Liliana de Anda Gutierrez
Expediente 1138/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1138/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 19/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Liliana de Anda Gutierrez
- Jueza Octava de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cuarenta minutos del diecinueve de enero de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1138/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que allegó la autoridad responsable junto con su informe justificado, así como con las exhibidas por la quejosa con su demanda. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por la autoridad responsables y por la parte quejosa. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que únicamente la parte tercera interesada formuló los de su intención. En relación con lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen formulados los alegatos de la parte tercera interesada y se declara precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ********************, por su propio derecho y en cuanto representante de los menores de iniciales ********************. y ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de Morelia, Michoacán. Demanda en la cual la parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los artículos 1º, 4o y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Segundo. Admisión. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que la registró bajo el número de expediente 1138/2022 y en auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, se desechó la demanda respecto de la secretaria del juzgado responsable y se admitió a trámite por la Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de Morelia, Michoacán; por tanto, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. Posteriormente, en auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de tercero interesado a ********************, en cuanto parte actora en el juicio familiar de origen, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede, por lo que ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad que reside dentro de ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda de amparo, el acto que reclama la parte quejosa de la Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de Morelia, Michoacán, consiste en: El auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio ********************que en la vía ordinaria oral familiar sobre desocupación de inmueble promovió ******************** contra ********************. En dicho auto, a petición de la parte actora, la juez responsable declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el citado juicio con fecha nueve de septiembre de dos mil veintidós, y ordenó requerir a la demandada mediante notificación personal el cumplimiento de esa resolución, consistente en la desocupación y entrega del inmueble controvertido. Tercera. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de Morelia, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado dicha autoridad responsable, consistentes en copia certificada de las constancias relativas al juicio ordinario oral familiar ********************[las cuales obran agregadas al presente juicio]. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Estudio del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Al efecto, vía conceptos de violación, la parte quejosa aduce esencialmente: Que la autoridad responsable vulnera el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el derecho a un recurso judicial, sencillo y efectivo reconocido en el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tomando en consideración que al momento de dictar el auto reclamado no emitió resolución respecto del recurso de apelación interpuesto por la quejosa. Que al tratarse de un recurso vertical, en términos de los artículos 1098 y 1099 del Código Familiar del Estado de Michoacán, la responsable estaba limitada a calificar únicamente los efectos que en su caso procedería el recurso interpuesto y posteriormente remitir el asunto para que la segunda instancia decidiera sobre la admisión o inadmisión, en términos del artículo 1100, segundo párrafo del propio código. Que en la certificación del acuerdo impugnado se hizo un cómputo ajeno a la realidad con relación al término para impugnar la sentencia que contempla el artículo 1097 del código en materia familiar, suponiendo que se listó el mismo día de su dictado, lo que no sucedió porque se desprende de la lista electrónica y física lo fue hasta el doce de septiembre y el término comenzó a computarse el trece del propio mes y feneció el veintiséis siguiente, fecha en la que se presentó el recurso de apelación. Señala que la juez responsable al no admitir el recurso además de perjudicar su derecho de acceso a la justicia también lo hace en perjuicio de sus menores hijos, porque en el juicio de origen en ningún momento se designó tutor especial para la procuración de sus derechos, lo que trasciende a que la resolución combatida no se haya dictado en observancia al interés superior de los menores, y porque en el juicio de origen hubo antecedentes de situaciones delicadas como el derecho de sus hijos a recibir alimentos y los conceptos que esto engloba como el rubro de habitación. Que por lo anterior, la sentencia definitiva dictada en el juicio vulnera el derecho de custodia de que la quejosa tiene reconocido legalmente sobre sus hijos, ya que en el tercer considerando la condena para la desocupación y entrega del inmueble demandado y en ningún momento se pronuncia con respecto a la situación jurídica de los menores que también se encuentran depositados en ese domicilio, pues sólo arguyó débilmente que no se afecta el interés superior