Liliana Hernández Mariscal

Expediente 208/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
208/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
17/03/2023

Partes del expediente

  • Liliana Hernández Mariscal

Actuaciones

  1. Principal

    agréguese a los autos el oficio suscrito por **** en su carácter de representante legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por medio del cual en atención al requerimiento realizado en auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, comunica que no fue posible realizar a la quejosa Bertha *******los estudios de resonancia magnética de columna cervical y de hombro, mismos que se encontraban programados para el pasado dos de marzo, toda vez, que la quejosa no presentó la "solicitud de estudio", en ese sentido, su realización se reprogramó para el veinticinco de marzo de la anualidad en curso. De lo anterior, este juzgado federal toma conocimiento y a efecto de evitar mayores dilaciones procesales y en aras de una pronta y expedita administración de justicia, con copia de oficio de cuenta y anexos hágase del conocimiento de la parte quejosa lo antes precisado.

  2. Principal

    agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por ********, a través del cual desahoga la prevención que le fue realizada en auto de dos de marzo del año en curso.En ese orden de ideas, una vez analizado el escrito inicial de demanda de amparo así como en el que se desahogó la prevención que le fue formulada, en el caso se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo, conforme lo señala el diverso numeral 113 del mismo ordenamiento legal: El artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo de improcedencia, se debe desechar de plano, en relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, los artículos 61, fracción XXIII y, 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley." (.) "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiere dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior..." Del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte una limitante para la promoción del juicio de amparo indirecto tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, dado que en estos casos sólo puede promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, en el cual podrán reclamarse las demás violaciones cometidas durante tal procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa; por tanto, el juicio constitucional es improcedente contra actos dictados en ejecución de sentencia que no constituyan la última resolución dictada en esa etapa. De la lectura de la demanda de amparo como de su escrito aclaratorio, se observa que uno de los actos reclamados, lo hizo consistir en el acuerdo de quince de febrero de dos mil veintitrés, emitido por la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. Del acuerdo de mérito, se observa que a petición del tercero interesado y, como consecuencia de que la Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla Estado de México, calificó de grado sin efectos suspensivos, determinó se realizara la devolución del vehículo con la Agencia de autos, y el señor Julián Cano Hernández, materializara compra venta, a fin de liquidar el crédito automotriz y de existir ganancia alguna, se debería dividir en cincuenta por ciento la pare actora. Conforme a los numerales transcritos con antelación en el presente proveído, se puede apreciarse, que se distingue el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, del que se derivan dos vertientes: 1) los actos de ejecución de sentencia; y, 2) los que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución. En relación con los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento). En esa clase de actos, dictados después de concluido el juicio y vinculados con la ejecución de la sentencia, como se vio, la procedencia del amparo se posterga hasta que se dicta la resolución final del procedimiento relativo. La razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue, impedir que el juicio de garantías sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible. Con ese motivo en mente, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. En relación con la segunda clase de actos, esto es, aquellos que son dictados después de concluido el juicio pero no vinculados con la fase ejecutiva, no se establece la prevención de postergar la procedencia del amparo y, por lo mismo, debe estimarse que el amparo indirecto es procedente de manera inmediata (aunque, ciertamente, en respeto del principio de definitividad, si procediera algún recurso en sede ordinaria por cuya virtud el acto pudiera ser modificado o nulificado, éste tendría que agotarse antes de acudir a la vía del amparo). Sobre lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en los criterios siguientes: Ahora bien, para determinar qué actos dictados después de concluido el juicio pertenecen a una u otra categoría, ha de establecerse cuándo inicia la ejecución de una sentencia. Ante la sentencia, la parte que ha sido vencida en juicio puede asumir una de dos actitudes: cumplirla o no cumplirla. En ambos casos, es necesario que el Juez dicte, a instancia de parte, las medidas necesarias para lograr el contenido de la sentencia, aun en contra de la voluntad del vencido. Al conjunto de actos procesales que se realizan durante esta etapa eventual del proceso se le llama ejecución procesal y se realiza por la vía de apremio. Ahora bien, la determinación reclamada deriva de la resolución interlocutoria, relativa al procedimiento especial de disolución de divorcio y la partición de los bienes que formaron parte de la sociedad conyugal, en esa medida, al haberse determinado en sentencia la disolución y liquidación de la sociedad, es inconcuso que la ejecución de la misma incluye la condena a la aludida liquidación, por lo que, la interlocutoria que resuelve sobre el tópico, es una resolución tendiente a la ejecución de la sentencia definitiva, pues se encuentra