Liliana Gamboa Alcantar
Expediente 1144/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1144/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Liliana Gamboa Alcantar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por la quejosa ************, por el cual solicita la devolución de los dos anexos que se adjuntaron al escrito inicial de la demanda de amparo y que obran a fojas 22 y 23 de autos. En ese tenor, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágasele devolución de los citados documentos, previa razón de recibo que se deje en autos para constancia. Notifíquese.
- Principal
Vistos los autos de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del auto dictado el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria dicho proveído para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó la demanda. Se deja a disposición de la parte quejosa, la copia certificada del testimonio de la escritura pública y anexos, los cuales adjuntó a su demanda, por tanto, requiérasele para que, dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a las instalaciones de este órgano de control constitucional para recibir tal documental, apercibida que de no hacerlo, serán destruidos junto con autos del presente juicio de amparo. En el entendido que conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, está en aptitud de generar para efecto de recoger su documento, una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", apartado "Agenda OJ", en el cual, aparecerán las fechas y horarios disponibles con que cuenta el órgano jurisdiccional para la generación de la cita referida, ello mediante la generación de un código "QR" el cual, deberá presentar al ingresar a las instalaciones en un dispositivo móvil o de forma impresa; esto, a fin de ingresar al edificio seda para finalizar su trámite. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
AVISO PARTE QUEJOSA ACUERDO DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 Vistos los autos de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del auto dictado el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria dicho proveído para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó la demanda. Se deja a disposición de la parte quejosa, la copia certificada del testimonio de la escritura pública y anexos, los cuales adjuntó a su demanda, por tanto, requiérasele para que, dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a las instalaciones de este órgano de control constitucional para recibir tal documental, apercibida que de no hacerlo, serán destruidos junto con autos del presente juicio de amparo. En el entendido que conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, está en aptitud de generar para efecto de recoger su documento, una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", apartado "Agenda OJ", en el cual, aparecerán las fechas y horarios disponibles con que cuenta el órgano jurisdiccional para la generación de la cita referida, ello mediante la generación de un código "QR" el cual, deberá presentar al ingresar a las instalaciones en un dispositivo móvil o de forma impresa; esto, a fin de ingresar al edificio seda para finalizar su trámite. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
AVISO PARTE QUEJOSA ACUERDO DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 Vista la demanda de amparo promovida por**** , contra actos de la Comisión Federal de Electricidad. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número****. II. Improcedencia de la demanda. Ahora, vista la demanda de amparo de cuenta, es notoriamente improcedente por lo siguiente: El artículo 62 de la Ley de Amparo establece que las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Asimismo, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos se deduce que la parte quejosa reclama de la Comisión Federal de Electricidad lo siguiente: "ACTO RECLAMADO De la Comisión reclamo: 1.- La ilegal suspensión del servicio de energía eléctrica contratado por la suscrita, con la empresa tercera interesada, toda vez que el día 14 de septiembre de 2022. 2.- Se reclama la ilegal verificación en el domicilio del contrato por parte de personal de la Comisión Federal de Electricidad. 3.- Se reclama de la Autoridad Responsable todos los actos de ejecución tendientes a dejar de suministrar el servicio eléctrico al domicilio del contrato. 4.- En general y en forma enunciativa y no limitativa se han reclamado las actuaciones que vulneren las garantías individuales de la parte quejosa y en esencia se reclama el procedimiento en su totalidad, todo a causa de un ilegal e improcedente cuantificación y cobro emplazamiento que no cumple con los requisitos de la Ley y que priva a la parte quejosa de su derecho como usuaria del servicio de suministro" En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (...)." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la lectura de los artículos antes transcritos se advierte que la acción de amparo únicamente es procedente contra actos de autoridad. Interpretando en sentido contrario la regla contenida en el artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo, es posible concluir que cuando el acto reclamado no le es atribuible a una autoridad, el juicio de amparo resulta improcedente. Para efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Anterior a la reforma a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que entró en vigor al día siguiente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que las características esenciales que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Para emitir esos actos no requiera acudir ante los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esas consideraciones se apoyan en la jurisprudencia 2./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, cuyos rubro y texto son: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ese concepto de autoridad responsable se amplió, porque en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo se estableció que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, es decir, deben crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por ende, para que el juicio de amparo proceda contra un acto de particular, se requiere: a) Que sea equivalente a los de autoridad, es decir, debe existir un particular que establezca una relación de supra a subordinación con otro particular; b) Que con él se afecten derechos al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. c) Que el acto atribuido emane de un mandato de alguna norma general. Ahora, los actos reclamados están relacionados con el servicio de suministro de energía eléctrica, el cual constituye un servicio que se presta mediante la celebración de un contrato administrativo, en el que se estipulan las obligaciones y contraprestaciones entre las partes; es decir, donde el prestador de servicios y