Liliana Rojas González
Expediente 887/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 887/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Liliana Rojas González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Con fundamento en el citado Acuerdo General 21/2020, se levanta la suspensión de los plazos y términos judiciales en el presente asunto, lo cual implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. En esas condiciones, en virtud de que por auto de ocho de diciembre de dos mil veinte se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional, misma que no se llevó a cabo debido a la suspensión de actividades, por ende, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Además, se comunica a las partes que de conformidad con la Circular SECNO/10/2021, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, del precitado Acuerdo General 21/2020, para lo cual se considerará como nueva fecha limite el quince de marzo de dos mil veintiuno. Ahora, visto el estado procesal de autos, se advierte que por acuerdo de treinta de octubre de dos mil veinte se solicitó al Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en la Paz, que remitiera copia certificada de la papeleta, escrito inicial de demanda, auto admisorio y, en su caso, de la sentencia que se haya emitido en el juicio de amparo 645/2020, de su índice; sin que a la fecha se cuente con tales constancias, no obstante que obra en autos la notificación correspondiente. En consecuencia, solicítese de nueva cuenta al citado juzgador federal que, de no tener inconveniente alguno, remita copia certificada de lo solicitado y tenga a bien informar la fecha en que se notificó al quejoso *****, el auto por el cual le dio vista con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, de lo cual se solicita copia certificada, a efecto de que este juzgado se encuentre en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda. Por otra parte, agréguense a los autos los escritos de cuenta, a través de los cuales el quejoso *****, amplía su demanda en contra de los actos y autoridades ahí citadas. En consecuencia, se reserva acordar lo conducente respecto de su escrito de ampliación, hasta en tanto el Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en la Paz, remita lo solicitado, pues será hasta ese momento en que este juzgado se encuentre posibilidad de proveer con mayor exactitud sobre dicha petición. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, en sesión ordinaria celebrada el diez de febrero del año en curso, acordó la readscripción del Juez de Distrito Samuel Sánchez Sánchez a este Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a partir del uno de marzo de dos mil veintiuno.
- Principal
Agréguese a los autos la razón asentada por el actuario judicial, en la cual expuso las causas que le impidieron notificar a la quejosa *****, el auto de uno de diciembre de dos mil veinte, el cual es del tenor literal siguiente: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Visto el escrito de demanda presentada por *******, por propio derecho, contra los actos reclamados a la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por violación a sus derechos consagrados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese el escrito de demanda en el libro de gobierno de este juzgado relativo a los juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 887/2020-I. CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO Ahora, previo a acordar lo que corresponda respecto a la demanda de que se trata, es necesario examinar si ésta colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien, si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62, con relación a los numerales 112 y 113, todos de la legislación de la materia, los cuales establecen: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia VI.2º. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, agosto de 1994, Octava Época, página 64, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Precisado lo anterior, debe destacarse que la parte quejosa reclama de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, lo siguiente: "IV. Acto Reclamado. Lo constituye la existencia de una abierta dilación del procedimiento por parte de la SALA AUXILIAR DE TLALNEPANTLA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MÉXICO, en relación a la sustanciación del expediente SAT/532/2010 del índice de dicha autoridad, fundamentalmente en lo concerniente a la ejecución del laudo pronunciado en los autos de mérito." Asimismo, en el escrito aclaratorio, informó que luego de realizar una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se percató que mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil veinte el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, ordenó el archivo del juicio de amparo directo 1373/2019, promovido en contra del laudo dictado en el expediente SAT532/2010, acompañando al referido ocurso la impresión de la síntesis de la lista de publicación de veintisiete de octubre de dos mil veinte, relativa a ese órgano colegiado. De ahí que en el caso concreto, resulta improcedente el juicio de amparo que se promueve en atención a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: I... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De esta transcripción se puede concluir que el juicio de amparo es procedente contra actos en juicio que se consideren de imposible reparación, es decir, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que, cuando lo reclamado no sea de los actos considerados como tales, el juicio biinstancial será improcedente. Ahora, respecto del tema, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Al caso resulta aplicable, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), de la Décima Época, publicada en la página mil quinientos treinta y nueve, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6 (Mayo de 2014), Tomo III, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, materia común, que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Pues con tal precisión se proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con ello, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen. Al caso se invoca, por las razones que sostiene, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, (Junio de 2014), Tomo I, visible en la página 39, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Bajo este contexto, se estima que la omisión por parte de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, de ejecutar el laudo emitido en los autos del expediente laboral SAT/532/2010, no afecta materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo. Ello, porque si bien de conformidad con el artículo 250 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en la ejecución de los laudos y convenios que han sido elevados a la categoría de laudo corresponde al Presidente del Tribunal o de la Sala, dictar las medidas necesarias, para que la misma sea pronta y expedita, lo cierto es que no establece un plazo para que la autoridad emita la determinación respectiva; por tanto, debe atenderse al de tres días hábiles establecido en el numeral 735 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley del Trabajo que rige el acto reclamado, en términos de lo establecido en el numeral 193, de la última, que dispone: "ARTÍCULO 193. Lo no previsto en esta Ley en materia procesal se regulará por las disposiciones contenidas que regulen casos semejantes de los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad, cuando sea el caso." En ese sentido, si el veintiocho de octubre de dos mil veinte la solicitante del amparo presentó una promoción ante la sala responsable solicitando la ejecución del laudo dictado en el expediente SAT532/2010, en virtud de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito había ordenado el archivo del juicio de amparo 1373/2019, es inconcuso que a la fecha de presentación de la demanda de derechos fundamentales (veintitrés de noviembre de dos mil veinte), no existe una abierta dilación al procedimiento, pues han transcurrido veinte días naturales posteriores al plazo de tres días con que contaba la autoridad para emitir el acuerdo respectivo. Lo anterior es así, tomando en consideración lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 294/2018 en sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 33/2019, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2019, Tomo Il, visible en la página 1643, Décima Época, Página 1643, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS." Es decir, el juicio de amparo indirecto será procedente contra las dilaciones de los Tribunales, únicamente cuando hayan transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o diligenciarse los actos procesales respectivos; criterio que es aplicable al presente asunto, pues si bien, como se dijo la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios no establece término alguno a fin de que la Sala del conocimiento emita el acuerdo por el que se ordena la ejecución del laudo, debe estarse al plazo genérico de tres días a que se refiere el numeral 735, de la Ley Federal del Trabajo, aplicado supletoriamente a la primera. En ese contexto, se reitera que el acto reclamado, en este momento, no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo de la quejosa, por lo que no se actualizan los supuestos de excepción que estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no se advierte que exista una abierta dilación en el dictado del laudo; de ahí que se actualice la causa de improcedencia que se analiza. Es aplicable al caso la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia Constitucional, Común, Decima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicia de la Federación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIONATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS" Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, este último en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, todos de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA presentada por ***********, por propio derecho.. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Con sustento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. Por otra parte, se autoriza a las personas que designa en términos del ordinal 12 de la legislación en consulta, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de Distrito, en caso contrario se tendrán únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho numeral. EXHORTACIÓN PARA ACTUAR EN LÍNEA En términos de lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a fin de que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberán proporcionar un nombre de usuario que les permita promover, consultar el expediente electrónico y que se practiquen las notificaciones por la misma vía. De igual forma, se les requiere a fin de que proporcionen un número telefónico, debiéndose entender que únicamente son un medio alterno de comunicación, ya que la notificación que se realice a través de la lista, personalmente o a través de oficio, según corresponda, es la que servirá como base para computar los términos y plazos procesales del presente juicio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles para que el actuario de la adscripción practique alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. CAPTURA SISE En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena a la secretaria que supervise que el Analista Jurídico Especializado realice la captura diaria de los datos que asegure la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria supervise que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y resoluciones relacionadas con este juicio, a fin de que concuerden en su totalidad con el expediente impreso. Notifíquese personalmente a la quejosa, de conformidad con la fracción I, inciso j), del artículo 26, de la Ley de Amparo. Así lo proveyó y firma *****, Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en términos del oficio CCJ/ST/1259/2020, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de *******, secretario que autoriza y da fe. Doy fe." En consecuencia, se ordena notificar a la quejosa el aludido auto y los subsecuentes, aún los de carácter personal, por medio de lista electrónica que se fija en el lugar de fácil acceso en el edificio donde se ubica este órgano de control constitucional, hasta en tanto señale un domicilio para al efecto dentro de la residencia de este juzgado de Distrito...
