Liliana Pérez Martínez

Expediente 16/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
16/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
08/11/2022

Partes del expediente

  • Liliana Pérez Martínez
  • Integrantes de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos
  • Rigoberto Pérez Lama
  • Liliana Pérez Martínez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de noviembre de dos mil veintidós Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, toda vez que se negó la protección constitucional, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que puede ser depurable en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Ahora bien, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurable, toda vez que, se concedió la suspensión definitiva. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso, hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de este. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a doce de septiembre de dos mil veintidós Vista las razones actuariales que anteceden, en las cuales el Fedatario adscrito a éste Órgano Jurisdiccional, hace constar su imposibilidad de notificar a la parte tercero interesada; al respecto, agréguese a los autos sin hacer mayor pronunciamiento sobre las mismas, en razón de que estas se realizaron mediante oficio como lo establece el numeral 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el cinco de enero de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Liliana Pérez Martínez y Rigoberto Pérez Lama, solicitara el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. ° Magistrados Integrantes de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".resolución de fecha 13 de diciembre de 2021, dictada por la responsable en los autos del Toca Penal número 126/2021-CO-9, deducido de la Causa Penal número JCC/86/2021.." SEGUNDO. El siete de enero de dos mil veintidós, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 16/2022, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte promovente del amparo reclama la resolución de trece de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en los autos del toca penal 126/2021-CO-9, índice de la responsable. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado, pues al momento de rendirlo así lo manifestó. Tal afirmación se corrobora también con las copias certificadas del toca de apelación 126/2021-CO-9 y un disco compacto. Pruebas a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, al tratarse de actuaciones judiciales -asunto penal-, mientras que el disco óptico se considera como una documental pública y se le otorga el mismo valor pleno. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia PC.VI.P. J/7 P (10a.), del Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo II, página 1650, Materia Penal, Décima Época, de contenido literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). LA CERTIFICACIÓN DE QUE SON COPIA AUTÉNTICA DEL REGISTRO AUDIOVISUAL NO REQUIERE QUE EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES SE ENCUENTREN EN LA MATERIALIDAD DEL DISCO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA. Las videograbaciones de las audiencias de referencia, conforme al artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contenidas en disco versátil digital (DVD), tienen el carácter de prueba instrumental de actuaciones, al tratarse de las diligencias o actos relativos al proceso penal acusatorio, guardadas en un archivo digital y, por ende, son aptas para acreditar la existencia de un acto procesal. Por tanto, aun cuando dicho disco carezca del sello y la firma correspondientes como signo de certificación, no debe ponerse en duda su contenido, si existen otras circunstancias que le den certeza a éste, como pudieran ser, en el caso del trámite del recurso de apelación, que el disco fuera remitido al tribunal de alzada por la autoridad del Poder Judicial a quien corresponde su resguardo y esa remisión se hiciera por conducto de las oficinas que pertenecen precisamente a dicho Poder mediante un oficio que cumple con las formalidades de ley, esto es, que contiene la firma autógrafa de la autoridad emisora, así como el sello correspondiente y, sobre todo, ante el hecho de que el órgano jurisdiccional que conoce del asunto de que se trata, corrobore que la diligencia respectiva, en efecto se encuentra registrada en el disco; y en el caso del trámite de un juicio de amparo, en que el disco fuera remitido por la autoridad responsable junto con el informe justificado, mediante un oficio con la firma autógrafa de la autoridad emisora y el sello correspondiente, se tiene la presunción de autenticidad de su contenido, considerando además que las partes tienen la oportunidad de objetarlo una vez que se les da la vista correspondiente." CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En el presente asunto, las partes no invocaron causas de improcedencia, tampoco este Juzgado advierte de oficio la actualización de alguna de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien alguna derivada de la propia legislación o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual, se analiza la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Al no haberse invocado causales de improcedencia, ni advertirse la actualización de alguna por verificar, procederá a avocarse al análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, cuya