Liliana Ramirez de Aguilar Constantino
Expediente 190/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 190/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Liliana Ramirez de Aguilar Constantino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Agréguese la comunicación señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito notifica el auto de dieciocho de los corrientes que la Magistrada Presidente de ese órgano jurisdiccional dictó en el juicio de amparo directo 61/2022, en el que aceptó la competencia, por razón de la vía, que este Juzgado Federal declinó a favor de dicho Tribunal constitucional para conocer de la demanda de amparo que *** presentó, por lo que se avocó al conocimiento de ese asunto y admitió a trámite el escrito inicial. Al respecto, este Juzgado de Distrito toma conocimiento de las determinaciones anteriores. En otro punto, toda vez que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito aceptó la competencia declinada, por razón de la vía, de conformidad con lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el normativo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, que se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En diverso aspecto, toda vez que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que en el juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno este Juzgado Federal declaró carecer de competencia para conocer de ese medio extraordinario de defensa, por razón de la vía, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo de observancia general, el presente expediente encuadra en la hipótesis prevista por el inciso j) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de marzo de dos mil veintidós. Agréguese la comunicación señalada en la nota de cuenta al cuaderno en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito comunica el auto de nueve de marzo pasado, que la Magistrada Presidente de ese órgano jurisdiccional dictó en el juicio de amparo directo 61/2022, en el que proveyó lo siguiente: a) Acusa recibo de los autos originales del juicio constitucional de donde deriva este cuaderno, en los que obra glosada la demanda de amparo y su aclaración, así como las copias de traslado de esos instrumentos, que la inconforme ******************** presentó. b) Remitió el escrito inicial al Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, señalado como responsable y requirió a esa autoridad para que integrara el expediente relativo a dicho asunto en términos de lo dispuesto por el arábigo 178 de la Ley de Amparo a fin de que esté en aptitud de acordar si acepta o no la competencia, por razón de la vía, que este Juzgado Federal declinó a favor de ese Tribunal Constitucional, así como para decidir si admite o no la demanda. Al respecto, se toma conocimiento de las determinaciones anteriores y estese a la espera de que la Superioridad comunique su determinación en cuanto a la aceptación o no de la competencia, por razón de la vía, declinada a su favor. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el ocurso señalado en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se desprende que la inconforme Liliana Ramírez de Aguilar Constantino atiende la prevención contenida en el auto de veintidós de febrero del año en curso; en consecuencia, se dicta la determinación que corresponde en cuanto al escrito inicial. Primeramente es necesario establecer que del contenido integral de la demanda de amparo y su aclaración se advierte que la inconforme impugna los actos siguientes: Del Congreso y del Gobernador Constitucional, ambos de Oaxaca, en su respectivo ámbito de competencia, combate: La discusión, la aprobación y publicación de los artículos 664 Bis, 664 Ter, 664 Quater, 664 Quinquies, 664 Sexies, 664 Septies, 664 Octies, 664 Nonies, 664 Decies, 664 Undecies, 664 Duodecies, 664 Terdecies, 664 Quaterdecies, 664 Quindecies, 664 Sexdecies, 664 Septendecies, 664 Octadecies, 664 Novodecies, 664 Vicies, 664 Unvicies y 664 Douvicies del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Del Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, reclama: La aplicación de los segmentos normativos citados materializada en la sentencia de siete de enero dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil de divorcio necesario 129/2012, en la que se decretó la disolución del vínculo matrimonial que unía a la inconforme con Bernardo Lira Rivera. Al respecto, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca considera que carece de competencia legal por razón de la vía para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las razones que enseguida se expondrán. En principio, es necesario establecer que el estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia constituye uno de los presupuestos para el dictado de las sentencias y la facultad para examinar esos aspectos no puede disociarse de la de dictar el fallo. En otro punto, debe señalarse que la administración de justicia, como una de las tres funciones del Estado es realizada a través de los Tribunales a quienes se les ha dotado de poder de imperium para que sus resoluciones sean acatadas y de jurisdicción entendida ésta en su sentido técnico como la actividad aplicadora del derecho que tiene como finalidad dirimir conflictos intersubjetivos con trascendencia jurídica, en la cual el que juzga y manda es un tercero imparcial: un Juez público. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, segundo párrafo, consagra a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, en los términos siguientes: "[.