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Agréguese a los autos la razón asentada por el actuario judicial, en la cual expuso las causas que le impidieron notificar a la quejosa LILIANA ROJAS GONZÁLEZ, el auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, el cual es del tenor literal siguiente: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Visto el escrito de demanda presentada por LILIANA ROJAS GONZÁLEZ, por propio derecho, contra los actos reclamados a la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por violación a sus derechos consagrados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, RADICACIÓN En ese tenor, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado relativo a los juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 887/2020-I. PREVENCIÓN En ese contexto, resulta importante destacar que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece: En ese contexto, resulta importante destacar que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. Por su parte, el ordinal 114 del mismo ordenamiento legal dispone: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. En ese tenor, con fundamento en los artículos transcritos de la Ley de Amparo, se previene a la quejosa LILIANA ROJAS GONZÁLEZ para que, por escrito y con tres réplicas del mismo, dentro del término de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique de este proveído, bajo protesta de decir verdad cumpla con lo siguiente: A) Tomando en consideración que en el apartado relativo a los hechos y abstenciones reclamadas, la quejosa manifiesta que la parte tercero interesada promovió juicio de amparo directo en contra del laudo emitido en el expediente laboral SAT/532/2010, el cual fue radicado con el número 1373/2019 del índice del Primer Tribunal colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, mismo que causo ejecutoria y fueron remitidos los autos a la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, para tramitar la ejecución del mismo, por tal motivo, deberá indicar la fecha en el que se remitieron los autos del juicio de origen a la autoridad responsable. a) Deberá aclarar si señala como acto reclamado la falta de respuesta al escrito de veintiocho de octubre de dos mil veinte, emitido por la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en los autos del expediente laboral SAT/532/2010. Al caso es aplicable la tesis XX.57 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 871 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III (marzo de 1996), Novena Época, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." Se apercibe a la promovente que de no cumplir con lo solicitado dentro del plazo establecido, se procederá conforme al penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley reglamentaria de los 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Con sustento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. Por otra parte, se autoriza a las personas que designa en términos del ordinal 12 de la legislación en consulta, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de Distrito, en caso contrario se tendrán únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho numeral. EXHORTACIÓN PARA ACTUAR EN LÍNEA En términos de lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a fin de que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberán proporcionar un nombre de usuario que les permita promover, consultar el expediente electrónico y que se practiquen las notificaciones por la misma vía. De igual forma, se les requiere a fin de que proporcionen un número telefónico, debiéndose entender que únicamente son un medio alterno de comunicación, ya que la notificación que se realice a través de la lista, personalmente o a través de oficio, según corresponda, es la que servirá como base para computar los términos y plazos procesales del presente juicio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles para que el actuario de la adscripción practique alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. CAPTURA SISE En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena a la secretaria que supervise que el Analista Jurídico Especializado realice la captura diaria de los datos que asegure la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria supervise que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y resoluciones relacionadas con este juicio, a fin de que concuerden en su totalidad con el expediente impreso. En consecuencia, se ordena notificar el aludido auto y los subsecuentes por medio de mediante la lista electrónica que se fije en el lugar de fácil acceso en el edificio donde se ubica este órgano de control constitucional.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por *****, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual desahoga la prevención formulada en proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veinte; en ese sentido, provéase lo conducente. En ese contexto, vista de nueva cuenta la demanda promovida por ********, por propio derecho, contra actos de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, es necesario examinar si el escrito inicial cumple con los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable para estimar lo contrario, de acuerdo con lo previsto por el artículo 62, con relación a los numerales 112 y 113, todos de la Ley de Amparo. Asimismo, en el escrito aclaratorio, informó que luego de realizar una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se percató que mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil veinte el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, ordenó el archivo del juicio de amparo directo 1373/2019, promovido en contra del laudo dictado en el expediente SAT532/2010, acompañando al referido ocurso la impresión de la síntesis de la lista de publicación de veintisiete de octubre de dos mil veinte, relativa a ese órgano colegiado. De ahí que, en el caso concreto, resulta improcedente el juicio de amparo que se promueve en atención a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen. Bajo este contexto, se estima que la omisión por parte de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, de ejecutar el laudo emitido en los autos del expediente laboral SAT/532/2010, no afecta materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo. En ese sentido, si el veintiocho de octubre de dos mil veinte la solicitante del amparo presentó una promoción ante la sala responsable solicitando la ejecución del laudo dictado en el expediente SAT532/2010, en virtud de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito había ordenado el archivo del juicio de amparo 1373/2019, es inconcuso que a la fecha de presentación de la demanda de derechos fundamentales (veintitrés de noviembre de dos mil veinte), no existe una abierta dilación al procedimiento, pues han transcurrido veinte días naturales posteriores al plazo de tres días con que contaba la autoridad para emitir el acuerdo respectivo. Así, la dilación reclamada por su alcance y contenido natural, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no tener una ejecución de imposible reparación; ello en atención al concepto de irreparabilidad antes mencionado. De lo anterior, se estima que la omisión reclamada no constituye un acto que su ejecución sea de imposible reparación para los efectos del juicio de amparo. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, este último en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, todos de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA presentada por ********, por propio derecho.
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