de los menores pero no se cercioró de que los mismos fueran representados adecuadamente en juicio. Aduce que el acuerdo reclamado le requiere el cumplimiento voluntario de la sentencia previniéndole que en caso de no realizar lo requerido se procederá a la ejecución forzosa, y en el supuesto de que se haga efectiva dicha ejecución traería perjuicios a su derecho de custodia y el derecho de estos a recibir alimentos en el rubro de habitación, ya que se le dejaría en estado de calle y por otro lado, si es la única condenada a la desocupar y entregar el inmueble, sus hijos quedarían completamente solos. Establecido lo anterior, los argumentos vertidos vía conceptos de violación resultan inoperantes en una parte e infundados en otra más. En efecto, devienen inoperantes por inatendibles los conceptos de violación sintetizados en los incisos d), e) y f). Es así, porque las manifestaciones de la parte quejosa están dirigidas a combatir cuestiones relativas a la tramitación y resolución del juicio natural, tales como que la responsable no designó tutor especial a sus menores hijos; así como que se vulneró el derecho de los infantes a recibir alimentos, en el rubro de habitación, y la condena establecida en la sentencia definitiva consistente en la orden de desocupación del inmueble materia del juicio, causa perjuicio tanto a los citados menores, porque no fueron adecuadamente representados en el juicio, así como a la quejosa, dado que no cuenta con algún otro domicilio en el que pueda habitar con los infantes. Sin embargo, esas cuestiones no tienen relación con la litis planteada por la quejosa en el presente amparo, consistente en el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, que declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el juicio ordinario familiar de origen. Es decir, los referidos argumentos no están encaminados a combatir las razones expuestas por la autoridad responsable en el auto combatido para declarar ejecutoriada la sentencia, sino que consisten en controvertir lo resuelto en el juicio natural, pues considera que sus menores hijos no estuvieron adecuadamente representados. Cuestiones que, como se dijo, no forman parte del acto reclamado en esta instancia constitucional, por lo que este juzgador se encuentra impedido legalmente para hacer pronunciamiento alguno al respecto. Por otro lado, los restantes argumentos vertidos en los conceptos de violación y dirigidos a combatir el auto de veintiocho de septiembre deben calificarse como infundados. Para dar sustento a la premisa anterior, es necesario traer a contexto el contenido de los artículos 938, 1097, 1098 y 1099 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, los cuales por su orden disponen: "Artículo 938. En el juicio oral únicamente se notificará personalmente el emplazamiento, así como el auto que fije la hora y fecha en que se llevará a cabo la audiencia preliminar. Las demás determinaciones judiciales pronunciadas en las audiencias se tendrán por notificadas en ese mismo acto, a quienes estén presentes o debieron haberlo estado, sin formalidad alguna." "Artículo 1097. La apelación debe interponerse por escrito ante el juez que pronunció la sentencia o auto, dentro de nueve días, si la sentencia fuere definitiva o dentro de seis si fuere interlocutoria o auto que ponga fin al procedimiento. [.] Artículo 1098. El juez, en el auto que pronuncie al escrito de interposición del recurso, indicará el efecto en que proceda y dará vista a la contraria para que en el término de tres días conteste lo que a su derecho convenga y señale correo electrónico o domicilio en la capital del Estado, para recibir notificaciones. Artículo 1099. Una vez transcurridos los plazos a que se refieren los anteriores artículos, se enviará el testimonio o los autos originales y el medio óptico en que consten las audiencias, a la Oficialía de Partes y Turno, dentro de los cinco días hábiles siguientes. Será causa de responsabilidad su falta de envío oportuno a la superioridad para la sustanciación del recurso y el Consejo del Poder Judicial impondrá la sanción correspondiente conforme a la Ley Orgánica." Del contenido de los preceptos legales transcritos se obtiene, para lo que aquí interesa: - Que en el juicio oral únicamente se notificará personalmente el emplazamiento, así como el auto que fije la hora y fecha en que se llevará a cabo la audiencia preliminar, y las demás determinaciones judiciales pronunciadas en las audiencias se tendrán por notificadas en ese mismo acto, a quienes estén presentes o debieron haberlo estado, sin formalidad alguna. - Que la apelación debe interponerse por escrito ante el juez que pronunció la sentencia o auto, dentro de nueve días, si la sentencia fuere definitiva. - Asimismo, que el juez, en el auto que pronuncie al escrito de interposición del recurso, indicará el efecto en que proceda y dará vista a la contraria para que en el término de tres días conteste lo que a su derecho convenga, y una vez transcurridos los plazos a que se refieren los anteriores artículos, enviará el testimonio o los autos originales y el medio óptico en que consten las audiencias, a la Oficialía de Partes y Turno, dentro de los cinco días hábiles siguientes. Establecido lo anterior, debe decirse que no asiste la razón a la quejosa cuando afirma que como la sentencia dictada en el juicio natural se publicó en listas el doce de septiembre de dos mil veintidós, en esa fecha se tuvo por hecha su notificación y por ello, el término de nueve días del que disponía para interponer el recurso de apelación comenzó a contar al día siguiente, esto es, el trece de septiembre. Sin embargo, la peticionaria de amparo parte de una premisa falsa pues como quedó