transcripción es innecesaria dado que el artículo 74 de la Ley de Amparo en vigor, ni algún otro dispositivo impone al juzgador la obligación de transcribirlos o sintetizarlos para proceder a su examen, ni se advierte la necesidad de ello para responderlos. Lo anterior acorde a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Novena Época, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, correspondiente a Mayo de 2010, registro 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Previo al análisis de fondo, es importante realizar una breve síntesis de los antecedentes del juicio de amparo. Ahora bien, de las documentales que la autoridad responsable remitió con su informe justificado, consistentes en el original del toca penal número 126/2021, a las que se confirió valor probatorio pleno en párrafos que anteceden, se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: En la audiencia inicial celebrada el ocho de junio de dos mil veintiuno, la Fiscalía formuló imputación en contra de LILIANA PÉREZ MARTÍNEZ y RIGOBERTO PÉREZ LAMA, por el delito de DESPOJO, previsto y sancionado por el artículo 184 fracción II, del Código Penal del Estado de Morelos en vigor, cometido en agravio de LUIS RAMÍREZ ABELLEYRA. Luego, los imputados LILIANA PÉREZ MARTÍNEZ Y RIGOBERTO PÉREZ LAMA, se reservaron su derecho para rendir declaración haciendo uso del derecho que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le concede para tales efectos. En la misma audiencia, el Fiscal enunció diversos antecedentes de investigación y posterior a esto, los imputados se acogieron al plazo de 144 horas para que se resolviera su situación jurídica. Finalmente, en fecha once de junio de dos mil veintiuno, el juez primario, resolvió no vincular a proceso a LILIANA PÉREZ MARTÍNEZ y RIGOBERTO PÉREZ LAMA al considerar que al ser la primera de las mencionadas copropietaria del inmueble motivo del despojo y el segundo de los mencionados ser padre de esta y actuar con su anuencia, no se actualizaba la figura del despojo por no encontrarse determinada hasta el momento la parte que corresponde a cada uno de los copropietarios. Mediante escrito de quince de junio de dos mil veintiuno, Luis Ramírez Abelleyra, víctima y hoy tercero interesado, interpuso recurso de apelación en contra del auto de no vinculación decretado en el proceso JCC/086/2021. En acuerdo de quince de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por interpuesto el recurso de apelación, se ordenó correr traslado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera; por lo que mediante escrito presentado el uno de julio de dos mil veintiuno, y ante el Juez de Control, los imputados Liliana Pérez Martínez y Rigoberto Pérez Lama, desahogaron la vista y dieron contestación a los agravios esgrimidos por el apelante. Mediante proveído de cuatro de octubre dos mil veintiuno, el Juez de Primera Instancia Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en la Ciudad de Cuautla, Morelos, ordenó proveer sobre la substanciación del recurso de apelación y ordenó remitir a la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. En acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, los Magistrados de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, admitieron de plano el recurso de apelación y ordenaron turnar para resolver; asimismo, ordenaron notificar a las partes técnicas procesales. Por resolución de trece de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal 126/2021-CO-9, la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, resolvió el recurso de apelación cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes: ".PRIMERO.- Se REVOCA la resolución alzada, para quedar como sigue: PRIMERO.- En esta fecha se dicta auto de vinculación a proceso contra de LILIANA PÉREZ MARTÍNEZ y RIGOBERTO PÉREZ LAMA, por el delito de DESPOJO, previsto y sancionado por el artículo 184 fracción II del Código Penal en vigor para el Estado de Morelos; cometido en agravio de LUIS RAMÍREZ ABELLEYRA.". Esta última resolución constituye el acto impugnado en esta instancia constitucional. Del análisis de los conceptos de violación, se establece que resultan infundados, motivo por el que deberá negársele el amparo y protección que solicita; sin que se advierta motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, que establece esa institución a favor de los inculpados o sentenciados dentro de un proceso penal. En la demanda de amparo los quejosos señalan que se vulneran en su perjuicio, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 14, 16, y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; medularmente, porque refieren que la fiscal tanto en la formulación de imputación como en la solicitud de vinculación a proceso, no estableció ni precisó, cuál de las conductas que establece la fracción II del artículo 184 del Código Penal para el Estado de Morelos, le imputaba a los hoy quejosos; y además que al tratarse de un bien inmueble indiviso o en copropiedad entre la imputada Liliana Pérez Martínez y el querellante Luis Ramírez Abelleyra hoy tercero interesado, respecto del lote de terreno número 6 de la manzana 33 del fraccionamiento Real de Oaxtepec, del Municipio de Yautepec, Morelos, con una superficie de seiscientos metros cuadrados, el hecho imputado no constituye delito, al no actualizarse el elemento normativo