Liliana Icelo Maldonado
Expediente 859/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 859/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 11/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Liliana Icelo Maldonado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión la sentencia que sobreseyó el juicio; sin que se haya hecho valer, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causó ejecutoria. Por otro lado, tomando en consideración que la autoridad responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; se ordena su devolución a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 20 del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, en razón de que se sobreseyó el asunto. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. En cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, la secretaria encargada de la tramitación del expediente certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional:https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma electrónicamente Uriel Azpeitia Mendieta, Secretario del Juzgado Cuarto al párrafo segundo, del artículo 44, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Erika Pamela Guzmán Vargas, Secretaria que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 859/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México,..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo y B) Oficio por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la quejosa ofreció diversas documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que la accionante los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
V i s t o s los autos para resolver el juicio de amparo 859/2023, promovido por ..., por propio derecho, contra actos del Juez Quinto Familiar de la Ciudad de México y el Agente del Ministerio Público, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar, Tercera Agencia en Juzgados y Salas Familiares; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. La parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades responsables mencionadas, por considerarlos violatorios de los artículos 1º, 14, 16, 17 y 20 Constitucionales. Segundo. Admisión. Este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo; dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; requirió a las autoridades responsables su informe justificado; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. De autos se desprende que las responsables rindieron su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación no intervino; y, finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza familiar-civil, seguido ante un juzgado del orden común con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. Segundo. Acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado: La omisión de sustanciar el procedimiento de las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre declaración de ausencia ..., conforme a lo dispuesto en la Ley Especial de Declaración de Ausencia para Personas Desaparecidas, particularmente: La resolución de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en la que el Juez responsable determinó que continuaría con el trámite de las diligencias hasta en tanto se proporcionara el nombre de la sucesión de la entonces esposa de la persona cuya desaparición fue denunciada. No proveer las medidas provisionales solicitadas en el escrito inicial de demanda. La dilación en el dictado de la sentencia definitiva al no seguir del procedimiento establecido en la legislación especial aplicable y las violaciones generales al trámite del asunto. La fijación del acto reclamado en los términos anteriores encuentra justificación en los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en el juicio constitucional, pues los juzgadores de amparo deben examinar en su totalidad los ocursos iniciales y sus ocursos relacionados para desentrañar la verdadera lesión e intensión de los impetrantes; y, de esa manera, emitir un pronunciamiento congruente e integral. Al respecto se invoca la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 181810, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Tercero. Existencia de los actos. Al rendir su informe justificado, el Juez responsable aceptó la existencia del acto reclamado; lo cual se corrobora con las documentales que acompañó, las cuales gozan de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Cuarto. Inexistencia de los actos reclamados al Agente del Ministerio Público. Como lo dispone la tesis 1a. XXIV/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más allá de las alegaciones que obren en autos y lo que al efecto indicó o no la autoridad responsable respecto de las copias, una omisión será cierta o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar. Al efecto se invoca el referido criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, junio de 1998, página 53, que dispone: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En amparo, es aceptado que la afectación a la esfera de los quejosos no solo puede darse por una actuación concreta o actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones; es decir, en los casos que existiendo un deber de hacer, esa conducta es prescindida, causando un perjuicio, ya que la simple omisión, sin un deber fundante no será en sí lesiva de algún derecho, pues debe ser posible decretar un incumplimiento de algún mandato concreto. Al efecto se invoca el criterio 1a. XVII/2018 (10a.) sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 52, marzo de 2018, tomo I, página 1092, que dispone: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones." A la luz de lo que constituye una omisión, por definición de la Suprema Corte, este órgano considera que tal reclamo es inexistente en el caso, pues como se advierte de las constancias de autos, la parte quejosa reclama la omisión de sustanciar el procedimiento conforme a la ley aplicable y la consecuente dilación en el dictado de la sentencia definitiva derivado de las irregularidades en el trámite. Por lo que el Agente del Ministerio Público señalado como responsable, no tiene facultades con relación a la omisión reclamada, ya que la sustanciación de las diligencias de jurisdicción voluntaria son competencia del Juez de origen como rector del procedimiento. De modo que aun cuando el Ministerio Púbico figure como parte del procedimiento, ello no se traduce en que soslayara u omitiera el cumplimiento de sus funciones y deberes al desatender el texto de la ley o sus propios mandatos, esto es, no hacen verdadera la imputación de una omisión para efectos del juicio de amparo conforme a la definición prevista en el criterio 1a. XVII/2018 (10a.) de la Primera Sala, pues que no se lleve el trámite del asunto natural conforme a la legislación aplicable, no depende de la actuación de dicha autoridad. En tal virtud, la autoridad colmó la carga procesal que le corresponde en términos del artículo 82, fracción I, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, pues contrario a lo afirmado en la demanda, la omisión reclamada es inexistente por carecer de facultades para su emisión. Al caso es aplicable la Jurisprudencia número 1002, visible a fojas 1621 de la Segunda Parte, Volumen IV, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en 1988 bajo el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. Negativa de los actos atribuidos a las autoridades. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Por tanto, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de la materia, procede sobreseer el presente juicio de amparo, por lo que hace a este punto del reclamo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI. 2o. J/20, de la Octava Época, en Materia común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, visible en la página 627, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Quinto. Antecedentes del acto reclamado. Previo a resolver este asunto, es pertinente hacer relación de los hechos que dieron origen al acto reclamado. I. El diecinueve de agosto de dos mil veintidós, ... promovió diligencias de jurisdicción voluntaria sobre declaración de ausencia de su padre ...; en su escrito inicial solicitó: El reconocimiento de ausencia de ... desde el tres de septiembre de dos mil diecisiete. La certificación correspondiente a efecto de ser inscrita en el Registro Civil. La publicación de edictos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; y, en las páginas electrónicas del Poder Judicial, de la Comisión de Búsqueda, de la Comisión de Víctimas y de la Comisión de Derechos Humanos, a fin de llamar a cualquier persona que tenga interés jurídico en el procedimiento. Otorgamiento de la posesión de los bienes inmuebles propiedad de ...; y, particularmente, la suspensión de los plazos pendientes de amortización del crédito hipotecario correspondiente a uno de los inmuebles. Nombramiento de la promovente como representante legal con facultad de ejercer actos de administración y dominio de la persona aludida. II. Correspondió conocer del asunto al Juez Quinto Familiar de la Ciudad de México, quien las registró con el expediente ... y, previo a pronunciarse respecto de la procedencia, previno a la promovente para que: i) exhibiera copia certificada de la carpeta de investigación iniciada con motivo de la denuncia interpuesta por la desaparición de su padre; ii) proporcionara nombre y domicilio de las demás personas que tuvieran una relación sentimental con ... (padres y/o hermanos); iii) informara el nombre y domicilio del albacea de la sucesión de la entonces esposa de dicha persona; iv) presentara copia certificada de los títulos de propiedad de los bienes del mencionado; v) allegara el certificado de defunción de la hermana de la promovente; y vi) clave única de registro de población de sus restantes dos hermanos. III. Por escrito de trece de septiembre de dos mil veintidós, la aquí quejosa desahogó la prevención aludida y manifestó: i) el Juez responsable tenía la obligación de girar oficios a las dependencias correspondientes a fin de emprender la búsqueda de ...; ii) que no había procedimiento sucesorio respecto de su madre fallecida, pero ello no constituía un requisito para efecto de la tramitación de las diligencias. IV. En atención a lo anterior, el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, el Juez responsable admitió a trámite las diligencias de jurisdicción voluntaria, ordenó el envío de oficios para localizar el domicilio de los hermanos de la promovente y dio vista al Agente del Ministerio Público con la solicitud del otorgamiento del nombramiento de representante legal. V. Mediante comparecencias de veintiocho de abril y uno de junio de dos mil veintitrés, ... y ..., ambos de apellidos ..., se apersonaron al procedimiento, por lo que la promovente solicitó al Juez se pronunciara respecto de lo peticionado en su escrito inicial. VI. El Juez responsable otorgó vista al Agente del Ministerio Público con la solicitud y, el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, determinó que, para efecto de continuar con el procedimiento, era necesaria la notificación de la sucesión de la esposa de ... al ser copropietaria de sus bienes con motivo del régimen de sociedad conyugal. VII. El veintidós de agosto de dos mil veintitrés, el Juez responsable emitió un diverso pronunciamiento en el que reconoció que no era necesario llamar al procedimiento a la sucesión de quien contrajo matrimonio con la persona desaparecida y, en observancia de los principios de celeridad e inmediatez -entre otros-, ordenó la publicación de edictos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como de avisos en el Boletín del Poder Judicial, la Comisión de Búsqueda, la Comisión de Víctimas y la Comisión de Derechos Humanos, todas de la Ciudad de México, dejando a disposición de la promovente los oficios respectivos para su diligenciación; además, decretó la inexigibilidad o suspensión temporal de las obligaciones o responsabilidades que ... tenía a su cargo. Sexto. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. I. Respecto del acto reclamado señalado en el inciso a), particularmente en lo relativo a la resolución de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en la que el Juez responsable determinó que continuaría con el trámite de las diligencias hasta en tanto se proporcionara el nombre de la sucesión de la entonces esposa de la persona cuya desaparición fue denunciada. Este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que alude a la cesación de efectos, que puede surgir en dos casos, a saber: a) por revocación y b) por sustitución. La cesación de efectos, como base elemental en la actualización de la causal que aquí se estudia, surge en dos casos, a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Sustenta lo anterior la tesis I.3o.C.92 K emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1491, del tomo XXX, diciembre de 2009, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En el caso, la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable de sustanciar el procedimiento de las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre declaración de ausencia ..., conforme a lo dispuesto en la Ley Especial de Declaración de Ausencia para Personas Desaparecidas de la Ciudad de México, ya que se determinó continuar con el procedimiento una vez que se tuviera conocimiento de la designación del albacea de la sucesión de la albacea de la entonces esposa de la persona desaparecida. Sin embargo, de las constancias allegadas por el juez responsable con su informe justificado, se advierte que el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, emitió un diverso pronunciamiento en el que: Reconoció que no era necesario llamar al procedimiento a la sucesión de quien contrajo matrimonio con la persona desaparecida. En observancia de los principios de celeridad e inmediatez -entre otros-, ordenó la publicación de edictos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como de avisos en el Boletín del Poder Judicial, la Comisión de Búsqueda, la Comisión de Víctimas y la Comisión de Derechos Humanos, todas de la Ciudad de México, dejando a disposición de la promovente los oficios respectivos para su diligenciación. De lo anterior se advierte, que el Juez responsable emitió una determinación conforme con lo dispuesto en los artículos 17 a 20 de la Ley Especial de Declaración de Ausencia para Personas Desaparecidas de la Ciudad de México, que dicen: "Artículo 17.- Para el análisis y resolución de la Declaración Especial de Ausencia, la Jueza o el Juez de lo Familiar deberá requerir a la Fiscalía Especializada, a la Comisión de Búsqueda, a la Comisión de Víctimas y la Comisión de Derechos Humanos según corresponda, que les remitan información pertinente que obre en sus expedientes, en copia certificada. De considerarlo necesario, podrá también requerir información a otras autoridades, dependencias, instituciones o personas, incluyendo las y los Familiares de la Persona Desaparecida. Las autoridades requeridas tendrán un plazo de cinco días hábiles contados a partir de que reciban el requerimiento para atenderlo." "Artículo 18.- A fin de garantizar la máxima protección a la Persona Desaparecida y a sus Familiares, la Jueza o el Juez de lo Familiar deberá dictar las medidas provisionales y cautelares que resulten necesarias al momento de admitir la solicitud de Declaración Especial de Ausencia." "Artículo 19.