Liliana García Espinosa

Expediente 1187/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1187/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
07/11/2018

Partes del expediente

  • Liliana García Espinosa

Actuaciones

  1. Principal

    ...agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por Enrique López Vega, presidente y representante legal de la quejosa Organización de Taxistas de las Centrales de abasto asociación civil, calidad que tiene reconocida en autos, por el cual solicita sea enviada la inconformidad presentada en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el doce de julio de dos mil dieciocho, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que conozca de la misma. En atención a su contenido, no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado, toda vez que de conformidad con el Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito y los considerandos segundo y séptimo del Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve de septiembre de dos mil trece, por el que se modifican los puntos segundo, fracción XVI; cuarto, fracción IV; octavo, fracción I; noveno, al que se adiciona un párrafo segundo, y décimo tercero, párrafo segundo del acuerdo general número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el pleno conservará y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de septiembre de dos mil trece, de dicha inconformidad le corresponde conocer a los Tribunales Colegiados de Circuito, como aconteció en el presente asunto. Aunado al hecho de que mediante sesión de cuatro de octubre de la presente anualidad, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, conoció y resolvió en definitiva el recurso de inconformidad 28/2018, medio de impugnación que ahora pretende sea remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Requiérase a las autoridades referidas para que dentro del término que se indica cumplan con lo ordenado, se aperciben.