encaminada directamente a lograr lo ahí resuelto, y por tanto, no puede catalogarse como una resolución emitida después de concluido el juicio, pues no es independiente y autónoma a lo resuelto en la definitiva. Bajo esa línea argumentativa, determinación impugnada, es una resolución intermedia en la etapa de ejecución de sentencia, en virtud de que en ella no se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ni se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Sobre lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 70/99-PS, entre la sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, sostuvo las siguientes consideraciones: "De lo antes expuesto, se desprende que en la especie subsisten dos aspectos medulares respecto de los cuales debe definirse la posibilidad de analizar si existe la oposición de criterios planteada, los cuales se hacen consistir en lo siguiente: 1. Establecer si la interlocutoria que resuelve un incidente de liquidación de sociedad conyugal, tiene el carácter de definitiva, para los efectos del juicio de amparo indirecto; y, 2. Determinar si contra la interlocutoria dictada en ejecución de sentencia de un juicio ordinario civil de nulidad de matrimonio o de divorcio voluntario procede el recurso de apelación en términos del artículo 432 del código adjetivo civil del Estado de México. Pues bien, en cuanto a la primera de las dos hipótesis planteadas, debe decirse que en la misma se contempla el aspecto de la definitividad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, tomando como punto de referencia a la interlocutoria que resuelve un incidente de liquidación de sociedad conyugal. Sobre el particular, esta Primera Sala considera que legalmente no existen condiciones para abordar en el presente asunto, el análisis que se plantea en dicho supuesto por las razones siguientes: Por lo que se refiere al tema concreto de la definitividad de las resoluciones para el efecto de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en los términos previstos por el artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, esta Primera Sala al fallar en sesión de treinta y uno de enero de dos mil uno, la contradicción de tesis 25/96, definió claramente el significado de la expresión "última resolución" a que se refiere el precepto aludido. Las torales consideraciones que sustentan el criterio mencionado, se hicieron consistir en el hecho de que tratándose del procedimiento de ejecución de sentencias, el único acto impugnable en amparo lo constituye la última resolución del mismo, que invariablemente lo será aquella en que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Tales consideraciones coinciden con lo sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal en el criterio aislado que a continuación se transcribe y en el cual se determina el significado de la expresión "última resolución", cuyos datos de identificación son los siguientes: Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: V, abril de 1997 Tesis: P. LVII/97 Página: 16 "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.- . "El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el ocho de abril en curso, aprobó, con el número LVII/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a ocho de abril de mil novecientos noventa y siete." Por su parte, la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en relación al tema relativo a las resoluciones intermedias dictadas en ejecución de sentencia, sostuvo la tesis aislada que a continuación se transcribe, cuyos datos de identificación son los siguientes: (.) "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.- ." Lo antes expuesto, evidencia que el tema al que se refiere el presente estudio, contradice lo sustentado tanto por esta Primera Sala como por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que en la hipótesis planteada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, se sostiene que la interlocutoria que resuelve un incidente de liquidación de sociedad conyugal tiene el carácter de definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, en tanto que los pronunciamientos que sobre el particular ha sustentado este Alto Tribunal, conducen a la afirmación de que la "última resolución" que se dicte en la fase ejecutiva debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por tanto, resulta incuestionable que de acuerdo con tales consideraciones, a la interlocutoria que resuelve un incidente de liquidación de sociedad conyugal no se le debe otorgar el carácter de definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, sino que se debe considerar como una resolución intermedia dictada en ejecución de sentencia, a virtud de que en ella no se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ni se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En consecuencia, esta Primera Sala considera que el supuesto jurídico en que se apoyó el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en el sentido de que la interlocutoria que resuelve un incidente de liquidación de sociedad conyugal, tiene el carácter de definitiva, para los efectos del juicio de amparo indirecto, no debe formar parte del estudio de la presente contradicción." Por tanto, aún y cuando el acuerdo reclamado, se determinó la devolución del vehículo adquirido por la sociedad conyugal disuelta a la Agencia de autos, para el efecto de que se materializara compra venta, a fin de liquidar el crédito automotriz y de existir ganancia alguna, se debería dividir en cincuenta por ciento con la pare actora, la misma no puede catalogarse como la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, pues, se reitera, en ella no se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni se ordena el archivo definitivo del expediente. Precisado lo anterior, este Juzgado Federal considera que en el caso respecto de dicho acto de molestia, existe el motivo de improcedencia de la demanda de amparo contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, pues