- La Jueza o el Juez de lo Familiar dispondrá que se publiquen los edictos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los cuales deberán ser de forma gratuita, de conformidad con en el tercer párrafo del artículo 239 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Asimismo, se deberán publicar los avisos en las páginas electrónicas del Poder Judicial, de la Comisión de Búsqueda, de la Comisión de Víctimas y de la Comisión de Derechos Humanos. Las publicaciones señaladas en el presente precepto deberán ser por tres ocasiones, con intervalos de una semana, llamando a cualquier persona que tenga interés jurídico en el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia correspondiente." "Artículo 20.- Transcurridos quince días hábiles desde la fecha de la última publicación de los edictos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, si no hubiere oposición de alguna persona interesada, la Jueza o el Juez de lo Familiar resolverá, en forma definitiva, sobre la Declaración Especial de Ausencia." Esto es, tomando en consideración las constancias de la carpeta de investigación iniciada con motivo de la denuncia de desaparición del padre de la quejosa y las diversas documentales que obran en autos, ordenó la publicación de edictos -de forma gratuita- y avisos en los espacios correspondientes para llamar a cualquier persona que tenga interés jurídico en el procedimiento; para que, una vez publicados, se emita la decisión relativa. De lo que se colige que, aun cuando la parte quejosa refiera que pudieran volver a inobservarse las disposiciones previstas en la legislación especial, lo cierto es que, por lo que hace a las irregularidades respecto de los edictos y oficios destacadas en su escrito inicial de demanda, estas fueron subsanadas en el proveído de veintidós de agosto de dos mil veintitrés. En ese sentido, a criterio del suscrito, ha operado la cesación de efectos por revocación, en razón de que han quedado destruidos totalmente los efectos generados con las omisiones reclamadas, y por ende no es posible emprender un estudio sobre su constitucionalidad. Sustenta lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." II. Respecto del acto reclamado señalado en el inciso a), particularmente en lo relativo a la omisión de proveer las medidas provisionales solicitadas en el escrito inicial de demanda. Este juzgador estima que el juicio es improcedente por no agotarse el principio de definitividad previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece dicha figura cuando, contra el acto reclamado, las leyes ordinarias conceden algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto su modificación, revocación o nulificación. Lo anterior entraña el principio de definitividad que rige en el amparo, no exigible en los supuestos que prevén los incisos a), b) c) y d) del numeral citado; hipótesis que en la especie, dadas las características del acto reclamado y el estado procesal del procedimiento de origen, no se actualizan, ya que la parte quejosa fue quien promovió las diligencias de jurisdicción voluntaria. Por ello se concluye que está obligada a agotar, previo a la instauración del juicio de amparo, el recurso de apelación en términos del artículo 21 de la Ley Especial de Declaración de Ausencia para Personas Desparecidas de la Ciudad de México, que dispone: "Artículo 21.- Las medidas provisionales y cautelares, así como la resolución que la Jueza o el Juez de lo Familiar dicten respecto a la Declaración Especial de Ausencia, podrán ser impugnadas mediante la interposición del recurso de apelación en ambos efectos. Las personas con interés legítimo podrán impugnar la resolución cuando consideren que los efectos de la Declaración Especial de Ausencia no atienden plenamente a sus derechos o necesidades." Conforme a dicho numeral, el recurso de apelación de tramitación inmediata, en ambos efectos, regulado en la Ley Especial, es un recurso ordinario idóneo y eficaz para examinar las medidas provisionales y cautelares, así como cuando las personas consideren que la declaración especial de ausencia no atiende plenamente a sus derechos o necesidades. En el caso, la parte quejosa en su escrito inicial de demanda destacó como acto reclamado la omisión de la autoridad responsable de proveer las medidas provisionales consistentes en: Otorgamiento de la posesión de los bienes inmuebles propiedad de ...; y, particularmente, la suspensión de los plazos pendientes de amortización del crédito hipotecario correspondiente a uno de los inmuebles. Nombramiento de la promovente como representante legal con facultad de ejercer actos de administración y dominio de la persona aludida. Al respecto, el Juez Quinto Familiar de la Ciudad de México, previo desahogo de prevención, el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, admitió a trámite las diligencias de jurisdicción voluntaria y omitió pronunciarse respecto de las providencias precautorias solicitadas; asimismo, en diverso proveído emitido el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, únicamente decretó la inexigibilidad o suspensión temporal de las obligaciones o responsabilidades que Armando Icelo Rojo tenía a su cargo. En ese sentido, la omisión alegada debe ser combatida mediante la interposición del recurso de apelación contra dichos acuerdos, ya que de conformidad con los artículos 688 y 689 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), de aplicación supletoria a la ley especial, tal medio de impugnación procede también cuando exista alguna omisión procesal en que haya incurrido el juzgador en el dictado de sus determinaciones. Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia PC.I.C. J/100 C (10a.), emitida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital 2021500, que dispone: "RECURSO DE APELACIÓN. PROCEDE POR REGLA GENERAL, CONTRA RESOLUCIONES QUE OMITAN ACORDAR UNA CUESTIÓN JURÍDICA, SALVO EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O LA JURISPRUDENCIA EXENTEN DE SU INTERPOSICIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 688 y 689 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, el recurso de apelación procede no sólo contra los autos que determinen una situación jurídica específica que perjudique a alguna de las partes en la controversia, sino también cuando en ellos exista alguna omisión procesal en que haya incurrido el juzgador al dictarlos y con ello se agravie al justiciable; medio de impugnación cuyo agotamiento estará exento de interponerse en los supuestos en que la ley o la jurisprudencia obligatoria lo prevean, en atención a la naturaleza del acto reclamado, a la materia de la controversia o a las partes involucradas en el procedimiento respectivo." Por esta razón, las personas que pretendan promover demanda constitucional están obligadas a interponer dicho recurso de manera previa a acudir a aquél, so pena de que el juicio de amparo sea improcedente. Además, este recurso debe agotarse aun considerando el acto como uno de imposible reparación, pues dicha calificación, que apunta a una afectación sustantiva, no es una excepción para satisfacer el postulado que rige al juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 11/2018 (10ª) aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2017117, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." III. Ahora, con relación al acto precisado en el inciso b), relativo a la dilación en el dictado de la resolución de declaración de ausencia. Este órgano jurisdiccional considera que no es de imposible reparación, pues no afecta material e inmediatamente los derechos humanos de la parte demandante, ello de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En efecto, pues cuando este tipo de conductas ocurren dentro de un proceso jurisdiccional, no pueden combatirse de forma autónoma, por traducirse en cuestiones de naturaleza intraprocesal, es decir, situaciones que inciden únicamente en el curso del juicio, como lo sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.); lo