Liliana Klimex Salgado

Expediente 1199/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1199/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
07/12/2016

Partes del expediente

  • Liliana Klimex Salgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    Visto el estado que guardan los autos del juicio principal del que deriva el cuaderno incidental en que se actúa, , en específico el proveído de esta fecha, en el que se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el juicio principal; por tanto, deja de surtir efectos la suspensión definitiva concedida y a efecto de observar lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se procede a la valoración de los presentes cuadernos. Por cuanto hace al ORIGINAL del incidente de suspensión, toda vez que el veinte de octubre de dos mil dieciséis, se concedió la medida cautelar solicitada, es susceptible de ser DEPURADO, una vez transcurridos cinco años de dictada la resolución definitiva acorde con lo dispuesto en el punto Vigésimo Primero, fracción III, párrafo segundo; y respecto al DUPLICADO del citado incidente, éste deberá de ser DESTRUIDO una vez transcurridos seis meses de haberse resuelto la suspensión definitiva solicitada, de conformidad con lo establecido en el punto Vigésimo, fracción III, del Acuerdo General antes mencionado; en consecuencia, remítanse al archivo hasta en tanto transcurran los plazos antes señalados.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto dictado el siete de noviembre de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes; lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero del citado Acuerdo General, notifíquese personalmente al quejoso, para que dentro del plazo de noventa días se apersone debidamente identificado ante este órgano jurisdiccional a recoger los mismos previo acuse de recibo que se deje en autos, apercibido que en caso de no hacerlo en la forma y plazo aquí indicados, se entenderá por consentida la DESTRUCCIÓN de las mismas junto con el presente expediente. Finalmente, en cuanto a la valoración de los cuadernos incidentales, acuérdese lo procedente por cuerda separada.

  3. Principal

    Visto el oficio y anexos signado por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite los cuadernos incidentales que se le solicitaron; por tanto, quedan subsistentes los lineamientos en que se resolvió sobre la suspensión provisional y definitiva, en la forma y términos en que se encuentran proveídas, atento a lo anterior hágasele el cambio de carátula correspondiente y acúsese recibo de estilo correspondiente.Asimismo, téngase por recibido el oficio 2660 signado por el Juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Bravo, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite copias certificada derivadas de la causa penal 147/2015-II, del cual se aprecia que el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, dictó auto de plazo constitucional, el cual decretó auto de formal prisión a la quejosa Liliana Klimek Salgado, por el delito de fraude especifico, cometido en agravio de Miguel Ángel Camacho Mancilla.Analizadas las constancias de mérito, este Juzgado Federal, advierte de oficio la actualización de una causal de improcedencia que impide el análisis de la acción constitucional, como enseguida se demostrará.En efecto, se aprecia que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación.Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente."Es preciso destacar que la ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que, al existir un cambio de situación jurídica no es jurídicamente viable, sino ocioso, emprender el análisis de un acto que quedó superado por otro en la inercia procesal y la situación jurídica de la quejosa es otra al encontrarse en una etapa procesal distinta de la que en inicio aduce le causó agravio y que motivó la promoción del juicio, ya que además de analizar la anterior situación jurídica que constituyó de inicio el acto reclamado, necesariamente afectará la nueva, por lo que no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas, dado que el cambio dejó irreparablemente consumadas las violaciones que en su caso hubieren existido.Los elementos que determinan la actualización de esa causa de improcedencia son:a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio;b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo;c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda.Hipótesis que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro y texto siguientes:"CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional."En el caso, la autoridad responsable el Juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Bravo, con residencia en esta ciudad, remitió copias certificadas de la resolución dictada el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 147/2015-II, en la que dictó auto de formal prisión, a Liliana Klimek Salgado, aquí quejosa, por el delito de fraude especifico, en agravio de Miguel Ángel Camacho Mancillo, a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2° de esta última legislación.Ahora bien, lo que justifica la causal en estudio es que, no es jurídicamente factible analizar y en su caso decidir respecto de aquél acto reclamado (orden de aprehensión); toda vez que dicha etapa procesal fue sustituida por el auto de formal prisión, cambiando con ello, la situación jurídica que la impetrante de garantías reclamó al inicio de su demanda de amparo.Tiene aplicación al caso, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen:"CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos."Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de febrero de dos mil tres, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el Legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."Por tanto, tomando en consideración que ha cambiado la situación jurídica que la quejosa reclamó al inicio de su demanda de garantías, se actualiza la causal de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; consecuentemente, con fundamento en el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se impone SOBRESEER en el presente juicio de garantías FUERA DE AUDIENCIA.Es así, toda vez que ningún objeto tiene ya continuar con el trámite del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido.Por ende, no es jurídicamente factible analizar y en su caso decidir respecto de aquél acto reclamado (orden de aprehensión); en virtud de que dicha etapa procesal fue sustituida por el auto de formal prisión, cambiando con ello, la situación jurídica que la impetrante reclamó al inicio de su demanda de garantías.En virtud de lo anterior, SE DEJA SIN EFECTOS LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL QUE TENDRÍA VERIFICATIVO A LAS TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales conducentes; y hagan se las anotaciones respectivas en el libro de gobierno.

  4. Principal

    Visto el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite el original del oficio suscrito por el Agente Titular del Ministerio Público adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, residencia en esta ciudad.Por tanto, agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público citado, mediante el cual pretende rendir informe justificado, toda vez que en el presente juicio de amparo únicamente se le dio vista con la interposición de la demanda de amparo, a fin de que esté en aptitud de formular alegatos en la celebración de la audiencia constitucional, en términos del inciso e), de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo.

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