Liliana Mendoza Lopez
Expediente 72/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 72/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Liliana Mendoza Lopez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito aclaratorio signado por la promovente Liliana Mendoza López y copias que acompaña, por medio del cual da cumplimiento a la prevención ordenada en autos y al efecto amplía los antecedentes del acto reclamado; en virtud de lo anterior, provéase lo que en derecho corresponda sobre la admisión de dicha demanda. Así, vista la demanda de amparo que promueve Liliana Mendoza López, contra actos del Juez Primero del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad capital y otra autoridad, por violación que estima a los derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se advierte que el acto reclamado se hace consistir, en esencia, en la falta de notificación personal de la sentencia emitida en el expediente de origen o, dicho de otra forma, en la notificación realizada por medio de lista respecto de dicha sentencia definitiva. En ese contexto, una vez analizada la demanda de amparo de que se trata, así como el escrito aclaratorio de cuenta, se arriba a la conclusión de que la misma deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.El precepto anteriormente transcrito, consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de las resoluciones dictadas por un tribunal judicial, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. Debe recordarse que el principio de definitividad que impera en materia de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, previo a su promoción, el impetrante debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal o como lo señala el propio numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, los actos relacionados con el orden penal especificados en ese precepto o bien, tratándose del tercero extraño. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. De ahí que, si se pasaran por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por tribunales judiciales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que agoten las facultades que le competen; el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo supliría las facultades de la administración pública. En el caso, los artículos 73, 74 y 75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí,establecen el incidente de nulidad de actuaciones, en el caso, de notificaciones.De dichos preceptos, se desprende que en contra de aquellas actuaciones y, en específico, de aquellas notificaciones que se consideren realizadas en contravención a las disposiciones de la materia, procede el incidente de nulidad de actuaciones, el cual debe interponerse en la actuación subsecuente en que intervenga quien se sienta afectado, so pena de convalidar de pleno derecho dicha actuación ; asimismo, se desprende que, en caso de resultar procedente la referida incidencia, la actuación o notificación respectiva se declarará nula. Ahora, si en el caso, el acto reclamado se hace consistir en la falta de notificación personal de la sentencia emitida en el expediente de origen o, dicho de otra forma, en la notificación realizada por medio de lista respecto de dicha sentencia definitiva; por tanto, resulta evidente que en su contra se hacía procedente el aludido incidente de nulidad de actuaciones, con lo cual, de resultar fundado, se hubiese declarado nula la notificación respectiva y, como consecuencia, todo lo actuado con posterioridad a ella.Entonces, es evidente que la ahora promovente, al estar vinculada a la relación jurídico procesal de origen, por ser la parte demandad en lo principal, según adujo; esto es, al ser parte formal y material, es que se encontraba obligada a interponer el medio de defensa que consagra la ley que rige el acto reclamado, en aras de obtener la nulificación del acto reclamado y, al mismo tiempo, evitar el abuso del juicio de amparo.No se soslaya lo manifestado por la impetrante, en el sentido de que a través de la demanda de amparo que nos ocupa, solicitó la suspensión del acto reclamado y, desde su consideración, el aludido incidente de nulidad de notificaciones no contempla la suspensión del acto, consideración que estima es una excepción al principio de definitividad; sin embargo, tal aseveración devienen desacertada, pues no existe en la Ley de Amparo disposición que contemple dicha excepción para el caso que se reclame actos respecto de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como sí la existe para el caso de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En esa medida, al no haber agotado el aludido medio de defensa, se actualiza la causal del improcedencia prevista en la citada fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata.Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de enero de dos mil veintidós. Téngase recibida la demanda de amparo que promueve Liliana Mendoza López, y copias que acompaña, contra actos del Juez Primero del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad y otra autoridad; por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 72/2022-III. Pues bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda respecto a la demanda de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 110, 112 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito, bajo protesta de decir verdad y con seis copias del propio ocurso aclaratorio, por corresponder dos para las autoridades designadas como responsables, una para la parte tercero interesada que se menciona, dos para la tramitación del incidente de suspensión que se peticiona y una más para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; cumpla con lo siguiente: Único: Amplíe los antecedentes del acto reclamado. En ese sentido, deberá especificar si en contra de la falta de notificación personal de la sentencia emitida en el expediente de origen o bien, dicho de otra forma, si en contra de la notificación realizada por medio de lista respecto de dicha sentencia definitiva, promovió el incidente de nulidad de notificaciones a que se refiere el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí; la fecha de su interposición y, de ser el caso, la data de su resolución y el sentido adoptado. Lo anterior, en el entendido de que, de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, podría configurar la conducta delictiva prevista en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Circunstancias las anteriores que motivan sendas imprecisiones que, a su vez, constituye irregularidades que deben ser subsanadas en sus términos, a fin de establecer la litis constitucional y, en su caso, la procedencia de la acción de amparo. Apercibida la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte promovente en el domicilio que señala para tal efecto, teniendo como autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, dado que no se proporcionan los datos de los que se desprenda su inclusión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, que las faculte para ejercer la profesión de licenciado en derecho, como lo exige el arábigo en mención.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de enero de dos mil veintidós. Téngase recibida la demanda de amparo que promueve Liliana Mendoza López, y copias que acompaña, contra actos del Juez Primero del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad y otra autoridad; por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 72/2022-III. Pues bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda respecto a la demanda de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 110, 112 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito, bajo protesta de decir verdad y con seis copias del propio ocurso aclaratorio, por corresponder dos para las autoridades designadas como responsables, una para la parte tercero interesada que se menciona, dos para la tramitación del incidente de suspensión que se peticiona y una más para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; cumpla con lo siguiente: Único: Amplíe los antecedentes del acto reclamado. En ese sentido, deberá especificar si en contra de la falta de notificación personal de la sentencia emitida en el expediente de origen o bien, dicho de otra forma, si en contra de la notificación realizada por medio de lista respecto de dicha sentencia definitiva, promovió el incidente de nulidad de notificaciones a que se refiere el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí; la fecha de su interposición y, de ser el caso, la data de su resolución y el sentido adoptado. Lo anterior, en el entendido de que, de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, podría configurar la conducta delictiva prevista en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Circunstancias las anteriores que motivan sendas imprecisiones que, a su vez, constituye irregularidades que deben ser subsanadas en sus términos, a fin de establecer la litis constitucional y, en su caso, la procedencia de la acción de amparo. Apercibida la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte promovente en el domicilio que señala para tal efecto, teniendo como autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, dado que no se proporcionan los datos de los que se desprenda su inclusión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, que las faculte para ejercer la profesión de licenciado en derecho, como lo exige el arábigo en mención.
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