de ajeneida. Ahora bien, primeramente se examinará si la Sala responsable cumplió con los requisitos de legalidad y que existan datos suficientes para establecer razonablemente que se haya cometido el hecho señalado como delito por la ley o que probablemente hayan participado en el mismo. En este contexto, la base normativa del auto de vinculación a proceso (que dio origen al acto que se reclama) se contempla en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin pasar por alto el derecho a la debida fundamentación y motivación de dicha resolución, que se encuentra tutelada en el artículo 16 de la misma Ley Suprema; los cuales establecen: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [.]" Ahora bien, la figura del auto de vinculación a proceso dentro del sistema de justicia penal acusatorio, encuentra estructura en los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevén los requisitos que debe contener, y disponen lo siguiente: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Del análisis en conjunto de las transcritas disposiciones, respecto al auto de vinculación a proceso, se desprende que los elementos de forma y de fondo que debe contener, son los siguientes: A) Elementos de forma: I. Que se haya formulado imputación, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el que haga del conocimiento del imputado la investigación que se desarrolla en su contra, respecto de uno o más hechos determinados que se consideran delitos, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención y el nombre de la persona que lo señala como responsable. II. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. III. Que se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, aún y cuando el Juez pueda otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. IV. Que se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. B) Elementos de fondo: I. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. II. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. III. Que no se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Apoya lo anterior, por analogía de razón, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 (9a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos.". En ese sentido, de una interpretación sistemática y armónica del texto previsto en los artículos 16 y 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, sólo debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, esto es, la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que el imputado lo hubiera cometido o participado en su comisión, dado que tal determinación, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Por tanto, es menester que de los antecedentes carpeta administrativa y del toca de apelación, obren datos de prueba de los que se desprendan indicios razonables de que se ha cometido el hecho que se imputa como delito; así como el lugar, tiempo y circunstancias de su ejecución, y la probabilidad de la comisión o participación del imputado. Asimismo, en cuanto al auto de vinculación a proceso, para la satisfacción del derecho constitucional, es necesaria una correcta y sana crítica de los datos de prueba que se relacionen, en observancia de las reglas de la lógica, conjugadas con los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, para valorar aquellos elementos (individual y global) que han servido de fundamento y así establecer si los datos de prueba son suficientes para determinar la existencia de un hecho calificado por la ley como delito y la probable comisión o participación de los imputados. Ahora bien, de los audios y videos de las audiencias contenidas en el disco versátil digital (DVD) que remitió la Sala responsable, reproducidas y analizadas por el suscrito Juzgador Federal, asistido del Secretario con quien actúa y da fe; se advierte que los requisitos constitucionales que se exigen para dictar un auto de vinculación a proceso, complementados con los citados ordinales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentran satisfechos, tal y como se analizará a continuación. En relación con el primero de los requisitos, se precisó que se formuló imputación, en audiencia de ocho de junio de dos mil veintiuno; asimismo, se hizo constar que los imputados manifestaron su deseo de reservarse el derecho a declarar, como se advirtió en la propia audiencia. Así, para verificar lo asentado por la autoridad responsable, en el disco versátil digital que adjuntó a su informe justificado y oficio 143/2022, consta la audiencia inicial de ocho de junio de dos mil veintiuno celebrada en autos de la causa penal JCC/86/2021 del índice del Juzgado de Primera Instancia de Control, con sede en Cuautla, Morelos, donde se advierte que efectivamente se cumplieron con los requisitos establecidos en las fracciones I y II del artículo 316 y fracción I del artículo 317, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los restantes requisitos, relativos a las fracciones III y IV del artículo 316, II y III del diverso 317, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se analizan de la siguiente manera: En efecto, la Sala responsable consideró que los datos de prueba relacionados por la fiscal investigadora en la audiencia de once de junio de dos mil veintiuno, permiten establecer que, contrario a lo resuelto por el Juez de control, se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; además