que trae como consecuencia que se actualice la causal prevista en la fracción V, interpretada contrario sensu, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXIII de su diverso numeral 61. Al efecto se cita por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Décima Época, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, materia: constitucional, común, página: 1086, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En efecto, de lo anterior se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se enderece estrictamente contra omisiones dentro de un proceso jurisdiccional o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pues las reglas que los rigen son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria, como también lo sostuvo la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en los diversos criterios de jurisprudencia número 7/2015 (10a.) y 8/2015 (10a.) . De ahí que por regla general, la dilación no afecta los derechos sustantivos constitucionales de la accionante, como la vida, la propiedad, la familia, o la libertad, etc. -y que son algunos ejemplos de los derechos que pueden afectarse en forma irreparable-. Sin que en la especie se actualice el supuesto de excepción a que se refiere la parte final de la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), relativo al caso en que el Juez de Distrito advierta que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Y es así, porque en primer término no se está frente a una inmovilización absoluta del trámite, dado que las constancias del juicio revelan que aun cuando el asunto natural empezó con la presentación de la demanda el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, el impulso ha sido activo por las promociones presentadas por la parte actora y las diligencias ordenadas por el juez de origen y la emisión de sus determinaciones, siendo la última con que se cuenta la del veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Por otro lado, aplicando por analogía el diverso criterio de jurisprudencia 2a./J. 12/2022 (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se llega al convencimiento, de que tampoco existe una "abierta dilación" del procedimiento, siguiendo los lineamientos establecidos en tal precedente. En efecto, es caso a caso que debe determinarse si la conducta procesal de las autoridades instructoras de los asuntos se traduce en una violación a derechos sustantivos, partiendo de la dificultad de fijar un lapso genérico que de manera uniforme e indiscutible sea aquel que no debe rebasarse. Ello es así, porque para la función jurisdiccional, sería inviable que el legislador, al fijar términos procesales en las leyes respectivas, pudiera atender a la variada gama de posibilidades que abonan a la complejidad de un asunto; de modo que para los tribunales las restricciones que objetiva y racionalmente puede implicar un impedimento para satisfacer puntualmente todos los términos propios de la sustanciación procesal, se pueden encontrar precisamente en la naturaleza del proceso, o en las condiciones que éste vaya presentando para poder alcanzar satisfactoriamente todas las etapas del juicio. Lo anterior se apoya en la jurisprudencia P./J. 32/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 57, septiembre de 1992, en Materia(s): Común, Página: 18, que dispone: "TERMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUO INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERO EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERISTICAS DEL CASO. El artículo 17 de la Constitución consagra la garantía denominada derecho a la jurisdicción que consiste, conforme al texto literal del precepto, en que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" lo que significa, por regla general, que un funcionario judicial actúa indebidamente cuando incurre en dilaciones que lo llevan a vulnerar esos dispositivos al no acordar las promociones de las partes o emitir las resoluciones dentro de los términos específicos que para cada situación señalan las normas procesales aplicables. De ello se sigue que si se formula una queja administrativa con motivo de esas irregularidades y el funcionario admite que incurrió en ellas o las mismas se encuentran probadas, en principio, debe considerarse fundada la queja e imponer las correcciones disciplinarias que correspondan o adoptar medidas que se juzguen convenientes. Sin embargo, al examinar cada caso se debe considerar que el legislador al fijar términos procesales en las leyes respectivas no pudo atender a la variada gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten como por la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza del problema resulta lógico inferir que el legislador, al hacer la determinación a que se alude tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en número proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que o bien se presentaron atenuantes o bien, excluyentes de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario contra el que se formuló la queja administrativa y resolverla en consecuencia." En el caso, el retraso causado en el dictado de la resolución de la declaración de ausencia como lo pretende la quejosa no representa una situación alarmante, inusitada o que se traduzca en una violación a derechos fundamentales, máxime cuando el Juez de origen ha dictado las medidas provisionales necesarias para proteger el patrimonio de la persona desaparecida. Por lo que no puede considerarse que si hasta el momento no se ha dictado la resolución de la declaración de ausencia impacte directamente en los derechos sustantivos de la quejosa, pues el veintidós de agosto del presente año se decretó la suspensión de las obligaciones a cargo de su padre y se ordenó la publicación de edictos y avisos a fin de llamar a quien tuviera interés en el procedimiento, lo que evidencia que no existe una paralización del procedimiento ni una situación que impacte de forma negativa en su esfera jurídica. Por ello, es criterio del suscrito que no se advierte una notoria actitud perniciosa, deficiente o lesiva de parte de la autoridad. Con base en estos parámetros, se colige que la cuestión que se dilucida es meramente procesal y el tiempo empleado no ha sido en total inactividad, ni ha transcurrido con pasividad o dolo de la autoridad, pues dentro del proceso se ha respondido a las solicitudes de la actora y actualmente se han emitido las medidas necesarias de forma provisional -las cuales tendrán vigencia hasta el dictado de la resolución definitiva- a fin de salvaguardar el patrimonio de la persona desaparecida. Además, no se soslaya que la parte quejosa destaque violaciones generales en la sustanciación del procedimiento, tales como que no se ha dado trámite a las diligencias de jurisdicción voluntaria conforme a las disposiciones previstas en la Ley Especial que lo regula; lo que, desde su perspectiva, ha originado la dilación en el dictado de la resolución de declaración de ausencia. Sin embargo, esa cuestión es susceptible de ser analizada será hasta que se emita la resolución definitiva correspondiente, a fin de que se pueda determinar si se materializaron o no las violaciones con trascendencia a los derechos de la parte quejosa y, desde luego, a su resultado. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia IX. 1o. J/10, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1303, Novena Época, Materia Común, de rubro: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO." Por lo anterior, es criterio de este órgano que la dilación procesal no es abierta ni injustificada, y por ende no violenta derechos sustantivos de la quejosa, por lo que reviste una naturaleza intraprocesal; y, por ende, cobra vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, al haberse actualizado las causas de improcedencia invocadas, lo procedente es SOBRESEER EL JUICIO de conformidad con el diverso 63, fracción V, de la misma legislación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por ..., por propio derecho, contra actos del Juez Quinto Familiar de la Ciudad de México y el Agente del Ministerio Público, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar, Tercera Agencia en Juzgados y Salas Familiares, por las razones expuestas en los considerandos cuarto y sexto de esta resolución. Notifíquese como corresponda. Lo resolvió y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., secretaria que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
