Liliana Paredes Lugo

Expediente 1289/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1289/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
16/03/2022

Partes del expediente

  • Liliana Paredes Lugo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso (quien es el facultado para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la resolución en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibidos documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; y mediante oficio a las autoridades. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con veintinueve minutos del doce de enero de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Ricardo Froylán Yépiz Rosas, Secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da cuenta con las actuaciones que obran en los presentes autos y certifica que obran agregado al sumario el informe justificado rendido por las autoridades responsables. El Juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales remitidas por la autoridad responsable. El Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 a 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales allegadas por la responsable. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no formularon alegatos. El Juez acuerda: téngase por perdido el derecho a las partes para formularlos. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1289/2021, promovido por Liliana Paredes Lugo, contra actos del Magistrado Instructor de la Quinta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, y otra autoridad; que considera violatorio de los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Resultando Único. Antecedentes y trámite del juicio de amparo 1. Demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, Liliana Paredes Lugo, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto reclamado que más adelante se puntualizará. 2. Trámite del juicio de amparo. El veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto registró la demanda bajo el expediente 1289/2021; la admitió a trámite; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención conducente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, y fijó fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, de conformidad con los siguientes: Considerandos I. Competencia. 3. Este Juzgado Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 y 107, fracción IV de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior en virtud de que en el presente asunto se reclaman actos atribuidos a autoridades con residencia en la jurisdicción territorial de este Órgano de Control Constitucional. II. Precisión de los actos reclamados. 4. El artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;." 5. De conformidad con lo anterior, este órgano de control constitucional, después de analizar en su integridad el escrito de demanda, precisa que los actos reclamados destacados son los siguientes: Del Magistrado Instructor de la Quinta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, la omisión de ordenar que se practique la investigación a la que se refiere el artículo 502 de la Ley Federal de Trabajo, dentro del plazo de 24:00 horas, siguientes a la recepción de la demanda; y Del actuario notificador adscrito a la Quinta Ponencia de la Sala responsable, la omisión de no practicar la investigación y los demás actos procesales que se señalan en el artículo 503 de la Ley Federal de Trabajo, dentro del "Aviso de Muerte" con número de expediente 400/2021. 6. Es aplicable a lo anterior, la tesis P. VI/2004, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." III. Existencia de los actos reclamados. 7. Son ciertos los actos que reclamados a las autoridades responsables Magistrado Instructor de la Quinta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora y Actuario notificador adscrito a la Quinta Ponencia de la Sala responsable; no obstante que, al rendir su informe justificado, nieguen el acto que se les atribuye. 8. En efecto, de las constancias que remiten las responsables, en apoyo a los informe justificados, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa; se advierte la certeza del acto reclamado; de ahí que debe tenerse por cierto el acto que se les atribuye. IV. Causas de improcedencia. 9. Una vez que se fijó los actos reclamados y se acreditó su existencia, corresponde ahora analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes las aleguen, o bien, que se adviertan de oficio. 10. En relación con lo anterior, debe señalarse lo dispuesto por la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados; [.]." 11. Ahora, los efectos de los actos reclamados cesan cuando la autoridad deroga o revoca el acto y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado; de modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica del inconforme, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, ya que la razón que justifica la citada causal de improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. 12. Es decir, esa hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia y la importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el ordinal 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obren en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte lo que ésta exija. 13. En la especie se estima que han cesado los efectos del acto reclamados que la parte quejosa hizo consistir en la omisión de ordenar y realizar la investigación y los demás actos procesales que señalan los artículos 502 y 503 de la Ley Federal de Trabajo, dentro del "Aviso de muerte", con número de expediente 400/2021, promovido por Liliana Paredes Lugo, ante la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora; mismo que le atribuyó al Magistrado y Actuario adscritos a la Quinta Ponencia de la citada Sala Superior, respectivamente. 14. En efecto, de las constancias que anexó a su informe justificado el Magistrado y el Actuario adscritos a la Quinta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, se advierte que por auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, el Magistrado responsable ordenó iniciar una investigación con el objeto de averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador Iván Alberto Zúñiga Félix; de igual forma comisionó al actuario para que se constituyera en el domicilio que ocupa el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECYTES SONORA), con residencia en esta ciudad; para efectos de que fijara en un lugar visible, el "Aviso de muerte", convocando a quienes tengan el carácter de beneficiarios de Zuñiga Félix, para que comparezcan ante la sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, a ejercer sus derechos; además, con copia del escrito de demanda y anexos, ordenó correr traslado al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECYTES SONORA), con residencia en esta ciudad, emplazándolo para que dentro de los cinco días hábiles, den contestación a la demanda instaurada en su contra. 15. Por su parte, el actuario adscrito a la Quinta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, en cumplimiento a lo ordenado por el Magistrado de la Quinta Ponencia, el doce de noviembre de dos mil veintiuno, llevó a cabo el emplazamiento ordenado; de igual forma, mediante razón de once de noviembre de dos mil veintiuno, hizo constar que fijó en un lugar visible el "Aviso de muerte", convocando a quienes tengan el carácter de beneficiarios de Iván Alberto Zúñiga Félix, para que comparezcan ante ese Tribunal de Justicia Administrativa, en un termino de treinta días hábiles; 16. Ahora, cabe destacar que la demanda de derechos fundamentales fue presentada el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno; y, posteriormente mediante diligencias de once y doce de noviembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la fijación del "aviso de muerte", así como el emplazamiento ordenado por el Magistrado, respectivamente; lo cual constituyen los actos reclamados. 17. De lo anterior se concluye que en la especie han cesado los efectos de los actos reclamados; por lo tanto se actualiza la hipótesis prevista por la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo. 18. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en el numeral 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Federal de la República. 19. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los numerales 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: 20. ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Liliana Paredes Lugo en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables Magistrado y Actuario adscritos a la Quinta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. 23. Notifíquese a las autoridades responsables; y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Diferimiento de audiencia constitucional (ocho días). Del estado de autos y la certificación que antecede se advierte que no ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, respecto del informe justificado rendido por una de las responsables; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las nueve horas con veintinueve minutos del doce de enero de dos mil veintidós.

  4. Principal

    Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el informe justificado rendido por la secretaria y el actuario adscritos a la Quinta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora; dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales anexas; sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional.

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