de que existe la probabilidad de que los imputados, aquí quejosos, lo cometieron. Es así, toda vez que refiere que de la imputación se desprende que los hoy quejosos le están impidiendo al querellante hoy tercero interesado el uso y disfrute del derecho real de la posesión del inmueble ubicado en Calle Cuitláhuac, número 6, manzana 33, fraccionamiento Real de Oaxtepec, del Municipio de Yautepec, Morelos; y que en consecuencia quedó claro, que contrario a lo argumentado por el Juez de Control, esa autoridad debió avocarse a la última de las hipótesis que establece la fracción II del artículo 184 del Código Penal vigente del Estado de Morelos, es decir, que se impida al activo el disfrute de un derecho real del pasivo (derecho de posesión). Por tanto, de manera correcta la Sala señalada como responsable resuelve revocar la determinación del Juez sobre la no vinculación a proceso de los hoy quejosos, conforme a lo que a continuación se expone. La Sala responsable estimó encuadraban en el delito de despojo, previsto en la fracción II del artículo 184 del Código Penal en vigor, que en efecto previene diversas hipótesis entre ellas: 1.- Ocupe un inmueble ajeno. 2.- Haga uso de él. 3.- Haga uso de un derecho real que no le pertenezca. 4.- Impida el disfrute de uno de otro. Con base en lo anterior la Sala señalada como responsable preciso que en el caso concreto, si bien es cierto como lo adujó el Juez, la imputada LILIANA PÉREZ MARTÍNEZ, resulta ser copropietaria del inmueble al cual se introdujo y que es el ubicado en Calle Cuitláhuac número 6, manzana 33, del fraccionamiento Real de Oaxtepec, del Municipio de Yautepec, Morelos, lo que es dable establecerlo con los testimonios tanto de la víctima LUIS RAMÍREZ ABELLEYRA, con la constancia expedida por la Dirección de catastro e impuesto predial de Yautepec, de fecha nueve de septiembre del año dos mil, suscrito y firmado por el contador Público Fernando Núñez González, que se refiere a la existencia de la escritura pública número 12200 volumen 309 página 69 ante el notario público número dos de esa demarcación, donde aparece como comprador en copropiedad Luis Ramírez Abelleyra y Liliana Pérez Martínez, y diversos datos de prueba relacionados por la fiscal en la que trascienda que existe respecto del predio descrito un crédito simple con garantía hipotecaria, que se obligó a pagar a treinta años, crédito a nombre del hoy tercero interesado Luis Ramírez Abelleyra, al que la Sala señalada como responsable le concedió valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 260, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales y de los cuales se desprende que efectivamente LILIANA PÉREZ MARTÍNEZ, resulta ser copropietaria del citado inmueble. No obstante lo anterior, la Sala señalada como responsable de forma correcta precisa que el ser propietaria del inmueble, si bien le da derecho a introducirse al inmueble referido en párrafos precedentes, ese derecho no le alcanza para que con su actuar impida que el diverso copropietario LUIS RAMÍREZ ABELLEYRA, haga uso también del mismo; ya que quien se encontraba en posesión del inmueble era precisamente la víctima y la imputada actuó de manera furtiva y violenta para introducirse al inmueble, al esperar que no se encontrara para romper candados y cambiando cerraduras, se introdujo en el mismo, evitando con su actuar que la víctima que estaba en posesión ya no pudiera ingresar al inmueble; actuar que de manera asertada la Sala señalada como responsable estableció a partir de los datos de investigación consistente en testimonio de la víctima, la declaración de María Felix Elizalde Martínez, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, quien refirió que el dos de enero de dos mil veinte, llegó a trabajar al domicilio ubicado en calle Cuitláhuac número 6 manzana 33 del fraccionamiento Real de Oaxtepec, del Municipio de Yautepec, Morelos, a cargo de Luis Ramírez Abelleyra, quien habitaba junto con sus padres Tiburcio Ramírez Castro y Lidia Abelleyra Palacios y que tenía horario laboral de nueve a dieciocho horas todos los martes desempeñando el cargo desde hace ocho meses y que en el inmueble solo había objetos del señor Luis y de sus señores padres y nunca observó objetos de otras personas ni observó a otras personas habitar ahí, por lo que el martes veinticinco de agosto de dos mil veinte, se presentó a sus labores cotidianas y siendo aproximadamente las cuatro de la tarde el señor LUIS le refiere que saldrán a una cita con sus padres, por lo que aproximadamente a las seis de la tarde observó que se estacionó una camioneta blanca y una negra, viendo como una persona estaba tratando de abrir el zaguán, al salir se dirige con una mujer que estaba dándole instrucciones a un cerrajero que estaba cambiando los candados, mujer que era de aproximadamente de uno sesenta de estatura, tez blanca, complexión media, de una edad aproximada de cuarenta y cinco años, cabello negro chino, cara ovalada, con vestimenta playera manga corta a rayas color naranja, pantalón de mezclilla y tenis blancos, y al referirle porque estaban haciendo eso que esa casa era de su patrón Luis y que iba buscar a la policía y la persona descrita le contesto que se callara y saliera de la casa sino quería problemas y que se metería a la casa y la declarante le respondió que quien se iría a la cárcel