Liliana María Sánchez Simancas
Expediente 1610/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1610/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 16/11/2022
Partes del expediente
- Liliana María Sánchez Simancas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Téngase a las autoridades señaladas en vías de cumplimiento y se ordena agregar en autos el comunicado descrito para que obre como corresponda.
- Principal
Visto el estado que guaran los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha la autoridad responsable no ha dado cabal cumplimiento al fallo protector, pese a diverso requerimientos efectuados quedando demostrado que las medidas de apremio que expresamente prevé el artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, han resultado ineficaces para que la autoridad demandada (tercera interesada), cumpla con la condena que le fue impuesta. Igualmente, en el presente asunto se determinó que el Tribunal de Arbitraje cuanta con la más amplia gama de instrumentos legales para lograr la ejecución de los laudos. También lo es que, la aducida imposibilidad para cumplir con el laudo, alegada por el Ayuntamiento demandado es la carencia de recursos en su presupuesto de egresos. Ahora bien, es inconcuso que ante la falta de potestad del Congreso del Estado de Jalisco, el Tribunal responsable debe realizar las acciones tendentes a requerir a las autoridades competentes en la materia para que realicen la adecuación o integración del presupuesto de egresos del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, a fin de que esté en posibilidad de pagar el laudo dictado en el procedimiento de origen y a su vez, dar cumplimiento a la sentencia dictada en el amparo en que se actúa. Por ende, en términos del artículo 193, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se precisan las acciones que deberá realizar el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que a su vez se relaciona con la ejecución del laudo dictado en el procedimiento de origen, en los términos siguientes: El Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, requerirá en lo personal al Presidente y Síndico Municipal del Ayuntamiento demandado debiendo identificar debidamente a las personas que ocupan dicho cargo, a fin de que, dentro del plazo de tres días, en el respectivo ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para que: Requieran al organismo municipal encargado del manejo presupuestal del Ayuntamiento demandado, para que en términos del artículo 53, fracción V, inciso a) de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado De Jalisco y 220 último párrafo de la Ley de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco en relación con el diverso 14, fracción I, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios, disponga lo necesario para que de existir ingresos de libre disposición, de inmediato estos sean destinados al pago del laudo. En caso de que no cuenten con esos recursos, de inmediato, conforme lo prevén los artículos 216, 217 y 218 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, se integre el pago del laudo en el proyecto de Presupuesto de Egresos que corresponda al año dos mil veintitrés, tomando en consideración lo que dispone el numeral 212, fracción I, penúltimo párrafo, del propio ordenamiento. Deberá apercibir a los funcionarios de referencia (debiendo precisar su identidad), en su carácter de representantes del Ayuntamiento demandado, que en caso de no cumplir con lo anterior o no acreditarlo con documento fehaciente, se les impondrá a cada uno una multa por el equivalente a cien veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, en términos del artículo 23, penúltimo párrafo de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que resulta aplicable, por las razones establecidas en la jurisprudencia 2a./J. 133/2008, precisando que en el caso, dicha sanción deberá cubrirse con su patrimonio personal y no con el de la entidad demandada, puesto que la medida de apremio no es la prevista por el artículo 143 de dicho ordenamiento. Se cerciorará de que el requerimiento formulado sea notificado personalmente a los funcionarios de referencia, tanto en su calidad de representantes del Ayuntamiento demandado, como de servidores públicos. Transcurrido el plazo otorgado, en caso de omisión, negativa o evasivas, hará efectivos los apercibimientos decretados, realizando las acciones necesarias para su materialización, puntualizando a las autoridades exactoras correspondientes que, en tratándose de las multas, éstas deben ser cubiertas con el patrimonio personal de los servidores públicos mencionados, quedando facultadas para imponer las medidas precautorias que legalmente correspondan, incluso el embargo del salario, sobre el excedente del treinta por ciento del monto del salario mínimo, para cubrir la sanción económica, conforme a las razones establecidas en la tesis jurisprudencial 2a./J. 42/2014 (10a.), aplicable por analogía al caso. Apoya lo anterior, por los motivos que la contienen y por analogía, la tesis (IV Región)2o.38 L (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, registro digital 2023823, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: 'LAUDOS EMITIDOS POR EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO. MECANISMOS LEGALES QUE PUEDE IMPLEMENTAR PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO, EN RELACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA. De la interpretación sistemática de los artículos 128 a 131 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco se colige que el tribunal laboral tiene la obligación de velar por que la ejecución de un laudo se lleve a cabo de manera pronta y expedita, con independencia de que pueda imponer multas como