Liliana Janette González Villaseñor
Expediente 818/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 49 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 818/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 49
- Última actuación
- 28/03/2023
Partes del expediente
- Secretario de Salud del Gobierno de México
- Liliana Janette González Villaseñor
- José Rubén Rosales Gutiérrez
- R. .G. R. G.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 49.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto el recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2º, de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la aludida resolución ha causado estado para todos los efectos de ley. No representa obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que no se contabilice a la autoridad responsable el término de diez días para interponer el recurso de revisión, puesto que al haberse sobreseído en el juicio de garantías solamente al quejoso es a quien pudo afectar el sentido del fallo, por ende, es el legitimado para interponer el citado recurso, no así la autoridad responsable, como lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo. Archívese este juicio de amparo como asunto concluido. Ahora bien, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal es susceptible de depurarse y deberá de conservarse. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General invocado, este asunto se considera no relevante.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano otorgada en el juicio de amparo número 818/2022, promovido por **, contra actos del Secretario de Salud del Gobierno de México, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, Secretario de Bienestar del Gobierno de México y Secretario de Salud del Estado de Jalisco. R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el doce de mayo de dos mil veintidós a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, **en su carácter de representante común de los quejosos, promovió incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, concedida el veintiséis de abril de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 818/2022, tramitado en este Juzgado de Distrito, respecto de las autoridades Secretario de Salud del Gobierno de México, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, Secretario de Bienestar del Gobierno de México y Secretario de Salud del Estado de Jalisco (registrado 10603). SEGUNDO. Mediante acuerdo dictado el trece de mayo dos mil veintidós, se ordenó la tramitación del incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, motivo por el cual se requirió a las autoridades responsables Secretario de Salud del Gobierno de México, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, Secretario de Bienestar del Gobierno de México y Secretario de Salud del Estado de Jalisco por la rendición de su informe y se señaló fecha para la celebración de la audiencia de alegatos; la que se desahogó el veintiocho de diciembre dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede. TERCERO. En proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se tuvo al Director de lo Contencioso de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, en representación de la Secretaría de Salud y sus dependencias, rindiendo el respectivo informe solicitado En proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se tuvo al Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría del Bienestar, rindiendo el informe respectivo solicitado C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver del presente incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, acorde con lo establecido en los artículos 206 a 209 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Motivos de inconformidad. El denunciante expresó como argumentos para demostrar el defecto en el cumplimiento a la suspensión, lo siguiente: "toda vez que primeramente a pesar de haber señalado las ocho horas del seis de mayo pasado, como lo manifestó en su oficio de terminación 2214/2022, para que en esa data la menor A. G. S. R., recibiera la primera dosis de la vacuna contra SARS-CoV-2 (COVID-19), en el nosocomio indicado por la responsable, a sabiendas que no daría cumplimiento a lo ordenado por su señoría en auto de veintiséis de abril último, en el que se concedió la suspensión de plano, entre otros menores, a A. G. S. R., señaló esa data, pues como lo mencioné párrafos precedentes, personal del Área de Medicina Preventiva del Hospital Militar Regional de Especialidades de Guadalajara, informó que esa institución no contaba con el biológico (vacuna), toda vez que la Secretaría de Salud, no los dotó de la misma, razón por la cual, reitero la menor de edad no fue vacunada. Lo anterior, su señoría con independencia de lo