sería ella, posteriormente un hombre de aproximadamente sesenta años de edad, complexión media, cabello cano y negro, de estatura aproximada uno sesenta con lentes y bigote, vestía playera negra manga corta, pantalón de mezclilla negro y zapatos negros, le dijo a la testigo "mira no sé cómo te llames y no me interesa, tienes cinco minutos para largarte de aquí sino quieres que en este momento te metamos a la cárcel por estar en la casa de mi hija", por lo que ante tal aseveración e insistencia y amenazas por parte de las personas descritas decidió retirarse a su domicilio haciendo del conocimiento al señor Luis hasta el siguiente día de esos hechos. Asimismo, la Sala señalada como responsable otorgó valor probatorio al dato de prueba consistente en el testimonio a cargo de Mauricio Santoscoy Arrechavaleta, de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, quien refirió que se dedica a la venta de comida ubicado en el lote uno, número 11 de la Avenida San Juan de Oaxtepec, en Yautepec, Morelos, quien se dedica a repartir comida a los del fraccionamiento Real de Oaxtepec, en horarios diversos y que conoce a Luis Ramírez Abelleyra, desde hace aproximadamente cuatro meses ya que a partir del mes de mayo entregaba comida tres veces por semana cada vez que el señor Luis lo llamaba en el domicilio ubicado en calle Cuitláhuac número 6, manzana 33, fraccionamiento Real de Oaxtepec de Yautepec, Morelos y que observaba que solo vivía con sus papás, y que el día veinticinco de agosto de dos mil veinte, siendo aproximadamente las seis y cuarto iba dejar un pedido de comida a un cliente y observó que afuera de la casa del contador estaban estacionadas dos camionetas una blanca y una negra y había dos personas del sexo masculino una era aproximadamente de sesenta años, tez morena clara, complexión media cabello cano, con lentes y bigote, vestía playera negra manga corta y la otra era de aproximadamente cuarenta y cinco años, tez morena gorra roja, pantalón de mezclilla azul y playera color blanca y una del sexo femenino de aproximadamente un metro sesenta de estatura, tez blanca, complexión media, de edad cuarenta y cinco años, cabello negro chino, cara ovalada que vestía playera naranja a rayas, manga corta; sujetos que nunca había visto por el fraccionamiento, y que estaban forzando los candados de las entradas principales, lo que se le hizo extraño, y que fue hasta el día viernes veintiocho de agosto de dos mil veinte, cuando el contador le marcó vía telefónica para saber sino había visto algo el declarante el día martes pasado ya que le refirió que su esposa y suegro se habían metido cambiando los candados de las entradas a lo que le respondió que sí y que pensaba que él lo había mandado. Datos de prueba relatados con anterioridad, entendidos como la referencia del contenido de un determinado medio de convicción, de conformidad con el ordinal 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cuerpo colegiado responsable los consideró idóneos, pertinentes y suficientes para establecer razonablemente la existencia del hecho delictivo y la probable autoría material y directa de los imputados, a los cuales les asignaron de manera libre y lógica el valor correspondiente, lo cual adecuadamente justificaron explicando el porqué de su valoración, en términos del artículo 265 de la codificación nacional en cita. En relación a lo anterior, la Sala señalada como responsable precisó que de los datos de prueba relacionados con anterioridad, se desprende que el veinticinco de agosto de dos mil veinte, siendo aproximadamente las dieciséis horas llegó al domicilio ubicado en calle Cuitláhuac número 6, manzana 33 del fraccionamiento Real de Oaxtepec, del Municipio de Yautepec, Morelos; en compañía de dos sujetos del sexo masculino siendo que uno de ellos se identificó ante la testigo María Felix Elizalde Martínez, quien era la trabajadora doméstica de la víctima y quien se encontraba en el inmueble el día de los hechos, como padre de la persona del sexo femenino y el diverso sujeto masculino con oficio cerrajero era quien se encontraba abriendo los candados y cambiando las chapas. Así con los citados datos de prueba, la Sala responsable constató las circunstancias de fecha y lugar en que ocurrieron los hechos, esto es, que los imputados, ahora quejosos, probablemente fueron las personas que en las circunstancias de tiempo (en el mes de agosto del año dos mil veinte), (en el domicilio ubicado en la calle Cuitláhuac número 6, manzana 33 del fraccionamiento Real de Oaxtepec, del Municipio de Yautepec, Morelos), lugar y modo (se introdujeron al inmueble con violencia y cambiaron chapas y candados del mismo, impidiendo con ello el uso y disfruta del derecho real de posesión de la víctima); esto es, impidieron el disfrute del bien inmueble, que como se estableció si bien es cierto, existe una copropiedad, precisamente se parte de esa premisa, donde al existir un indiviso, no hay una parte determinada que le corresponde a cada quien y por tanto el hecho de impedir el acceso al cambiar las chapas y candados, se encuadra la conducta típica. Mismos datos de prueba a los que la Sala responsable dotó de valor probatorio, por no existir elemento que arrojara duda de su veracidad, considerándolos aptos de eficacia jurídica, además de estar corroborados entre sí. Se llegó a esa determinación por la Sala