Liliana Gonzalez Novoa
Expediente 354/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 38 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 354/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 09/11/2016
Partes del expediente
- Liliana Gonzalez Novoa
- Jesus Blas Gonzalez
- Jesus Blas Gonzalez y Otros.
- Liliana Gonzalez Novoa y Otros.
- Isidro Maximiliano Blas Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
Toluca, Estado de México; nueve de noviembre de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio signado por el Juez Segundo Civil de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, a través del cual acusa recibo del oficio 43363, por el cual se le devolvió la copia certificada del expediente 839/2016 en tres legajos, que adjuntó como complemento a su informe justificado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se agrega el oficio de cuenta para que surta los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.
- Incidental
Toluca, Estado de México; dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal del juicio de amparo del que deriva este incidente, se evidencia que por auto de esta misma fecha se ordenó remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. De igual forma, se declaró que el cuaderno original como el duplicado del incidente de suspensión, son susceptibles de destrucción (punto vigésimo, inciso III), lo anterior pues se negó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados. Y al igual que el juicio principal, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, los cuadernos incidentales, permanecerán en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, y se procederá a su destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta se evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió el proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, donde se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del diverso 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Asimismo, las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. A la autoridad responsable Juez Segundo Civil de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, devuélvanse las constancias remitidas como complemento del informe justificado, consistentes en copia certificada del expediente 839/2016 en tres legajos. Asimismo, solicítesele, para que dentro del plazo de tres días inserto en la fracción II del ordinal 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acuse recibo de las constancias referidas en el párrafo que antecede, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá multa de conformidad con el numeral 237 de la Ley de Amparo. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito, por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). 2. El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa Liliana González Novoa por derecho propio y en representación de Jesús e Isidro Maximiliano ambos de apellidos Blas González, no desahogó el requerimiento formulado mediante proveído de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, a través del cual se le requirió para que se presentara en el local de este juzgado federal a recoger los edictos ordenados en auto de referencia para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de mayor circulación nacional, mediante los cuales se pretendía hacer del conocimiento la instauración del juicio de amparo al tercero interesado J. Jesús Blas Hernández, tal y como lo señalan los artículos 27, fracción III, inciso b), de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la primera de las legislaciones invocadas. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de mérito y, con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III del propio ordenamiento, así como en el 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, debido a la falta de emplazamiento de las partes y a la falta de interés de la otra para colaborar en la integración de este asunto. A mayor abundamiento, se precisa que, el emplazamiento del tercero interesado, que permita tener válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionada a que la quejosa recogiera y pagará la publicación de los edictos respectivos, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituía un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, al tomar en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo procedimiento, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio biinstancial pueden llegar a afectar la esfera jurídica de los terceros interesados, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible al quejoso por no recoger los edictos, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el presente juicio, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Lo anterior, porque al quedar paralizado el juicio constitucional por no recoger los edictos, a costa del quejoso, para lograr el emplazamiento de los terceros interesados, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible a este órgano jurisdiccional sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos que al respecto señala la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso, del agraviado, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Atento a lo anterior, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita tal y como lo ordena el artículo 17 constitucional, evitándose además, que la falta de trámite y resolución del juicio de amparo se supedite al arbitrio del quejoso, quien omitió manifestar su imposibilidad de recoger o cubrir el pago de los edictos. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 108/2010, localizable en la página 416, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Novena Época, que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Se hace hincapié en que este Juzgado agotó los medios a su alcance para lograr el emplazamiento del tercero interesado J. Jesús Blas Hernández, ya que por auto de once de julio de dos mil dieciséis (f. 138 y 139), se giraron oficios a diversas dependencias con el fin de investigar el domicilio en el cual podría ser localizado, sin que se obtuvieran resultados positivos, máxime que la propia quejosa no realizó manifestación alguna sobre su imposibilidad de recoger o erogar el gasto de los edictos, lo que hace indudable su desinterés de coadyuvar a la integración de este juicio. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo en los términos antes indicados; ante ello se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional prevista para las diez horas con quince minutos del diez de octubre de dos mil dieciséis, por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. A lo anterior, se apoya la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXV, Quinta Época, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.
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