(CITATORIO)EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL OCHO DE NOVIEMBRE DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA DICTADA EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: " V i s t o s los autos para resolver el juicio de amparo 859/2023, promovido por ..., por propio derecho, contra actos del Juez Quinto Familiar de la Ciudad de México y el Agente del Ministerio Público, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar, Tercera Agencia en Juzgados y Salas Familiares; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. La parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades responsables mencionadas, por considerarlos violatorios de los artículos 1º, 14, 16, 17 y 20 Constitucionales. Segundo. Admisión. Este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo; dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; requirió a las autoridades responsables su informe justificado; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. De autos se desprende que las responsables rindieron su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación no intervino; y, finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza familiar-civil, seguido ante un juzgado del orden común con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. Segundo. Acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado: La omisión de sustanciar el procedimiento de las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre declaración de ausencia ..., conforme a lo dispuesto en la Ley Especial de Declaración de Ausencia para Personas Desaparecidas, particularmente: La resolución de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en la que el Juez responsable determinó que continuaría con el trámite de las diligencias hasta en tanto se proporcionara el nombre de la sucesión de la entonces esposa de la persona cuya desaparición fue denunciada. No proveer las medidas provisionales solicitadas en el escrito inicial de demanda. La dilación en el dictado de la sentencia definitiva al no seguir del procedimiento establecido en la legislación especial aplicable y las violaciones generales al trámite del asunto. La fijación del acto reclamado en los términos anteriores encuentra justificación en los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en el juicio constitucional, pues los juzgadores de amparo deben examinar en su totalidad los ocursos iniciales y sus ocursos relacionados para desentrañar la verdadera lesión e intensión de los impetrantes; y, de esa manera, emitir un pronunciamiento congruente e integral. Al respecto se invoca la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 181810, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Tercero. Existencia de los actos. Al rendir su informe justificado, el Juez responsable aceptó la existencia del acto reclamado; lo cual se corrobora con las documentales que acompañó, las cuales gozan de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Cuarto. Inexistencia de los actos reclamados al Agente del Ministerio Público. Como lo dispone la tesis 1a. XXIV/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más allá de las alegaciones que obren en autos y lo que al efecto indicó o no la autoridad responsable respecto de las copias, una omisión será cierta o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar. Al efecto se invoca el referido criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, junio de 1998, página 53, que dispone: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En amparo, es aceptado que la afectación a la esfera de los quejosos no solo puede darse por una actuación concreta o actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones; es decir, en los casos que existiendo un deber de hacer, esa conducta es prescindida, causando un perjuicio, ya que la simple omisión, sin un deber fundante no será en sí lesiva de algún derecho, pues debe ser posible decretar un incumplimiento de algún mandato concreto. Al efecto se invoca el criterio 1a. XVII/2018 (10a.) sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 52, marzo de 2018, tomo I, página 1092, que dispone: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones." A la luz de lo que constituye una omisión, por definición de la Suprema Corte, este órgano considera que tal reclamo es inexistente en el caso, pues como se advierte de las constancias de autos, la parte quejosa reclama la omisión de sustanciar el procedimiento conforme a la ley aplicable y la consecuente dilación en el dictado de la sentencia definitiva derivado de las irregularidades en el trámite. Por lo que el Agente del Ministerio Público señalado como responsable, no tiene facultades con relación a la omisión reclamada, ya que la sustanciación de las diligencias de jurisdicción voluntaria son competencia del Juez de origen como rector del procedimiento. De modo que aun cuando el Ministerio Púbico figure como parte del procedimiento, ello no se traduce en que soslayara u omitiera el cumplimiento de sus funciones y deberes al desatender el texto de la ley o sus propios mandatos, esto es, no hacen verdadera la imputación de una omisión para efectos del juicio de amparo conforme a la definición prevista en el criterio 1a. XVII/2018 (10a.) de la Primera Sala, pues que no se lleve el trámite del asunto natural conforme a la legislación aplicable, no depende de la actuación de dicha autoridad. En tal virtud, la autoridad colmó la carga procesal que le corresponde en términos del artículo 82, fracción I, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, pues contrario a lo afirmado en la demanda, la omisión reclamada es inexistente por carecer de facultades para su emisión. Al caso es aplicable la Jurisprudencia número 1002, visible a fojas 1621 de la Segunda Parte, Volumen IV, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en 1988 bajo el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. Negativa de los actos atribuidos a las autoridades. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Por tanto, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de la materia, procede sobreseer el presente juicio de amparo, por lo que hace a este punto del reclamo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI. 2o. J/20, de la Octava Época, en Materia común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, visible en la página 627, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Quinto. Antecedentes del acto reclamado. Previo a resolver este asunto, es pertinente hacer relación de los hechos que dieron origen al acto reclamado. I. El diecinueve de agosto de dos mil veintidós, ... promovió diligencias de jurisdicción voluntaria sobre declaración de ausencia de su padre ...; en su escrito inicial solicitó: El reconocimiento de ausencia de ... desde el tres de septiembre de dos mil diecisiete. La certificación correspondiente a efecto de ser inscrita en el Registro Civil. La publicación de edictos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; y, en las páginas electrónicas del Poder Judicial, de la Comisión de Búsqueda, de la Comisión de Víctimas y de la Comisión de Derechos Humanos, a fin de llamar a cualquier persona que tenga interés jurídico en el procedimiento. Otorgamiento de la posesión de los bienes inmuebles propiedad de ...; y, particularmente, la suspensión de los plazos pendientes de amortización del crédito hipotecario correspondiente a uno de los inmuebles. Nombramiento de la promovente como representante legal con facultad de ejercer actos de administración y dominio de la persona aludida. II. Correspondió conocer del asunto al Juez Quinto Familiar de la Ciudad de México, quien las registró con el expediente ... y, previo a pronunciarse respecto de la procedencia, previno a la promovente para que: i) exhibiera copia certificada de la carpeta de investigación iniciada con motivo de la denuncia interpuesta por la desaparición de su padre; ii) proporcionara nombre y domicilio de las demás personas que tuvieran una relación sentimental con ... (padres y/o hermanos); iii) informara el nombre y domicilio del albacea de la sucesión de la entonces esposa de dicha persona; iv) presentara copia certificada de los títulos de propiedad de los bienes del mencionado; v) allegara el certificado de defunción de la hermana de la promovente; y vi) clave única de registro de población de sus restantes dos hermanos. III. Por escrito de trece de septiembre de dos mil veintidós, la aquí quejosa desahogó la prevención aludida y manifestó: i) el Juez responsable tenía la obligación de girar oficios a las dependencias correspondientes a fin de emprender la búsqueda de ...; ii) que no había procedimiento sucesorio respecto de su madre fallecida, pero ello no constituía un requisito para efecto de la tramitación de las diligencias. IV. En atención a lo anterior, el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, el Juez responsable admitió a trámite las diligencias de jurisdicción voluntaria, ordenó el envío de oficios para localizar el domicilio de los hermanos de la promovente y dio vista al Agente del Ministerio Público con la solicitud del otorgamiento del nombramiento de representante legal. V. Mediante comparecencias de veintiocho de abril y uno de junio de dos mil veintitrés, ... y ..., ambos de apellidos ..., se apersonaron al procedimiento, por lo que la promovente solicitó al Juez se pronunciara respecto de lo peticionado en su escrito inicial. VI. El Juez responsable otorgó vista al Agente del Ministerio Público con la solicitud y, el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, determinó que, para efecto de continuar con el procedimiento, era necesaria la notificación de la sucesión de la esposa de ... al ser copropietaria de sus bienes con motivo del régimen de sociedad conyugal. VII. El veintidós de agosto de dos mil veintitrés, el Juez responsable emitió un diverso pronunciamiento en el que reconoció que no era necesario llamar al procedimiento a la sucesión de quien contrajo matrimonio con la persona desaparecida y, en observancia de los principios de celeridad e inmediatez -entre otros-, ordenó la publicación de edictos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como de avisos en el Boletín del Poder Judicial, la Comisión de Búsqueda, la Comisión de Víctimas y la Comisión de Derechos Humanos, todas de la Ciudad de México, dejando a disposición de la promovente los oficios respectivos para su diligenciación; además, decretó la inexigibilidad o suspensión temporal de las obligaciones o responsabilidades que ... tenía a su cargo. Sexto. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. I. Respecto del acto reclamado señalado en el inciso a), particularmente en lo relativo a la resolución de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en la que el Juez responsable determinó que continuaría con el trámite de las diligencias hasta en tanto se proporcionara el nombre de la sucesión de la entonces esposa de la persona cuya desaparición fue denunciada. Este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que alude a la cesación de efectos, que puede surgir en dos casos, a saber: a) por revocación y b) por sustitución. La cesación de efectos, como base elemental en la actualización de la causal que aquí se estudia, surge en dos casos, a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Sustenta lo anterior la tesis I.3o.C.92 K emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1491, del tomo XXX, diciembre de 2009, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En el caso, la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable de sustanciar el procedimiento de las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre declaración de ausencia ..., conforme a lo dispuesto en la Ley Especial de Declaración de Ausencia para Personas Desaparecidas de la Ciudad de México, ya que se determinó continuar con el procedimiento una vez que se tuviera conocimiento de la designación del albacea de la sucesión de la albacea de la entonces esposa de la persona desaparecida. Sin embargo, de las constancias allegadas por el juez responsable con su informe justificado, se advierte que el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, emitió un diverso pronunciamiento en el que: Reconoció que no era necesario llamar al procedimiento a la sucesión de quien contrajo matrimonio con la persona desaparecida. En observancia de los principios de celeridad e inmediatez -entre otros-, ordenó la publicación de edictos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como de avisos en el Boletín del Poder Judicial, la Comisión de Búsqueda, la Comisión de Víctimas y la Comisión de Derechos Humanos, todas de la Ciudad de México, dejando a disposición de la promovente los oficios respectivos para su diligenciación. De lo anterior se advierte, que el Juez responsable emitió una determinación conforme con lo dispuesto en los artículos 17 a 20 de la Ley Especial de Declaración de Ausencia para Personas Desaparecidas de la Ciudad de México, que dicen: "Artículo 17.- Para el análisis y resolución de la Declaración Especial de Ausencia, la Jueza o el Juez de lo Familiar deberá requerir a la Fiscalía Especializada, a la Comisión de Búsqueda, a la Comisión de Víctimas y la Comisión de Derechos Humanos según corresponda, que les remitan información pertinente que obre en sus expedientes, en copia certificada. De considerarlo necesario, podrá también requerir información a otras autoridades, dependencias, instituciones o personas, incluyendo las y los Familiares de la Persona Desaparecida. Las autoridades requeridas tendrán un plazo de cinco días hábiles contados a partir de que reciban el requerimiento para atenderlo." "Artículo 18.- A fin de garantizar la máxima protección a la Persona Desaparecida y a sus Familiares, la Jueza o el Juez de lo Familiar deberá dictar las medidas provisionales y cautelares que resulten necesarias al momento de admitir la solicitud de Declaración Especial de Ausencia." "Artículo 19.- La Jueza o el Juez de lo Familiar dispondrá que se publiquen los edictos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los cuales deberán ser de forma gratuita, de conformidad con en el tercer párrafo del artículo 239 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Asimismo, se deberán publicar los avisos en las páginas electrónicas del Poder Judicial, de la Comisión de Búsqueda, de la Comisión de Víctimas y de la Comisión de Derechos Humanos. Las publicaciones señaladas en el presente precepto deberán ser por tres ocasiones, con intervalos de una semana, llamando a cualquier persona que tenga interés jurídico en el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia correspondiente." "Artículo 20.