señalada como responsable, quien resolvió que de conformidad con el artículo 184 fracción II, contempla la protección de derechos reales, como aquellos de carácter provisional como lo es el derecho de posesión, lo que sirvió de base para establecer la existencia del delito. De igual forma la Sala señalada como responsable resolvió sobre la probabilidad de comisión o participación de los imputados LILIANA PÉREZ MARTÍNEZ y RIGOBERTO PÉREZ LAMA cometieron o participaron del delito de DESPOJO, principalmente con el testimonio de la víctima LUIS RAMÍREZ ABELLEYRA, que esencialmente señaló que su esposa dejó el domicilio, esto desde el año dos mil diecinueve, y que el día doce de agosto de dos mil veinte, ya habían tratado de introducirse de manera violenta al inmueble materia del ilícito en cuestión, pero al ver a la víctima hoy tercero interesado desistió de la acción, empero el día veinticinco de agosto de ese mismo año, salió del domicilio y al regresar ya no pudo introducirse por haber sido cambiadas las chapas y candados y encontrarse en el interior su esposa y su suegro. Lo que se robusteció sigue diciendo la Sala, con el testimonio de María Felix Elizalde Martínez, trabajadora doméstica de la víctima, quien señaló que una fémina y un masculino se introdujeron con violencia al domicilio descrito en la presente sentencia con un cerrajero los cuales no le permitieron ingresar al domicilio. También abonó el testimonio de Mauricio Santoscoy Arrechavaleta, persona que le abastecía a la víctima comida para él y sus señores padres, quien precisó que el día veinticinco de agosto de dos mil veinte, al pasar por el domicilio observó que dos masculinos y una fémina estaban cambiando las chapas y candados del domicilio referido. En esa tesitura, la totalidad de los datos de prueba reseñados, ponderados por la Sala responsable, permiten suponer que los peticionarios del amparo han cometido un hecho señalado por la ley como delito, en este caso el de despojo. Datos de prueba que la Sala señalada como responsable consideró suficientes para establecer que los imputados fueron las personas que el veinticinco de agosto de dos mil veinte, de manera furtiva y aprovechando que la víctima Luis Ramírez Abelleyra, poseedor del inmueble ubicado en Cuitláhuac número 6, manzana 33 del fraccionamiento Real de Oaxtepec, del Municipio de Yautepec, Morelos, había salido de su domicilio, y en ese lapso se introdujeron al inmueble en cuestión de manera violenta rompiendo y cambiando las cadenas, candados y chapas y una vez dentro impidieron la entrada a la víctima, como se desprende de los datos de prueba previamente valorados. Siendo que con lo anterior, se sustenta el hecho que la ley señala como delito de despojo, en tanto que se han precisado las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y hace probable la autoría de los imputados, aquí quejosos, en la comisión de ese hecho ilícito. De manera que, analizando los datos de prueba que expuso la Fiscalía, en concordancia con lo previsto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es factible establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que los imputados lo cometieron; por lo que la resolución de la Sala responsable también cumple con el tercer requisito que señala la fracción III, del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto al último requisito previsto en la fracción cuarta del invocado numeral, no se demostró, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación en favor de los imputados, aquí quejosos. De ese modo, como ya se plasmó en líneas precedentes considera que en el presente caso con los diversos datos de prueba aportados por la Fiscal y valorados por la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, existe la probabilidad que los quejosos Liliana Pérez Martínez y Rigoberto Pérez Lama, tuvieron participación en el hecho que la ley señala como delito de despojo. Cuenta habida que, no debe perderse de vista que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no se necesita prueba plena, sino única y exclusivamente que exista la probabilidad de que los imputados lo cometieron, tal y como sucede en este caso; ya que el estándar probatorio es menor de aquél que se requiere para el dictado de un auto de formal prisión, pues cabe recordar que aquí sólo se necesita "la probabilidad" de que el imputado cometió el delito, en la medida que el auto de vinculación a proceso sólo fija el hecho o hechos materia de la investigación y el eventual juicio, en términos del artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 318. Efectos del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento.". Lo anterior, porque la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual se logra dando cabida a la investigación complementaria, a que alude el artículo 211, fracción I, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: (.) b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; (.)" Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Paralelamente, el auto de vinculación a proceso no vulnera el derecho fundamental a la presunción de inocencia de la parte quejosa, ni constituye un pronunciamiento adelantado sobre el fondo del asunto, es decir, no se adelanta en forma alguna la sentencia definitiva, ya que únicamente establece la existencia de méritos suficientes para seguir el proceso, formalizar la investigación y permitir la continuación o el procesamiento sobre las medidas cautelares. Se cita por orientadora la Jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, Materia Penal, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley.". De igual forma, contrario a lo expuesto por los quejosos en sus conceptos de violación, como lo estableció la Sala señalada como responsable, se considera que se encuentran justificados los requisitos exigidos por el artículo 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el dictado del auto de vinculación a proceso, pues con los mismos es dable establecer en grado de probabilidad que se ha cometido un hecho que la Ley señala como delito de despojo, pues si se encuentra señalado el delito y las circunstancias del lugar (inmueble ubicado en calle Cuitláhuac 6, manzana 33 del fraccionamiento Real de Oaxtepec, del Municipio de Yautepec, Morelos; de tiempo (el día veinticinco de agosto de dos mil veinte), aproximadamente a las dieciséis horas y las circunstancias de ejecución (rompiendo candados y chapas, cambiándolas se introdujeron al inmueble, evitando que el pasivo al regresar pudiera accesar, impidiendo el disfrute del derecho real que ostenta sobre dicho inmueble al ser copropietario de éste), así como la probabilidad de que los inculpados lo cometieron, pues la quejosa Liliana Pérez Martínez, es esposa de la víctima hoy tercero interesado y copropietaria del citado inmueble, mientras que Rigoberto Pérez Lama, es padre de la mencionada imputada, ambos aquí quejosos, siendo que los dos se introdujeron de manera violenta al inmueble e impidieron el acceso a la víctima al mismo a sabiendas que él era el poseedor del inmueble. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el concepto de violación relativo a que la fiscal no encuadro la conducta cometida en alguna de las hipótesis del ordinal 184 del Código Penal vigente del Estado de Morelos, pues el mismo resulta inoperante porque cuando se otorgó la vista para contestar los agravios respecto del recurso de apelación no lo hizo valer, aunado a que como ya se precisó en líneas precedentes, la Sala señalada como responsable con los datos de prueba aportados en la causa penal, se colmaron los elementos tanto de forma como de fondo y que resultaron suficientes para vincular a proceso a los hoy quejosos por el ilícito previsto y sancionado en la última parte del artículo 184, fracción II, del Código Penal para el Estado de Morelos vigente. Sin que el estándar probatorio para el nuevo sistema penal acusatorio requiera mayores requisitos para tal efecto sino solamente al nivel de probabilidad, por lo que deberá negar el amparo y protección de la justicia federal. Lo anterior, toda vez que en la etapa en la que se encuentra el juicio natural (auto de vinculación de proceso), la acreditación del hecho punible como la intervención del sujeto activo deben justificarse en un estándar probatorio al nivel de probabilidad, esto es, dentro de un índice gradual intermedio, ya que las investigaciones que se hagan a las partes en la etapa complementaria tenderán a corroborar la determinación emitida por el Juez de Control, pues los datos de prueba aún no han sido desahogados. Por lo que, en la citada etapa únicamente se debe analizar la razonabilidad de la prueba y no aspectos de su valoración, tendientes a su perfeccionamiento; siendo que la fuerza convictiva de lo depuesto, es una cuestión que atañe al alcance demostrativo, la cual será determinada por el juzgador con base en la idoneidad de la información aportada, conforme al mecanismo de la prueba indiciaria. De ahí que, contrario a lo que expone la parte quejosa, en el caso, en el estado procesal en el que nos encontramos, no solamente existe el dicho del querellante, sino que el fiscal recabó diversos datos de prueba que fueron aportados a la carpeta de investigación, y que a la postre se relacionaron en la audiencia de ley, con los que solicitó el auto de vinculación a proceso, respecto de un hecho que la ley señala como delito, los cuales una vez que fueron hechos del conocimiento del Juez responsable, y al analizarlos por la Sala responsable, les dotó de eficacia probatoria, para concluir que en el caso, existen datos de prueba razonables, con los que se acredita la probable autoría material y directa de los imputados, aquí quejosos, en la comisión del hecho señalado como el delito de despojo. Aunado a todo lo anterior, el imputado fue omiso en aportar algún dato de prueba para desvirtuar el contenido del señalamiento así como demás indicios anotados; por lo que, en este estado procesal contrario a lo que señala en sus conceptos de violación, debe considerarse que el material probatorio es suficiente para sostener la existencia de un hecho que la ley señala como delito, así como de la probabilidad de que los imputados tuvieren la autoría en su comisión, dado el estándar probatorio mínimo que se requiere para el dictado de un auto de vinculación a proceso. Lo anterior encuentra sustento en la tesis visible en la página 2188, del Libro 72, Tomo III, Noviembre de 2019, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SU DICTADO NO SE REQUIERE QUE LOS DATOS DE PRUEBA QUE EXISTEN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SE PERFECCIONEN PARA QUE ADQUIERAN EL CARÁCTER DE INDICIOS RAZONABLES Y SEAN SUSCEPTIBLES DE ADQUIRIR VALOR