Liliana Guadalupe Flores Almazán
Expediente 148/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 148/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Liliana Guadalupe Flores Almazán
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Causa estado. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de cuatro de abril de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Archivo y anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído sin decidir el juicio en lo principal y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse, aunado a que no obran documentos originales allegados por la quejosa. Temporalidad para destrucción de expediente. Cumplido el plazo de conservación y cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Orden de archivo. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Se ordena glosar anexo. Glósese en sobre cerrado a los autos del presente juicio el anexo uno que se formó con la demanda de amparo que contiene datos reservados, en el entendido que el mismo deberá permanecer con tal sigilo en aras de proteger el resguardo de su intimidad. Devolución de documento. Toda vez que se encuentra el anexo dos formado con un legajo de constancias que anexó la parte quejosa al presente asunto como prueba, se le previene para que lo recoja dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, es decir, acuda a este Juzgado debidamente identificada, a fin de que se le haga entrega del mismo, apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado, el citado documento correrá la misma suerte que este expediente. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista la determinación de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, a la parte quejosa, que dice: "Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Causa estado. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de cuatro de abril de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Archivo y anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído sin decidir el juicio en lo principal y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse, aunado a que no obran documentos originales allegados por la quejosa. Temporalidad para destrucción de expediente. Cumplido el plazo de conservación y cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Orden de archivo. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Se ordena glosar anexo. Glósese en sobre cerrado a los autos del presente juicio el anexo uno que se formó con la demanda de amparo que contiene datos reservados, en el entendido que el mismo deberá permanecer con tal sigilo en aras de proteger el resguardo de su intimidad. Devolución de documento. Toda vez que se encuentra el anexo dos formado con un legajo de constancias que anexó la parte quejosa al presente asunto como prueba, se le previene para que lo recoja dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, es decir, acuda a este Juzgado debidamente identificada, a fin de que se le haga entrega del mismo, apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado, el citado documento correrá la misma suerte que este expediente. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa."
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Identificación de promoventes y registro. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho y representación de sus hijos ********************, y los menores********************, ambos de apellidos********************, contra actos del Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número ********************. Resguardo de identidad de menores. Debido a que ********************, promueve la demanda de amparo que nos ocupa por su propio derecho, y en representación de sus menores hijos de iniciales********************, ambos de apellidos********************, de quienes de las constancias que acompañó la parte quejosa se desprende que son menores de edad, se informa a las partes que a dichos infantes se les considera de identidad protegida en los presentes autos, en la inteligencia que tanto la identidad como los datos personales de los menores deben permanecer reservados en aras de proteger el resguardo de su intimidad, tal y como se previene en los artículos 76, 79, 83, fracción XIII y 86, fracción IV, todos de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, cuya observancia es obligatoria para todo el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la invocada ley, en concordancia con lo previsto en la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, en su preceptos 68, 75, fracción XIII y 78, fracción IV. Por ende, obténgase copia del ocurso de demanda que se provee, suprímanse los datos de identificación de los menores y déjese como original en el juicio de amparo que nos ocupa, en la inteligencia de que la demanda original que contiene datos reservados será resguardada en el sigilo de la Secretaría como anexo uno. Precisión de la representación de los diversos quejosos. Ahora, no se inadvierte que la promovente inste la demanda de derechos fundamentales por sí, y en representación de los menores citados en líneas que anteceden, así como de sus hijos ********************y********************; sin embargo, los dos quejosos mencionados en último lugar, son mayores de edad, según se advierte de las actas de nacimiento que obran en el anexo allegado por la propia parte quejosa a su escrito inicial fojas 38 y 39 del anexo II, de ahí que, a diferencia de los infantes mencionados, a éstos no se les considera de identidad protegida en los presentes autos. Igualmente, debe decirse que con motivo de la mayoría de edad de los mencionados quejosos, se debe justificar la representación que de ellos tiene la diversa quejosa ********************, para estar en condiciones de promover en su nombre, toda vez que las actas de nacimiento que obran en las copias certificadas que allegó, no son idóneas para tal efecto; sin embargo, dado el sentido de la presente determinación, resulta innecesario prevenir a la promovente, para que acredite dicho extremo, toda vez que aun cuando cumpliera con dicho requisito, el sentido de la presente determinación no variaría, por lo que, sin obviar dicha circunstancia, se emite el proveído en los términos siguientes: Desechamiento de la demanda. