Liliana Lizbeth Jiménez Castellanos

Expediente 450/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
450/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
22/11/2019

Partes del expediente

  • Liliana Lizbeth Jiménez Castellanos
  • Agente del Ministerio Público adscrita

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que feneció el plazo de quince días que establece la ley de la materia para recurrir el auto por el que se declaró cumplida la sentencia de amparo, sin que las partes hubieran interpuesto el recurso de inconformidad. En consecuencia, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se precisa que el expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el último párrafo del numeral vigésimo primero del citado acuerdo, pues no se ventiló algún tema relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental; tampoco contiene alguna resolución impugnada ante organismos públicos internacionales; ni se refiere a conflictos colectivos trascendentes, o algún otro de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora bien, de conformidad con la fracción IV del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General, tomando en consideración en que se concedió el amparo en el presente juicio, éste se considera susceptible de DEPURACIÓN, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. Finalmente, se tiene por recibido el oficio suscrito por el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, por medio del cual, remite copias certificada de la actuación de once de noviembre del presente año, así como del acuse de recibo del oficio ME/591/2019, remitido al Secretario de Seguridad Pública del Estado; ahora bien, tan solo se ordena agregar el oficio y anexos para que obren como constancia, en virtud a lo acordado en párrafos precedentes.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA AL QUEJOSO, EL AUTO DICTADO EL 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: De autos se advierte que se encuentra indeterminada la denuncia de repetición de acto reclamado planteada en actuaciones, por estimar que la autoridad responsable incurre en la misma transgresión de derechos fundamentales relativos a la falta de administración en tiempo y forma dentro del juicio laboral con número de expediente 1773/2016-E, reclamados en el presente juicio biinstancial, respecto de los que se concedió el amparo solicitado. Ahora bien, es de acotar que conforme a la Ley de Amparo vigente, en su artículo 199, primer párrafo, de la Ley de Amparo , la denuncia de la repetición del acto reclamado debe formularse dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del juicio de amparo. Y, conforme a la interpretación que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó de los numerales que prevén dicha figura jurídica -contenidos en la Ley de Amparo vigente-, resultó la tesis P./J. 10/2018 (10a.) , de rubro y texto siguiente: "DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA NO ESTÁ CONDICIONADA A QUE PREVIAMENTE EL ÓRGANO DE AMPARO TENGA POR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR.- Conforme a los artículos 199 y 200, en relación con los diversos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, la repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de 15 días; denuncia que puede ser presentada independientemente de que exista un pronunciamiento por parte del órgano de amparo respecto del cumplimiento del fallo protector, porque la regulación de ambos procedimientos resulta autónoma entre sí, por lo que su resolución no guarda prelación alguna, ya que el cumplimiento del fallo protector debe analizarse de oficio por el tribunal de amparo, estudiando si la autoridad responsable acató lo ordenado en la sentencia federal y verificando que no haya exceso o defecto en el cumplimiento mencionado, mientras que la denuncia de repetición del acto reclamado no procede de oficio, pues debe hacerla valer la parte que considere que el nuevo acto o resolución es reiterativo del declarado inconstitucional, dentro del plazo de 15 días, y su tramitación es diversa y autónoma del procedimiento para tener por cumplida la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, el justiciable tiene legalmente el derecho de denunciar la repetición del acto reclamado independientemente de que exista la resolución que tenga por cumplido el fallo protector, por lo que podrá hacerla valer considerando como acto repetitivo la resolución o acto con el cual la autoridad dio cumplimiento a la sentencia de amparo o un nuevo acto o resolución distinto y posterior al que se tomó en cuenta para tener por cumplida la ejecutoria de amparo." De la ejecutoria de la que derivó el citado criterio jurisprudencial, se advierte, literalmente lo siguiente: "[.] la Ley de Amparo prevé el procedimiento que debe seguirse en la tramitación de la denuncia de repetición del acto reclamado, así como los plazos y condiciones a que su resolución está sujeta. No obstante, la normativa referida no prevé, en forma expresa, que para la procedencia de la denuncia de repetición del acto reclamado deba existir la resolución en que se declare cumplida la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, para dilucidar si tal aspecto es o no exigible y con ello dar solución al punto de contradicción que nos ocupa, conviene tener en cuenta las siguientes consideraciones: (.) este Tribunal Pleno