informado por el personal del Área de Medicina Preventiva del Hospital Militar Regional de Especialidades de Guadalajara, ya que es entendible que no se deba "desperdiciar" la totalidad del biológico (vacuna) que es para seis personas; sin embargo, su señoría, la responsable deberá de tomar las providencias necesarias para que ello no ocurra, pues de no ser así, de acuerdo con lo expuesto por la autoridad castrense, en caso de que no se junte la cantidad mínima de seis personas que son necesarias para no "desperdiciar" la vacuna, se estaría citando una y otra vez hasta que se complete esa cantidad mínima de seis personas que vacunar, con lo que sin duda alguna la responsable estaría violentando la suspensión de plano por usted concedida, pues no tendría una fecha cierta y exacta para la aplicación del biológico, burlándose de la suspensión concedida. Segundo, no se han realizado gestiones algunas a fin de que se les pueda aplicar el reactivo a los menores de edad ** pues si bien, en su informe manifestó la imposibilidad que tenía a fin de dar cumplimiento en dicho momento a la misma, de autos no se advierte que haya realizado gestión alguna a fin de que se pueda conseguir la vacuna acorde a la edad de los citados." TERCERO. Informe de las autoridades responsables. La autoridad responsable Director de lo Contencioso de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, en representación de la Secretaría de Salud y sus dependencias, al rendir su informe relativo al presente incidente señaló Así pues, se desprende que la suspensión concedida tiene como efectos se aplique "la Política nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2, para la prevención de la COVID-19 en México"; en favor de la menor quejosa, y de manera específica para que se le aplique la vacuna Pfizer-BioNTech, misma que es la única que sería posible aplicar a personas en el rango de edad de 5 a 11 años. 1.- En ese sentido por medio del oficio SSJ/DGAJ/CONT/2241/2022 de fecha 29 de abril de 2022, se informó que si bien la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco tiene participación dentro del "Operativo Correcaminos", la misma se limita a la coordinación operativa de los centros de vacunación, sin que cuente con atribuciones de autorizar o disponer de la aplicación de las vacunas disponibles en la entidad, pues ello se encuentra a cargo del Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Jalisco y Coordinador Operativo Correcaminos. En el mismo sentido, se informó que en relación al requerimiento para que se aplique la vacuna Pfizer-BioNTech en una dosis de 10 microgramos de la vacuna en su presentación de tapa naranja, esto en términos del listado publicado por el gobierno de México, de entre los que se contempla a los niños de 5 años. En ese sentido, es pertinente hacer referencia al listado mencionado, mismo que puede ser visualizado en el siguiente enlace: De la consulta el enlace inserto es posible visualizar lo siguiente: Si bien, actualmente la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios a autorizado para uso de emergencia la vacuna Pfizer-BioNTech, en la presentación destinada a personas de entre 5 a 11 años, no debe pasar desapercibido para este órgano jurisdiccional, la nota al calce del listado que nos atiende, misma que a letra dice: "*La vacunación para el grupo etario de 5 a 11 años tiene una dosis y composición diferente al biológico aprobado para mayores de 12 años." Lo anterior, bajo la premisa de que existen tres diversas presentaciones del biológico, los cuales se pueden identificar en el siguiente enlace: https://www.cvdvaccine-us.com Así pues, la presentación disponible en México corresponde al vial con etiqueta purpura, misma que está destinada para personas mayores de 12 años, destacando que de la presentación en vial con etiqueta naranja, no se cuenta con disponibilidad en el Estado de Jalisco, ni en ninguna otra entidad federativa. De la misma forma, se destaca que, conforme a la información de la propia farmacéutica, no debe aplicarse un biológico diverso a la presentación indicada para cada una; de ahí que resulte necesario tener la certeza de qué vacuna puede aplicarse a los menores quejosos. Pues aplicar la vacuna disponible, sin tener certeza de la viabilidad; podría ser perjudicial para la salud del menor y poner en riesgo su vida, desconociéndose los posibles riesgos que su aplicación pudiera causar, esto aunado a los potenciales errores en la aplicación o en la dosificación. 2.