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Sin embargo, aun cuando todos los órganos dotados de jurisdicción están expeditos para administrar justicia, cada uno de ellos tiene atribuidas de manera precisa una serie de facultades que le permiten avocarse tan sólo a determinado tipo de negocios, circunstancia que procesalmente lo convierte en el órgano jurisdiccional competente en un caso concreto. De esta forma surge la denominada competencia objetiva entendida como el límite y la medida de la jurisdicción. La competencia en un sentido jurídico general alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, esto es, en el ámbito jurídico el concepto de competencia se utiliza para referirse a la atribución legítima de una autoridad para el conocimiento o la resolución de un asunto. En el proceso, la competencia es la cualidad que legitima a un órgano judicial para conocer de un determinado asunto con exclusión de los demás órganos de la misma rama de la jurisdicción. El vocablo anterior está intrínsecamente ligado a la idea de jurisdicción, pero no son conceptos similares. La jurisdicción significa proclamar el derecho y se concibe como una potestad atribuida e impuesta a un órgano gubernamental para dirimir litigios de trascendencia jurídica, en el que aplica normas sustantivas e instrumentales por un oficio objetivamente competente y se constituye en un agente imparcial. Lo anterior pone de relieve que la jurisdicción abarca un concepto más global relativo a la impartición de justicia y la competencia obedece a razones más específicas de la distribución de la tarea de juzgamiento entre los diversos órganos judiciales; de ahí que la competencia es el fragmento de la jurisdicción atribuida a un Juez. En el sistema jurídico mexicano, la competencia de la autoridad constituye un derecho fundamental de legalidad y de seguridad jurídica consagrado en el numeral 16, primer párrafo, de la Carta Magna, al disponer que: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". Así, acorde con lo estatuido en ese precepto constitucional es factible sostener que la competencia es un presupuesto de validez de los actos derivados del ejercicio de la función pública que deben satisfacer no sólo el Juzgador sino todas las autoridades. Trasladados los elementos anteriores al derecho procesal es factible sostener que la competencia es la suma de facultades que la ley da al Juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios. De tal manera que el Juez por el solo hecho de serlo es titular de la función jurisdiccional; sin embargo, no puede ejercerla para resolver cualquier tipo de conflictos, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en los que es competente legalmente. En esa línea argumentativa, el arábigo 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido en su ordinal 2, señala que: "Ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto, sino por considerarse incompetente [.]". De ese dispositivo se advierte que el propio Juzgador debe verificar en cada litigio que se le plantee si tiene o no competencia para conocer de él y si considera que no debe negarse a conocer de ese asunto, puesto que de conformidad con el normativo 17 del código adjetivo civil federal invocado: "Es nulo de pleno derecho lo actuado por el tribunal que fuere declarado incompetente [.]". De lo anterior se sigue que la competencia es un presupuesto de validez del proceso. En ese contexto, al ser la competencia un presupuesto procesal, este órgano jurisdiccional debe analizarla de oficio previamente a resolver sobre cualquier otra cuestión relacionada con la materia de fondo del juicio constitucional, porque de no hacerlo contravendría las norman que rigen al procedimiento del juicio de amparo y propiciaría una violación adjetiva fundamental en perjuicio de las partes. Para evidenciar lo anterior es necesario establecer que los presupuestos procesales se han conceptualizado como los requisitos previos indispensables para la constitución válida de la relación jurídica procesal. Dicho en otras palabras, son aquellos requisitos previos imprescindibles para la existencia del proceso. Los referidos presupuestos determinan el nacimiento válido del proceso, su desenvolvimiento y su normal culminación con la sentencia; por consiguiente, su naturaleza jurídica se desdobla en dos vertientes: en un primer plano, se trata de supuestos previos al proceso o requisitos sin los cuales éste no puede iniciarse válidamente y deben por ello concurrir al momento de formularse la demanda a fin de que el Juez pueda admitirla o iniciar el proceso, por otro lado, atañen a los requisitos del procedimiento para que el juicio pueda ser adelantado válida y normalmente una vez que se ha iniciado. Asimismo, debe precisarse que los presupuestos procesales se han clasificado en la teoría general del proceso en dos categorías: a) Los presupuestos procesales previos al proceso, que a su vez se subdividen en dos grupos: Presupuestos procesales de la acción, los cuales se relacionan con el ejercicio válido del derecho subjetivo de acción por parte del demandante, es decir, son las condiciones para que el Juez oiga la petición que se le fórmula para iniciar un proceso, en estos presupuestos es factible ubicar a la personalidad y a la legitimación en el proceso o ad procesum del actor; y, Los presupuestos procesales de la demanda que deben reunirse para que el Juez la admita. Se definen como los requisitos necesarios para que se inicie el proceso o la relación jurídica procesal, los cuales debe examinar el órgano jurisdiccional antes de admitir la demanda; en estos presupuestos se ubica a la competencia del Juez y la demanda misma la cual debe colmar los requisitos formales y materiales que la ley adjetiva establece. Cabe precisar que en el juicio de amparo existen casos en los que no se puede hacer un análisis prima facie de la competencia al admitir la demanda, sino que esa situación puede advertirse durante el trámite del proceso cuando se reciben los informes justificados, o bien, hasta el momento en el que se dicta la sentencia y en la ley de la materia no se advierte la existencia de alguna disposición que impida al órgano de control constitucional realizar el estudio de ese presupuesto procesal en alguna de esas fases y que dicte el pronunciamiento respectivo, dado que la única restricción detectada es la prevista en el numeral 48, último párrafo, de la Ley de Amparo en el sentido siguiente: "[.] Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva.". b) Los presupuestos procesales del procedimiento que atañen al válido desenvolvimiento del proceso hasta su culminación con la sentencia, cualquiera que sea el sentido de ésta, son definidos como aquellos requisitos que deben cumplirse una vez que el Juez admite la demanda o inicia el proceso con el objeto de constituir correctamente la relación jurídica procesal y de que el proceso continúe su curso, mediante la verificación de las distintas etapas que la ley señala como necesarias para que se llegue al dictado del fallo correspondiente. En otro punto, es necesario destacar que la falta de los mencionados presupuestos impide considerar la existencia válida del proceso, lo que a su vez provoca un impedimento técnico para que el órgano jurisdiccional pueda pronunciar una sentencia sobre el fondo de un asunto sometido a su consideración. En ese contexto, el Juez debe analizar esos presupuestos de oficio aun sin que las partes los objeten por vía de excepción, al considerarse de orden público, dado que el Estado interviene en la relación jurídica procesal. Se afirma lo anterior, porque la relación jurídica procesal es el vínculo de carácter público, autónomo y complejo que se establece entre los sujetos que someten a una autoridad jurisdiccional del Estado el conocimiento de un litigio, la cual tiene como principio una demanda, se perfecciona con la contestación a ésta y subsistirá mientras no se dicte una sentencia, que es el presupuesto necesario para el fin de todo proceso. Por tanto, dado que la competencia es un aspecto de orden público, cuyo estudio debe ser oficioso y preferente al constituir un presupuesto procesal es necesario establecer que en el caso no se está en la posibilidad de continuar con el procedimiento dado que del análisis de las constancias que integran el juicio constitucional en el que se actúa se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de la vía para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo dispuesto por los arábigos 107, fracciones III, inciso a), V y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 2, 34, 47, 170 y 171 de la Ley de Amparo. Los preceptos citados establecen lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; [.] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal; c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas; La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten. VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones; [.]" Ley de Amparo "Artículo 2. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta Ley. A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho." "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la norma inserta en primer orden se advierte que en el Pacto Federal se establecieron las bases fundamentales que rigen al juicio de amparo, entre las cuales destacan por su importancia, las siguientes: I. Tratándose del reclamo de actos de Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo es procedente, entre otros supuestos, contra las sentencias definitivas, los laudos y las resoluciones que pongan fin al juicio. II. Al impugnarse las sentencias definitivas, los laudos y las resoluciones que ponen fin al juicio se pueden plantear violaciones cometidas en esas determinaciones, o bien, que cometidas durante el procedimiento afecten las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. III. Para la procedencia del juicio de amparo deberán agotarse previamente los recursos ordinarios respectivos, salvo que la ley permita la renuncia de recursos. IV. Al reclamarse las sentencias definitivas, los laudos y las resoluciones que pongan fin al juicio deben hacerse valer las violaciones procesales, con la condición de que el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o el medio de defensa ordinario, salvo las excepciones que en la norma constitucional transcrita se señalan. V. El amparo contra las sentencias definitivas, los laudos y las resoluciones que ponen fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de acuerdo con la ley, en los supuestos que el propio precepto constitucional dispone. VI. En el texto constitucional citado se encomendó al legislador ordinario la tarea de establecer en la ley reglamentaria los procedimientos a los que se sujetarían las controversias de amparo, a partir de las bases fundamentales fijadas en la Carta Magna. Por otra parte, de los dispositivos de la Ley de Amparo transcritos se desprenden, en lo que importa, las premisas siguientes: a) El juicio de amparo se tramitará en la vía directa o indirecta, en la forma que establezca la ley de la materia. b) Los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo en la vía de tramitación directa. c) La vía de tramitación directa del amparo procede contra las sentencias definitivas, los laudos y las resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por los Tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. d) Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; y, por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. e) Para la procedencia del juicio de amparo deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo los casos en los que la ley permita la renuncia de esos mecanismos de impugnación. f) Para efectos de la Ley de Amparo el juicio se inicia con la presentación de la demanda. g) Cuando se reclame la sentencia definitiva, el laudo o la resolución que ponga fin al juicio deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o el medio de defensa que, en su caso, establezca la legislación ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Tal requisito no será exigible en los amparos relativos a los asuntos que se especifican en el numeral 171 de la ley de la materia. h) Cuando se presente una demanda de amparo ante un Juez de Distrito en la que se reclamen actos que sean materia de amparo directo declarará carecer de competencia y de inmediato remitirá la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. En ese supuesto el Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia; en la primera hipótesis mandará tramitar el expediente y concederá al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un lapso de diez días para que rinda el informe correspondiente; por otro lado, en el caso que decida no aceptar la competencia remitirá los autos al Juzgado que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre Jueces de Distrito. Si la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito aparece del informe justificado que la autoridad responsable rinda, entonces el Juez de Distrito se declarará incompetente y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que estime competente para el efecto de que el Presidente de este último órgano de control constitucional decida si acepta o no la competencia y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido por la Ley de Amparo. Lo anterior pone de relieve que las disposiciones citadas establecen por un lado la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los juicios de amparo en la vía directa y, por otro, la regla sobre la procedencia de la vía de amparo directo cuando se impugnen sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, supuestos en los que se pueden plantear violaciones cometidas en ellos o que cometidas durante el procedimiento afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo. En este punto es preciso señalar que la vía procesal en el ámbito jurídico adjetivo alude al procedimiento que la ley dispone para la tramitación del juicio. Esa noción también se puede abordar desde el entendimiento de los llamados presupuestos procesales, pero con la variedad de que si bien los efectos de promover un juicio en una vía equivocada puede dar lugar a que no se dé trámite al juicio, también puede suceder que la prosecución del juicio ocurra en una vía equivocada, lo que técnicamente no generaría la improcedencia del juicio, sino que impediría que el Juzgador pueda emitir una sentencia de fondo; es decir, la falta de este presupuesto procesal cuando ya se ha tramitado el juicio constituye un obstáculo que impide el dictado de una sentencia de fondo del asunto. En ese contexto teórico básico se puede apreciar que la vía es el procedimiento que la ley dispone para la tramitación de un juicio. En respaldo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 25/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. El derecho a la tutela jurisdiccional establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es ilimitado, sino que está restringido por diversas condiciones y plazos utilizados para garantizar la seguridad jurídica. Así, las leyes procesales determinan cuál es la vía en que debe intentarse cada acción, por lo cual, la prosecución de un juicio en la forma establecida por aquéllas tiene el carácter de presupuesto procesal que debe atenderse previamente a la decisión de fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si el juicio, en la vía escogida por el actor, es procedente, pues de no serlo, el Juez estaría impedido para resolver sobre las acciones planteadas. Por ello, el estudio de la procedencia del juicio, al ser una cuestión de orden público, debe analizarse de oficio porque la ley expresamente ordena el procedimiento en que deben tramitarse las diversas controversias, sin permitirse a los particulares adoptar diversas formas de juicio salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley. En consecuencia, aunque exista un auto que admita la demanda y la vía propuesta por la parte solicitante, sin que la parte demandada la hubiere impugnado mediante el recurso correspondiente o a través de una excepción, ello no implica que, por el supuesto consentimiento de los gobernados, la vía establecida por el legislador no deba tomarse en cuenta. Por tanto, el juzgador estudiará de oficio dicho presupuesto, porque de otra manera se vulnerarían las garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en el artículo 14 constitucional, de acuerdo con las cuales nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Luego entonces, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes en el proceso, debe asegurarse siempre de que la vía elegida por el solicitante de justicia sea la procedente, en cualquier momento de la contienda, incluso en el momento de dictar la sentencia definitiva, por lo que debe realizar de manera oficiosa el estudio de la procedencia de la vía, aun cuando las partes no la hubieran impugnado previamente." Enseguida, para evidenciar que este Juzgado Federal carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver el presente asunto es necesario señalar que del contenido integral de la demanda de amparo y su aclaración se desprende que la justiciable combate del Congreso y del Gobernador Constitucional, ambos de Oaxaca, en su respectivo