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda de que se trata, de los que se advierte que la promovente reclama: "El ilegal auto de radicación de fecha 16 de enero del 2023 en el cual de manera por demás incongruente y frívola se admite a trámite el Incidente de Cumplimiento al pago de Pensión alimenticia, en donde se ordena darse vista y correrle traslado al demandado en contravención al artículo 1152 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y no el aplicable 991 que erróneamente invocan de igual forma el desechamiento de las pruebas ofrecidas oportunamente en el escrito inicial de demanda en prejuicio de los derechos de menores tanto económicos y repercutiendo en su desarrollo educativo." Luego, analizada en su integridad la demanda de amparo que se plantea, así como las constancias que acompañó en copia certificada correspondientes al juicio natural de donde deriva el acto reclamado, se pone de manifiesto su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie, la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XlV, en relación con el 17 y 18 todos de la Ley de Amparo. En efecto, el referido precepto legal, entre otras cosas, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales como aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la ley de la materia. Al respecto, en los citados numerales 17 y 18 de la ley de la materia, se dispone: ...... Del texto de los numerales transcritos, se advierte que el término para promover el juicio de amparo es de quince días, contado desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el caso, de las constancias que acompañó la quejosa en copia certificada correspondientes al juicio natural de donde deriva el acto reclamado, las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2, por haber sido emitidas en ejercicio de las funciones del servidor público respectivo, se advierte que efectivamente a foja doscientos ochenta y cinco obra el acuerdo de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, en el que el juez responsable admitió a trámite un incidente de cumplimiento al pago de pensión alimenticia, y realizó pronunciamiento en cuanto a las pruebas ofrecidas en dicho incidente, así también, de la diversa foja doscientos ochenta y seis vuelta, se desprende que dicho auto fue notificado de forma personal a la aquí quejosa por conducto de su autorizado, el diecisiete de enero siguiente. Ahora, si la demanda fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, según aparece en la boleta correspondiente, es inconcuso que su presentación fue extemporánea, al haberse llevado a cabo fuera del término de quince días que se establece en el invocado artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que de acuerdo a lo expuesto en líneas que anteceden, el acuerdo motivo de reclamo, le fue notificado a la parte quejosa el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, sin que se surta un caso de excepción para que la parte quejosa presentara su demanda después de ese plazo. Efectivamente, lo que determina el inicio del término para la presentación de la demanda de amparo, es la fecha en que le fue notificada la actuación reclamada; por tanto, resulta incuestionable que a la fecha de la promoción de la demanda de derechos fundamentales expiró el plazo de quince días que al efecto se prevé en el artículo 17 de la ley de la materia. En mérito de lo anterior, el acto de que se duele la parte peticionaria del amparo, fue consentido tácitamente, pues dada su inconformidad en contra de la actuación reclamada debió instar el juicio constitucional dentro del término que para tal efecto establece la Ley Reglamentaria y al no hacerlo así, tácitamente consiente éste con todas y cada una de las consecuencias jurídicas que trae aparejado. Sin que pase inadvertido para la suscrita juzgadora, que en el penúltimo párrafo del capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado, la parte quejosa señaló lo siguiente: .......... En ese sentido, como se adelantó, se actualiza en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XlV, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18, de la misma legislación, lo que obliga a desechar la demanda de que se trata, con apoyo además en el artículo 113 de la propia ley de la materia. Domicilio y autorizado. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda. Asimismo, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la mencionada legislación, al licenciado ********************, al contar con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y como lo solicita, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a ********************. Anexo. Con las constancias que acompaña a su demanda la quejosa de mérito, fórmese el anexo II del presente sumario, respetando folio, sello y rúbrica original. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Integración. Finalmente, se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente -electrónico y en su caso físico-, se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3o del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista la determinación de cuatro de abril de dos mil veintitrés, a la parte quejosa, que dice: "Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Identificación de promoventes y registro. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho y representación de sus hijos ********************, y los menores********************, ambos de apellidos********************, contra actos del Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número ********************. Resguardo de identidad de menores. Debido a que ********************, promueve la demanda de amparo que nos ocupa por su propio derecho, y en representación de sus menores hijos de iniciales********************, ambos de apellidos********************, de quienes de las constancias que acompañó la parte quejosa se desprende que son menores de edad, se informa a las partes que a dichos infantes se les considera de identidad protegida en los presentes autos, en la inteligencia que tanto la identidad como los datos personales de los menores deben permanecer reservados en aras de proteger el resguardo de su intimidad, tal y como se previene en los artículos 76, 79, 83, fracción XIII y 86, fracción IV, todos de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, cuya observancia es obligatoria para todo el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la invocada ley, en concordancia con lo previsto en la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, en su preceptos 68, 75, fracción XIII y 78, fracción IV. Por ende, obténgase copia del ocurso de demanda que se provee, suprímanse los datos de identificación de los menores y déjese como original en el juicio de amparo que nos ocupa, en la inteligencia de que la demanda original que contiene datos reservados será resguardada en el sigilo de la Secretaría como anexo uno. Precisión de la representación de los diversos quejosos. Ahora, no se inadvierte que la promovente inste la demanda de derechos fundamentales por sí, y en representación de los menores citados en líneas que