considera que la denuncia de repetición del acto reclamado, como medio de defensa que la ley otorga a los justiciables, tiene como finalidad impedir que la autoridad responsable, con posterioridad al pronunciamiento de la sentencia que concede la protección constitucional, o de la declaratoria en que se tuvo por cumplida la misma, emita un nuevo acto que reitere las mismas violaciones a derechos humanos determinadas en la ejecutoria de amparo. Luego, en virtud de que la resolución que determina el cumplimiento de la sentencia de amparo y la repetición del acto reclamado están regulados con autonomía por la Ley de Amparo, ya que pueden tramitarse uno y el otro con independencia, no es viable concluir que para la procedencia de la denuncia de repetición del acto reclamado, resulta indispensable que el órgano de amparo previamente realice el pronunciamiento respecto de que está cumplida su ejecutoria, y hasta entonces, si el quejoso estuviera en desacuerdo con tal pronunciamiento por estimar que la autoridad responsable, si bien formalmente cumplimentó la sentencia de amparo, al emitir la nueva resolución, ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado, se encontrará en aptitud de promover la denuncia respectiva. Asumir un criterio diverso, no sólo haría una distinción que el legislador democrático no previó, sino también restaría eficacia a un medio de defensa que las personas tienen a su alcance, consistente en la posibilidad de presentar denuncia de repetición del acto reclamado cuando la autoridad responsable emite un nuevo acto o sentencia en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, que se considere idéntico al emitido previamente por contener los mismos vicios de inconstitucionalidad por los que ya se concedió la protección constitucional. De este modo, válidamente puede afirmarse que los justiciables legalmente cuentan con el derecho de denunciar la repetición del acto reclamado, con independencia de que se haya o no emitido la resolución en que se declare cumplida la sentencia federal. Cierto es que, conforme a la Ley de Amparo vigente, el tribunal de amparo tiene la obligación de pronunciarse respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, debiendo analizar si ésta fue cumplida sin excesos ni defectos. Sin embargo, dicha circunstancia no puede entenderse con el alcance de restar eficacia al derecho de las partes interesadas de hacer valer la denuncia de repetición del acto reclamado, sino, en todo caso, como una muestra de la relevancia que para el legislador federal tiene el cabal cumplimiento de las sentencias que conceden la protección constitucional. Bajo esta interpretación, el quejoso cuenta con diversos momentos (uno procesal, antes de que se declare cumplida la sentencia y uno posterior a tal declaratoria), en los cuales válidamente puede promover la denuncia de repetición de acto reclamado. En efecto, en primer lugar, cuando la autoridad responsable da cumplimiento a la sentencia de amparo; y, en segundo lugar, respecto de un nuevo acto emitido por la autoridad responsable distinto y posterior al que se tomó en cuenta para tener por cumplida la ejecutoria de amparo, siempre que el interesado considere que contiene los mismos vicios de inconstitucionalidad por los cuales se otorgó el amparo. Bajo el citado contexto, resulta claro que existen dos momentos procesales en los que se puede realizar la denuncia de repetición de acto reclamado: 1) antes de que se declare cumplida la sentencia y, 2) posterior a dicha declaratoria. Luego, en caso de que se promueva en el primer momento, se demostrará dicha repetición de acto reclamado, con el nuevo acto que la responsable emita a fin de dar cumplimento al fallo protector; y, en tratándose del segundo momento, a fin de demostrar que el nuevo acto emitido por la responsable incurre en la aludida reiteración de acto impugnado, debe ser distinto y posterior al que se tomó en cuenta para tener por cumplida la ejecutoria de amparo. En el caso, la parte quejosa eligió promover la repetición de acto reclamado, en el segundo de los momentos referidos en líneas anteriores, esto es, una vez que este juzgado federal consideró que el fallo protector se encontraba cumplido. Ahora bien, conviene retomar que en el caso, los efectos de la sentencia protectora, se hicieron consistir en lo siguiente: "De inmediato, acredite con documento fehaciente que realizó las notificaciones a la parte actora y a los ratificantes a fin de llevar a cabo el desahogo de la audiencia de ratificación de firma y contenido admitida a la parte demandada a cargo de los ciudadanos Enrique Flores Domínguez, Francisco Javier Oropeza Barbero y Juan Diego de Jesús Mera Martínez, dentro del juicio laboral 1773/2016-E. Asimismo, en caso de que por causas imputables a la autoridad responsable, no hubiese llevado a cabo el desahogo de la audiencia prevista para el nueve de mayo último, acredite haber señalado una nueva en la que se ajuste al plazo y término previsto por el artículo 884 de la Ley Federal del Trabajo abrogada, de aplicación supletoria a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; o, en su defecto, informe la causa legal que le impida hacerlo." Luego, a fin de acatar tal determinación, en observancia al requerimiento de cumplimiento al amparo concedido, efectuado mediante auto de veintisiete de junio próximo pasado, la responsable