ámbito de competencia, la discusión, la aprobación y publicación de los artículos 664 Bis, 664 Ter, 664 Quater, 664 Quinquies, 664 Sexies, 664 Septies, 664 Octies, 664 Nonies, 664 Decies, 664 Undecies, 664 Duodecies, 664 Terdecies, 664 Quaterdecies, 664 Quindecies, 664 Sexdecies, 664 Septendecies, 664 Octadecies, 664 Novodecies, 664 Vicies, 664 Unvicies y 664 Douvicies del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca y del Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, impugna la aplicación de los segmentos normativos citados materializada en la sentencia de siete de enero dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil de divorcio necesario 129/2012, en la que se decretó la disolución del vínculo matrimonial que unía a la inconforme con Bernardo Lira Rivera. Tal situación se destaca porque aun cuando se está ante un amparo contra leyes no pueden disociarse las normas impugnadas de su acto de aplicación que en el caso es la sentencia de siete de enero dos mil veintidós, que el Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, dictó en el juicio ordinario civil de divorcio necesario 129/2012, en la que la inconforme asevera que se decretó la disolución del vínculo matrimonial que la unía con Bernardo Lira Rivera y que esa resolución tiene sustento en las disposiciones legales que también ataca. En ese sentido, el fallo reclamado constituye la actuación que da pauta a considerar que este órgano de control constitucional carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver este medio extraordinario de defensa, porque al margen de que se está ante un amparo contra leyes, lo cierto es que la resolución dictada en el referido contradictorio en donde se dilucidó una de las pretensiones fundamentales de las partes, a saber, la disolución del vínculo matrimonial que unía a la disidente con Bernardo Lira Rivera técnicamente constituye una sentencia definitiva. Se sostiene lo anterior, porque una resolución que decreta el divorcio se entiende que constituye una sentencia definitiva, ya que con ella culmina la solicitud de divorcio que constituye una pretensión principal del litigio planteado, en este punto se tiene en cuenta lo expuesto por la justiciable en cuanto a que esa pretensión fue común para los litigantes en el juicio natural, porque tanto en la demanda como en la reconvención las partes en el contradictorio de origen dedujeron esa pretensión; por tanto, ese fallo encuadra dentro de lo dispuesto por el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo para ser catalogado como una sentencia definitiva. No se soslaya lo que la disidente señaló en el sentido de que en dicha resolución no se decidió sobre todas las pretensiones que dedujo en el juicio de origen al formular su reconvención y plantear diversos incidentes, en donde expuso tópicos asociados con la perdida de la patria potestad de su descendiente y sobre una compensación económica, pero el hecho de que en el caso se haya postergado la decisión en relación con las cuestiones concernientes a la patria potestad de su hijo y a los aspectos económicos, incluidos los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio, dado que se continua con la secuela procesal para la definición de esos puntos litigiosos, esas circunstancias no varían la naturaleza de la aludida sentencia, porque si el procedimiento inicia con la solicitud de divorcio, que es la pretensión principal o fundamental y conforme a lo dispuesto por las normas reclamadas que se aduce fueron aplicadas, es lo que se privilegia, la extinción de esa liga marital, por lo que una vez que se decreta la disolución de vínculo matrimonial el procedimiento concluye respecto de esa pretensión principal o fundamental para los efectos del juicio de amparo. Tal escenario permite sostener que la decisión que recae a la solicitud de divorcio es definitiva para los efectos del juicio de amparo, porque da por terminado el procedimiento en cuanto al fondo planteado ante el Juez en cuanto a una de las pretensiones fundamentales o principales, en donde se disuelve o termina con un acto jurídico, generador de consecuencias, como es el matrimonio; decisión que además es autónoma a la que recaiga a los diversos aspectos asociados con el matrimonio, en donde están involucrados los hijos, los bienes, los derechos y las obligaciones generados entre los sujetos de ese acto jurídico. En consecuencia, la sentencia que de por concluido el procedimiento de solicitud de divorcio cuando resuelve esa pretensión fundamental y se pide el análisis de su escrutinio constitucional debe ser de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito de acuerdo con lo preceptuado por los ordinales 34 y 170 de la ley de la materia. Así, la resolución que decreta el divorcio concierne a la controversia principal, por lo que materialmente es una sentencia definitiva en contra de la cual procede el juicio de amparo directo en términos de lo dispuesto por el numeral 170 de la Ley de Amparo, ante un Tribunal Colegiado de Circuito y no el juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 1/2020 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AUN SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y AGUASCALIENTES). El juicio de divorcio sin expresión de causa es un proceso en el que se ventilan dos pretensiones, a saber: la disolución del vínculo matrimonial y la regulación de las consecuencias inherentes a ésta. Ahora bien, cuando las leyes locales que lo regulan, admiten la posibilidad de escisión, siempre que se actualicen ciertos supuestos, el proceso iniciado en común puede culminar con más de una sentencia definitiva y no sólo con una en la que se decida la totalidad del litigio. En