- Así pues a través del oficio antes referido, se solicitó que se requiriera a las autoridades competentes en términos de la POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN MÉXICO, para efecto de que lleven a cabo la compra, importación y distribución de la vacuna correspondiente. Por último, se informó que esta Secretaría de Salud del Estado de Jalisco se encuentra imposibilitada a señalar fecha de aplicación de la vacuna, en razón de no existir disponibilidad de la presentación de la vacuna Pfizer-BioNTech destinada a personas de entre 5 y 11 años de edad, pues no corresponde a sus atribuciones dentro del operativo correcaminos, la compra, importación, y distribución; reiterando que estas y su implementación está a cargo de autoridades federales, fungiendo esta dependencia solo como apoyo operativo, de ahí que en su momento pudiera señalarse fecha y hora de aplicación. Concluyendo que esta Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, en atención a sus atribuciones y al respectivo ámbito de competencia, se encuentra imposibilitada material y jurídicamente a determinar de forma unilateral o a través de una simple valoración médica de la menor quejosa, qué vacuna y en qué dosis es posible aplicarse en el grupo etario de 5 a 11 años; por lo que se requiere que las autoridades competentes indiquen que vacuna, que dosis y en que periodicidad debe aplicarse, o en su caso lleven a cabo las acciones necesarias para que la vacuna Pfizer-BioNTech en la presentación aplicable para ese rango de edad, se encuentre disponible en el país. Lo anterior fue reiterado a través del oficio SSJ/DGAJ/CONT/2439/2022 de fecha 13 de mayo de 2022, presentado ante este Órgano Jurisdiccional el mismo día. De todo lo expuesto, se debe entender que esta dependencia ha manifestado la imposibilidad que le asiste a esta dependencia para cumplir con la suspensión en los términos dictados, además de que se señalaron claramente a que autoridades les compete su ejecución; y que a su vez se solicitó que se giraran oficios buscando que dichas autoridades estén en aptitud de acatar la suspensión." Por su parte, el Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría del Bienestar al rendir su informe relativo al presente incidente, señaló (registrado 17948): ".SOBRE EL PARTICULAR SE INFORMA QUE ES INFUNDADO EL INCIDENTE PLANTEADO POR LA QUEJOSA YA QUE ÉSTA SECRETARÍA, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, NO TIENE INJERENCIA EN LOS TÉRMINOS EN QUE SE OTORGÓ LA SUSPENSIÓN DE PLANO, YA QUE NO TIENE FACULTADES NI ATRIBUCIONES PARA PROPORCIONAR SERVICIOS MÉDICOS NI APLICAR VACUNAS, POR LO QUE ÉSTA DEPENDENCIA NO HA LLEVADO A CABO ACTO ALGUNO TENDIENTE VIOLAR LA MEDIDA SUSPENSIONAL CONCEDIDA. EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, SE MANIFIESTA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL POR PARTE DE LA SECRETARIA DEL BIENESTAR, RESPECTO A CUMPLIR CON LOS EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO, POR NO CONTAR CON FACULTADES LEGALES PARA ELLO." Por otra parte, las diversas autoridades responsables Secretario de Salud del Gobierno de México, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, fueron omisas en rendir su informe en relación con el incidente por exceso o defecto en la suspensión de plano, no obstante haber sido debidamente requeridas para ello, según se advierte del acuse de recibo de los oficios 20061/2022 notificado el ocho de junio dos mil veintidós al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México; y 26271/2022 notificado el veintinueve de julio dos mil veintidós al Secretario de Salud del Gobierno de México. CUARTO. Materia del incidente. En este contexto, del análisis integral del escrito por medio del cual se promovió el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional, se desprende que la materia de este asunto se constriñe a determinar si efectivamente, la autoridad responsable dejó de cumplir o cumplió defectuosamente, la medida cautelar concedida en el presente sumario. Resulta necesario precisar que la resolución que concedió la suspensión provisional, tiene como finalidad mantener viva la materia del litigio, le da vida y eficacia a la sentencia, siendo de máxima importancia para la vigencia del juicio de amparo, por ello el legislador estableció mecanismos eficaces tendentes a paralizar la conducta de la autoridad o restituir situaciones de derecho cuando la naturaleza del acto y la urgencia de la medida lo permitan, lo que implica que no se altere o menoscabe la situación jurídica contemplada en el acuerdo que concedió la medida cautelar, así como sanciones para el caso de incumplimiento. Así pues, lo que se persigue con el trámite del incidente que nos ocupa, es mantener la operatividad y eficacia de la resolución cautelar que ordena la suspensión; y en caso de que fuera violada por las autoridades, obtener la restitución de las cosas al estado que tenían al momento en que se decretó la suspensión sin perjuicio de las responsabilidades consiguientes al desacato evidenciado. Esta figura jurídica se encuentra prevista en el artículo 206 de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 206.