anteceden, así como de sus hijos ********************y********************; sin embargo, los dos quejosos mencionados en último lugar, son mayores de edad, según se advierte de las actas de nacimiento que obran en el anexo allegado por la propia parte quejosa a su escrito inicial fojas 38 y 39 del anexo II, de ahí que, a diferencia de los infantes mencionados, a éstos no se les considera de identidad protegida en los presentes autos. Igualmente, debe decirse que con motivo de la mayoría de edad de los mencionados quejosos, se debe justificar la representación que de ellos tiene la diversa quejosa ********************, para estar en condiciones de promover en su nombre, toda vez que las actas de nacimiento que obran en las copias certificadas que allegó, no son idóneas para tal efecto; sin embargo, dado el sentido de la presente determinación, resulta innecesario prevenir a la promovente, para que acredite dicho extremo, toda vez que aun cuando cumpliera con dicho requisito, el sentido de la presente determinación no variaría, por lo que, sin obviar dicha circunstancia, se emite el proveído en los términos siguientes: Desechamiento de la demanda. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda de que se trata, de los que se advierte que la promovente reclama: "El ilegal auto de radicación de fecha 16 de enero del 2023 en el cual de manera por demás incongruente y frívola se admite a trámite el Incidente de Cumplimiento al pago de Pensión alimenticia, en donde se ordena darse vista y correrle traslado al demandado en contravención al artículo 1152 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y no el aplicable 991 que erróneamente invocan de igual forma el desechamiento de las pruebas ofrecidas oportunamente en el escrito inicial de demanda en prejuicio de los derechos de menores tanto económicos y repercutiendo en su desarrollo educativo." Luego, analizada en su integridad la demanda de amparo que se plantea, así como las constancias que acompañó en copia certificada correspondientes al juicio natural de donde deriva el acto reclamado, se pone de manifiesto su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie, la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XlV, en relación con el 17 y 18 todos de la Ley de Amparo. En efecto, el referido precepto legal, entre otras cosas, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales como aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la ley de la materia. Al respecto, en los citados numerales 17 y 18 de la ley de la materia, se dispone: ...... Del texto de los numerales transcritos, se advierte que el término para promover el juicio de amparo es de quince días, contado desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el caso, de las constancias que acompañó la quejosa en copia certificada correspondientes al juicio natural de donde deriva el acto reclamado, las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2, por haber sido emitidas en ejercicio de las funciones del servidor público respectivo, se advierte que efectivamente a foja doscientos ochenta y cinco obra el acuerdo de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, en el que el juez responsable admitió a trámite un incidente de cumplimiento al pago de pensión alimenticia, y realizó pronunciamiento en cuanto a las pruebas ofrecidas en dicho incidente, así también, de la diversa foja doscientos ochenta y seis vuelta, se desprende que dicho auto fue notificado de forma personal a la aquí quejosa por conducto de su autorizado, el diecisiete de enero siguiente. Ahora, si la demanda fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, según aparece en la boleta correspondiente, es inconcuso que su presentación fue extemporánea, al haberse llevado a cabo fuera del término de quince días que se establece en el invocado artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que de acuerdo a lo expuesto en líneas que anteceden, el acuerdo motivo de reclamo, le fue notificado a la parte quejosa el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, sin que se surta un caso de excepción para que la parte quejosa presentara su demanda después de ese plazo. Efectivamente, lo que determina el inicio del término para la presentación de la demanda de amparo, es la fecha en que le fue notificada la actuación reclamada; por tanto, resulta incuestionable que a la fecha de la promoción de la demanda de derechos fundamentales expiró el plazo de quince días que al efecto se prevé en el artículo 17 de la ley de la materia. En mérito de lo anterior, el acto de que se duele la parte peticionaria del amparo, fue consentido tácitamente, pues dada su inconformidad en contra de la actuación reclamada debió instar el juicio constitucional dentro del término que para tal efecto establece la Ley Reglamentaria y al no hacerlo así, tácitamente consiente éste con todas y cada una de las consecuencias jurídicas que trae aparejado. Sin que pase inadvertido para la suscrita juzgadora, que en el penúltimo párrafo del capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado, la parte quejosa señaló lo siguiente: .......... En ese sentido, como se adelantó, se actualiza en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XlV, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18, de la misma legislación, lo que obliga a desechar la demanda de que se trata, con apoyo además en el artículo 113 de la propia ley de la materia. Domicilio y autorizado. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda. Asimismo, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la mencionada legislación, al licenciado ********************, al contar con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y como lo solicita, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a ********************. Anexo. Con las constancias que acompaña a su demanda la quejosa de mérito, fórmese el anexo II del presente sumario, respetando folio, sello y rúbrica original. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Integración. Finalmente, se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente -electrónico y en su caso físico-, se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3o del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa."
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- Liliana Barrios Del Ángel644/2022
- Liliana Gabriela Castro Campos141/2021
- Liliana Gabriela Castro Campos115/2021
- Liliana Guadalupe Flores Almazán617/2021
- Liliana Guadalupe Flores Almazan547/2023
- Liliana Olguín Portes472/2017
- Liliana Ramos Galván544/2022
- Liliana Sifuentes Sánchez403/2020
- Lillia Isabel Serrano Garcia386/2014
- Lindolfo Iván Perales Mancinas18/2018