Liliana Ramona Reyes Romero

Expediente 819/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
819/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/06/2023

Partes del expediente

  • Liliana Ramona Reyes Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado auto de cinco de junio de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo y se ordena archivo...

  2. Principal

    Se agrega escrito y se desecha de plano la demanda de amparo...

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, EN VIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LILIANA RAMONA REYES ROMERO, EL SIGUIENTE AUTO: Auto. Hermosillo, Sonora, cinco de junio de dos mil veintitrés.Personería: Se tiene por recibido el escrito presentado por Liliana Ramona Reyes Romero, por su propio derecho, a través del cual promueve juicio de amparo, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad.Formación y registro del expediente: En consecuencia, se ordena formar expediente, anotar su ingreso en el libro de control de este Juzgado bajo el número 819/2023 y registrarlo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.Desechamiento: Ahora, una vez analizado el escrito de demanda de derechos fundamentales, se evidencia que conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en la especie, existe un motivo que provoca el desechamiento de la demanda.En principio, cabe citar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano.De dicho precepto se desprende que cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia procede desechar la demanda de amparo; debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que resulta.Así, para los efectos del desechamiento, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción que la hipótesis de improcedencia opera en el caso concreto, cuando aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes.Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio.Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente:DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En ese orden de ideas, este juzgador considera procedente desechar de plano la demanda de amparo; pues, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos numerales 5° y 6º, todos de la Ley de Amparo vigente, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...)XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.De la transcripción precedente puede concluirse que tiene el carácter de quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados vulnera alguno de sus derechos humanos, en cuyo caso puede promover demanda de amparo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la propia Ley de Amparo.Ahora, cuando dicha demanda es promovida por propio derecho, el signo inequívoco de su manifestación de voluntad lo constituye su firma autógrafa y, cuando es promovida en su nombre por diversa persona ante la imposibilidad de hacerlo por sí, esa voluntad la externará al momento en que se le requiera para que ratifique el escrito relativo.En tal contexto, del análisis realizado a la presente demanda de derechos fundamentales, se advierte que la misma carece de firma autógrafa, huella digital o rúbrica de ésta.Bajo esa óptica, se desprende una contravención clara a uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, como lo es el llamado "Principio de Instancia de Parte Agraviada", consistente en que, para la tramitación de todo juicio de amparo, indefectiblemente debe mediar solicitud expresa por parte de quien se dice agraviado por el acto de autoridad; esto, condicionado a que el agraviado, ya sea por propia cuenta o por medio de sus representantes, externen de manera fehaciente su voluntad, es decir, su deseo de solicitar el amparo ante la Justicia Federal, por violaciones a sus derechos fundamentales, lo cual, es preciso hacerlo mediante escrito que contenga la firma, huella o rubrica o, en su caso, por comparecencia ante la autoridad correspondiente, puesto que la prosecución del juicio de amparo no es oficiosa; y siendo que tales preceptos doctrinales al estar previstos en los artículos 5° y 6° de la propia Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, su observancia es obligatoria; por tanto, es evidente que, ante la ausencia de firma autógrafa de Liliana Ramona Reyes Romero (directa quejosa), provoca que se esté ante una nada jurídica.Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto dicen:DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia. Así como la diversa tesis, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes:DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento. Cabe aclarar, que sobre el particular no puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de amparo constituya una irregularidad en el escrito y que por ello, sea factible que este juzgador prevenga para que se subsane de conformidad con lo previsto por el artículo 114 de la ley en consulta, puesto que, un escrito presentado en estas condiciones no obliga al Órgano Jurisdiccional a realizar acto alguno tendente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza.En las condiciones apuntadas, y al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia invocada, en esa tesitura, lo procedente es desechar de plano la demanda de derechos fundamentales promovida por Liliana Ramona Reyes Romero.Habilitación de días y horas: En términos de lo dispuesto en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios de la adscripción para que practiquen todas y cada una de las notificaciones que surjan en el presente asunto y quetengan carácter de personal, aún en días y horas inhábiles.Domicilio y autorizados: Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Chihuahua, número 11, entre Juárez y Abasolo de la colonia Centro, en esta ciudad.Ahora, se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ramón Omar Peña Ochoa y Socorro Olivia Figueroa.Digitalización del expediente: En cumplimiento a lo previsto por los artículos 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye al secretario actuante, para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, de forma tal que el expediente físico y el electrónico deberán contener las mismas constancias y documentos, guardando idéntico orden cronológico.Finalmente, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, a efecto de que realice las notificaciones ordenadas, conforme al capítulo IV de la Ley de Amparo.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora · 9,271 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano