Liliana Ramos Quiñones

Expediente 944/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
944/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
02/08/2023

Partes del expediente

  • Liliana Ramos Quiñones

Actuaciones

  1. Principal

    Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa, se pudo advertir que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para que la quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó de plano su demanda de amparo, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia conforme con lo previsto en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Orden de archivo En consecuencia, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Valoración del expediente

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a diecinueve de julio de dos mil veintitrés. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por ********************, por su propio derecho. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 944/2023. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Desechamiento. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, el cual, literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1. Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2. Que esa causa sea manifiesta e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo, lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Por lo anterior, esta autoridad considera que el presente juicio constitucional es improcedente con fundamento en lo que dispone el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que se transcriben a continuación: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Y, el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se transcribe a continuación: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]" De la transcripción de tales numerales, se puede concluir que el juicio de amparo indirecto procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Asimismo, se fundamenta la improcedencia por las razones que la informan en la Jurisprudencia 37/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, que a la letra dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Como se aprecia de la Jurisprudencia, la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, proporciona un concepto sobre lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación, de cuya literalidad se obtiene que el legislador estableció como regla general la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación y conceptualizó como actos de imposible reparación, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política Mexicana y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Con lo anterior, el legislador termina con una añeja discusión interpretativa sobre el tópico de la ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto pues establece, como se ha dicho, una regla general de procedencia tratándose sólo de violaciones a derechos sustantivos con una clara exclusión de los de naturaleza procesal. Además, en la misma porción normativa, el legislador se ocupó de establecer una sola hipótesis de excepción en que sería procedente el amparo indirecto tratándose de violaciones procesales, esto es, cuestiones de competencia que determinen inhibirse o declinarla, en la fracción VIII del citado artículo 107 que consigna: "[.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto". Por tanto, si el legislador estableció una regla de carácter general y una sola excepción de aplicación estricta, que únicamente puede concretarse al actualizarse el supuesto para el que fue creada, entonces no es válida su aplicación analógica o por mayoría de razón. Bajo esa línea, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. En el caso, el acto reclamado se hace consistir, en la sentencia interlocutoria de siete de julio de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 842/2022, del índice del Juzgado Octavo de lo Civil, en esta ciudad, en el cual se declaró improcedente el recurso de revocación, promovido en contra del acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en el que se declaró desierta la prueba, consistente en la testimonial de Dante Rodríguez Bustillos; en razón de que la autoridad responsable, consideró que su promovente licenciado Carlos Eduardo Montoya Morales, carecía de personalidad para impulsar el juicio de origen. En ese tenor, podemos concluir que la resolución que se reclama, por los efectos y consecuencias que genera, no puede ser considerada como de ejecución irreparable, en tanto que se trata de una determinación de carácter meramente procedimental, de ahí que no cumpla con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, contrario sensu, de la Ley de Amparo. Así pues, el declarar improcedente el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa en el juicio de origen, en contra de un auto que declaró desierta una probanza, por falta de personalidad de su promovente, tiene como consecuencia la continuación del procedimiento respectivo en esa etapa y eventualmente en el resto de sus fases procesales, por lo que no impide el libre ejercicio de algún derecho procesal o sustantivo. En tanto que, para la procedencia del juicio de amparo, la ley de la materia establece como requisito primordial para que la acción constitucional sea procedente, que los actos que motiven el ejercicio de esa vía afecten materialmente derechos sustantivos del gobernado. En tal virtud, la resolución reclamada no colma los atributos necesarios para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte, no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del juicio, en tanto que su efecto es continuar con su trámite en sus demás fases procesales; por ello, no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por ende, como se adelantó, no se advierte afectación de forma directa y material algún derecho sustantivo sobre la parte quejosa, esto es, sobre sus bienes, posesiones, o derechos, por lo que tal violación de momento no entra en los supuestos descritos, dado que quedaría subsanado si se llega a dictar resolución definitiva y ésta le favorece y si no resulta así, tal afectación a sus derechos fundamentales sólo se producirá en el momento en que se emita la resolución definitiva en el juicio y ésta resulte contraria a los intereses de la parte impetrante en función de dicha violación, pudiendo recurrir la misma, así como la violación procesal antes aludida, e incluso si llegara a ser nuevamente desfavorable a sus intereses, podrá promover amparo directo y ahí reclamar tanto la resolución definitiva como las violaciones procesales que han trascendido al fallo, conforme las fracciones III y IX del artículo 172 de la Ley de Amparo. Se cita la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Cuarto Circuito, de la Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia Común, tesis: IV.2o.C. J/2 (10a.), página: 1539, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Por tanto, si el acto que se reclama en esta vía constitucional no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo para la procedencia de la acción constitucional indirecta, por no causarse un gravamen de imposible reparación, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio conforme a lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en consecuencia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, por los motivos legales antes expuestos. IV. Intervención a las partes en el juicio de amparo. 1. Quejosa. ********************, por propio derecho. a) Domicilio. Se le tiene señalando como domicilio procesal el que se advierte del escrito de cuenta. b) Autorizados. Se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista que indica para tales efectos. c) Consulta electrónica. Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 35 del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales", se autoriza la consulta al expediente electrónico y que las notificaciones del presente juicio se practiquen por esa vía al usuario "********************". Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. Exhortación a las partes de seguir el juicio en línea. Se exhorta a la parte quejosa para que haga uso del juicio en línea por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), presentando las promociones de forma electrónica, solicitar las notificaciones en la misma vía, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y artículo 263, fracción I, del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notificación por medio de portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que las notificaciones que no deban de ser personales se harán por medio del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. No obstante que la fracción IV del artículo 29 de la norma que regula este proceso, establece que se publicará una síntesis de la resolución a notificar, proceda el actuario a la publicación íntegra del acuerdo en el citado portal. Correo electrónico de este juzgado. Se informa a las partes que el correo electrónico de este juzgado de Distrito es el siguiente: 4jdo15cto@correo.cjf.gob.mx. Esquema de atención al público. En términos del artículo 6 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento de las partes que requieran realizar una consulta física del presente asunto o sus anexos, que el horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. Información relativa a la expedición de copias. Se hace del conocimiento que las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, dado que conforme a los términos previsto por el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en su artículo 22, las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Por lo que se exhorta a las partes a la utilización de dicha herramienta. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, asistido de la Licenciada Brenda Iliana Herrera Puentes, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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