el caso del juicio en cuestión, la resolución que decreta el divorcio concierne a la controversia principal, por lo que materialmente es una sentencia definitiva, independientemente de las alusiones o denominaciones formales con las que se refiera a ella el legislador, en contra de la cual procede el juicio de amparo directo en conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo, ante un Tribunal Colegiado de Circuito, y no el juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito." También fortalece lo expuesto, la tesis I.3o.C.755 C emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que informa: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LA DECISIÓN QUE DECRETE EL DIVORCIO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, A PARTIR DE LAS REFORMAS A LOS CÓDIGOS CIVIL Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADAS EL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Amparo, la resolución o sentencia que decrete el divorcio, se entiende que es definitiva, pues con ella culmina la solicitud de divorcio que es la materia principal del procedimiento y en contra de la misma no procede recurso ordinario alguno que pueda revocarla o modificarla, al ser inimpugnable, por lo que los Tribunales Colegiados de Circuito son legalmente competentes para conocer de las decisiones que decreten la disolución del vínculo matrimonial, en vía de amparo directo, ya que con ellas culmina el procedimiento de solicitud del mismo; sin que obste a lo anterior que el artículo 272 A, segundo párrafo, parte final, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, lo denomine como simple auto." Igualmente se cita la tesis XXII.3o.A.C.5 C (10a.) sustentada por la Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, que indca: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA ES DEFINITIVA, POR LO QUE ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO). El artículo 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley. A su vez, el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo dispone que se entenderá por sentencias definitivas o laudos los que decidan el juicio en lo principal. En tal contexto, de la interpretación sistemática de los artículos 246, 247, 266 y 268 del Código Civil y 736 Bis del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Querétaro se obtiene que, entre otras cosas, en los juicios de divorcio sin expresión de causa, una vez que el juzgador natural verifique la legalidad del emplazamiento, los presupuestos procesales y transcurrido el plazo para contestar la demanda, deberá decretar, mediante la resolución correspondiente, la disolución del vínculo matrimonial, debiendo continuar el proceso, únicamente respecto de las demás cuestiones controvertidas por las partes, con la peculiaridad de que esa decisión es inapelable. De lo que se sigue que la sentencia que decreta el divorcio sin expresión de causa es definitiva, en la medida en que dilucida una de las pretensiones principales, que no admite recurso alguno, por ende, es susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo directo en términos del artículo 170, fracción I, segundo párrafo, citado." Lo anterior revela que la sentencia de siete de enero dos mil veintidós, que el Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, dictó en el juicio ordinario civil de divorcio necesario 129/2012, en la que se decretó la disolución del vínculo matrimonial que unía a la inconforme con Bernardo Lira Rivera es impugnable a través del juicio de amparo directo en términos de lo dispuesto por los ordinales 107, fracciones III, inciso a), y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 2, 34, primer párrafo, 170, fracción I, y 171 de la Ley de Amparo, al tratarse técnicamente de una sentencia definitiva que decidió el conflicto de fondo respecto de una de las pretensiones principales, con independencia de que el proceso contencioso continúe para dilucidar el resto de las pretensiones, excepciones y defensa que las partes hayan deducido en el juicio de origen, porque esta última situación no varía la naturaleza jurídica del acto reclamado, pues se está ante una sentencia definitiva. En ese sentido, se tiene presente que por sentencias definitivas o laudos se entienden las que decidan el juicio en lo principal, es decir, las que establecen el derecho en cuanto a la acción y a la excepción que dieron lugar a la litis contestatio, y por resoluciones que ponen fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido. Por otro lado, es importante destacar que una concepción que ha perdurado a lo largo de las distintas épocas del Semanario Judicial de la Federación es la relativa a que el inicio del juicio ante los Tribunales ordinarios para efectos del amparo ocurre cuando se presenta la demanda, incluso, en la actualidad así lo prevé expresamente el numeral 170, fracción I, último párrafo, de la ley de la materia y esa concepción tiene importancia en la medida en que es el parámetro de referencia para determinar cuándo y dónde inicia un juicio y cuándo y dónde concluye, que en el caso, debe ser cuando se dicta la sentencia definitiva, el laudo o la resolución que le ponga fin o que sin decidirlo en lo principal lo da por concluido impidiendo su prosecución o continuación. En esos términos, es inconcuso que por los efectos que produce la resolución dictada por el Juez responsable y en atención a su naturaleza jurídica puede concebirse como una sentencia definitiva que decidió el juicio en lo principal; por tanto, el amparo directo es la vía idónea a la que la justiciable puede acudir por ser aquel el medio eficaz en el que se podrá obtener un fallo en el que se juzgue la constitucionalidad de ese acto reclamado; de