Liliana López Ramírez

Expediente 87/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
87/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
08/12/2020

Partes del expediente

  • Liliana López Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, ocho de diciembre de dos mil veinte. Causa ejecutoria sentencia. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la misma ley, contra la sentencia de veintinueve de octubre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Se devuelve expediente Devuélvasele al Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc el expediente 782/2013 del índice del entonces Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, que adjuntó al rendir su informe justificado, el cual obra por cuerda separada en el cuaderno de pruebas. Se ordena archivo. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Inexistencia de documentos: Como se advierte en la certificación, en el presente asunto no obra documento alguno aportado por la parte quejosa. ( Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número ********************, promovido por********************; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, LILIANA LÓPE********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de los actos reclamados de la JUEZ FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO y OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL NÚMERO 1 DE NEZAHUALCOYOTL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, consistentes en: "V.- ACTO RECLAMADO. De las autoridades señaladas como responsable reclamo: La falta de llamamiento a Juicio. Todas y cada una de las actuaciones, notificaciones y citaciones derivadas del trámite del supuesto juicio en caso de que el mismo exista, el cual se ha seguido en mi contra, por no haber sido emplazada a juicio." Estos actos los consideró violatorios del artículo 14 Constitucional. SEGUNDO. Trámite. El seis de febrero de dos mil veinte, se radicó la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el expediente ********************, y se admitió a trámite, se solicitaron los informes justificados correspondientes, se dio la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Importa señalar que el veintiocho de julio del año en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en el que determinó que, a partir del tres de agosto del año en curso, se reanudan en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta de julio de dos mil veinte. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV y 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que el acto reclamado no requiere ejecución y la demanda de amparo se presentó ante los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala. SEGUNDO. Precisión de actos. Previo al estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, de conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procederá a fijarlos en forma clara y precisa. Así, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo y del Oficial del Registro Civil Número 1 de Nezahualcoyotl, en la Ciudad de México: La falta o ilegal emplazamiento al juicio de divorcio necesario, radicado con el número de expediente ********************, del índice del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo Todo lo actuado dentro del citado juicio. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables, Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y Oficial 01 del Registro Civil de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, ambos en sus denominaciones correctas, al rendir sus respectivos informes justificados manifestaron ser cierto los actos reclamados. Lo que corrobora en especial, con los autos originales del expediente ******************** del índice del extinto Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, actualmente Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, relativo al juicio de divorcio necesario promovido por ********************contra ******************** documental pública a la cual se le confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el último párrafo, del artículo 2°, de este último ordenamiento legal. CUARTO. Oportunidad de la demanda de amparo. A efecto de establecer si la demanda fue presentada oportunamente, debe atenderse al acto reclamado que se hace consistir en la falta de emplazamiento al juicio de divorcio necesario ******************** del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; asimismo, debe tomarse en cuenta lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, el cual señala los plazos para la interposición del juicio constitucional dependiendo de la naturaleza del acto reclamado: "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: "I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; "II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; "III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; "IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Ahora bien, como el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo general que es de quince días. Así, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 18 del mismo ordenamiento legal, existen tres hipótesis para el cómputo dicho plazo: a.- A partir del siguiente en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. b.