Liliana Peña Trujillo
Expediente 666/2020 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 666/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/03/2021
Partes del expediente
- Liliana Peña Trujillo
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta procedente del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual se transcribe el acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, emitido en los autos del juicio de amparo ***** de su índice, promovido por *****, del que se desprende, en esencia, que en atención a lo peticionado por este órgano de control de la constitucionalidad, remite los autos originales del asunto aludido en líneas que anteceden. En ese sentido, es importante destacar que en proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, este órgano de control de la constitucionalidad determinó desechar la demanda por notoriamente improcedente; asimismo, en diverso auto de veintinueve de diciembre de ese mismo año, causó estado el aludido acuerdo y se reservó proveer lo relativo al archivo del presente expediente, hasta en tanto el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitiera los autos originales del juicio de amparo ***** de su estadística, lo cual ya aconteció. En consecuencia de lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, una vez que transcurran TRES AÑOS este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. En tales condiciones, realícense las anotaciones en el libro respectivo; y en su oportunidad ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO.
- Principal
Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, que desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo; sin que a la fecha se hiciera valer dicho medio de impugnación. En tales condiciones, se declara que el citado acuerdo ha causado estado. Sin que resulte óbice a lo anterior, la circunstancia que de conformidad con la Circular SECNO/29/2020 de cuatro de diciembre de dos mil veinte, aprobada por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se haya determinado regresar al esquema de trabajo a distancia, así como de suspensión de plazos y términos previsto en el Acuerdo General 13/2020 para todos los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México; sin embargo, dicha suspensión de plazos no opera para los asuntos considerados como urgentes ni para los juicios que pueden ser tramitados en línea, como en el caso lo es el presente controvertido, ya que la parte quejosa proporcionó un nombre de usuario a fin de realizar la consulta y notificación electrónica (mismas que le fueron acordadas de conformidad en el auto inicial). Aunado a que la determinación de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, fue notificada el dieciocho siguiente vía electrónica a la referida parte procesal, mediante el usuario proporcionado para tales efectos. De ahí que la presente determinación se emita en los términos antes mencionados. Finalmente, de la certificación secretarial de cuenta se aprecia que en el referido proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, entre otros aspectos, se solicitó al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitiera los autos originales del juicio de amparo ***** de ese registro; sin que al día de la fecha lo hubiere realizado. En ese sentido, tomando en consideración que en esta data causó estado el auto que desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo, gírese atento oficio al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para los efectos legales a que haya lugar, esto es, que una vez que se restablezca el trabajo presencial y que las labores jurisdiccionales lo permitan remita el juicio de amparo ***** de su control; asimismo, resérvese proveer lo relativo al archivo del presente expediente, hasta en tanto el citado órgano jurisdiccional desahogue la solicitud efectuada el diecisiete de diciembre de dos mil veinte.
- Principal
NOTIFICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA DE LA DETERMINACIÓN DE DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Ténganse por recibidos los oficios de cuenta, de cuyo contenido se aprecia la transcripción de los acuerdos de cuatro y quince de diciembre de dos mil veinte, dictados en los autos del juicio de amparo ***** del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual, la Secretaria en funciones de Juez de Distrito, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por *****, bajo el argumento que los actos que se combaten son de índole penal, por tratarse de cuestiones relativas a la emisión de medidas cautelares en la carpeta judicial *****, motivo por el cual, ordenó remitir vía interconexión la demanda de amparo al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno; y para tales efectos, remite copia digitalizada de dicho sumario y habilitó su consulta electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Este Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, después de analizar la demanda acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Se convalidan las actuaciones realizadas por el Juez oficiante. No obsta que no se cuenta con el expediente original, esta juzgadora considera que se tienen los elementos necesario para pronunciarse respecto a la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo instada por *****, por lo que procede a proveer en los siguientes términos. Como cuestión previa, es importante destacar que de una lectura íntegra de la demanda de amparo y del anexo que se le acompaña, se aprecia que en esencia, la parte quejosa se duele del siguiente acto reclamado: La imposición de la medida cautelar dictada en la carpeta judicial *****, y la ejecución o materialización de la misma (medida cautelar) la cual consiste en la emisión del auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, concerniente a la suspensión temporal en el ejercicio del cargo como Policía de Investigación de la Ciudad de México y su cumplimiento. De la lectura del precepto transcrito, se observa que es obligación del Juez de Distrito, como se indicó, examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano; sin embargo, para ello debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la ley invocada.En ese sentido, este órgano de control de la constitucionalidad estima que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo. En ese sentido, esta Juzgadora estima que se acredita dicha causal de improcedencia, toda vez que la quejosa, previo a promover juicio de amparo debió agotar el recurso previsto en la ley ordinaria, a saber, el recurso de apelación que contempla el precepto 467 fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales, por el cual pudo haber sido modificada, revocada o nulificada la resolución de