Liliana García Betancourt

Expediente 1106/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1106/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
22/08/2019

Partes del expediente

  • Liliana García Betancourt

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito al Centro Regional Número III, con sede en Compostela, Nayarit, mediante el cual informa en relación a lo peticionado en auto de doce del actual mes y año, que no le es posible enviar copias de la carpeta de investigación de los hechos ocurridos el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, en la ciudad de Compostela, Nayarit, donde perdiera la vida ********************, por los motivos que refiere; en consecuencia, agréguese el libelo de cuenta para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa y tercero interesados no hicieron manifestación alguna dentro del término establecido en proveído de uno de julio del año en curso (foja 136); en consecuencia, toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario de este Juzgado, ha transcurrido el término que se les concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: Así pues, mediante resolución terminada de engrosar el ocho de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 39 a 50), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes:

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistas las listas de correspondencia de Correos de México relativas al mes de mayo del presente año, se advierte no fue enviado el oficio 19513/2019 (foja 362), dirigido a la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Tecuala, Nayarit, mediante el cual se le remitía copia del escrito de agravios relativo al recurso de revisión interpuesto contra la sentencia recaída en autos por la parte tercera interesada, de ahí que no obre el acuse de recibo respectivo. Por tanto, apoyo en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2º, se ordena subsanar la aludida irregularidad; en consecuencia, gírese el oficio correspondiente a la autoridad responsable de mérito, al cual se adjunta copia del escrito de agravios relativo recurso de revisión interpuesto por la parte tercera interesada, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio presentado el veinticuatro de abril del año en curso, en la oficina de este juzgado federal y documental adjunta (fojas 152-153), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, comunicó la forma en que la aludida responsable dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa. Así, por auto de dos de julio de la presente anualidad, (ante la omisión de la parte quejosa de comparecer ante las oficinas de la autoridad responsable, a fin de efectuar el cobro respectivo del cheque puesto a su disposición por la cantidad faltante de $396.93 pesos), se le requirió para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva, compareciera ante la autoridad responsable a recibir el título de crédito puesto a su disposición, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos (foja 189). El anterior acuerdo, se notificó el tres de julio del presente año (foja 190), por lo que el término de tres días para desahogar el requerimiento, transcurrió del cinco al nueve del referido mes y año, sin que hubiera cumplido con lo ordenado o hubiera hecho manifestación al respecto. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ...." Así pues, mediante resolución terminada de engrosar el veintidós de enero de dos mil diecinueve (fojas 68 a 85), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".a) Abstenerse de aplicar al quejoso Julián Rodríguez Arias, en el presente y futuro, los artículos 11, 12, 13 y 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio dos mil dieciocho, declarados inconstitucionales, en lo relativo al cobro de derechos por inscripción de instrumentos públicos ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como los impuestos adicionales para el fomento a la educación, para la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit; lo anterior, hasta en tanto exista un nuevo acto legislativo por el que se emita de la ley de ingresos correspondiente. (.). b) De tal manera que deberá desincorporarse la obligación tributaria impuesta en los recibos en los que consta la aplicación concreta de dichos dispositivos legales; así, la consecuencia por la violación al principio de proporcionalidad, que afecta a la base de las contribuciones previstas en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, obliga a restituir las cantidades pagadas por concepto de los impuestos adicionales para el fomento a la educación, para la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit que constan en los recibos de once y diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, por los montos de $3,388.71, $2,033.22, $1,626.58, $148.75, $89.25 y $71.4, respectivamente. c) En el entendido que los efectos de esta resolución no implican liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado; por lo que, a fin de privilegiar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se precisa que la restitución en el goce de los derechos fundamentales violentados en relación con el numeral 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, implica que se cobre únicamente la cuota fija mínima ahí prevista de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional); y, por ende, se devolverá a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de esa cantidad, respecto de la cantidad de $13,554.84 (trece mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 84/100 moneda nacional), por concepto de "Inscrip. documento público o privado". (.) d) Cabe indicar que la devolución de la cantidad que se ordena restituir al quejoso en esta sentencia no comprende el pago de intereses que se hayan generado, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén el pago de un derecho tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto del tributo declarado inconstitucional y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues éstos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector. (.) e) La devolución de los montos referidos en los incisos b) y c) deberá entregarse al contribuyente por conducto de la autoridad hacendaria que corresponda, en el entendido de que deberá actualizarse de acuerdo con los artículos 35 y 36 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. (.)." De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A). Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en los artículos 11, 12, 13 y 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio dos mil dieciocho, declarados inconstitucionales, en lo relativo al cobro de derechos por inscripción de instrumentos públicos ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como los impuestos adicionales para el fomento a la educación, para la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, asimismo sean desincorporados de la esfera jurídica del quejoso, en el presente y en el futuro; y B). Que la autoridad responsable devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores, determinadas en la impresión de la constancia de recepción de pago que allegó, exceptuando algún pago de intereses que se hayan generado respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; así como, que dicha cantidad tiene que ser debidamente actualizada. Luego, mediante proveído de nueve de mayo de dos mil diecinueve (fojas 160-163), a través del oficio y anexo presentados por el ente responsable el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve (fojas 152 y 153), la delegada de la citada autoridad responsable, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución al apoderado del quejoso por medio de cheque con número 20393 el once de abril del año en curso, por la cantidad de $20,846.55 pesos. Asimismo, en dicho acuerdo conforme a las operaciones matemáticas realizadas para determinar si se encontraba debidamente actualizada la cantidad por la que se ordenó la devolución, se arribó a la conclusión de que la ejecutoria en análisis no se encontraba cumplida en sus términos, pues si bien la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad de $20,846.55 (veinte mil ochocientos cuarenta y seis pesos con cincuenta y cinco centavos 55/100, moneda nacional), sin embargo, existía un faltante de pago en favor de la parte quejosa, equivalente a $396.93 pesos, por lo que se volvió a requerir a la responsable para que le pagara a la parte quejosa dicha cantidad. Con posterioridad, mediante oficio y anexo presentados el uno de julio del año en curso (fojas 187-188), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó que la parte quejosa no ha recogido el cheque que se elaboró por la cantidad faltante, no obstante de estar notificada para ello. Así, por auto de dos de julio de la presente anualidad, (ante la omisión de la parte quejosa de comparecer ante las oficinas de la autoridad responsable, a fin de efectuar el cobro respectivo del cheque puesto a su disposición por la cantidad faltante de $396.93 pesos), se le requirió para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva, compareciera ante la autoridad responsable a recibir el título de crédito puesto a su disposición, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos (foja 189), sin que hubiera cumplido con lo ordenado o hubiera hecho manifestación al respecto. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido para esta juzgadora, que del análisis de las pruebas aludidas, no se aprecia que el promovente del amparo haya acudido ante la autoridad responsable a fin de que le hicieran entrega del cheque emitido por la cantidad faltante en cumplimiento al fallo protector; sin embargo, ello no resulta impedimento para tener por cumplida la ejecutoria de mérito, pues sólo bastará que la parte peticionaria de garantías acuda hacer efectivo el cobro del título nominativo, a fin de recuperar la suma en él inserta en cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, se sobreseyó en y por otra parte se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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