- A partir del día siguiente a aquél en el cual el quejoso haya tenido conocimiento de él o de su ejecución. c.- A partir del día siguiente a aquél en el cual el quejoso se hubiese ostentado sabedor del mismo. En el presente asunto, tenemos que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el catorce de enero de dos mil veinte (foja 4). Por tanto, de acuerdo al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la interposición de la demanda empezó a contarse a partir del día siguiente a que tuvo conocimiento del acto reclamado. En ese tenor, dicho plazo comenzó a correr el quince de enero y concluía el seis de febrero de dos mil veinte, tomando en consideración que los días uno, dos, tres y cinco de febrero de dos mil veinte fueron inhábiles, conforme a los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conforme a la siguiente tabla ilustrativa: ENERO DE 2020 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 13 14 Fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado 15 (Día1) Inicia cómputo de quince días 16 (Día 2) 17 (Día 3) 18 Día inhábil 19 Día inhábil 20 (Día 4) 21 (Día 5) 22 (Día 6) 23 (Día 7) 24 (Día 8) 25 Día inhábil 26 Día inhábil 27 (Día 9) 28 (Día 10) 29 (Día 11) 30 (Día 12) 31 (Día 13) FEBRERO DE 2020 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Día inhábil 2 Día inhábil 3 (Día inhábil) 4 (Día 14) Presentación de la demanda 5 (Día inhábil) 6 (Día 15) Concluye cómputo de quince días 7 8 9 Luego, si la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala el día cuatro de febrero de dos mil veinte, como se aprecia de la papeleta visible a foja 1, es inconcuso que se encuentra dentro del plazo de quince días señalado por la ley para interponer el juicio. QUINTO. Examen de causal de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del asunto, este Tribunal Federal debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que constituyen una cuestión de orden público y estudio preferente, y además, porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, esta juzgadora de oficio advierte que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción II, y 108, fracción III, todos de la ley de la materia, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 5.-. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)" Ahora bien, del artículo 5° de la Ley de Amparo, se obtiene que las partes en ese juicio de amparo son, entre otras, la autoridad o autoridades responsables, cuyo carácter recae en aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado, o bien, que omite realizarlo. En ese sentido, la autoridad responsable en el juicio de amparo es el órgano estatal de facto o jure, investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular y determinada de una manera imperativa. A ese tenor, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que debe atenderse a la naturaleza del derecho que se defienda por la vía constitucional, para estar en aptitud de determinar qué actuación es la que genera la afectación alegada, y, por tanto, cuál es la autoridad que la emitió, en quien deberá recaer el carácter de responsable. De este modo, señaló nuestro más Alto Tribunal, de manera ejemplificativa, si el quejoso es titular del derecho o bien que debaten actor y demandado en un juicio, sufre el perjuicio desde que se inició el procedimiento sin haber sido emplazado, o haberse realizado el emplazamiento con vicios que le impidieron comparecer a defender sus derechos subsistiendo el perjuicio durante todo el juicio y, en su caso, en la ejecución; en esas condiciones, si todo el procedimiento le causa perjuicio, inclusive la sentencia definitiva y su ejecución (si hasta ahí se llegó), serán autoridades responsables el Juez y, en sus respectivos casos, el actuario, el tribunal de segunda instancia y los ejecutores. Sobre esa base, en el caso comparece al amparo ********************y reclama sustancialmente: La falta o ilegal emplazamiento dentro del juicio de divorcio necesario radicado con el número de expediente ********************, del índice del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, y como consecuencia todo lo actuado dentro del mismo, incluyendo los actos de ejecución de sentencia. Al efecto, señala como autoridades responsables al Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y Oficial 01 del Registro Civil de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, ambos en sus denominaciones correctas; sin embargo, de las constancias previamente valoradas, se destaca que en el juicio de origen se llevó a cabo el emplazamiento de la parte demandada, hoy quejosa, el dieciocho de octubre de dos mil trece (foja 63 folio del expediente de origen), por conducto del Diligenciario adscrito al Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, en auxilio del juzgado responsable, solicitado a través de despacho 99/2013; de ahí que, atento a lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es a ésta autoridad a quien corresponde el carácter de responsable por ser quien realizó el emplazamiento reclamado. Por consiguiente, si el quejoso se abstuvo de designar como autoridad responsable al citado Diligenciario adscrito al Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, no obstante que tuvo la oportunidad de ampliar la demanda por