Liliana Lopez Romero
Expediente 392/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 392/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Liliana Lopez Romero
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, quince de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio número 535/2023 signado por la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en el que resuelve: "PRIMERO. Se declara que el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, es legalmente competente para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por ******************** contra los actos y las autoridades descritas al inicio de la presente ejecutoria. SEGUNDO. Remítase testimonio de la presente resolución a los juzgados contendientes; y con los autos al declarado legalmente competente, para su conocimiento y efectos legales conducentes.". Acúsese recibo. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, remitió el expediente al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, al considerar que es el competente para conocer del juicio de amparo número ********************/2022-2A; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa no exhibió documentos, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenara la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, once de agosto de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, con el cual comunica que se admitió a trámite la contienda de competencia, suscitada entre el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, y este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, asimismo, solicita se exponga lo que estime pertinente en relación con el conflicto competencial, dentro del término legal de tres días; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales. En atención a lo anterior, gírese oficio a través del servicio de interconexión tecnológica al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, y dígasele que este juzgado sostiene los argumentos expuestos en el acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós, donde no se aceptó la competencia planteada.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, cinco de julio de dos mil veintidós. Recepción Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, al que se acompaña diversas constancias del juicio de amparo número 662/2022 de su índice, mediante el cual por los motivos y fundamentos que expone se declara incompetente para conocer de la demanda intentada por Liliana López Romero. Formación y registro del expediente Fórmese expediente tanto impreso como electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 392/2022; y al efecto se provee: No se acepta competencia En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a analizar si acepta o no competencia legal para conocer de la demanda de amparo, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Como se dijo anteriormente, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo, prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos dicho ente establecerá también mediante acuerdos generales, el número de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de Juzgados de Distrito, así como su especialización y límites territoriales. El suscrito Juzgado considera, de manera respetuosa, que en la especie no asiste razón al órgano jurisdiccional declinante, de ahí que, no se acepta la competencia planteada. Para dilucidar el tema es necesario señalar que de los antecedentes relatados por el Juzgado Federal declinante, y se derivan las siguientes premisas fácticas del asunto que nos ocupa: La quejosa señala como acto reclamado el emplazamiento llevado a cabo en el exhorto 60/2020 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del ramo Civil del Distrito Judicial de Cajeme, Sonora, con residencia en la Ciudad de Obregón, derivado del juicio sumario civil hipotecario 990/2018 del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia del ramo Civil, con sede en Culiacán, Sinaloa, promovido por Capital Activo, Sociedad Anónima de Capital Variable; dicho emplazamiento se practicó por el actuario Vigésimo Ejecutor adscrito a la central de Actuarios Notificadores y Ejecutores del Distrito Judicial de Cajeme, con cabecera en Ciudad Obregón, Sonora, en el domicilio ubicado en Torrejo número 5404, Fraccionamiento Las Misiones, Ciudad Obregón, Sonora. En este contexto, el órgano jurisdiccional declinante considera que quien debe conocer del presente juicio de amparo es el Juez de Distrito con residencia en Los Mochis, Sinaloa, en virtud de que la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que no sea desalojada o desposeída de la superficie de terreno compuesta de diez hectáreas ubicada en el predio denominado "La Llama" del Municipio de Angostura, Sinaloa; por tanto, concluyó que los efectos de los actos reclamados, tienen naturaleza positiva con ejecución en el domicilio donde se encuentra el inmueble que defiende la parte quejosa, ubicado en el Municipio de Angostura. Sin embargo, respetuosamente, el que resuelve estima que no se surte la competencia para conocer de este asunto en favor de éste órgano jurisdiccional. Es así, pues lo que reclama de manera esencial la parte quejosa es la diligencia de emplazamiento que se practicó por el actuario Vigésimo Ejecutor adscrito a la central de Actuarios Notificadores y Ejecutores del Distrito Judicial de Cajeme, con cabecera en Ciudad Obregón, Sonora, en el domicilio ubicado en Torrejo número 5404, Fraccionamiento Las Misiones, Ciudad Obregón, Sonora. En consecuencia, la regla aplicable al caso que nos ocupa, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que es competente para conocer del juicio de amparo, el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, pues, como se evidenció, el referido acto impugnado y que será materia de estudio en la sentencia de amparo que en su oportunidad se dicte (diligencia de emplazamiento), se ejecutó en el domicilio ubicado en Torrejo número 5404, Fraccionamiento Las Misiones, Ciudad Obregón, Sonora. Precisándose, que este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente Permanente y del legislador ordinario federal, en la medida de que, como se expuso, la intención de éstos fue privilegiar el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y la indicada regla de competencia es la que permite tener mayor certeza en cuanto al cumplimiento de dicho principio, toda vez que, al atribuir competencia al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el domicilio donde se practicó el emplazamiento reclamado, existe seguridad jurídica de que éste tendrá la facilidad de acudir al órgano jurisdiccional a desahogar las diligencias necesarias, a fin de que se dilucide de manera expedita sobre la violación de sus derechos fundamentales. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 37 primer párrafo de le Ley de Amparo, este Juzgado Federal, no acepta la competencia declinada para conocer de la demanda de garantías promovida por Liliana López Romero, por propio derecho, por las razones vertidas en párrafos precedentes, por lo que se ordena devolver de manera inmediata de la demanda de amparo y copias de la misma, al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes relativo a este juicio de amparo número 392/2022. Lo anterior, no obstante que el bien inmueble relacionado con el juicio de origen, se ubique en Angostura, Sinaloa, donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción territorial, pues como se precisó, el acto reclamado y que será motivo de estudio, es la diligencia de emplazamiento practicada en los autos del juicio de origen y, en estos casos resulta competente el juez de amparo que ejerce jurisdicción en el lugar donde se practicó dicha diligencia que tuvo ejecución material. Es aplicable la Tesis de Jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 17/2022 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Página 3668 del Tomo IV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo2022, Libro 13, Materia Común, Undécima Época, Registro digital 2024553, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada-, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada. Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo.". Y, la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 110/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Página 1204 del Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2013, Libro XXIV, Materia Común, Décima Época, Registro digital 2004414, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN QUE SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO POR VICIOS PROPIOS Y LOS ACTOS QUE PROSIGUIERON. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Cuando en una demanda de amparo se reclaman el emplazamiento a juicio por su indebida práctica (no por su ausencia) y todas las actuaciones del juicio de origen, incluida la sentencia o el laudo que pone fin a la contienda y la ejecución, resulta competente para conocer del juicio del Juez de Distrito que previno, acorde con el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente.". En las relatadas condiciones, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa con sede en Culiacán, y se ordena devolver. En consecuencia, se ordena formar con copia certificada de la papeleta de turno, demanda de amparo y el presente proveído, el cuaderno de antecedentes respectivo para constancia legal.
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