Liliana Menchaca Esparza

Expediente 598/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
598/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Liliana Menchaca Esparza
  • agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    S E N T E N C I A ******************** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, pues estimó vulnerados en su perjuicio los derechos fundamentales a que hace referencia el artículo 16 constitucional, dado el actuar del Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, con sede en Ciudad de México. Admisión y trámite La demanda se admitió bajo número ******************** y, seguido el presente juicio en su trámite, la audiencia constitucional tuvo lugar al tenor del acta anterior, por lo que el asunto se encuentra en estado de resolución. Competencia Este tribunal es competente para resolver el presente juicio al tenor de lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en los Acuerdos Generales 3/2013 y 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues lo reclamado comenzó a ejecutarse en la circunscripción territorial en la que se ejerce jurisdicción. Precisión inicial Es obligación de este tribunal dictar una sentencia clara, fundada y motivada, que resuelva el controvertido propuesto de manera congruente y exhaustiva, acatando el artículo 74 de la Ley de Amparo, que prevé las formalidades de las sentencias relativas. Fijación y certeza del acto reclamado La quejosa reclama la orden contenida en el oficio ******************** de nueve de mayo de dos mil veintitrés, mediante la cual se determina su cambio de adscripción en la Guardia Nacional, de la ciudad de Tijuana, Baja California, al sector central de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, con sede en Ciudad de México; actuar demostrado al tenor de las constancias remitidas por la responsable, que merecen valor pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Examen de procedencia del juicio El juicio instado es improcedente al actualizarse la hipótesis establecida en el artículo 61, fracción XII, primera parte, de la Ley de Amparo. La impetrante aduce que la autoridad responsable vulneró sus prerrogativas al determinar su cambio de adscripción en la Guardia Nacional como Jefa de Departamento de la Coordinación de Secciones de Seguridad a Vías de Comunicación en Tijuana, Baja California, al sector central de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, con sede en Ciudad de México, ya que, en su opinión, no fundó la competencia legal y material para emitir una orden de tal naturaleza. Bajo ese orden de ideas, luego de analizar los argumentos vertidos por la quejosa en su escrito de demanda, así como todas y cada una de las constancias y medios de prueba allegados al presente asunto, se advierte que la orden contendida en el oficio ******************** de nueve de mayo de dos mil veintitrés, mediante la cual se determina su cambio de adscripción en la Guardia Nacional, de la ciudad de Tijuana, Baja California, al sector central de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, con sede en Ciudad de México, no le ocasiona una afectación a su interés jurídico. Al respecto, se impone destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido jurisprudencia directamente relacionada sobre el tema, en la que determinó que la orden de cambio de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo de seguridad pública, no afecta los intereses jurídicos del agente readscrito, con excepción de que se ordene que en la nueva adscripción, se desempeñe en diversas funciones y condiciones de las que venía realizando, toda vez que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquier otra de separación del cargo. El criterio en comento se observa en la jurisprudencia 2a./J. 38/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 310, marzo de 2005, tomo XXI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SEGURIDAD PÚBLICA. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL AGENTE PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO SE REALIZA EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES. La orden emitida por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo preventivo estatal de seguridad pública, conforme a las facultades que le confiere el artículo 13, fracción VII, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, no afecta los intereses jurídicos del agente readscrito, siempre y cuando, en razón de dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquiera otra de separación del cargo, sin que en el caso, el agente policíaco tenga la titularidad del derecho a permanecer en la sede a que fue destinado, puesto que dicho derecho no se advierte a su favor ni en la propia Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, ni en su reglamento." Ahora bien, de la lectura del oficio reclamado, se advierte que el cambio de adscripción de la impetrante del amparo no implica el ejercicio de un cargo de menor jerarquía al que ocupaba, así como tampoco una disminución de las prestaciones que percibe; y menos aún se advierte que se haya determinado una modificación a las actividades que realiza como Jefa de Departamento en la Guardia Nacional, ni que tal cambio de área de trabajo implique un menoscabo