Liliana Esther Pizarro Guamantario
Expediente 66/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 66/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 05/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Liliana Esther Pizarro Guamantario
- Juzgado Decimoprimero de Distrito del Décimo Séptimo Circuito
- Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
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atento a su contenido se tiene al licenciado Fernando García Limón, Secretario Técnico de Ponencia, actuando en suplencia del Secretario Técnico de Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México; informando que, en sesión celebrada el doce de los actuales, en relación con el punto de acuerdo 170/2023, relativo al envío de remesas para el auxilio en el dictado de sentencias entre los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, así como la cantidad y temporalidad de los expedientes que la integraran, en términos del Acuerdo General 3/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se determinó que el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esa localidad del mismo nombre, remita a este Juzgado Sexto de Distrito residente en la localidad, una remesa de cuarenta y dos asuntos. Atento a lo anterior, fórmese expediente electrónico y regístrese con el número auxiliar 66/2023-IV-A, en el libro electrónico implementado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, ya que el presente asunto se encuentra vinculado con el juicio de amparo 1603/2023, del índice estadístico del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en capital de esta entidad federativa, en el que, aparece como quejoso ABBA Seguros, Sociedad Anónima de Capital Variable. Asimismo, toda vez que de los autos que integran el juicio de amparo de que se trata, se advierte que la audiencia constitucional fue celebrada el día dieciocho de agosto de dos mil veintitrés; por tanto, en continuación de dicha actuación, díctese la sentencia que en derecho corresponda. Finalmente, este proveído se firma de manera electrónica por el suscrito Juzgador y el Secretario que da fe, al tener el mismo valor de la firma autógrafa y se instruye al personal -correspondiente- para que, en su oportunidad, se incluya la evidencia criptográfica de la firma para la actualización de los expedientes físicos, ello, al tenor de los arábigos 3, fracciones I, V Y VII, así como 22, 35 y 36 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Cúmplase.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja contra el auto que sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la Amparo, interpretado a contrario sensu, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales conducentes. Luego, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, aplicado por analogía, pues en el presente asunto se concedió la suspensión de plano. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años a que alude el numeral 9 del Acuerdo General en cita, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es depurable. En la inteligencia de que el presente asunto no obran documentos originales que hubieran exhibido alguna de las partes. Notifíquese.
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Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, agréguese a sus autos únicamente para que obre como legalmente corresponda, a través del cual la autoridad de migración responsable remite el oficio de salida del País del ahora quejoso, toda vez que mediante proveído de diez de marzo de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, y con la razón actuarial que antecede, se tiene al Fedatario Judicial de la adscripción informando que al constituirse en las Instalaciones de la Estancia Provisional de Ciudad Juárez del Instituto Nacional de Migración y entrevistarse con el licenciado Guillermo Reynoso, Agente Federal de Migración, le informó, que el doce de enero de dos mil veintitrés, la directa quejosa Liliana Esther Pizarro Guamantario salió en libertad. En la especie, importa recordar que la parte inconforme reclamó, a través de la presente vía, la privación de la libertad, incomunicación, retención o alojamiento en la Estancia Provisional, su traslado e inminente deportación. Sin embargo, informa el Fedatario Judicial de la adscripción que la quejosa fue puesta en libertad el doce de enero del presente año. Por otra parte, la directa quejosa Liliana Esther Pizarro Guamantario no cumplió con la condición de presentarse a firmar en dicha dependencia, los días quince y treinta de cada mes, en tal razón se le hace efectivo el apercibimiento inserto en proveído de siete de enero de dos mil veintitrés. Por tanto, se concluye que los actos materia de reclamo en la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo en que esto se emite, han cesado en sus efectos. En ese contexto, atento a lo manifestado por la autoridad en el sentido de que la quejosa salió en libertad el doce de enero del presente año. En consecuencia, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado consistentes en la privación de la libertad, incomunicación, alojamiento en la Estancia Provisional, su traslado y deportación, por lo cual se actualiza la causa que hace improcedente el juicio de amparo prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, al quedar evidente, conforme a lo antes dicho, la existencia manifiesta e indudable de la causa que hace improcedente el presente juicio de amparo, contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de amparo, lo procedente es, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, ya que considerar lo contrario, sería tanto como retardar la impartición de justicia, en detrimento de la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Es sustento a lo dicho, la jurisprudencia por contradicción número 2ª/J. 10-2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que de Novena Época, es del texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como consecuencia de lo antes determinado, se deja sin efectos la audiencia constitucional que debería de tener verificativo a las diez horas con die minutos del tres de abril de dos mil veintitrés; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Extenientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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