Liliana Rosales Teco

Expediente 2480/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
2480/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
02/02/2017

Partes del expediente

  • Liliana Rosales Teco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dos de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se reitera, se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo fracción I, Décimo Primero segundo párrafo, y Décimo tercero todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto del Capítulo Quinto del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de enero de dos mil diecisiete. Vista la cuenta que antecede y de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos el oficio del Presidente y de la Secretaria Auxiliar de Amparos, ambos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por el que remite informe justificado, como también copia certificada de diversas actuaciones realizadas en el expediente J/O/1027/2007, de las cuales se advierte la comparecencia de nueve de enero del presente año, realizado por la parte quejosa, en la cual manifiesta: ".Que en este acto y toda vez que la demanda y el suscrito hemos llegado a un arreglo de manera extrajudicial manifestando que por así convenir a mis interese me doy por pagado de todas y cada una de las prestaciones condenadas a la demandada en laudo de fecha 08 de abril de 2016, así como del amparo indirecto número 2480/2016, no reservándome por tal motivo derecho alguno en contra del INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, por ninguna de las prestaciones opuestas de demanda de fecha 10 de octubre del 2007, solicitando a este autoridad laboral se acuerde ordenándose archivar el mismo para los efectos legales a que haya lugar dentro del expediente que nos ocupa". Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora bien, la parte quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: La omisión de la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se sustanciar y resolver de plano el Incidente de Liquidación, promovido mediante escrito de fecha 29 veintinueve de agosto del año 2016 dos mil dieciséis, y recibido por Oficialía de Partes de la autoridad responsable, el día de su suscripción, con el objeto de cuantificarse el importe de las prestaciones económicas condenada en el laudo firme a ejecutar, dictado con fecha 08 ocho de abril del año 2016 dos mil dieciséis, dentro de los autos del juicio laboral número: J/O/1027/2007". En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, de las constancias que acompañó la autoridad responsable en el oficio de cuenta, se aprecia la comparecencia de nueve de enero del presente año realizado por la parte quejosa, en la cual manifiesta; ".Que en este acto y toda vez que la demanda y el suscrito hemos llegado a un arreglo de manera extrajudicial manifestando que por así convenir a mis interese me doy por pagado de todas y cada una de las prestaciones condenadas a la demandada en laudo de fecha 08 de abril de 2016, así como del amparo indirecto número 2480/2016, no reservándome por tal motivo derecho alguno en contra del INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, por ninguna de las prestaciones opuestas de demanda de fecha 10 de octubre del 2007, solicitando a este autoridad laboral se acuerde ordenándose archivar el mismo para los efectos legales a que haya lugar dentro del expediente que nos ocupa". En ese sentido, de lo precedente, se advierte que ha quedado demostrado que cesaron los efectos del acto reclamado por la quejosa, en virtud de que las partes en el juicio de origen, llegaron a un arreglo armonioso de manera extrajudicial, por la cual la parte demandada en este caso el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, pago todas y cada una de las prestaciones solicitadas en la demanda inicial de diez de octubre de dos mil siete, mismas que fueron condenadas en el laudo de ocho de abril de dos mil dieciséis; en ese sentido, con ello las cosas volvieron al estado que guardaban antes de la violación de derechos, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía; lo anterior es así, ya que la demanda de amparo fue para sustanciar y resolver el incidente de liquidación por todas y cada de las prestaciones a las que fue condenado el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en el laudo de ocho de abril del año próximo pasado; por ello, resulta inconcuso que han cesado los efectos del acto que se combate. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo IX, junio de 1999, página 38, registro electrónico 193758, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De igual forma, tiene aplicación la tesis jurisprudencial 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, Novena época, registro electrónico 196820, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la ley de Amparo". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas del veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    en esta fecha se notifica a la parte quejosa la resolucion que dice: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito de quien se ostenta como JOSÉ LUIS GORDILLO ALFONSO, quejoso en el presente asunto. Conforme al artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Ahora, por firma autógrafa, se entiende según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: "Nombre y apellido, o título de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él dice". El vocablo "firma" proviene del latín firmare, cuyo significado es afirmar o dar fuerza. A su vez, la palabra "firma", se define como "Afirmar, dar firmeza y seguridad a una cosa" (diccionario citado). En este orden de ideas y trasladando los mencionados conceptos al campo del derecho constitucional, debe decirse que la firma consiste en asentar al pie del escrito el nombre y apellido de la persona que lo emite, en la forma en que acostumbra hacerlo, con el propósito de expresar la voluntad de las partes de ejercer un derecho. En el caso en concreto, la firma plasmada en el escrito de cuenta, es notoriamente distinta a la estampada en la demanda de amparo, como se advierte del siguiente cuadro comparativo: FIRMA DE ESCRITO DE DEMANDA FIRMA DE ESCRITO DE CUENTA Por lo anterior, no se tiene la certeza de que se trate de la misma persona, por lo que no hay forma de saber si es voluntad del peticionario de amparo solicitar la devolución de documentos. En esa medida, no se tiene la certeza de que fue su voluntad presentar el escrito, pues la firma que contiene el ocurso de cuenta es notoriamente distinta a la que aparece al calce del escrito inicial de demanda. A efecto de estar en posibilidades de proveer lo procedente, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase al promovente para que dentro del término de tres días hábiles contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional, con domicilio ubicado en Boulevard Ángel Albino Corzo número dos mil seiscientos cuarenta y uno (2641), Edificio A, Planta Baja, Palacio de Justicia Federal, Colonia Las Palmas de esta ciudad, con identificación oficial vigente y manifieste si ratifica o no la firma que calza el escrito de cuenta e indique si la reconoce como suya, apercibido que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por no presentado el ocurso de cuenta. Tiene apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia número doscientos cincuenta y ocho, visible en la página 174, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto dicen: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la ley de amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la ley de amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. es de importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas". Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Arturo Gómez Castro, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con aprobación de la Comisión de Carrera Judicial de la Judicatura Federal, en oficio CCJ/ST/8629/2016, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de trece de diciembre de dos mil dieciséis, quien actúa con la secretaria licenciada Laura Elena Romero Luna, que autoriza las actuaciones y da fe, a quien faculta a firmar los oficios que se expidan, quien además certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y el acuerdo mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dos de diciembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en los artículos 51 y 60, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes, que a partir del uno de diciembre del presente año, funge como nuevo titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, el licenciado José Antonio Lozano Batarse, lo cual fue informado a este órgano jurisdiccional mediante oficio número SEADS/1327/2016, suscrito por el secretario ejecutivo de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXII, página 312, julio de 2010, número de registro electrónico 164217, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara su inconformidad contra el proveído de veintiocho de octubre de dos mil dos mil dieciséis, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

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