  3. Principal

    Ciudad de México; diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo prevé su numeral 2°, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que remite los autos originales del juicio de amparo 1326/2017 en un tomo y copia certificada del testimonio de la resolución correspondiente a la sesión del día veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de queja número Q.A. 167/2018, en el que se resolvió: "ÚNICO.- Se DESECHA el recurso de queja." De lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes; ACÚSESE RECIBO; hágase las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y glósese únicamente las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes formado con motivo de dicho recurso de queja, reservándose las copias certificadas respectivas para su posterior uso. En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 102, de la Ley de Amparo, aplicado contrario sensu, se reanuda el procedimiento que estaba suspendido en atención al auto de trece de agosto de dos mil dieciocho. En ese sentido, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que a la quejosa se le otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los siguientes efectos: "[.]Consecuentemente, al resultar fundado el referido concepto de violación, procede por ello conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso respecto la expedición y promulgación del artículo 248, fracción I, inciso c, del Código Fiscal del Distrito Federal ahora Ciudad de México, vigente para el año dos mil diecisiete, que prevé el monto a pagar por la expedición de copias certificadas por parte de las autoridades administrativas en la Ciudad de México. Lo que se traduce en nulificar la validez jurídica de la norma reclamada, de tal manera que la disposición impugnada no debe aplicarse al quejoso de nueva cuenta hasta en tanto sea reformada; y en su lugar, se le aplique la cuota más baja por expedición de copias certificadas a que se refiere la fracción XVII, inciso b, del mismo ordenamiento legal.[.]Y, por consiguiente, para que la Tesorería de la Ciudad de México, proceda a devolverle la cantidad excedente que cubrió de conformidad con aquel precepto en relación con la línea de captura 772310040475644P54AM, de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Lo anterior es así, no obstante que el acto reclamado a la referida autoridad exactora no se hubiera tenido como cierto, habida cuenta que, con independencia de ello, deviene incuestionable que el pago de esos derechos se realizó, aunque de manera voluntaria, por la quejosa ante la misma. [.]" En el entendido de que al resolver el medio de impugnación hecho valer por el quejoso, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, dentro del recurso de revisión R.A. 612/2017, determinó lo siguiente: "[.]24. En ese contexto, debe señalarse que resulta fundado lo que plantea la parte quejosa en su único agravio, en torno a que resulta indebido fijar como cantidad a pagar por el derecho que nos ocupa, la fijada como menor en diversa fracción, que resulta mayor a la considerada por nuestro Más Alto Tribunal en el ámbito comercial de $0.50 a $2.00. Decisión. 25. En las relatadas condiciones, al resultar fundado el agravio formulado por el quejoso recurrente, lo procedente es en la materia de la revisión modificar la sentencia recurrida y precisar que el efecto de conceder el amparo es para que se desaplique al quejoso la carga tributaria que prevé la norma declarada inconstitucional. [.]". Ahora bien, del análisis a lo anterior, se desprende que para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud legal de declarar cumplida la sentencia, las autoridades responsables, deberán acreditar con constancias idóneas, lo siguiente: El Subprocurador de Derechos y Obligaciones de la Propiedad en Condominio de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, deberá: Desaplicar al quejoso la carga tributaria que prevé el artículo 248, fracción I, inciso c, del Código Fiscal del Distrito Federal ahora Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, que prevé el monto a pagar por la expedición de copias certificadas por parte de las autoridades administrativas en la Ciudad de México. El Tesorero de la Ciudad de México, deberá: Proceder a devolverle la cantidad excedente que cubrió el quejoso de conformidad con el precepto declarado inconstitucional en relación con la línea de captura 772310040475644P54AM, de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Sin que pase inadvertido para la suscrita que, mediante oficio registrado con número de folio 10296, la Apoderado Legal de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, en representación del Subprocurador de Derechos y Obligaciones de Propiedad en Condominio de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, haya remitido las constancias con las cuales adujo haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin embargo aún restan efectos por acreditar. En tales circunstancias, a efecto de que no quepa duda en el sentido de que la autoridad responsable contó con el tiempo necesario para llevar a cabo el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 y 197 de la Ley de Amparo vigente, requiérase nuevamente al Subprocurador de Derechos y Obligaciones de la Propiedad en Condominio de la Procuraduría Social y al Tesorero, ambos de la Ciudad de México, para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS que dada la materia del cumplimiento se les otorga, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, de conformidad con los artículos 22 y 31 de la citada norma, de cumplimiento al fallo protector en los términos precisados, e informe sobre ello a este Juzgado de Distrito, acreditándolo con copias certificadas de los documentos que así lo acrediten. Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de que demuestre que la ejecutoria está en vías de cumplimiento, o justifique la causa del retraso en el mismo, puede solicitar por UNA SOLA VEZ a este Órgano Jurisdiccional la ampliación del plazo, solicitud que en su caso se deberá de realizar dentro del plazo inicialmente otorgado, y que de existir autoridades vinculadas con el cumplimiento que conforme a sus facultades legales deban efectuar diversos actos para que se lleve a cabo el cumplimiento de la ejecutoria, dentro del plazo antes citado lo deberá hacer del conocimiento de este Juzgado de Distrito, a fin de que se realice el requerimiento respectivo a la autoridad vinculada. Igualmente, REQUIÉRASE al Procurador Social de la Ciudad de México como superior jerárquico de la autoridad Subprocurador de Derechos y Obligaciones de la Propiedad en Condominio de la Procuraduría Social de la Ciudad de México y al Secretario de Finanzas de la Ciudad de México como superior jerárquico del Tesorero de la Ciudad de México, para que dentro del mismo término, acrediten ante este Órgano Jurisdiccional que a la brevedad posible de que se les notificó el presente auto, ordenaron a sus subordinados que cumplieran con la ejecutoria de amparo. En adición a lo anterior, con fundamento en el artículo 192, en relación con el 197, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y, toda vez que están sujetas a las mismas responsabilidades a que alude el Capítulo I (Cumplimiento e Inejecución), del Título Tercero (Cumplimiento y Ejecución) de la Ley de Amparo, se REQUIERE a las autoridades que tienen o deben tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de garantías, ya sea en forma directa o en su carácter de superiores jerárquicos de aquellas, en términos del artículo 194 de la Ley de Amparo, las cuales son: 1.- Administrador Tributario en San Lázaro, así como a su superior jerárquico, Subtesorero de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Para que dentro del término de QUINCE DÍAS, acrediten ante este Juzgado de Distrito que en el ámbito de sus respectivas competencias, realizaron los actos necesarios, para el eficaz cumplimiento de la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo; en el entendido que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo. Se apercibe las autoridades que de no cumplir con lo que se les requiere, se les impondrá a cada uno una multa de CIEN VECES el valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, 238, párrafo primero, y 258, todos de la Ley de Amparo y en atención a lo dispuesto por el artículo Tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y, se realizará el pronunciamiento respectivo ordenando la remisión del presente expediente a la Superioridad a efecto de que se continúe con el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación; en el entendido de que si un superior jerárquico no da cumplimiento al requerimiento que se le hace, incurre en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable, y que no obstante de que los titulares que ostentan los puestos de la autoridad responsable y de su superior jerárquico dejen sus cargos, seguirán siendo responsables del incumplimiento de la sentencia ejecutoria. Aunado a lo anterior, hágase saber a la autoridad requerida que de conformidad con el artículo 195 de la Ley de Amparo vigente, el acatamiento extemporáneo e injustificado de la sentencia, no la exime de responsabilidad pero podrá ser valorado como atenuante para la imposición de la sanción penal que corresponda. De igual forma, dígase a la autoridad requerida que tal como se encuentra establecido en los artículos 193, párrafo segundo, y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se considerará como incumplimiento de sentencia todo retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales que realicen, o de cualquiera otra conducta que intervenga en el trámite relativo. Por el contrario, se entenderá cumplida la ejecutoria cuando lo esté en su totalidad, sin excesos ni defectos. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de no actuar conforme a lo aquí requerido, las autoridades de referencia pueden incurrir en los delitos previstos en los artículo 262, fracción V, y 267, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, para cuya comisión se establece: Para el primero una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Para el segundo una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.

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