Liliana Salazar Vega
Expediente 512/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 512/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 03/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Liliana Salazar Vega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada el doce de julio de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó el amparo solicitado por la parte quejosa; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. En cuanto al original del incidente de suspensión en virtud de que se concedió y negó la medida cautelar, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 512/2018-B, promovido por Liliana Salazar Vega, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.
- Incidental
En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con quince minutos del veintiocho de junio de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 512/2018-B (foja 46), María Eugenia Gómez Villanueva, Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, asistida de María del Carmen Ortega Reguera, Secretaria con quien actúa, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes ni legítimo representante de ellas, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo y escritos aclaratorios presentados por Liliana Salazar Vega (fojas 1 a 6), auto de trece de junio de dos mil dieciocho (suspensión provisional, fojas 7 a 11) y los informes previos que obran en autos. A lo anterior, la jueza de Distrito acuerda: téngase por practicada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en el que la secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; y la jueza de Distrito acuerda: Toda vez que ninguna de las partes ofreció prueba alguna, se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no exhibió pedimento. A lo anterior, la jueza acuerda: Se tiene por precluído el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: V I S T O S para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 512/2018-B, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Liliana Salazar Vega, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de trece de junio de dos mil dieciocho, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Liliana Salazar Vega, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución del acto reclamado es atribuido a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: las órdenes de búsqueda, aprehensión, detención, presentación y citación dictadas en su contra, así como su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridades responsables. Sentido del informe. Foja 1 Juez de Control y Ejecución del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Oral de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Puebla (Rosa Celia Pérez González) NIEGA 42 2 Juez de Control y Ejecución del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Oral de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Puebla (Karla Patricia Ambrosio Vargas) NIEGA 43 3 Juez de Control y Ejecución del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Oral con sede en Tecamachalco, Puebla NIEGA 35 8 Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla (Abelardo Gil Martínez), por sí y en representación de los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla 4. (Aarón Hernández Chino) 5. (Enrique López Criollo), 6. (Fernando Martínez Espinosa), 7. (Rosa Aurora Espejel Prado) y 9. (Rosalva Elena Zárate Herrera) NIEGA 36 10 Jueza de Control y Ejecución de Sentencias en la Región Judicial Centro-Poniente con sede en Atlixco, Puebla (en su denominación correcta) NIEGA 48 11 Fiscal General del Estado de Puebla, a través de su representante NIEGA 32 12 Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla NIEGA 33 13 Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla NIEGA 37 15 Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla en San Martín Texmelucan NIEGA 44 16 Agente Ministerial Encargado de la Agencia Estatal de Investigación del Grupo San Andrés Cholula NIEGA 49 CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. De lo anterior se advierte que las autoridades responsables al rendir sus informes previos negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas. Por otra parte, el 14. Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, Delegación Huejotzingo y 17. Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, Delegación San Pedro Cholula, omitieron rendir su correspondiente informe previo, no obstante haber sido legalmente notificados de los oficios B-594-14 y B-594-17, por los que se les requirió el mismo (foja 54 y 28); sin embargo, tomando en consideración que las autoridades responsables ordenadoras negaron la existencia de los actos reclamados, dichas autoridades en su calidad de ejecutoras, se encuentran imposibilitadas a cumplimentar una orden inexistente; de ahí que deba prevalecer la inexistencia de los actos que a éstas se les reclaman en el presente asunto. En tales condiciones, ante la inexistencia de los aludidos actos reclamados, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa. Por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de actos reclamados Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización rubro y texto a continuación se detallan INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario Por lo expuesto, se R E S U E L V E ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Liliana Salazar Vega, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de junio de dos mil dieciocho. Vistos, con conocimiento de las partes, agréguense a los autos los informes justificados de las autoridades responsables 10. Jueza de Control y Ejecución de Sentencias en la Región Judicial Centro Poniente de Cholula, Puebla y 16. Agente Ministerial Encargado de la Agencia Estatal de Investigación, grupo San Andrés Cholula, Puebla, con los que da cuenta el Secretario para que surtan los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
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