la determinación impugnada, no reviste el carácter de última resolución emitida en dicho procedimiento -entendiéndose como tal, aquella que reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o la que determina la imposibilidad para darle cumplimiento. Por otra parte, en cuanto al acto reclamado consistente en el acuerdo de tres de febrero de dos mil veintitrés, emitido por la Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, en esa actuación, la responsable no acordó de conformidad la solicitud que le fue planteada y, le señaló estar a lo acordado en el diverso proveído de diecinueve de enero de la presente anualidad, Al respecto, este Juzgador Federal considera que se actualiza manifiesta e indudablemente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". La porción normativa transcrita pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Por tanto, para que se actualice la causa de improcedencia citada, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa surja dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I. 4o. C. J/25, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en la página trescientos sesenta y uno del tomo VI, segunda parte-1, julio-diciembre de mil novecientos noventa, octava época, que dispone lo siguiente: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución". En efecto, contra el acto que se reclama, procede el recurso de revocación conforme a lo establecido en el artículo 5.74 en relación con los diversos 1.360, 1.361 y 1.362, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que establecen lo siguiente: "Artículo 5.74.- Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales". "Artículo 1.360.- Se reconocen como recursos los siguientes: I. Revocación; II. Apelación; III. Queja". "Artículo 1.361. Los recursos no son renunciables". "Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó". Del análisis de los preceptos transcritos, se arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues la emisión del acto reclamado es atribuido a una autoridad jurisdiccional, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos relacionados. El segundo de los requisitos también se presenta en el caso si se toman en consideración los artículos que se transcribieron, de los que se advierte la procedencia de un medio de impugnación que puede hacer valer la parte quejosa, como lo es el recurso de revocación, el que deriva de la irrecurribilidad de los autos dictados en una controversia de orden familiar, mediante la apelación, por no estar expresamente establecida la procedencia de este último en su contra. Por tanto, conforme al artículo 5.74 en relación con el diverso 1.362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, son impugnables de manera subsidiaria en revocación, al tratarse de determinaciones dictadas fuera de audiencia. Así las cosas, si el acto reclamado emitido no es impugnable en apelación, toda vez que no existe disposición expresa en la ley adjetiva civil aplicable al juicio natural, que determine su procedencia contra los actos de su naturaleza, por exclusión procede en su contra el recurso de revocación. En este orden de ideas, si la ley adjetiva invocada contempla la procedencia de un recurso en contra del impugnado; entonces, resulta inconcuso que a través de este medio de defensa, esto es, el recurso de revocación previsto en el artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, el acto reclamado puede ser modificado, confirmado o revocado. La tercera hipótesis en estudio también se actualiza, ya que el recurso de revocación es procedente contra el acto reclamado que surge en el procedimiento en que se emitió, es decir, en la controversia del orden familiar, y dicho medio impugnatorio debe presentarse ante el órgano que lo conoce, pues es evidente que si se reclama el auto dictado en esa controversia, resulta procedente tramitar dicho recurso, y si no se hace, no se satisface el principio de definitividad. La última de las hipótesis relacionadas también se actualiza, en virtud de que el acuerdo puede ser modificado, revocado o nulificado, a través del recurso de revocación a que se ha hecho referencia. Por tanto, dicha determinación puede ser impugnada mediante ese medio de defensa, lo cual se traduce en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la página trescientos cincuenta del libro uno, tomo I, correspondiente al mes de diciembre de dos mil trece, novena época, que dispone lo siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". Por lo tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo intentada.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por *******, contra actos del Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán Estado de México y otra autoridad responsable, en ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformados con excepción del precepto citado en primer término, mediante diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre del año en cita, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 208/2023-V. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico. Precisado lo anterior y después de estudiar en forma integral la demanda de amparo, con apoyo en lo previsto en los artículos 108 y 114, de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a Liliana Hernández Mariscal, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y con las copias necesarias, realice lo siguiente: Precise si el acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, emitido por la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla Estado de México, fue recurrido a través de algún medio de defensa. Señale bajo protesta de decir verdad, la fecha en que le fue notificado el acuerdo de tres de febrero de dos mil veintitrés, dictado por la Primera Sala Colegiada citada en el anterior numeral. Datos que son indispensables para fijar correctamente la litis y requerir el informe respectivo a la autoridad correspondiente.

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