medidas de apremio tendentes a lograr su efectivo cumplimiento. No obstante, también puede dictar otras medidas que, aunque no se encuentren contenidas en dicho ordenamiento, constituyen medios eficaces para lograr el cumplimiento del laudo. Al respecto, el artículo 2, en relación con la fracción I del diverso 17-A de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, establece que los Ayuntamientos pueden destinar el 50% de los ingresos excedentes derivados de los ingresos de libre disposición, cuando menos, para el pago de pasivos, como lo son los adeudos provenientes de una sentencia definitiva, aun cuando dichas erogaciones no estén previstas en el Presupuesto de Egresos, pues así lo establece de manera expresa la fracción II del artículo 16 de la ley aludida. Asimismo, de conformidad con el artículo 109 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en relación con la fracción XXXVIII del artículo 2 referido y la fracción IV del diverso 38 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria indicada, cuando los Ayuntamientos no cuenten con partidas en el Presupuesto de Egresos para cubrir el adeudo generado por un laudo o resolución definitiva, tal pasivo deberá incluirse en el presupuesto del ejercicio fiscal siguiente o, concretamente, en el rubro de presupuesto devengado, el cual comprende las obligaciones de pago reconocidas a favor de terceros. Al margen de lo anterior, el tribunal laboral está obligado a poner sanciones pecuniarias eficaces, las cuales deben recaer sobre los servidores públicos que, en razón de sus atribuciones legales y reglamentarias, están facultados para llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir con el laudo, pues si bien la demandada es una entidad pública, el pago de las multas correspondientes debe ser cubierta con el peculio del servidor público contumaz y no con el del Municipio para el cual presta sus servicios. Finalmente, el tribunal también puede ejercer otras medidas de apremio para vencer la resistencia opuesta por un servidor público municipal, como lo es dar vista a las autoridades competentes para que instruyan un procedimiento administrativo de responsabilidad por desacato, conducta punible en términos del artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación con los diversos 46, fracción VI y 127 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, así como dar vista al Ministerio Público por la posible comisión del delito de desobediencia, previsto en el artículo 298 del Código Penal para el Estado de Tabasco.' Se apercibe a los integrantes del Tribunal responsable que de no hacerlo así sin causa justificada se le impondrá a cada uno, una multa equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido con el artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia que el órgano jurisdiccional responsable se encuentra integrado por Víctor Salazar Rivas, Magistrado Presidente; Alma Angelina Ruiz Santoscoy, Magistrada; y, Lourdes Hernández Flores, Magistrada. Bajo el anotado contexto, se hace del conocimiento de los referidos funcionarios que, en caso de inobservar la orden aquí decretada y reiterar únicamente los medios de apremio, cuya ineficacia jurídica y material para ejecutar el laudo, ha quedado evidenciada en este y en diversos juicios de amparo, se entenderá como un retraso derivado de una evasiva, haciéndose efectiva la sanción decretada. No obstante, a la par del requerimiento que aquí se le ordena imponer, la autoridad responsable cuenta con facultades expeditas para imponer dichos medios de apremio (multa a la entidad demandada y suspensión en el cargo) y los diversos que estime conducentes, en términos del numeral 141, en relación con el 140 y 56, fracción VII, todos de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Por último, se ordena agregar a los autos el escrito presentado por la autorizada de la parte quejosa, sin mayor proveído y dígasele al promoverte que se esté a lo ordenado en párrafos precedentes.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que las partes, no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, dentro del término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se declara que la citada resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, dé cumplimiento a la sentencia dictada en autos, e informe a este Juzgado de Distrito, y remita copias certificadas para acreditar su dicho, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 193, en relación al diverso numeral 258, todos de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirán los autos del presente juicio de garantías al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, a efecto de que dé trámite al incidente de inejecución de sentencia, el cual podrá culminar con la separación de puesto y su consignación. En la inteligencia de que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió en los siguientes términos: ".En consecuencia, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada, a Liliana María Sánchez Simancas, para el efecto de que la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco: Se pronuncia sobre la totalidad de las pruebas ofertadas por las partes y haga lo conducente a fin de que ordene la apertura de la etapa de alegatos.".
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por la Coordinadora General Jurídica y representante legal del Gobernador Constitucional de Guanajuato, por medio del cual pretende rendir su informe previo; comunicado que únicamente se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda, toda vez que el pasado primero de septiembre de la presente anualidad, se dictó sentencia interlocutoria dentro del presente incidente de suspensión.
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