remitió diversas constancias que se tuvieron por recibidas en proveído de ocho de julio del año en curso, consistentes en las notificaciones ordenadas, así como el proveído en el que se fijó nueva fecha para el desahogo de la audiencia relativa a la prueba de ratificación y contenido, con las que se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que su interés legal conviniera, apercibiéndole que no realizar señalamiento alguno al respecto, se pronunciaría lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo. Así, ante la falta de manifestación por parte de la quejosa, en proveído de cinco de agosto de la anualidad que transcurre, este juzgado de Distrito consideró que la sentencia se encontraba colmada. Luego, por escrito de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, la parte quejosa formuló la denuncia de repetición de acto reclamado cuyo estudio ahora nos ocupa, y a fin de evidenciarlo, anexó al escrito relativo, copias de los acuerdos emitidos por la responsable el nueve de mayo, veintiséis de junio, once y treinta de julio, y dieciséis de agosto, todos del año en curso -los primeros dos, allegados por la responsable a fin de evidenciar el cumplimiento al fallo protector, con los que se le dio vista-. Luego, de dichos acuerdos, remitidos en copia certificada por la autoridad responsable cuando rindió el informe correspondiente a la denuncia de repetición de acto reclamado, a los que se les otorga valor probatorio conforme a lo previsto por el artículo 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, si bien se advierte la programación de fechas para el desahogo de la prueba de ratificación de firma y contenido admitida a la parte demandada, fuera del plazo de diez días a que alude el numeral 884 de la Ley Federal del Trabajo; también cierto es, que el tiempo que excede a dicho término, es mínimo. Se explica: En el acuerdo de nueve de mayo, se programó el veintiséis de junio; en éste, se señaló el once de julio; en éste treinta de julio, en éste el dieciséis de agosto y, finalmente, en éste, el trece de septiembre. Así, se obtiene que el periodo más extenso transcurrido entre dichas fechas programadas, fue de treinta y cuatro días (entre el nueve de mayo y veintiséis de junio) y, entre las restantes fechas fue de uno, tres y diez días. Ahora bien, conviene traer a colación el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En dicho criterio se fijó un parámetro para establecer cuándo una dilación procesal en juicios instados en materia de trabajo, se considera excesiva y, en consecuencia, refleja una parálisis del procedimiento en perjuicio de la parte quejosa; siendo éste el de cuarenta y cinco días posteriores a la fecha en que legalmente debieron pronunciarse los actos procesales respectivos. Y en el caso, como se estableció en párrafos anteriores, el periodo más extenso transcurrido entre las fechas programadas, fue de treinta y cuatro días; de ahí que a juicio de quien ahora resuelve, no se está en el supuesto de considerar que la responsable incurrió en desacato al fallo protector, de manera contumaz o intencional, que constituya una demora que, prácticamente, sea una verdadera interrupción arbitraria del proceso. Bajo las apuntadas consideraciones, y si conforme al contenido de la jurisprudencia citada en líneas anteriores, se necesita del transcurso de la apuntada temporalidad de cuarenta y cinco días, a efecto de considerar que se causa agravio a la parte quejosa, derivado de la dilación procesal que llegue a presentar algún procedimiento; ello, permite afirmar a esta juzgadora que la programación de las audiencias para el desahogo de la prueba de ratificación de firma y contenido admitida a la parte demandada, fuera del término de diez días a que alude el artículo 884 de la Ley Federal del Trabajo abrogada, de aplicación supletoria a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, es de considerarse como fijada dentro de un parámetro de aceptación, si en cuenta se tiene la excesiva carga de trabajo que presenta la autoridad señalada como responsable; situación que, incluso, propició las reformas en materia laboral, realizadas en el año dos mil doce. Bajo las apuntadas circunstancias, se considera infundado el incidente de repetición del acto reclamado, pues para que la responsable incurra en un acto de esa naturaleza, debió conducirse con el mismo vicio de inconstitucionalidad que fue objeto de estudio y motivó la concesión de la protección de justicia federal; mismo que resultó de analizar que en proveído de nueve de febrero de dos mil diecinueve, había fijado fecha para desahogo de prueba de ratificación de contenido y firma de documentos, hasta para el nueve de mayo del año en cita, esto es tres meses después. Circunstancia que, como se explicó y evidenció con anterioridad, no fue así.

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por XXXXX, en su carácter de apoderado de XXXXXX, por medio del cual, desahoga la vista formulada en proveído de cuatro de septiembre del presente año, de conformidad con el artículo 199 de la Ley de Amparo, realiza diversas manifestaciones respecto de la denuncia de repetición del acto reclamado instaurada en el presente juicio de amparo, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el incidente de repetición del acto reclamado en que se actúa.

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