Liliana Hernández Villalobos

Expediente 631/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
631/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
24/09/2021

Partes del expediente

  • Liliana Hernández Villalobos

Actuaciones

  1. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno que en resumen dice: León, Guanajuato, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede se provee: I. Auto causa estado. De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo legal el auto en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación,2 dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. III. Se dejan a disposición documentos. 2 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: [.] d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; Finalmente, de autos se advierte que se encuentran documentos que por sus características se consideran irrecuperables, por lo que se requiere a la parte quejosa para que acuda a este juzgado dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 631/2021. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a proveer sobre la procedencia de la demanda, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que el acto reclamado consiste en: La negativa de la autoridad responsable en permitir a la quejosa ratificar su permanencia como aspirante a una plaza de base en la bolsa de trabajo del Hospital Regional León del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). SE DESECHA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Liliana Hernández Villalobos, contra actos de la Subcomisión Mixta de Bolsa de Trabajo del Hospital Regional León del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se considera actualizada la hipótesis que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente... De la interpretación sistemática de los preceptos en cita se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos, omisiones, normas generales o tratados que en el mismo se reclamen, que no provengan de autoridad, que en términos del aludido artículo 5º de la Ley de Amparo, es -con independencia de su naturaleza formal-, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, o bien, se trate de un particular que realice actos equivalentes a los antes citados cuyas funciones estén determinadas por una norma general. La característica que esencialmente distingue un acto de autoridad, es que se emite en forma unilateral y obligatoria por cualquier ente, público o particular, y que con él, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en perjuicio de un gobernado, que lo lleve a instar el juicio de amparo... De modo que no todo acto aun proveniente de una autoridad, puede ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque los titulares de organismos públicos realizan cotidianamente acciones que pueden afectar a un particular, sin generar necesariamente una relación de supra a subordinación. En el caso, de lo manifestado por la quejosa, bajo protesta de decir verdad, se observa que reclama la negativa de la autoridad responsable en permitirle ratificar su permanencia como aspirante a una plaza de base en la bolsa de trabajo del Hospital Regional León del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Circunstancia que evidencia que tal acto no emana de una autoridad para los efectos del juicio de amparo. En ese orden de ideas, resulta claro que, no es un acto emanado de autoridad alguna, pues no implica una imposición o subordinación nacida de un poder de mando, sino que el efecto que tiene es estrictamente laboral; ya que deriva de la relación de coordinación patrón-trabajador entre la promovente y la Subcomisión Mixta de Bolsa de Trabajo del Hospital Regional León del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; por tanto, el acto reclamado no puede considerarse como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Bajo esa óptica, es evidente que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, únicamente se afectarían derechos que pudiesen corresponder, para la impetrante de amparo, exclusivamente en al ámbito laboral, habida cuenta que la cuestión en controversia deriva de la relación de trabajo entre la trabajadora y el organismo de salud. Esto es, con independencia de que el acto reclamado pudiese resultar legal o ilegal, se atribuye al director del Hospital Regional León del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en una relación laboral entre éste y la quejosa, derivada de derechos de naturaleza netamente de trabajo, y no en un ámbito de supra a subordinación; esto es, dichos actos fueron efectuados en un plano de igualdad, de coordinación. En conclusión, no todo acto u omisión, constituyen actuaciones de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino únicamente aquellos que traigan consigo el ejercicio de una potestad que otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular, situación que en concreto no se actualiza, porque, se reitera, la autoridad aquí señalada como responsable actúa en una relación laboral de igualdad entre la quejosa y el ente de la Salud a quien se atribuye el acto reclamado... De ahí que la improcedencia en estudio, radica en la imposibilidad de concretar el objetivo que persigue el juicio constitucional; esto es, restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho fundamental trasgredido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, que en el caso en particular, debiera traducirse en obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que este exija; sin embargo, lo anterior resulta jurídicamente imposible, en razón de que la omisión que se combate, no tiene su origen en una relación de supra a subordinación; además de que no escapa a la atención del suscrito, el hecho de que la peticionaria tiene una extensa gama de instrumentos legales para defender la asunto que en esta vía combate. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, acorde con lo establecido por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal3; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados4; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,5 así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública6; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término7, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes8 bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. Asimismo, proporciona un correo electrónico para que se establezca contacto en los casos que se estime necesario. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****, ya que no acredita estar facultado para ejercer la profesión de abogados al no tener registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; y a ******, por así haberlo solicitado. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante el secretario encargado del asunto; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberá, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesita9. PROMOCIONES QUE NO INCIDEN EN LA PROSECUCIÓN EFECTIVA DEL JUICIO, DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva, en la medida de lo posible, la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaría judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar al expediente aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicidad de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde auto inicial). En similares términos se agregarán los oficios o escritos presentados por las partes que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, tales como notificaciones a los peritos, gestiones para hacer efectivas multas, etcétera. Lo anterior en estricta observancia al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la finalidad de que el expediente se encuentre disponible el mayor tiempo posible para consulta de las partes. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada ley de la materia, a efecto de salvaguardar la posibilidad de las partes de objetar los documentos exhibidos en el juicio, se les hace de su conocimiento que únicamente podrán ser devueltos cuando cause ejecutoria la sentencia o determinación que ponga fin al juicio; en el entendido que, en su lugar, se dejará copia a costa del solicitante, y será certificada o cotejada posteriormente por el secretario. CONSULTA DE EXPEDIENTES O COMPARECENCIAS. Asimismo, indíquese a las partes que la consulta del expediente deberá llevarse a cabo a través del micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas a que hace alusión el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal10, reformado por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. EXHORTACIÓN A SEGUIR EL JUICIO EN LÍNEA. Por otro lado, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 28 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal11, se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del caso desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el esquema de "juicio en línea", ello con la finalidad de disminuir la concentración de personas en el inmueble que ocupa este órgano jurisdiccional; para lo cual, habrán de tramitar su firma electrónica. O bien, podrán solicitar, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico. Asimismo, solicítese a las partes que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. MEDIDAS PARA LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO. Los actuarios de la adscripción deberán practicar las notificaciones personales, en términos de lo previsto en el artículo 23, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal12, esto es, de conformidad con los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo. Por lo que hace a la notificación a las autoridades responsables, con fundamento en la fracción III del diverso numeral 28 de la Ley de Amparo13, realícese mediante oficio a través de cualquier medio oficial (como puede ser el correo electrónico institucional).