en las prerrogativas, percepciones y derechos que le corresponden respecto de dicho puesto. Sin que se inadvierta la manifestación de la quejosa en el sentido de que no desempeñaría sus labores en igualdad de condiciones al cambiarla de adscripción, virtud que no cuenta con casa propia, ni rentada para vivir en Ciudad de México, y que no tiene medio de transporte para trasladarse, ya que dichas condiciones atienden estrictamente al ámbito laboral, no así a circunstancias personales y ajenas a la relación con su empleador. Ciertamente, del oficio que en esta vía se reclama, se pone en relieve que no se determina modificación alguna a las actividades que venía realizando la quejosa o que, a través de ese cambio de adscripción, se modifiquen sus prerrogativas, percepciones y derechos que le corresponden respecto al cargo que ostenta -jefa de departamento-. En síntesis, bajo el criterio adoptado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicado por analogía al presente caso, se concluye que el oficio ******************** de nueve de mayo de dos mil veintitrés, emitido por el Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, con sede en Ciudad de México, por el que se le comunicó a la aquí promovente el cambio de adscripción, no afecta su interés jurídico, pues continúa desempeñando el cargo de jefa de departamento, con la misma jerarquía, nivel y derechos laborales adquiridos, así como percepciones económicas, prestaciones y/o prerrogativas, pues del oficio reclamado, se colige que continuará prestando sus servicios en la Guardia Nacional. A más, la impetrante no exhibió documento alguno con el cual demuestre de manera fehaciente que su nombramiento se le haya otorgado con el carácter de vitalicio o inamovible, para que en todo caso, se considere como titular del derecho para combatir un cambio de adscripción, de modo tal que siendo la quejosa un elemento de la Guardia Nacional, en todo momento y por necesidades del servicio o para el mejor desempeño de su cargo en beneficio de la ciudadanía, puede ser asignada a un lugar diverso para desempeñar sus funciones, sin que ello implique pérdida de antigüedad, jerarquía y emolumentos. Tampoco demostró que las condiciones en las que desempeñará sus funciones en la nueva adscripción, serán variantes con las que ejerce en esta ciudad, de ahí que al no estar evidenciado tal extremo, no se actualiza excepción alguna para considerar procedente el juicio constitucional. Lo anterior, tomando en cuenta que es la promovente del amparo quien debe demostrar su interés jurídico, acreditando que efectivamente le causó algún perjuicio el acto reclamado y, por ende, es quien tiene la carga de la prueba para hacer procedente el juicio biinstancial. Sirve de apoyo la tesis aislada XXVII.6 K del Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1030, octubre de 2003, tomo XVIII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO, CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL QUEJOSO ACOMPAÑAR LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RELATIVOS Y NO AL JUEZ RECABARLOS DE OFICIO." En las relatadas circunstancias, es procedente sobreseer en el presente juicio, de conformidad con la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo. No se inadvierte que el oficio reclamado surgió al mundo fáctico con motivo de la orden contendida en el diverso comunicado ******************** de cinco de mayo de dos mil veintitrés, firmado por el Comandante de la Guardia Nacional, sin embargo, a ningún fin práctico conduciría dar intervención a dicha autoridad, habida cuenta que el sentido del presente fallo no variaría de forma alguna, ante la falta de interés jurídico denotada. Transparencia y acceso a la información Considerando que las partes en el presente juicio no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos.Con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XII, primera parte, 63, fracción V, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo ********************, promovido por ********************, contra el acto del Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, con sede en Ciudad de México, precisado en esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último apartado.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días otorgado a las partes en proveído de tres del mes y año en curso. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data, y en su lugar se fijan las once horas del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense el comunicado y anexo remitidos por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, al que adjunta el informe justificado remitido por la autoridad responsable por conducto de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, por tanto; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días, legalmente computado, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, asimismo, se le tiene designando delegados. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término otorgado a las partes en proveído de trece de los actuales. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data y se fijan las nueve horas con treinta minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese.

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