- Transcurridos quince días hábiles desde la fecha de la última publicación de los edictos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, si no hubiere oposición de alguna persona interesada, la Jueza o el Juez de lo Familiar resolverá, en forma definitiva, sobre la Declaración Especial de Ausencia." Esto es, tomando en consideración las constancias de la carpeta de investigación iniciada con motivo de la denuncia de desaparición del padre de la quejosa y las diversas documentales que obran en autos, ordenó la publicación de edictos -de forma gratuita- y avisos en los espacios correspondientes para llamar a cualquier persona que tenga interés jurídico en el procedimiento; para que, una vez publicados, se emita la decisión relativa. De lo que se colige que, aun cuando la parte quejosa refiera que pudieran volver a inobservarse las disposiciones previstas en la legislación especial, lo cierto es que, por lo que hace a las irregularidades respecto de los edictos y oficios destacadas en su escrito inicial de demanda, estas fueron subsanadas en el proveído de veintidós de agosto de dos mil veintitrés. En ese sentido, a criterio del suscrito, ha operado la cesación de efectos por revocación, en razón de que han quedado destruidos totalmente los efectos generados con las omisiones reclamadas, y por ende no es posible emprender un estudio sobre su constitucionalidad. Sustenta lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." II. Respecto del acto reclamado señalado en el inciso a), particularmente en lo relativo a la omisión de proveer las medidas provisionales solicitadas en el escrito inicial de demanda. Este juzgador estima que el juicio es improcedente por no agotarse el principio de definitividad previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece dicha figura cuando, contra el acto reclamado, las leyes ordinarias conceden algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto su modificación, revocación o nulificación. Lo anterior entraña el principio de definitividad que rige en el amparo, no exigible en los supuestos que prevén los incisos a), b) c) y d) del numeral citado; hipótesis que en la especie, dadas las características del acto reclamado y el estado procesal del procedimiento de origen, no se actualizan, ya que la parte quejosa fue quien promovió las diligencias de jurisdicción voluntaria. Por ello se concluye que está obligada a agotar, previo a la instauración del juicio de amparo, el recurso de apelación en términos del artículo 21 de la Ley Especial de Declaración de Ausencia para Personas Desparecidas de la Ciudad de México, que dispone: "Artículo 21.- Las medidas provisionales y cautelares, así como la resolución que la Jueza o el Juez de lo Familiar dicten respecto a la Declaración Especial de Ausencia, podrán ser impugnadas mediante la interposición del recurso de apelación en ambos efectos. Las personas con interés legítimo podrán impugnar la resolución cuando consideren que los efectos de la Declaración Especial de Ausencia no atienden plenamente a sus derechos o necesidades." Conforme a dicho numeral, el recurso de apelación de tramitación inmediata, en ambos efectos, regulado en la Ley Especial, es un recurso ordinario idóneo y eficaz para examinar las medidas provisionales y cautelares, así como cuando las personas consideren que la declaración especial de ausencia no atiende plenamente a sus derechos o necesidades. En el caso, la parte quejosa en su escrito inicial de demanda destacó como acto reclamado la omisión de la autoridad responsable de proveer las medidas provisionales consistentes en: Otorgamiento de la posesión de los bienes inmuebles propiedad de ...; y, particularmente, la suspensión de los plazos pendientes de amortización del crédito hipotecario correspondiente a uno de los inmuebles. Nombramiento de la promovente como representante legal con facultad de ejercer actos de administración y dominio de la persona aludida. Al respecto, el Juez Quinto Familiar de la Ciudad de México, previo desahogo de prevención, el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, admitió a trámite las diligencias de jurisdicción voluntaria y omitió pronunciarse respecto de las providencias precautorias solicitadas; asimismo, en diverso proveído emitido el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, únicamente decretó la inexigibilidad o suspensión temporal de las obligaciones o responsabilidades que Armando Icelo Rojo tenía a su cargo. En ese sentido, la omisión alegada debe ser combatida mediante la interposición del recurso de apelación contra dichos acuerdos, ya que de conformidad con los artículos 688 y 689 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), de aplicación supletoria a la ley especial, tal medio de impugnación procede también cuando exista alguna omisión procesal en que haya incurrido el juzgador en el dictado de sus determinaciones. Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia PC.I.C. J/100 C (10a.), emitida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital 2021500, que dispone: "RECURSO DE APELACIÓN. PROCEDE POR REGLA GENERAL, CONTRA RESOLUCIONES QUE OMITAN ACORDAR UNA CUESTIÓN JURÍDICA, SALVO EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O LA JURISPRUDENCIA EXENTEN DE SU INTERPOSICIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 688 y 689 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, el recurso de apelación procede no sólo contra los autos que determinen una situación jurídica específica que perjudique a alguna de las partes en la controversia, sino también cuando en ellos exista alguna omisión procesal en que haya incurrido el juzgador al dictarlos y con ello se agravie al justiciable; medio de impugnación cuyo agotamiento estará exento de interponerse en los supuestos en que la ley o la jurisprudencia obligatoria lo prevean, en atención a la naturaleza del acto reclamado, a la materia de la controversia o a las partes involucradas en el procedimiento respectivo." Por esta razón, las personas que pretendan promover demanda constitucional están obligadas a interponer dicho recurso de manera previa a acudir a aquél, so pena de que el juicio de amparo sea improcedente. Además, este recurso debe agotarse aun considerando el acto como uno de imposible reparación, pues dicha calificación, que apunta a una afectación sustantiva, no es una excepción para satisfacer el postulado que rige al juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 11/2018 (10ª) aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2017117, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." III. Ahora, con relación al acto precisado en el inciso b), relativo a la dilación en el dictado de la resolución de declaración de ausencia. Este órgano jurisdiccional considera que no es de imposible reparación, pues no afecta material e inmediatamente los derechos humanos de la parte demandante, ello de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En efecto, pues cuando este tipo de conductas ocurren dentro de un proceso jurisdiccional, no pueden combatirse de forma autónoma, por traducirse en cuestiones de naturaleza intraprocesal, es decir, situaciones que inciden únicamente en el curso del juicio, como lo sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.); lo que trae como consecuencia que se actualice la causal prevista en la fracción V, interpretada contrario sensu, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXIII de su diverso numeral 61. Al efecto se cita por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Décima Época, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, materia: constitucional, común, página: 1086, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En efecto, de lo anterior se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se enderece estrictamente contra omisiones dentro de un proceso jurisdiccional o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pues las reglas que los rigen