el beneficiario adquieren derechos y obligaciones recíprocos. En ese contexto, la relación jurídica entre el prestador y el usuario del servicio no corresponde a la existente entre una autoridad y un gobernado, sino a la de coordinación voluntaria y de correspondencia entre ellos. Lo anterior, aun cuando se trate de un servicio público necesario para la vida y la dignidad humana, debe decirse que el régimen jurídico especial de la Comisión Federal de Electricidad, plasmado en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la constituye como empresa productiva del Estado que mediante sus subsidiarias presta el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, responsables en el ámbito de sus competencias, además, puede llevar a cabo diversas actividades mediante sus empresas productivas filiales, tales como la comercialización, suministro básico, suministro calificado y suministro de último recurso, en un régimen de libre competencia, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía. Para obtener la prestación del servicio de suministro básico el usuario final debe celebrar un contrato de suministro con un suministrador, el cual deberá cumplir con las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico y haber sido registrado ante la Procuraduría General del Consumidor (Profeco). En el contexto apuntado, en tratándose de la normatividad vigente que rige las relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, a raíz de la llamada reforma energética, Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. Esto es así, precisamente porque en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo, en virtud del contrato de suministro de energía eléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión o desconexión, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por tanto, se trata de una relación de coordinación, en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. Razones por las que, los conflictos que surjan con motivo de cuestiones comprendidas en los contratos de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como emanados de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. Por ende, los actos reclamados, incluido el corte del suministro de energía eléctrica, en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. En efecto, la limitación del servicio de suministro de energía eléctrica y los relativos a la verificación del servicio en el domicilio, no son actos de autoridad que deban estar fundados y motivados, sino que resulta del incumplimiento del contrato celebrado entre el prestador de servicio y el usuario, máxime que no se trata del diverso supuesto de que la empresa realice actos que vulneren derechos humanos (prive al usuario de la vida, la dignidad, la libertad, propiedades, posesiones o derechos), pues lo que acontece es una consecuencia lógica y jurídica del incumplimiento de un contrato de suministro de energía eléctrica. Tampoco se reclama que se apliquen normas que se estimen inconstitucionales, cuestiones que sí harían procedente el juicio. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2016656, cuyo contenido es el siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo" De igual manera, tiene aplicación, la diversa jurisprudencia 2a./J. 71/2018 (10a.) que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2017214, que reza: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 112/2006 SIGUE SIENDO APLICABLE A LOS ACTOS QUE REALIZA EN RELACIÓN CON LA DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL PAGO DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Comisión Federal de Electricidad no realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando determina y recauda el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, en observancia a diversas leyes locales y conforme al convenio que celebre con las autoridades de ese nivel de gobierno. A pesar de que dicho criterio fue emitido conforme a la Ley de Amparo de 1936 abrogada, sigue siendo aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley que la sustituyó, porque a pesar de que ésta prevea la posibilidad de promover un juicio de amparo contra actos de particulares que sean equivalentes a los de autoridad, ambas legislaciones coinciden en condicionar su procedencia a la existencia de una función prevista en una norma jurídica, y cuyo efecto repercuta de manera unilateral y obligatoria en el ámbito de derechos de cierta persona. Esta situación no se actualiza cuando la Comisión Federal de Electricidad da a conocer las cantidades que el gobernado debe pagar por concepto de derechos por el servicio de alumbrado público en el aviso-recibo, pues esa facultad no implica otorgarle atribuciones para ejecutar el cobro, mismas que se reservan a las autoridades municipales" En el caso, de la lectura integra de la demanda de amparo se aprecia que los actos que la quejosa reclama están relacionados con la suspensión del servicio de energía eléctrica en el domicilio ubicado en***** . Así, es evidente que tales actos, derivan del contrato administrativo de prestación de servicios celebrado entre el propietario del inmueble y Comisión Federal de Electricidad; por tanto, la relación entre ellos no corresponde a la existente entre una autoridad y un gobernado, sino a la de coordinación voluntaria y de correspondencia; de ahí que, la referida empresa, en modo alguno pueda tener las características necesarias para ser una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. En ese orden de ideas, ante la existencia de jurisprudencia que define la naturaleza de los actos de Comisión Federal de Electricidad, como acontece en el caso, se concreta de forma palmaria la causa de inviabilidad invocada, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, y con el 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA de plano por notoriamente improcedente la demanda. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), sustenta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2019230, cuyo contenido es el siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional" III. Domicilio y autorizados. Por otra parte, se tiene como domicilio de la promovente para oír y recibir notificaciones el ubicado en *****y autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones a los licenciados ****, por así indicarlo en el escrito inicial. IV. Se habilitan días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones personales que deriven del presente juicio, así como también para que lleve a cabo todas las gestiones necesarias para realizar las mismas. V. Autorización de firma electrónica del presente acuerdo. Por otro lado, se hace del conocimiento que el presente proveído, así como los acuerdos y determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Notifíquese personalmente.
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