  4. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, el proveído de veinte de agosto de dos mil veintiuno que en resumen dice: "EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 631/2021. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a proveer sobre la procedencia de la demanda, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que el acto reclamado consiste en: La negativa de la autoridad responsable en permitir a la quejosa ratificar su permanencia como aspirante a una plaza de base en la bolsa de trabajo del Hospital Regional León del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). SE DESECHA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Liliana Hernández Villalobos, contra actos de la Subcomisión Mixta de Bolsa de Trabajo del Hospital Regional León del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se considera actualizada la hipótesis que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente... De la interpretación sistemática de los preceptos en cita se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos, omisiones, normas generales o tratados que en el mismo se reclamen, que no provengan de autoridad, que en términos del aludido artículo 5º de la Ley de Amparo, es -con independencia de su naturaleza formal-, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, o bien, se trate de un particular que realice actos equivalentes a los antes citados cuyas funciones estén determinadas por una norma general. La característica que esencialmente distingue un acto de autoridad, es que se emite en forma unilateral y obligatoria por cualquier ente, público o particular, y que con él, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en perjuicio de un gobernado, que lo lleve a instar el juicio de amparo... De modo que no todo acto aun proveniente de una autoridad, puede ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque los titulares de organismos públicos realizan cotidianamente acciones que pueden afectar a un particular, sin generar necesariamente una relación de supra a subordinación. En el caso, de lo manifestado por la quejosa, bajo protesta de decir verdad, se observa que reclama la negativa de la autoridad responsable en permitirle ratificar su permanencia como aspirante a una plaza de base en la bolsa de trabajo del Hospital Regional León del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Circunstancia que evidencia que tal acto no emana de una autoridad para los efectos del juicio de amparo. En ese orden de ideas, resulta claro que, no es un acto emanado de autoridad alguna, pues no implica una imposición o subordinación nacida de un poder de mando, sino que el efecto que tiene es estrictamente laboral; ya que deriva de la relación de coordinación patrón-trabajador entre la promovente y la Subcomisión Mixta de Bolsa de Trabajo del Hospital Regional León del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; por tanto, el acto reclamado no puede considerarse como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Bajo esa óptica, es evidente que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, únicamente se afectarían derechos que pudiesen corresponder, para la impetrante de amparo, exclusivamente en al ámbito laboral, habida cuenta que la cuestión en controversia deriva de la relación de trabajo entre la trabajadora y el organismo de salud. Esto es, con independencia de que el acto reclamado pudiese resultar legal o ilegal, se atribuye al director del Hospital Regional León del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en una relación laboral entre éste y la quejosa, derivada de derechos de naturaleza netamente de trabajo, y no en un ámbito de supra a subordinación; esto es, dichos actos fueron efectuados en un plano de igualdad, de coordinación. En conclusión, no todo acto u omisión, constituyen actuaciones de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino únicamente aquellos que traigan consigo el ejercicio de una potestad que otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular, situación que en concreto no se actualiza, porque, se reitera, la autoridad aquí señalada como responsable actúa en una relación laboral de igualdad entre la quejosa y el ente de la Salud a quien se atribuye el acto reclamado... De ahí que la improcedencia en estudio, radica en la imposibilidad de concretar el objetivo que persigue el juicio constitucional; esto es, restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho fundamental trasgredido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, que en el caso en particular, debiera traducirse en obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que este exija; sin embargo, lo anterior resulta jurídicamente imposible, en razón de que la omisión que se combate, no tiene su origen en una relación de supra a subordinación; además de que no escapa a la atención del suscrito, el hecho de que la peticionaria tiene una extensa gama de instrumentos legales para defender la asunto que en esta vía combate. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, acorde con lo establecido por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo..."

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