- El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala de o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo." Lo anterior permite distinguir que el legislador otorgó gran importancia a la medida cautelar en estudio, previendo incluso una sanción de tipo penal para las autoridades que no acaten la suspensión del acto reclamado cuando estén obligados a ello, tal y como se desprende del artículo 209 de la Ley de Amparo. "Artículo 209.- Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley." Ahora, para que pueda determinarse exceso o defecto en cumplimiento a la suspensión provisional, es indispensable que se evidencie lo siguiente: a) Que la medida cautelar se concedió por el órgano competente; b) Que el acuerdo donde se otorgó y decidió, surtió efectos, se notificó a las autoridades responsables o éstas, por cualquier medio, se enteraron de su existencia; y, c) Que, en fecha posterior al conocimiento de la medida suspensiva otorgada, las autoridades responsables ejecutaron los actos reclamados materia de la suspensión concedida. Tiene aplicación -por las razones que lo informan- el criterio del otrora Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que este juzgado de distrito comparte, y es consultable en la página seiscientos ochenta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, junio de mil novecientos noventa y cuatro, que establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, VIOLACIÓN A LA, PRESUPUESTOS QUE DEBEN REUNIRSE. Para que pueda determinarse violación a la suspensión provisional, es indispensable que se evidencie lo siguiente: a), que la medida cautelar se concedió por el órgano competente; b), que el acuerdo donde se otorgó y decidió surtió efectos, se notificó a las autoridades responsables o éstas, por cualquier medio, se enteraron de su existencia, y c), que en fecha posterior al conocimiento de la medida suspensiva otorgada, las autoridades responsables ejecutaron los actos reclamados materia de la suspensión concedida" Cabe destacar, que la suspensión de plano se concedió a la parte quejosa para el efecto siguiente: "[.] Por tanto, como lo solicita la parte promovente, con fundamento en los artículos 15, 126, 128, fracción II y 164 de la Ley de Amparo, se concede a los menores quejosos la suspensión de plano a fin de prevenir la transgresión a los derechos humanos a la salud y a la vida de la parte quejosa, a efecto de que las autoridades señaladas como responsables, -previa autorización y consentimiento por escrito de los progenitores de las referidas menores, en cuanto a la aplicación y consecuencias de la vacuna-, a la brevedad posible, realicen las gestiones que correspondan para que se aplique en favor de los menor de doce años, cuyo nombres corresponde a las iniciales R. G. R. G. de once años de edad, de diez años de edad y **la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2 para la prevención de la COVID-19 en México, es decir, se le aplique la vacuna Pfizer-BioNTech, a que se refiere el citado comunicado 23/2021, para lo cual se toma en cuenta que, conforme al propio esquema que rige en el área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco; por tanto, es la autoridad estatal la que lleva a cabo la vacunación e, incluso, cuenta actualmente con dosis disponibles, según se lee en la página correspondiente. En caso de no existir tal disponibilidad, las autoridades estatales deberá informar inmediatamente a quien resuelve, tal situación para que, conforme a la ya mencionada "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV2", requiera al Presidente de la República, o, en su caso, al Subcoordinador Estatal designado para el Estado de Jalisco, para que realice las gestiones necesarias a fin de entregar a las autoridades estatales, la vacuna correspondiente, ya que son las autoridades específicamente designadas para lograr la cobertura de toda la población mexicana, según se lee en el ya referido documento. Estas últimas autoridades deberán cumplir con ese requerimiento en un plazo máximo de quince días. Asimismo, las autoridades responsables dentro de su más estricta responsabilidad, deberán realizar la valoración integral y médica que corresponda, para determinar si físicamente y de acuerdo con su estado de salud, la menor no presenta alguna contra indicación válida médicamente, para la aplicación de la mencionada vacuna, así como las dosis que correspondan. En consecuencia y atendiendo a lo previsto por los ordinales 126, párrafo segundo y 147 de la ley de la materia, queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables el cumplimiento de la suspensión de plano que en este momento