Liliana Garcia Garcia
Expediente 1263/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1263/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Liliana Garcia Garcia
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1263/2021-III. Puebla, Puebla, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa, no interpuso recurso de queja contra el proveído de quince de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada la demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial A para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, esta juzgadora estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a quien hubiera presentado la demanda. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte promovente, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído habrá de notificarse por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1263/2021-III. Puebla, Puebla, quince de diciembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Se recibe la copia digitalizada de la demanda de protección de derechos que suscribe , por propio derecho, contra actos del Juez del Juzgado Municipal de Cuautlancingo, Puebla. DESECHAMIENTO Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Bajo ese contexto, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte el reclamo del proveído de tres de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en autos del proceso * del Juzgado Municipal de Cuautlancingo, Puebla, en el que la quejosa tiene el carácter de parte ofendida y de víctima, pues así lo manifestó la quejosa tanto en los antecedentes manifestados bajo protesta de decir verdad, como en los conceptos de violación. En dicho proveído no se acordó ha lugar tener autorizado asesor jurídico en virtud que la representación de la víctima u ofendido está a cargo del Agente del Ministerio Público. Empero, el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente contra dicho acto, toda vez que la quejosa, como parte procesal en la causa penal del Juzgado Municipal de Cuautlancingo, Puebla -víctima y ofendida- antes de acudir al juicio de amparo se encontraba obligada a agotar el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige al acto reclamado, ya que al no hacerlo así se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo,que dispone:Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(...)XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales,administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda laley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas,revocadas o nulificadas.(...)De donde se advierte que, previo a la promoción del juicio de amparo, por imperativo legal, necesariamente se tiene que agotar el recurso, juicio o medio de defensa establecido en la ley que regula al acto reclamado, con el cual, quien esté inconforme con el pronunciamiento o conducta de la autoridad responsable tiene la posibilidad de modificar, revocar, nulificar e incluso obtener la satisfacción de su pretensión, lo que de no cumplirse tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige la procedencia del presente juicio. Ello es así, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer la persona gobernada, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. Ahora, los artículos 267 y 273 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, establecen: "Artículo 267. El recurso de revocación procede, cuando este Código no conceda el de apelación". "Artículo 273.- Son apelables, salvo disposición legal en contrario:. I.- Las sentencias de primera instancia;. II.- Los autos de falta de elementos para procesar;. III.- Los autos en que se conceda o niegue la libertad bajo caución;. IV.- Los autos que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos;. V.- Los autos que resuelvan algún incidente no especificado;. VI.- El auto en que se niegue la orden de aprehensión y el que niegue la citación para preparatoria;. VII. Los autos que ratifiquen la constitucionalidad de una detención conforme al párrafo VI del artículo 16 Constitucional;. VIII.- Los autos en que se fije o modifique el monto de la caución para obtener la libertad provisional, teniendo la autoridad revisora, en este caso, un término de cuarenta y ocho horas para resolver al respecto, y. IX.- Las demás resoluciones que señale la Ley." De lo transcrito se conoce cuáles son las resoluciones en materia penal respecto de las que procede el recurso de apelación y, por exclusión, si la determinación que se desee impugnar no está prevista en dicha disposición legal, lo que procede es el recurso de revocación. En el caso concreto, respecto del acuerdo de tres de noviembre del año dos mil veintiuno, dentro del proceso 99/2013, en efecto, no encuadra dentro de las hipótesis previstas en el artículo 273 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla a fin de ser recurrido a través de la apelación. Sin embargo, como ya se indicó, el diverso artículo 267 del ordenamiento legal en cita establece que cuando el código en mención no conceda el de apelación procederá el recurso de revocación, lo que lleva a concluir que si la resolución o acuerdo materia de estudio no es apelable en conformidad con el artículo 273 anteriormente referido, es indudable que en contra de dicha resolución procede el recurso de revocación. Conforme con lo expuesto, se colige que el acto reclamado por la parte quejosa es impugnable a través del recurso de revocación previsto en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, por no encuadrar dentro de las hipótesis a que se refiere el artículo 273 del mismo cuerpo de leyes. En conclusión, es indudable que la demanda de amparo que se provee resulta improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación se puede obtener la confirmación, modificación o revocación del auto que se reclama a través del presente juicio de amparo, el cual estaba obligada a agotar la quejosa al no ser extraña al proceso natural, por tener el carácter de parte ofendida y víctima, y no tratarse de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de la materia, razón por la cual no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. Es aplicable en lo conducente y por las razones que la integran, la siguiente jurisprudencia AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. ." Así, se advierte que la inconforme no satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a efecto de que los justiciables estén en aptitud de ejercer el principio de impugnación que rige en los procedimientos judiciales, en contra de las determinaciones que causen un agravio en sus intereses o derechos, como en la especie hace ver la promovente del amparo. Con independencia de lo anterior, respecto del proveído de tres de noviembre de dos mil veintiuno dictado en el proceso penal 99/2013 del Juzgado Municipal de Cuautlancingo, Puebla también se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretado en sentido contrario, que a la letra dicen:"Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal preceptúa: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los anteriores preceptos, debemos entender que para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación se entiende como aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona. Ahora, en el caso particular, se desprende que el proveído que se pretende reclamar no constituye un acto de imposible reparación que afecte de manera directa sus derechos fundamentales, pues Liliana García García en su carácter de víctima y ofendida es representada por el agente del ministerio público quien es perito en derecho. Además, entre sus derechos ya tiene reconocido el de recibir asesoría jurídica y ser informada, cuando lo solicite, del desarrollo del proceso y coadyuvar con el ministerio público, entre otros, en términos de lo señalado en el artículo 54 Bis del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social. De ahí que, al acordar que no había lugar tenerle autorizado un asesor jurídico al profesionista que indicó en su escrito presentado, no le produce una afectación directa e inminente a sus derechos fundamentales, pues su representación queda a cargo del agente del ministerio público Establecido lo anterior, al no haberse agotado el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso de revocación a que se refiriere el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, que rige el acto reclamado, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y al no corresponder a un acto de imposible reparación opera la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; circunstancia que obliga a desechar de plano la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente, con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada Ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Como lo solicita la quejosa, se autoriza que las notificaciones de carácter de personal sean realizadas a la parte quejosa a través del mecanismo de notificación electrónica; en tanto que las notificaciones ajenas a las personales, serán por medio de lista. Por tanto, instrúyase a la secretaria encargada del trámite del presente asunto, a fin de que habilite en dicho sistema la referida forma de notificación al usuario " ". Se tienen como autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Hilario Ruiz Contreras y en términos del diverso 24 de la legislación aplicable a Lidia Ximena Santiago Figueroa, porque omitió conferirle las facultades amplias referidas en el primer numeral citado. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO La quejosa solicita acceso al expediente electrónico y, para ello, proporciona al usuario " ". En consecuencia, se autoriza el acceso y consulta al expediente electrónico al usuario: " "; por lo que se instruye la habilitación de dicho usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) el mismo. Notifíquese; de manera electrónica a la parte quejosa.
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