Liliana Durán Fonseca
Expediente 438/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 12 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 438/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 12/02/2021
Partes del expediente
- Liliana Durán Fonseca
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, del cual se advierte lo siguiente: - Los actos reclamados en este juicio de amparo consistieron en: 1. Incomunicación de la quejosa +++++++en una celda de castigo, actos inhumanos, golpes y malos tratos. 2. Orden de traslado que se pretende ejecutar a diverso centro penitenciario en el que se encuentra recluida la quejosa. - Por determinación de treinta de julio de dos mil veinte, se radicó la demanda bajo el ordinal +++++, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados y se declaró carecer de competencia legal por razón de territorio, declinando competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, en turno. - Por oficio recibido registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), el diez de agosto de dos mil veinte, el Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, comunicó el proveído de seis de agosto del año en curso, en el que se aceptó la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Apolo Omar García Mejía, en representación de ++++++. Por otro lado, como de la certificación de cuenta se advierten los motivos y razones por las cuales el Secretario no dio cuenta de manera oportuna con el estado procesal de autos, en consecuencia se provee lo siguiente: En términos del artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que dice: "Artículo 35. Orden de archivo. Todos los expedientes judiciales en los que se acordó su archivo como asunto concluido deberán indicar la valoración que corresponda, incluyendo alguna de las siguientes leyendas: Relevancia documental, Conservable, Depurable o Destruible. Las leyendas referidas en el párrafo que antecede deberán constar en la carátula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. El servidor público designado verificará que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad." Archívese este asunto como concluido y dese cumplimiento a la circular 2/2020, con la finalidad de que se prepare el acta de transferencia. Con el fin de proveer lo relativo al destino del presente expediente, se prevé lo siguiente: 1. Criterio de valoración "Artículo 12. Valoración de expedientes. Los titulares de los órganos jurisdiccionales deberán valorar los expedientes que generen, de conformidad con los supuestos que se establecen en el presente Acuerdo" A). Expedientes de Relevancia Documental "Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; Los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; Los que traten de delitos contra la administración de justicia; Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; Los que versen sobre materia agraria; y Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional." "Artículo 16. Plazos de resguardo. Los expedientes de relevancia documental serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido." B). Expedientes conservables "Artículo 17. Conservación íntegra del expediente. Los expedientes conservables serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, y se encuentren en los siguientes supuestos: (.) II. En los Juzgados de Distrito conforme a las siguientes series documentales: Causas Penales; Expedientes generados en los Juzgados de Ejecución de Penas; Citatorios, Órdenes de Aprehensión, Presentación o Comparecencia; Extinción de Dominio; Extradición; Jurisdicción Voluntaria; y Juicios Orales. Expedientes depurables El artículo 18 del citado Acuerdo General, establece lo siguiente: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales. (.) C.1) Plazo de conservación "El órgano jurisdiccional conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido estos expedientes. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación." 1. Criterio de valoración. En virtud de lo expuesto en los párrafos que preceden y en cumplimiento al artículo 12 del citado Acuerdo General se indica que el presente expediente carece de relevancia documental, al no encontrarse en los supuestos establecidos en el artículo 15 del referido Acuerdo; de igual forma, se precisa que en el asunto que nos ocupa no hay información reservada a la que hace referencia el diverso artículo 19. 2. Expediente depurable. Se indica que de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a) del multicitado acuerdo este expediente es depurable, porque si bien, este Juzgado de Distrito declaró carecer de competencia legal, por razón de territorio, en el propio auto (treinta de julio de dos mil veinte), se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, porque la disposición en mención prevé que son depurables los incidentes de suspensión en los que se haya concedido ya sea la suspensión provisional, definitiva o ambas; de ahí que se estima que dicha medida cautelar comparte la misma naturaleza jurídica que la suspensión de plano, cuyo fin es la conservación de la materia del amparo, a través de la preservación del derecho sustantivo que se defiende en la instancia constitucional. Es aplicable por las razones que la sustentan, la tesis del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 206 DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE TANTO CONTRA LA MEDIDA CAUTELAR DE PLANO O DEFINITIVA, COMO DE LA PROVISIONAL." Asimismo, se sustenta lo anterior, en términos del capítulo siete, numeral 7.4 del Manual de la Organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de agosto de dos mil veinte, que dice: "7.4 Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano. Por lo que hace a la suspensión de oficio cuando se decreta de plano, se estima que dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional, por lo que procede conservarse con independencia del sentido de la resolución emitido en la sentencia. Consecuentemente, los expedientes en los que obre suspensión de plano se deberán valorar como "depurables"." 2.1 Plazo para depuración. Una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, es decir, del doce de febrero de dos mil veintiuno al doce de febrero de dos mil veinticuatro, y una vez, cumplido tal término, con veinticuatro horas de anticipación a los noventa días siguientes que prevé el artículo 18 del multicitado acuerdo, el Secretario encargado deberá dar cuenta para depurar el expediente, a fin de solicitar la transferencia de éste al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. El capítulo nueve del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en su numeral 9.3, establece lo siguiente: "9.3 Acuerdo de desincorporación. Tomando en consideración lo establecido en los artículos 6, fracción XVIII, 25, 130, fracción II y 131 de la Ley General de Bienes Nacionales, los dos últimos aplicados por analogía, desincorporar consiste en realizar o ejecutar un acto administrativo a través del cual se podrán extraer o retirar los bienes muebles sujetos al régimen de dominio público de la Federación, como lo son los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales o las actuaciones que obren en ellos y que estén a su propio servicio, cuando por su uso, aprovechamiento o estado de conservación no sean ya adecuados o resulte inconveniente su utilización, a fin de poder proceder a su destrucción. Al respecto, el acuerdo de desincorporación es el pronunciamiento que se realiza en el acta de depuración o destrucción de expedientes en la cual se precisa que dichos documentos, parcialmente o en su totalidad, carecen de valor histórico y jurídico, por lo que pueden ser destruidos parcial o totalmente conforme a lo previsto en los artículos 6, fracción XVIII, 25, 130, fracción II, y 131 de la Ley General de Bienes Nacionales, los dos últimos artículos aplicados por analogía." Atento a lo anterior, se ordena que se asiente en el acta de destrucción correspondiente que, las constancias que se desincorporen al juicio de amparo que nos ocupa, en su totalidad, carecen de valor histórico y jurídico, por lo que pueden ser destruidos conforme a lo previsto en los artículos 6, fracción XVIII, 25, 130, fracción II, y 131 de la Ley General de Bienes Nacionales. Como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido se ordena al oficial administrativo a fin que anote en la carátula del expediente la leyenda respectiva, es decir "Relevancia documental, Conservable, Depurable o Destruible"; asimismo, el Secretario encargado deberá dar fe que la leyenda anotada sea la correcta Se comisiona al Secretario encargado del trámite del presente asunto, para que al día siguiente de que obren las notificaciones del presente auto lo entregue físicamente al archivo. Se ordena al oficial administrativo y a los secretarios respectivos, que una vez que el expediente sea entregado físicamente al archivo, lo incorporen a la lista de reporte estadístico mensual de la mesa VI, a fin que los Secretarios de las mesas IV y VI actualicen el concentrado general y generen su reporte estadístico mensual. Finalmente, se instruye al Secretario y oficial para cumplir con sus obligaciones en los términos establecidos en la ley.
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