se decreta, por lo que deberán informar dentro del término de veinticuatro horas las medidas que hubieren tomado al efecto, bajo el apercibimiento de que en caso de no obedecer o acatar lo ordenado en la presente suspensión, se procederá en su contra conforme a lo estatuido en el artículo 262, fracción III , del mismo cuerpo normativo.". Esto significa que la suspensión, fue para el efecto de que las autoridades responsables aplicaran a los quejosos menores de doce años la vacuna Pfizer-BioNTech, a que se refiere el citado comunicado 23/2021, y en caso de no contar con disponibilidad de la vacuna, lo informara a éste órgano jurisdiccional. QUINTO. Pronunciamiento de fondo. Son infundados los argumentos que formula la parte quejosa. En efecto, debe decirse que existe exceso en el cumplimiento de la suspensión otorgada, cuando la responsable no se ajusta al tenor exacto de la resolución, que le impedía hacer algo y se extralimita en su cumplimiento al ir más allá del alcance. Por otra parte, se considera que existe defecto en su cumplimiento, cuando la autoridad responsable deja de cumplir en su integridad, o en parte, lo ordenado en la ejecutoria, esto es, deja de hacer algo que se le ordenó en la resolución de cuya ejecución se trata. En el presente juicio, la quejosa alega defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano. Sin embargo contrario a lo que afirma la quejosa la autoridad responsable no ha incurrido en el defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano concedida en auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, a que alude la parte quejosa. Ello es así, pues de autos se desprende, en específico, de las promociones registradas con los números 14650, 25895 y 28383, que los menores R. G. R.G., D. M. R. G., M. N. R. G., A. G. S. R. y L. M. S.R., ya recibieron las dos dosis de vacunas contra el virus SARS_CoV-2. Habida cuenta que, si el peticionario de amparo reclamó de las autoridades responsables, en esencia, la omisión de aplicar la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de Covid en México, a la menor de doce años A. G. S. R., y en atención a que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que la menor ya recibió las dos dosis de vacunas contra el virus SARS-CoV-2, las cuales se aplicaron la primera el dieciséis de mayo de dos mil veintidós y la segunda dosis el ocho de junio de dos mil veintidós, a la menor de ocho años L. M. S. R., y en atención a que la Delegada de la Unidad de Asuntos Jurídicos en suplencia por ausencia del Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, remitió copia certificada del expediente de vacunación de la menor del cual se desprende que ya recibió las dos dosis de vacunas contra el virus SARS-CoV-2, las cuales se aplicaron la primera el quince de julio de dos mil veintidós y la segunda dosis el quince de agosto de dos mil veintidós, a los menores de once y seis años R.G. R. G. y M.N.R.G., y en atención a que la Delegada de la Unidad de Asuntos Jurídicos en suplencia por ausencia del Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, remitió copia certificada del expediente de vacunación de los menores de los cuales se desprende que ya recibieron las dos dosis de vacunas contra el virus SARS-CoV-2, las cuales se aplicaron la primera el cuatro de agosto de dos mil veintidós y la segunda dosis el trece de octubre de dos mil veintidós, y al menor de diez años D. M. R. G. , y en atención a que la Delegada de la Unidad de Asuntos Jurídicos en suplencia por ausencia del Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, remitió copia certificada del expediente de vacunación del menor del cual se desprende que ya recibió la dos primera dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, y que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que la menor. ya recibió la segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 y anexo comprobante de vacunación, las cuales se aplicaron la primera el cuatro de agosto de dos mil veintidós y la segunda dosis el diez de octubre de dos mil veintidós. De lo que se desprende que de manera constante las autoridades responsables estuvieron realizando actos tendentes a lograr la vacunación de los menores quejosos de ahí que, aun y cuando al momento de la interposición del presente incidente no se había logrado la aplicación de las vacunas a todos los quejosos, no existe dolo ni mala fe por parte de las responsables. Ante lo cual, si la en la demanda la quejosa se dolió de la falta de aplicación de la consabida vacuna en dos dosis que requiere para generar inmunidad contra el Covid-19 y, durante el trámite del presente juicio, aconteció la aplicación del referido biológico en su beneficio, es evidente, que la omisión reclamada cesó en su totalidad pues los menores quejosos fue vacunado, a través de una serie de actos (valoración médica de aptitud y vacunación) en las que intervinieron las responsables. De ahí que, se afirme que en autos no existe constancia de desacato de la responsable. Por las razones expuestas, es infundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 206, 207 y 208 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara infundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional formulado por ******en su carácter de representante común de los quejosos, en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 818/2022.