son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria, como también lo sostuvo la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en los diversos criterios de jurisprudencia número 7/2015 (10a.) y 8/2015 (10a.) . De ahí que por regla general, la dilación no afecta los derechos sustantivos constitucionales de la accionante, como la vida, la propiedad, la familia, o la libertad, etc. -y que son algunos ejemplos de los derechos que pueden afectarse en forma irreparable-. Sin que en la especie se actualice el supuesto de excepción a que se refiere la parte final de la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), relativo al caso en que el Juez de Distrito advierta que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Y es así, porque en primer término no se está frente a una inmovilización absoluta del trámite, dado que las constancias del juicio revelan que aun cuando el asunto natural empezó con la presentación de la demanda el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, el impulso ha sido activo por las promociones presentadas por la parte actora y las diligencias ordenadas por el juez de origen y la emisión de sus determinaciones, siendo la última con que se cuenta la del veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Por otro lado, aplicando por analogía el diverso criterio de jurisprudencia 2a./J. 12/2022 (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se llega al convencimiento, de que tampoco existe una "abierta dilación" del procedimiento, siguiendo los lineamientos establecidos en tal precedente. En efecto, es caso a caso que debe determinarse si la conducta procesal de las autoridades instructoras de los asuntos se traduce en una violación a derechos sustantivos, partiendo de la dificultad de fijar un lapso genérico que de manera uniforme e indiscutible sea aquel que no debe rebasarse. Ello es así, porque para la función jurisdiccional, sería inviable que el legislador, al fijar términos procesales en las leyes respectivas, pudiera atender a la variada gama de posibilidades que abonan a la complejidad de un asunto; de modo que para los tribunales las restricciones que objetiva y racionalmente puede implicar un impedimento para satisfacer puntualmente todos los términos propios de la sustanciación procesal, se pueden encontrar precisamente en la naturaleza del proceso, o en las condiciones que éste vaya presentando para poder alcanzar satisfactoriamente todas las etapas del juicio. Lo anterior se apoya en la jurisprudencia P./J. 32/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 57, septiembre de 1992, en Materia(s): Común, Página: 18, que dispone: "TERMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUO INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERO EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERISTICAS DEL CASO. El artículo 17 de la Constitución consagra la garantía denominada derecho a la jurisdicción que consiste, conforme al texto literal del precepto, en que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" lo que significa, por regla general, que un funcionario judicial actúa indebidamente cuando incurre en dilaciones que lo llevan a vulnerar esos dispositivos al no acordar las promociones de las partes o emitir las resoluciones dentro de los términos específicos que para cada situación señalan las normas procesales aplicables. De ello se sigue que si se formula una queja administrativa con motivo de esas irregularidades y el funcionario admite que incurrió en ellas o las mismas se encuentran probadas, en principio, debe considerarse fundada la queja e imponer las correcciones disciplinarias que correspondan o adoptar medidas que se juzguen convenientes. Sin embargo, al examinar cada caso se debe considerar que el legislador al fijar términos procesales en las leyes respectivas no pudo atender a la variada gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten como por la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza del problema resulta lógico inferir que el legislador, al hacer la determinación a que se alude tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en número proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que o bien se presentaron atenuantes o bien, excluyentes de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario contra el que se formuló la queja administrativa y resolverla en consecuencia." En el caso, el retraso causado en el dictado de la resolución de la declaración de ausencia como lo pretende la quejosa no representa una situación alarmante, inusitada o que se traduzca en una violación a derechos fundamentales, máxime cuando el Juez de origen ha dictado las medidas provisionales necesarias para proteger el patrimonio de la persona desaparecida. Por lo que no puede considerarse que si hasta el momento no se ha dictado la resolución de la declaración de ausencia impacte directamente en los derechos sustantivos de la quejosa, pues el veintidós de agosto del presente año se decretó la suspensión de las obligaciones a cargo de su padre y se ordenó la publicación de edictos y avisos a fin de llamar a quien tuviera interés en el procedimiento, lo que evidencia que no existe una paralización del procedimiento ni una situación que impacte de forma negativa en su esfera jurídica. Por ello, es criterio del suscrito que no se advierte una notoria actitud perniciosa, deficiente o lesiva de parte de la autoridad. Con base en estos parámetros, se colige que la cuestión que se dilucida es meramente procesal y el tiempo empleado no ha sido en total inactividad, ni ha transcurrido con pasividad o dolo de la autoridad, pues dentro del proceso se ha respondido a las solicitudes de la actora y actualmente se han emitido las medidas necesarias de forma provisional -las cuales tendrán vigencia hasta el dictado de la resolución definitiva- a fin de salvaguardar el patrimonio de la persona desaparecida. Además, no se soslaya que la parte quejosa destaque violaciones generales en la sustanciación del procedimiento, tales como que no se ha dado trámite a las diligencias de jurisdicción voluntaria conforme a las disposiciones previstas en la Ley Especial que lo regula; lo que, desde su perspectiva, ha originado la dilación en el dictado de la resolución de declaración de ausencia. Sin embargo, esa cuestión es susceptible de ser analizada será hasta que se emita la resolución definitiva correspondiente, a fin de que se pueda determinar si se materializaron o no las violaciones con trascendencia a los derechos de la parte quejosa y, desde luego, a su resultado. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia IX. 1o. J/10, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1303, Novena Época, Materia Común, de rubro: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO." Por lo anterior, es criterio de este órgano que la dilación procesal no es abierta ni injustificada, y por ende no violenta derechos sustantivos de la quejosa, por lo que reviste una naturaleza intraprocesal; y, por ende, cobra vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, al haberse actualizado las causas de improcedencia invocadas, lo procedente es SOBRESEER EL JUICIO de conformidad con el diverso 63, fracción V, de la misma legislación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por ..., por propio derecho, contra actos del Juez Quinto Familiar de la Ciudad de México y el Agente del Ministerio Público, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar, Tercera Agencia en Juzgados y Salas Familiares, por las razones expuestas en los considerandos cuarto y sexto de esta resolución. Notifíquese como corresponda. Lo resolvió y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., secretaria que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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