dicha autoridad, por ser quien llevó a cabo la diligencia de que se duele, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de dicho acto, puesto que no se llamó a la autoridad que lo efectuó, ni fue oída en el juicio, cuando acorde con lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Lo anterior, resalta la necesidad de citar a juicio a toda autoridad que hubiere intervenido en la emisión y ejecución del acto reclamado, dado que es imposible jurídicamente examinar la constitucionalidad de los actos de una autoridad no señalada por el quejoso como responsable. Por lo que es al Diligenciario adscrito al Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, a quien corresponde defender su acto, porque es quien conoce los pormenores de la diligencia en la que se practicó el emplazamiento que se reclama. En tal virtud, si la solicitante de amparo no lo señaló como autoridad responsable, es evidente que la citada autoridad no tuvo la oportunidad de emitir informe con justificación y defenderse dentro juicio constitucional, y por ello se surte la causal de improcedencia que se invoca. Se cita al caso, por analogía, la tesis XI.2o.9 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: Época: Novena Época Registro: 201969 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996 Materia(s): Común Tesis: XI.2o.9 K Página: 765 "ACTUARIO. SI NO ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMBARGO QUE REALIZO, DEBE TENERSE POR CONSENTIDO EL ACTO. Si el actuario que llevó a cabo el embargo no fue señalado por el quejoso ni llamado al juicio constitucional a efecto de que en su carácter de responsable, defendiera tal acto que se le atribuye, es evidente que el mismo se considera consentido y torna improcedente el juicio de garantías planteado contra ese acto de embargo." Por otra parte, se debe precisar que el señalamiento de las autoridades responsables es una obligación de la parte quejosa, y no del Juez de Distrito, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, por ende, la omisión de llamar a juicio a alguna autoridad por falta de señalamiento del impetrante, no puede estimarse como una infracción a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, ni da pauta a suplir la deficiencia de la queja para subsanar tal irregularidad, ya que conforme a lo establecido en el artículo 79, de la ley de la materia, solo opera para subsanar las deficiencias en los conceptos de violación o agravios en su caso. Así lo determinó la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 3a. LXXXIII/91, que en seguida se transcribe: Época: Octava Época Registro: 206996 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Mayo de 1991 Materia(s): Común Tesis: 3a. LXXXIII/91 Página: 45 "SUPLENCIA DE LA QUEJA. NO PUEDE OPERAR PARA SUBSANAR LA OMISION DE LA PARTE QUEJOSA DE LLAMAR A JUICIO A UNA AUTORIDAD QUE TIENE EL CARACTER DE RESPONSABLE. El señalamiento de las autoridades responsables es una obligación que pesa sobre la parte quejosa y no en el juez de Distrito, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo, de manera que la falta del llamado a juicio de una autoridad deriva de la omisión de señalarla como responsable, no puede llevar a establecer que se infringen las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de garantías, ni puede operar la suplencia de la queja para subsanar la omisión, en tanto que la figura de referencia, prevista por el artículo 76 bis de la citada ley, se da en relación con los conceptos de violación o de los agravios hechos valer en el recurso correspondiente, lo que permite perfeccionarlos, aclararlos o completarlos." Máxime, si la parte quejosa tuvo a la vista las constancias del expediente natural, por lo que tuvo en la oportunidad de señalar al citado Diligenciario adscrito al Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos. Por tanto, al haberse actualizado la aludida causal de improcedencia, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos atribuidos al Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y Oficial 01 del Registro Civil de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, dado que los actos que se les atribuyen, son como consecuencia del ilegal emplazamiento de dieciocho de octubre de dos mil trece, mismo que no ha sido analizado dentro del presente juicio, por las razones antes apuntadas. Luego entonces, al haberse decretado el sobreseimiento de este juicio constitucional, la suscrita se encuentra jurídicamente imposibilitada para estudiar el fondo del amparo, según el criterio sustentado en la jurisprudencia publicada en la página 57, de la Gaceta número setenta, del Semanario Judicial de la Federación, del mes de Octubre de 1993, cuyo tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 61, 63, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por LILIANA LÓPE********************, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. SEGUNDO.- Al hacerse pública la presente sentencia deberá tomarse en cuenta que las partes no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese por lista a las partes quejosa y tercero interesado, vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio o correo electrónico a las autoridades responsables.

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