Liliana Elizabeth Matías Cruz
Expediente 1052/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1052/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 24/10/2018
Partes del expediente
- Liliana Elizabeth Matías Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Visto, el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que del análisis integral de la demanda de amparo y las constancias que obran en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Al efecto, se acuerda: Del estado de autos se desprende que, la parte quejosa ***, reclama esencialmente de la autoridad responsable, lo siguiente: La omisión de acordar sobre la admisión y/o desahogo de pruebas ofrecidas en el expediente laboral J/0/778/2015. Atendido a lo anterior, en el caso, este operador jurídico determina que se actualiza la hipótesis normativa aludida en el dispositivo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que literalmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es solo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido, o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado en que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así, del análisis integral de la demanda de amparo, y las constancias que remitió la autoridad responsable se advierte que lo siguiente: Demanda de amparo Acuerdo de la autoridad responsable a) Omisión de acordar sobre la admisión y/o desahogo de pruebas ofrecidas en el expediente laboral J/0/778/2015. 1. Mediante oficio 1001618, de quince de octubre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable informó que en acuerdo de uno del presente mes y año, regularizó el procedimiento del juicio laboral J/0/778/2015, y se pronunció en relación a la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes. Es decir, en lo que aquí interesa, se fijaron las horas y fechas para el desahogo de las pruebas ofrecidas por la parte actora (quejosa): Prueba confesional para hechos propios a cargo del demandado Jesús Díaz González. Confesional a cargo de la demandada Escuela Bilingüe Las Americas S.C, a través de quien legalmente la represente. Confesional para hechos propios a cargo de la maestra ***. Confesional para hechos propios a cargo de ***. Testimonial a cargo de ***- Inspección ocular. De igual manera, en el mismo proveído, la potestad responsable se pronunció respecto a las pruebas ofrecidas por la demandada. 2. A través del oficio número 10248, el suplente del Titular de la Presidencia de la Junta responsable, remitió copias certificadas de las notificaciones realizadas a las partes. Circunstancias que se consideran suficientes para llegar a concluir que el acto reclamado consistente en la omisión de acordar sobre la admisión y/o desahogo de pruebas ofrecidas en el expediente laboral J/0/778/2015, ha cesado sus efectos. Ello, al emitirse y notificarse el acuerdo mediante el cual se fijó hora y fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral J/0/778/2015. Por tanto, se colige que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, tal y como sí se hubiera otorgado la protección de la Justicia Federal. De lo antes expuesto, se considera que sobreviene en el presente juicio de amparo, de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo.. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe señala lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En las condiciones apuntadas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, pues ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia, además que esa circunstancia no provoca indefensión al gobernado, porque tiene a su alcance el recurso de revisión; y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima al artículo 17, de la Constitución Federal. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto y rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de octubre de dos mil dieciocho.
- Principal
Se notifica por lista de estrados a la parte tercero interesada: Visto, el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que del análisis integral de la demanda de amparo y las constancias que obran en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Al efecto, se acuerda: Del estado de autos se desprende que, la parte quejosa ***, reclama esencialmente de la autoridad responsable, lo siguiente: La omisión de acordar sobre la admisión y/o desahogo de pruebas ofrecidas en el expediente laboral J/0/778/2015. Atendido a lo anterior, en el caso, este operador jurídico determina que se actualiza la hipótesis normativa aludida en el dispositivo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que literalmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es solo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido, o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado en que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así, del análisis integral de la demanda de amparo, y las constancias que remitió la autoridad responsable se advierte que lo siguiente: Demanda de amparo Acuerdo de la autoridad responsable a) Omisión de acordar sobre la admisión y/o desahogo de pruebas ofrecidas en el expediente laboral J/0/778/2015. 1. Mediante oficio 1001618, de quince de octubre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable informó que en acuerdo de uno del presente mes y año, regularizó el procedimiento del juicio laboral J/0/778/2015, y se pronunció en relación a la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes. Es decir, en lo que aquí interesa, se fijaron las horas y fechas para el desahogo de las pruebas ofrecidas por la parte actora (quejosa): Prueba confesional para hechos propios a cargo del demandado Jesús Díaz González. Confesional a cargo de la demandada Escuela Bilingüe Las Americas S.C, a través de quien legalmente la represente. Confesional para hechos propios a cargo de la maestra ***. Confesional para hechos propios a cargo de ***. Testimonial a cargo de ***- Inspección ocular. De igual manera, en el mismo proveído, la potestad responsable se pronunció respecto a las pruebas ofrecidas por la demandada. 2. A través del oficio número 10248, el suplente del Titular de la Presidencia de la Junta responsable, remitió copias certificadas de las notificaciones realizadas a las partes. Circunstancias que se consideran suficientes para llegar a concluir que el acto reclamado consistente en la omisión de acordar sobre la admisión y/o desahogo de pruebas ofrecidas en el expediente laboral J/0/778/2015, ha cesado sus efectos. Ello, al emitirse y notificarse el acuerdo mediante el cual se fijó hora y fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral J/0/778/2015. Por tanto, se colige que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, tal y como sí se hubiera otorgado la protección de la Justicia Federal. De lo antes expuesto, se considera que sobreviene en el presente juicio de amparo, de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo.. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe señala lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En las condiciones apuntadas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, pues ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia, además que esa circunstancia no provoca indefensión al gobernado, porque tiene a su alcance el recurso de revisión; y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima al artículo 17, de la Constitución Federal. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto y rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de octubre de dos mil dieciocho.
- Principal
Visto; el oficio de cuenta signado por el suplente del o la Titular de la Presidencia de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, y secretario auxiliar de amparos, con sede en esta ciudad, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento que se le hizo en auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, y remite copias certificadas de dos cédulas de notificación de data de diecinueve del mes y año en curso, relativas al expediente laboral J/O/778/2015. Al efecto se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos la comunicación de cuenta. Asimismo, se tiene por exhibida la documental que anexa, la que se desahoga atento a su propia y especial naturaleza jurídica, misma que será valorada al momento de emitirse la sentencia respectiva, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional.
- Principal
Visto, el escrito de cuenta signado por ***, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual solicita copia simple de las constancias que aduce, mismas que obran en el presente juicio de amparo. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2°, expídasele a su costa la reproducción que solicita, previa toma de razón y de recibo que se deje en autos para constancia.
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