ahí que este Juzgado Federal carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver el presente medio extraordinario de defensa, aun y cuando la quejosa alegue que se dejó de resolver sobre las diversas pretensiones asociadas con el matrimonio que dedujo en la controversia de origen, porque no puede perderse de vista la existencia de un pronunciamiento de fondo en cuanto a una pretensión fundamental, a saber, la disolución del vínculo matrimonial. Tampoco es obstáculo que la justiciable reclame de manera destacada las porciones normativas enunciadas anteriormente, pues esa impugnación la realizó en atención a la vía en la que consideró viable combatirlas, pero tal situación no impedirá que un Tribunal Colegiado de Circuito examine la regularidad constitucional de esa normas, no como un acto destacado, sino como conceptos de violación, por lo que la justiciable podrá obtener un juzgamiento de fondo sobre esos preceptos también. En atención a que el presupuesto procesal analizado se surte a favor de un Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 2, 34, primer párrafo, 170, fracción I, y 171 de la Ley de Amparo; así como por los puntos Segundo, fracción XIII, numeral 1 y Tercero, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito este órgano de control constitucional declara que carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declina la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, por lo que remítanse los autos originales del juicio de amparo 190/2022, en los que obra glosada la demanda de amparo y su aclaración, así como las copias de traslado de esos instrumentos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, para que ésta a su vez lo envíe al Tribunal Colegiado en esas materias y circuito, en turno, a efecto de que su Magistrado Presidente en términos de lo establecido por el numeral 47 de la Ley de Amparo se encuentre en aptitud de decidir si acepta o no la competencia declinada e informe a este Juzgado Federal su determinación, al cual se solicita también el acuse de recibo correspondiente. Lo anterior, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo con las copias certificadas de las actuaciones que revelen la historia procesal del presente asunto que deberá quedar como constancia en este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el ocurso inicial señalado en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 190/2022. Prevención. En cuanto a la admisibilidad de la demanda esa circunstancia tendrá que ser postergada, porque existen diversas irregularidades en ese escrito que necesitan enmendarse. El numeral 114, fracciones I y IV de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda en los supuestos siguientes: a) cuando haya alguna irregularidad en ese ocurso; y, b) cuando no se haya expresado con precisión el acto reclamado. Por otra parte, el arábigo 108, fracciones III y IV de la ley de la materia estatuye que en la demanda de amparo indirecto deberán señalarse, entre otros aspectos, los siguientes: (i) la autoridad o autoridades responsables; y, (ii) la norma general, el acto u omisión que de cada autoridad se reclame. En el caso, la justiciable no colma plenamente el requisito previsto por el precepto 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 114, fracción IV, del propio ordenamiento, porque no precisa uno de los actos reclamados ni suministra la información necesaria para identificarlo. Se sostiene lo anterior, porque aun cuando la disidente indica que reclama la expedición, promulgación y orden de publicación del Decreto no. 591, en que se apoya dicha sentencia, que fue aprobado por la LXIII Legislatura del Estado el quince de abril de dos mil diecisiete, publicado en el Periódico Oficial Extra del doce de mayo de esa anualidad, que reforma los artículos 61, 63, la fracción VI del artículo 100, fracción I del artículo 117, 119, 184, 278, 279, 290, 281, 282, 283, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294 y 661. Se ADICIONA el segundo párrafo del artículo 140, los artículos 284 BIS; 285 BIS y 285 TER. Se DEROGAN los artículos 271, 272, 295, 296, 297, 298, 299, los párrafos primero, segundo, tercero y cuarto del artículo 300, 301, 302, 303 y 659, del Código Civil del Estado y ADICIONA el CAPÍTULO SEGUNDO "Divorcio Incausado", los artículos 664 Bis, 664 Ter, 664 Quater, 664 Quinquies, 664 Sexies, 664 Septies, 664 Octies, 664 Nonies, 664 Decies, 664 Undecies, 664 Duodecies, 664 Terdecies, 664 Quaterdecies, 664 Quindecies, 664 Sexdecies, 664 Septendecies, 664 Octadecies, 664 Novodecies, 664 Vicies, 664 Unvicies y 664 Duovicies del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, lo cierto es que no precisa qué segmentos normativos o disposiciones de ese Decreto combate, lo cual era necesario que realizara para identificar la litis constitucional planteada en este asunto. Aunado a lo anterior, la disidente omitió señalar a la autoridad o autoridades responsables a las que reprocha la expedición, la promulgación y la orden de publicación del referido decreto legislativo conforme a lo dispuesto por el numeral 108, fracción IV, de la ley de la materia. En ese sentido, se advierte que la justiciable no precisó uno de los actos reclamados y omitió señalar al ente o entes públicos que atribuye los actos del proceso legislativo que indica en cuanto al aludido decreto. Los aspectos destacados constituyen irregularidades en la demanda, porque provocan que no se tenga la certeza de cuál es en realidad uno de los actos que combate y a qué autoridad o autoridades se les reprocha esa actuación para efectos del juicio constitucional, lo cual es necesario para estar en aptitud de fijar la litis constitucional en este juicio de amparo y para identificar a los sujetos que integraran la relación jurídica procesal en este asunto. En esos términos, se requiere a la quejosa para que dentro del plazo de cinco días con las copias de traslado necesarias tanto de la demanda como de su aclaración cumpla íntegramente los requisitos legales señalados, por lo que tendrá que realizar lo siguiente: 1. Deberá precisar qué segmentos normativos o preceptos del Decreto 591 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el doce de mayo de dos mil diecisiete, combate de manera concreta, para lo cual deberá tener presente cuáles fueron las disposiciones legales que afirma se aplicaron en la sentencia que también señala como acto reclamado. 