Liliana García Macías
Expediente 1720/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1720/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Liliana García Macías
Actuaciones
- Principal
- causa estado - Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de diez de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Asimismo, como se hizo constar en la certificación de cuenta, no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(IV)
- Principal
Se notifica por lista a la quejosa, proveído de once de diciembre dos mil diecinueve...Vista la demanda de amparo promovida por Liliana García Macías, en representación de la menor de edad Angélica Judith de León García, contra actos del Juez Primero de lo Familiar en el Estado; fórmese el expediente impreso y electrónico, asimismo anótese en el libro de gobierno respectivo con el consecutivo 1720/2019-IV. -Análisis integral de la demanda- La parte quejosa reclama la resolución dictada el doce de noviembre de dos mil diecinueve, en el que la responsable Juez Primero de lo Familiar del Estado, resuelve el recurso de revocación interpuesto por su autorizado licenciado Luis Enrique Andrade Molina, dentro de los autos del expediente número 0541/2019, relativo al juicio de tramitación especial (alimentos), promovido por la ahora inconforme en nombre y representación de su hija menor de edad, en contra del ahora tercero interesado Manuel de Jesús de León Santillán. En la resolución reclamada, la autoridad responsable confirmó el auto en el que negó acordar de conformidad la petición de la quejosa, de girar oficio para tener conocimiento si el deudor percibe comisiones por cada viaje o flete que realiza. Como antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad que la quejosa expone y que constituyen una confesión de su parte, se obtiene: La quejosa promovió juicio especial de alimentos que le correspondió el número 0541/2019 del índice de la responsable, en nombre y representación de su hija menor de edad Angélica Judith de León García en el que demandó al tercero interesado el pago y cumplimiento de una pensión alimenticia provisional y definitiva para la niña. Admitida la demanda, previo al emplazamiento del demandado, fue recibida la información testimonial para determinar las necesidades de la menor de edad y la capacidad del deudor alimentista. Desahoga la testimonial, se dictó interlocutoria el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, en la que se decretó el veinticinco por ciento de las percepciones laborales del deudor alimentista, en favor de la menor de edad, por concepto de pensión alimenticia provisional. En auto de cuatro de octubre de este año, la responsable negó girar oficio al patrón del tercero interesado para advertir si este último recibe comisiones por cada viaje y/o flete que realiza. La parte quejosa formuló la petición y manifiesta que el deudor percibe esas cantidades, además del salario que recibe, por dedicarse al servicio de autotransporte. Inconforme con tal determinación, interpuso recurso de revocación, el cual fue admitido por la responsable y en auto de doce de noviembre del año en curso fue resuelto y notificado por lista de acuerdos el trece siguiente. - Desechamiento por notoria improcedencia- El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el órgano jurisdiccional que conozca de la demanda, la examinará y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Sobre el alcance de la expresión "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se cita la jurisprudencia P./J. 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de 2001, página 803, con rubro y texto: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". En el caso particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 107, fracción V, esta última interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Conforme al último de los preceptos, los actos de imposible reparación se definen aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, sostuvo que el artículo 107 de ese ordenamiento ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en esas disposiciones -sostuvo el Máximo Tribunal-, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. La citada contradicción de tesis dio origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, junio de dos mil catorce, tomo I, página 39, cuyos rubro y texto son: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Ahora, con la finalidad de dilucidar la naturaleza del acto reclamado, para establecer si tiene efectos irreparables o no, o si afecta algún derecho sustantivo de la solicitante del amparo de manera directa e inmediata (relativos a la vida, la libertad en cualquiera de sus manifestaciones, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera), es menester reiterar que el acto reclamado consiste en la resolución de doce de noviembre de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente 541/2019, recaída al recurso de revocación, en la que la responsable confirmó el auto en el cual no accedió a girar oficio a la empresa patronal del aquí tercero interesado a efecto de indagar si el deudor percibe comisiones. En mérito de lo expuesto, en el presente caso, la posible violación procesal no produce de manera cierta e inmediata una afectación a los derechos fundamentales de la quejosa, pues no trasciende a su persona o bienes, sino que incide sobre derechos adjetivos o procesales. Ciertamente, la confirmación de la negativa de girar oficio al patrón del deudor alimentario para obtener si este último recibe o no comisiones, aparte de su "salario", no vulnera los derechos sustantivos de la menor de edad; tampoco afecta su derecho a percibir alimentos porque existe una determinación previa en la que se decretó el veinticinco por ciento de las percepciones del tercero interesado; por concepto de pensión alimenticia provisional en favor de la infante, resolución que subsiste. De ahí que el acto reclamado sólo afecta derechos de naturaleza procesal, pues aunque se niegue a la parte quejosa, la petición de girar oficio para indagar si el deudor recibe comisiones, ello no impide el ejercicio actual y real de su derecho a percibir alimentos. Aunque el acto reclamado implique una posible transgresión procesal, puede repararse al dictarse la sentencia definitiva favorable a los intereses de la ahora inconforme. Además, en caso de impugnarla como violación procesal en la vía directa y concedérsele el amparo solicitado, a través de la reposición del procedimiento podría dejarse insubsistente y ordenarse girar oficio a la empresa patronal de ese tercero, con lo que se retrotraería el estado de las cosas a como se encontraban antes de que se cometiera la infracción adjetiva, sin dejar rastro de afectación alguna en la esfera jurídica de la quejosa. En suma, si el acto que reclama no afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que se trata de actos procesales susceptibles de ser reparados por diversa vía constitucional, así como que no se trata de persona extraña al procedimiento de origen, por ser la quejosa una parte formal (actora) en el juicio de tramitación especial de alimentos; es improcedente el juicio de amparo. No pasa desapercibido que se encuentran inmersos de una menor de edad y que el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que se deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en se afecte el orden y desarrollo de la familia; sin embargo, dicha suplencia está condicionada a que no se soslayen cuestiones que afecten la procedencia del juicio de amparo, ya que la suplencia de mérito opera sólo respecto de cuestiones de fondo. Por las razones que la informan, se invoca la jurisprudencia P./J. 7/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 175753, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, febrero de 2006, página 7, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con el proceso legislativo que culminó con la reforma al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1967, el fin inmediato de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional una ley es salvaguardar y asegurar la supremacía de la Constitución. Ahora bien, una vez integrada la jurisprudencia, si fuera el caso de suplir la queja deficiente en el juicio de amparo en términos del artículo 76 Bis, fracción I, de la ley de la materia, aquélla podrá aplicarse, pero sin soslayar las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que la suplencia de mérito opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo." En abono a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causa de improcedencia indicada y que por ello se deseche la demanda deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo, pues aun cuando es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, también es cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, de modo que no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Resulta ilustrativa la tesis CCLXXV/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En tales consideraciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoria improcedencia la demanda....(IV)
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · 13,388 expedientes
- Lilia González Galvez711/2017
- Lilia Karina López Gómez688/2022
- Lilia Patricia Betancourt Rangel3018/2014
- Lilia Patricia Betancourt Rangel3261/2014
- Liliana Almanza Huesca569/2017
- Liliana Caldera Macías2025/2015
- Liliana García Macías1082/2019
- Liliana González Rojas731/2018
- Liliana Grisel Rodríguez Delgado1454/2017
- Liliana Guadalupe González Díaz287/2022
- Liliana Hernández Cruz798/2023
- Liliana Martínez Calderón190/2023