- Principal
Visto el estado de autos de los que se advierte que no obra constancia de notificación personal ordenada en acuerdo de trece de mayo dos mil veintidós al Agente del Ministerio Público Federal Adscrito; por lo que se ordena turnar los autos al Actuario Judicial correspondiente para que lleve a cabo la encomienda. Se difiere y para su verificativo se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, debido a que la presente determinación fue autorizada de manera electrónica, la misma no se integrará al expediente físico, ello en términos del artículo 22 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como correspondan, el escrito signado electrónicamente por Liliana Janette González Villaseñor, representante común de los quejosos, por medio del cual, informa que el diez de octubre pasado, el menor D. M. R. G., recibió la segunda dosis de vacuna, y anexa comprobante de vacunación mismo que manifiesta bajo protesta de decir verdad concuerda fielmente con su original. Ahora bien, toda vez que de autos se desprende, en específico de las promociones registradas con los números 14650, 25895 y 28383, que los menores R. G. R.G., D. M. R. G., M. N. R. G., A. G. S. R. y L. M. S.R., ya recibieron las dos dosis de vacunas contra el virus SARS-CoV-2. Este órgano jurisdiccional de oficio advierte que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Pues bien, en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En efecto, el análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. A propósito de tal causa de improcedencia, de acuerdo con el texto de la fracción XXI del artículo 61, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga. Así, pues, para que sea aplicable esta causa de improcedencia del juicio de amparo es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido sean totalmente revocados, derogados o destruidos jurídica y materialmente por parte de la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que, en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, esto es, como si el acto reclamado jamás hubiera existido, es decir, el acto reclamado debe quedar insubsistente. Por lo mismo, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se destruye jurídica y materialmente el acto reclamado por la propia autoridad responsable que lo emite, esto es, surge una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Asimismo, cabe agregar, en torno a la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que el acto reclamado tiene como consecuencia inmediata la causación de una violación en los términos del artículo 103 constitucional. La violación o las violaciones son, pues, los efectos del acto reclamado. Luego, hay cesación de la violación alegada, cuando ha desaparecido la contravención, por haberse reparado por las propias autoridades responsables. Por lo mismo la pretensión ejercida en la demanda de amparo deja de tener razón de ser, ya que se perseguiría algo que ya está logrado: la restitución en el goce de la garantía violada. Sobre el mismo tema, se concluye que desde el enfoque del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone el quejoso que son violatorias de la Constitución y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de garantías. Por ello, si cesa la producción de tales consecuencias jurídicas y, por consiguiente, la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo, como es la restitución a favor del quejoso en el goce de la garantía violada, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de que surgiera a la vida jurídica el acto contravenido de la garantía individual en cuestión. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia ha sustentado diversas tesis que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, entre otras, las siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." (Quinta Época, Tomo XCIX, página 2443). "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo y por lo mismo, no hay cesación de efectos." (Quinta Época, Tomo LXXXIX, página 731). Con base en las acotaciones anteriores, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la propia autoridad responsable destruye material y jurídicamente el acto reclamado y todas sus consecuencias o efectos, esto es, crea una situación jurídica (revocación, derogación) que definitivamente destruye aquella otra que dio motivo al amparo y lo que permite volver las cosas al estado que guardaban, lo que permite que se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse, implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada con la inexistencia misma del acto reclamado, pues, es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo ningún efecto jurídico, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia del acto reclamado, así como de todos sus efectos, han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En este caso, se desprende sin duda alguna que han cesado los efectos del acto que en vía constitucional se reclamaron por lo que ve a los menores R. G. R.G., D. M. R. G., M. N. R. G., A. G. S. R. y L. M. S.R., habida cuenta que, si el peticionario de amparo reclamó de las autoridades responsables, en esencia, la omisión de aplicar la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de Covid en México, a la menor de doce años A. G. S. R., y en atención a que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que la menor ya recibió las dos dosis de vacunas contra el virus SARS-CoV-2, las cuales se aplicaron la primera el dieciséis de mayo de dos mil veintidós y la segunda dosis el ocho de junio de dos mil veintidós, a la menor de ocho años L. M. S. R., y en atención a que la Delegada de la Unidad de Asuntos Jurídicos en suplencia por ausencia del Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco remitió copia certificada del expediente de vacunación de la menor del cual se desprende que ya recibió las dos dosis de vacunas contra el virus SARS-CoV-2, las cuales se aplicaron la primera el quince de julio de dos mil veintidós y la segunda dosis el quince de agosto de dos mil veintidós, a los menores de once y seis años R.G. R. G. y M.N.R.G., y en atención a que la Delegada de la Unidad de Asuntos Jurídicos en suplencia por ausencia del Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco remitió copia certificada del expediente de vacunación de los menores de los cuales se desprende que ya recibieron las dos dosis de vacunas contra el virus SARS-CoV-2, las cuales se aplicaron la primera el cuatro de agosto de dos mil veintidós y la segunda dosis el trece de octubre de dos mil veintidós, y al menor de diez años D. M. R. G. , y en atención a que la Delegada de la Unidad de Asuntos Jurídicos en suplencia por ausencia del Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco remitió copia certificada del expediente de vacunación del menor del cual se desprende que ya recibió la dos primera dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, y que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que la menor ya recibió la segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 y anexo comprobante de vacunación, las cuales se aplicaron la primera el cuatro de agosto de dos mil veintidós y la segunda dosis el diez de octubre de dos mil veintidós, de tal manera se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación por las razones que informa la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página 38, del Tomo IX, correspondiente al mes de junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya sinopsis es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Así las cosas, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, toda vez que aún de que se esperara a la celebración de la audiencia constitucional, el acto reclamado no podría ser desvirtuado con prueba alguna, ni causaría agravio a la parte quejosa, ya que como se advierte de las manifestaciones de la parte quejosa, así como de los expedientes de vacunación de los menores remitidos por la Delegada de la Unidad de Asuntos Jurídicos en suplencia por ausencia del Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, los menores recibieron las dos dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2; por tanto, en atención al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional, a nada práctico conduciría esperar a la celebración de la aludida audiencia constitucional, para dictar el fallo correspondiente. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Así como, por las razones que la informan, la tesis XIV.1º.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en la página 1235, del Tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional". Lo subrayado es de este Juzgado de Distrito, para evidenciar la hipótesis aplicable al caso. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, se deja sin efectos el señalamiento de fecha para la audiencia constitucional.
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