la que se duele. Cabe destacar que para agotar el principio de definitividad establecido en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, es necesario interponer los recursos ordinarios correspondientes, entendiéndose por éstos, los medios de impugnación que tienen derecho de hacer valer las partes, para combatir las resoluciones que consideren les irrogan perjuicio, los cuales se interponen generalmente ante la autoridad que emitió la determinación, con el objeto de que dicha resolución sea revocada, modificada o anulada. El citado principio tiene su razón de ser en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto, antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a promover el juicio de amparo, los recursos o medios de defensa ordinarios tendentes a revocar, modificar o anular los actos reclamados. Ello es así, ya que la parte quejosa tenía la carga procesal, previo a la presentación de la demanda de amparo, de interponer el recurso de apelación contra dicha determinación, en términos del numeral 467 fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales citado con antelación. De ahí que, el acto que aquí se combate consistente en la imposición de la medida cautelar dictada en la carpeta judicial *****, y la ejecución o materialización de la misma (medida cautelar) la cual consiste en la emisión del auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, concerniente a la suspensión temporal en el ejercicio del cargo como Policía de Investigación de la Ciudad de México y su cumplimiento, no tienen el carácter de definitivos ya que están sujetos a la resolución que emita una autoridad superior respecto al medio de defensa previsto en la fracción V del artículo 467 de la ley que rige tal acto, es decir, el recurso de apelación a que tiene derecho la hoy quejosa. Sin que en el caso operen las excepciones a que aluden los incisos a), b) y d) del artículo 61, fracción XVIII, y 107 de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados no se tratan de alguno que importen peligro de una violación a las prerrogativas consagradas en los artículos 16 en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de los que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; ni tampoco se advierte que la medida cautelar impuesta sea restrictiva de la libertad de la ahora quejosa, o que se le haya negado la libertad bajo caución o que se establezcan los requisitos para su disfrute, es decir, que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; máxime, que únicamente se reclama la medida cautelar impuesta en autos de la carpeta judicial ***** y no así el auto de vinculación a proceso que se dicó en su contra; por tanto, al no haberse agotado el principio de definitividad, la vía constitucional no es la procedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Es decir, del catálogo de medidas cautelares que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la única medida cautelar privativa de la libertad es la prisión preventiva, ya que las diversas que prevé, únicamente van encaminadas a restricciones o prerrogativas que no atañen la libertad personal de los imputados. De ahí, que el acto reclamado en el presente juicio no pueda considerarse como privativo de la libertad; y por ende, no aplica el caso de excepción al principio de definitividad, consagrado en el artículo 61, fracciones XVIII incisos a), b) y d) de la ley de la materia. Ello, tomando en consideración que la medida cautelar que le fue impuesta a la quejosa -y que ahora se reclama en el presente juicio de amparo-, no afecta la libertad personal de ésta, pues la misma se hace consistir en la suspensión temporal en el ejercicio del cargo.De lo anterior, se desprende que dicha medida de ninguna manera se traduce a una afectación directa a la libertad personal de la impetrante de amparo, ya que únicamente implica una afectación a su desempeño como servidora pública, por todo el tiempo que dure el procedimiento para evitar su obstaculización. Lo que revela que su imposición no restringe, la libertad personal de la imputada, ya que dicha prohibición no puede traducirse a que con la misma se prive de la libertad a la quejosa, pues ello hubiera acontecido para el caso de que se le hubiera decretado prisión preventiva, lo que no fue así. De ahí que, a criterio de este órgano de control de la constitucionalidad se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, pues previo a promover el presente controvertido, la quejosa debió agotar el recurso de apelación regulado en el diverso artículo 467 fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales, en observancia al principio de definitividad; debido a que no se actualiza alguna excepción a éste, ya que como se refirió, el acto reclamado no afecta la libertad personal de la quejosa. No obsta a lo anterior, el hecho de que en caso de un eventual incumplimiento de dicha medida, con base en lo expuesto por la Representación Social y la decisión del Juez de Control, pueda imponerse una medida cautelar diferente, la cual podría -de estimarlo conveniente la autoridad jurisdiccional- afectar la libertad personal; sin embargo, dicha afectación, en caso de imponerse, sería consecuencia directa e inmediata de una diversa determinación judicial, futura y de acontecimiento incierto.Ello, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo únicamente se reclama la medida cautelar y su ejecución (falta de pago de las precepciones correspondientes a la nómina del dieciséis al treinta de noviembre de dos mil veinte y las que se sigan generando), que le fue impuesta en audiencia de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en la carpeta judicial *****, más no así el auto de vinculación a proceso que se le dictó en su contra; figuras jurídicas totalmente independientes entre sí. Consecuentemente, se insiste, este órgano de control de la constitucionalidad estima que tal y como lo aseveran los representantes sociales, respecto al acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, toda vez que la promovente debió agotar el recurso ordinario por el cual pudo haber sido modificada, revocada o nulificada la resolución de la que se duele. Entonces, el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, a la justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. En consecuencia, al surtirse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia, prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Desde este momento, y solo para el caso de que se reanuden labores normales en el órgano jurisdiccional, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el promovente de amparo y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales.
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