DEMOSTRATIVO. El estándar probatorio para el dictado de un auto de vinculación a proceso se redujo de manera importante porque no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión; por ende, si esa determinación judicial se realiza en función de hechos que el órgano técnico de acusación pone en conocimiento del Juez de control y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, deben apreciarse como indicios que sólo sirven para integrar datos, que al ser valorados como parte del ejercicio racional del juzgador, expresan el grado de credibilidad que le proporcionan; de ahí que es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo, como por ejemplo, el que se demuestre que el suscriptor de una opinión pericial tiene los conocimientos técnicos para realizar ese cometido.". Por tanto, bajo el estándar requerido en la etapa que se analiza, se concluye que existen datos que evidencian la probabilidad de que los imputados hayan cometido el hecho señalado por la ley como delito, en términos del artículo 15, fracción I del Código Penal del Estado, esto es, como autores materiales directos, sin que se haya demostrado alguna causa de exclusión de responsabilidad o de extinción de la acción penal, como acertadamente lo indicó la Sala responsable. De ahí que, como se estableció en líneas precedentes, la Sala responsable estuvo en lo correcto al revocar la resolución impugnada y considerar acreditado el hecho que la ley establece como constitutivo del delito de despojo, así como la probabilidad de que los imputados, hoy quejosos, fueron los autores en su comisión. Asimismo, cabe señalar que el dictado del auto de vinculación, no vulnera en perjuicio de los quejosos el derecho fundamental de presunción de inocencia, en la medida en que lo establecido en dicho auto no puede estimarse como una condena, ni una pena anticipada, sino que dicha determinación únicamente sujeta a los imputados a un proceso, sin determinar si son o no responsables de un delito, pues no obstante dicha vinculación, la Fiscalía está obligada a demostrar plenamente la responsabilidad de los imputados durante el proceso, ya que en caso contrario no será destruido el estatus de inocente que todo imputado tiene a su favor, y por tanto no podrán ser considerados responsables del ilícito que se les imputa. Por todo lo anterior, contrario a lo que sostiene la parte quejosa en sus conceptos de violación, la resolución de trece de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se dictó auto de vinculación a proceso en su contra, en el toca 126/2021-CO-9, derivado del recurso de apelación interpuesto en la causa penal JCC/86/2021, del índice del Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial en el Estado, con sede en Cuautla, Morelos, está apegado a derecho. Aunado a que los datos de prueba fueron debidamente valorados por la responsable y con los mismos se advierten las circunstancias de lugar, tiempo y de ejecución del hecho delictivo que se les imputa a los aquí quejosos; máxime que la resolución como ya estableció en líneas precedentes cumplió con lo establecido en el artículo 19 Constitucional, así como los requisitos que contemplan los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos por los quejosos Liliana Pérez Martínez y Rigoberto Pérez Lama y no advertirse motivo alguno favorable en la queja que deba suplirse de oficio, lo que legalmente procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Liliana Pérez Martínez y Rigoberto Pérez Lama, contra el acto que reclamó de los Magistrados Integrantes de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, consistente en la resolución de trece de diciembre de dos mil veintiuno; por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy uno de septiembre de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: "... Por todo lo anterior, contrario a lo que sostiene la parte quejosa en sus conceptos de violación, la resolución de trece de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se dictó auto de vinculación a proceso en su contra, en el toca 126/2021-CO-9, derivado del recurso de apelación interpuesto en la causa penal JCC/86/2021, del índice del Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial en el Estado, con sede en Cuautla, Morelos, está apegado a derecho. Aunado a que los datos de prueba fueron debidamente valorados por la responsable y con los mismos se advierten las circunstancias de lugar, tiempo y de ejecución del hecho delictivo que se les imputa a los aquí quejosos; máxime que la resolución como ya estableció en líneas precedentes cumplió con lo establecido en el artículo 19 Constitucional, así como los requisitos que contemplan los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos por los quejosos Liliana Pérez Martínez y Rigoberto Pérez Lama y no advertirse motivo alguno favorable en la queja que deba suplirse de oficio, lo que legalmente procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Liliana Pérez Martínez y Rigoberto Pérez Lama, contra el acto que reclamó de los Magistrados Integrantes de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, consistente en la resolución de trece de diciembre de dos mil veintiuno; por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy uno de septiembre de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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