2. En el caso de que señalé como actos reclamados algunas de las disposiciones del referido decreto legislativo, entonces tendrá que indicar a la autoridad o las autoridades responsables a las que reprocha la expedición, la promulgación y la orden de publicación de esas normas en términos de lo dispuesto por el arábigo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Infórmese a la promovente que los requerimientos formulados en este auto deberán ser atendido por sí, por conducto de su apoderado o de su representante legal en términos de lo indicado por el numeral 6 de la Ley de Amparo, sin que esos aspectos puedan atenderse por las personas designadas como sus autorizados en términos amplios del precepto 12 de la Ley de Amparo, porque las facultades de las que gozan estos últimos no son equiparables a las de un mandato, ni por la persona designada como su autorizado en términos restringidos de los normativos 12 y 24 del citado ordenamiento legal, porque las facultades que este último tiene solamente son para recibir notificaciones e imponerse de los autos; en ese sentido, se apercibe a la disidente que de hacerlo las personas que señaló como autorizadas no se tendrá por cumplida la prevención y se hará efectivo el apercibimiento que se indicará con posterioridad. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." En ese contexto, se apercibe a la parte quejosa que en el caso de que no atienda la prevención realizada, la demanda se tendrá por no presentada, en términos de lo dispuesto por el dispositivo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a la promovente que el ordinal 261, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada, a la parte quejosa si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados; en este punto, debe tenerse en cuenta que los escritos inicial y aclaratorio integran la demanda y deben considerarse indefectiblemente como un solo documento. Lo expuesto se sustenta la jurisprudencia P./J. 35/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA. Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Domicilio y autorizado de la parte quejosa. Se tiene como domicilio de la inconforme para recibir notificaciones el que indica en su ocurso y como sus autorizados en términos amplios del ordinal 12 de la Ley de Amparo a José Alberto Ramírez de Aguilar Méndez y a Manuel Guadalupe Villafañe López, con cédulas profesionales 254044 y 5141128 registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, respectivamente; por otra parte, téngase como su autorizado en términos restringidos de los normativos 12 y 24 del citado ordenamiento a la persona restante que indica, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos, porque no se encuentra registrada su cédula profesional en el aludido sistema, ni acreditó con documento idóneo que ejerza la profesión de licenciado en derecho. Medios de contacto para comunicaciones no procesales. En cuanto a la petición de la disidente relativa a que se realicen las notificaciones de las resoluciones que se dicten en este asunto en el número telefónico y en la cuenta de correo electrónico que proporciona, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 26 fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo dígase a la justiciable que no ha lugar a acordar de manera favorable su petición, porque para estar en aptitud de autorizar la realización de notificaciones electrónicas en el presente asunto es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas y deben señalar el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin que en el caso se haya colmado esas exigencias con el suministro de un número telefónico y de una cuenta de correo electrónico, porque en todo caso esos datos servirán para establecer un contacto con la quejosa en el supuesto de las comunicaciones no procesales, como se indica en los arábigos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia, pero no para autorizar la práctica de notificaciones electrónicas; en consecuencia, una vez que se satisfagan los aludidos requisitos, previa insistencia de la justiciable respecto de la solicitud indicada, se proveerá lo que en derecho corresponda. No obstante lo anterior, con base en lo previsto por los dispositivos 5 y 22 del Acuerdo General citado en primer orden se tiene a la titular de la acción de amparo proporcionando el número telefónico y la cuenta de correo electrónico que señala para establecer el contacto con ella en los casos de las comunicaciones no procesales. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes
- Liliana Monserrat López Ramírez1243/2015
- Liliana Monserrat López Ramírez1451/2016
- Liliana Monserrat López Ramírez1321/2017
- Liliana Morales Palacios468/2017
- Liliana Ordoñez Reyna892/2011
- Liliana Ramírez de Aguilar y Otros.638/2020
- Liliana Santiago Gil821/2023
- Liliana Yadira Esperanza Reyes861/2022
- Lilibeth Fagina Sánchez750/2022
- Lilio Hernández Santiago544/2017
- Lily Torres Castellanos435/2023
- Lina Mendoza Avendaño480/2015