ciudadana de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y que actualmente se encuentro comisionada en la Dirección de la Policía Estatal Fronteriza, con sede en Tapachula, Chiapas. De lo anterior, se evidencia que la afectación a los derechos de la parte quejosa tiene ejecución fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, toda vez que como se advierte del contenido total de la demanda y anexos, la ejecución de los actos que reclama, se está llevando a cabo en Tapachula, Chiapas, pues ahí se encuentra actualmente comisionada. En esas circunstancias, este Juzgado de Distrito estima carecer de competencia legal para conocer del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo; toda vez que, los actos de que se duele la promovente tiene lugar fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Es aplicable, por las razones que expone, la tesis I.15o.A.41 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2288, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito". Asimismo, se cita en apoyo la jurisprudencia con registro digital 2007505, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: Libro 10, Septiembre de 2014 Tomo II, Décima Época, página 1083, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RETENCIÓN DE LAS CUOTAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y SU ENTERO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO DONDE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESTEN SUS SERVICIOS. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de 2013, si el acto reclamado en un juicio de amparo requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. De ahí que si en el juicio de amparo indirecto se reclaman la retención de las cuotas de los servidores públicos y su entero al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en términos de los artículos 32, fracciones I y II, 33, 34, fracciones I, II y IV, 84, párrafo segundo, 88, 91, 93, párrafo primero y 100 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, reformados mediante decreto publicado en la Gaceta de Gobierno el 19 de diciembre de 2012, es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar del domicilio donde los servidores públicos presten sus servicios, y no el del domicilio de la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa, que es la autoridad que aplica los descuentos, pues ahí tendrá ejecución el acto de aplicación, dado que la retención y el entero a que se ha hecho mención se efectúan desde la fuente de trabajo de éste, pues el pago de cuotas a que alude la mencionada ley está intrínsecamente ligado al domicilio del centro de trabajo del quejoso, por ser el lugar donde materialmente se ejecuta dicha retención, mismas que se cubren al instituto de referencia." Por lo que, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, así como el referido Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 3/2013, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo y declina la competencia al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, en turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, que es el que ejerce jurisdicción en el lugar donde deben tiene ejecución el acto reclamado, pues la quejosa refiere que actualmente allí se encuentra comisionada. Además, al atribuir competencia al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde se localiza el lugar de trabajo de la quejosa, existe seguridad jurídica de que ésta tendrá la facilidad de acudir a desahogar las diligencias necesarias, a fin de que se dilucide de manera expedita sobre la violación de sus derechos fundamentales violados. Lo anterior, se corrobora con lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en la parte que interesa, establece: ".XX. VIGÉSIMO CIRCUITO: Estado de Chiapas. (.) SEGUNDO. Cada uno de los Circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y los juzgados de Distrito que a continuación se precisan: (.) XX. VIGESIMO CIRCUITO: 1. Cuatro tribunales colegiados especializados: dos en materias penal y civil, uno en materia de trabajo y uno en materia administrativa, todos con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 2. Dos tribunales unitarios con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. 3. Trece Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas; dos de Procesos Penales Federales, con residencia en Cintalapa de Figueroa; siete Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales; uno en materia Mercantil Federal, todos con residencia en Tuxtla Gutiérrez; y tres Juzgados de Distrito Mixtos con residencia en Tapachula. (.) XX. VIGÉSIMO CIRCUITO: Estado de Chiapas. (.) XX. VIGESIMO CIRCUITO: (.) Los juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acacoyahua, Acapetahua, Amatenango de la Frontera, Arriaga, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Cacahoatán, El Porvenir, Escuintla, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, La Grandeza, Mapastepec, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Motozintla, Pijijiapan, Siltepec, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán." En esas condiciones, sin resolver sobre su admisión y en obvio de mayores dilaciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase el original del escrito de demanda, con sus respectivos anexos a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, con el fin de que a su vez los envíe al Juez de Distrito en turno, en esa ciudad, para que proceda al conocimiento del asunto; debiéndose realizar las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; solicítese el acuse de recibo correspondiente. Sin que haya lugar a proveer respecto de la suspensión de los actos reclamados, en virtud de que no se encuentran dentro de los contemplados por el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 48 del mismo ordenamiento. REGLAS DE ACTUACIÓN Por otra parte, vista la cuenta que antecede, con apoyo en los lineamientos contenidos en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (en adelante AG 21/2020), este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. Con fundamento en el artículo 2 del AG 21/2020, hágase saber a las partes que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, se levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. 1.1. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.1.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general, el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial por las tardes. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. En términos del artículo 2, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a la Secretaria, Actuario y Oficial Administrativo respectivo, a verificar permanentemente la debida integración y correspondencia cronológica entre el expediente físico y electrónico. 1.1.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.1.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar datos de contacto como un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, con el único propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.1.4. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común, del bloque vespertino al que pertenece este Juzgado (con atención de las 15:00 a las 19:00 horas), la promoción u oficio de forma física, la cual estará ubicada en el acceso del edificio sede del Poder Judicial de la Federación. 1.1.5. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la administración regional las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 1.1.6. Contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se pone a disposición el correo electrónico del juzgado (e-mail): 6jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, para lo cual el interesado debe enviar un correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Número de expediente e información requerida. c) En caso de que la información que se pida no sea genérica, tendrá que enviarse una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente en horario hábil si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En el número telefónico del juzgado sólo podrá atenderse información genérica, durante el horario presencial de este juzgado (de lunes a viernes de las 12:30 a las 18:30 horas, según el Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, con relación al período de vigencia). 1.1.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, no se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar por escrito o en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.2. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de incumplimiento. CONSTANCIAS RELATIVAS AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO QUE NO SE GLOSAN FÍSICAMENTE En otro aspecto, toda vez que, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, remitió en primer término, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, una digitalización preliminar de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo y, con posterioridad, envió el documento original respectivo. En tal virtud, ya que la digitalización preliminar de mérito corresponde a la demanda que se recibió en documento original, se considera innecesario que se imprima e incorpore al expediente físico, a fin de evitar duplicidad de constancias, por lo que se ordena glosar físicamente únicamente las constancias de la demanda original remitidas por la citada oficina de correspondencia común. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **. Por otra parte, por haberlo manifestado de manera expresa, con fundamento en los artículos 26 fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, así como en los diversos 79 y 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que las notificaciones que se generen en el presente expediente, se realicen de manera electrónica al usuario que menciona. En relación a su solicitud, y tomando en consideración que el usuario "**", se encuentra registrado, se autoriza la consulta del expediente electrónico al referido usuario; por tanto, como lo dispone el numeral 21 del Acuerdo General 12/2020, Del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, realícese las gestiones conducentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el usuario en cita pueda efectuar la consulta electrónica del expediente en que se actúa. Atento a lo acordado en el párrafo que antecede, se instruye al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, a efecto de que habilite la casilla electrónica del auto referido; asimismo, verifique que todas y cada una de las determinaciones que se lleguen a emitir a partir del presente auto en el expediente en que se actúa puedan ser consultadas vía electrónica, es decir, al momento de realizar la publicación del acuerdo deberá cerciorarse que la casilla correspondiente a la notificación electrónica o por lista se encuentren debidamente requisitadas, para efecto de que la quejosa pueda realizar la consulta del expediente electrónico. En el caso de notificaciones que deban practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, atendiendo además a lo que establece el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquellos derechos y bienes, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a las partes, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que puedan dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto de la parte respectiva, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deba realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias.
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