precisado con antelación, conforme a lo dispuesto en el numeral 938 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, en el juicio oral de origen, las determinaciones judiciales pronunciadas en las audiencias se tendrán por notificadas en ese mismo acto, a quienes estén presentes o debieron haberlo estado, sin formalidad alguna. Luego, según consta de las actuaciones que allegó al juicio la autoridad responsable, la reanudación de la audiencia de juicio llevada a cabo el nueve de septiembre de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario oral familiar sobre reivindicación de inmueble ********************, se llevó a cabo únicamente con la asistencia de la parte actora, en la que se emitieron los alegatos correspondientes y ante la incomparecencia de la demandada se le tuvo por confesa de los hechos atribuidos por su contraparte. Asimismo, se procedió al dictado de la sentencia definitiva por escrito, decretándose procedente la acción ejercitada y de igual forma se hizo la precisión de que se dio por notificadas a las partes de conformidad con lo dispuesto en el numeral 938 de la legislación familiar. En esas condiciones, es incorrecto lo que aduce la quejosa en el sentido de que si la sentencia se publicó en listas el doce de septiembre de dos mil veintidós, el término de nueve días del que disponía para impugnar dicha resolución comenzó al día siguiente, es decir el trece de septiembre del propio año y feneció el veintiséis siguiente. Ello, porque conforme a lo dispuesto en el precepto legal 938 del Código Familiar, -transcrito en párrafos precedentes- lo correcto es como se estableció en la certificación secretarial que obra en el auto impugnado, debido a que las partes quedaron notificadas de la sentencia dictada en la audiencia preliminar en la propia fecha de su dictado, esto es, el nueve de septiembre de dos mil veintidós y por ende, el plazo para promover el recurso de apelación inició a partir del doce del mes y año en mención y feneció el veintitrés siguiente, sin contar el dieciséis de septiembre ni sábados ni domingos por ser días inhábiles. De ahí que resulte desatinado el cómputo que realiza la parte quejosa en su demanda, conforme al cual afirma que el plazo de nueve días con que contaba para impugnar la sentencia dictada en el juicio natural, comenzó a contar al día siguiente de su publicación en listas y concluyó el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, fecha en la que presentó su escrito de apelación. De ahí que como acertadamente lo indicó la juez responsable en el auto combatido, ninguna de las partes se inconformó con la sentencia definitiva dictada el nueve de septiembre de dos mil veintidós, dentro del término legal concedido para tal efecto, por lo que procedía declarar ejecutoriada dicha sentencia, de conformidad con el numeral 1056, fracción II, del Código Familiar para el Estado. Sin que sea óbice a lo anterior lo que señala la peticionaria del amparo, en el sentido de que en el auto que impugna la responsable debió emitir el pronunciamiento correspondiente a su recurso, porque presentó su escrito de apelación ante la Oficialía de Partes Automatizada de Término, del Poder Judicial del Estado de Michoacán (OPAT), el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, -el cual fue recibido el veintisiete siguiente en el juzgado responsable y acordado en auto de tres de octubre posterior- pues si bien se advierte que esa petición no fue acordada en el auto impugnado de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, lo cierto es que ello no modifica el sentido del auto combatido pues resulta incuestionable que dicha petición fue presentada por la quejosa fuera del plazo con que contaba para inconformarse con la sentencia definitiva en comento y por ello, no le causa perjuicio que su escrito se hubiere acordado con posterioridad al auto aquí impugnado. Por la misma razón, tampoco procedía que la responsable remitiera el recurso al tribunal de alzada, pues lo anterior procede en el supuesto de admitirse el medio de impugnación aludido, caso en el cual sí procedía que en términos de los artículos 1098 y 1099 del Código Familiar del Estado de Michoacán, determinara los efectos de su procedencia y que la segunda instancia de conformidad con el diverso precepto 1100 del mismo ordenamiento legal, resolviera sobre la admisión, calificación de grado y la oportuna expresión de agravios y su contestación. En esas condiciones, al no advertirse violación a los artículos 1º, 4º y 17 de la Constitución Federal, ni deficiencia que suplir de oficio, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sin que lo anterior, cause alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que este principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, el criterio que enseguida se transcribe, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por su propio derecho y en cuanto representante de los menores de iniciales ********************. y ********************, contra el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el trece de diciembre del año en curso, se tuvo al licenciado ******************** aceptando el cargo de representante especial de los menores ********************. Por tanto, resulta evidente que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que el citado representante especial se imponga del contenido de autos y manifieste lo que a su interés convenga. En tal virtud, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. " Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito presentado por ********************, en su carácter de tercer interesado, mediante el cual realiza diversas manifestaciones relativas al recurso de queja interpuesto dentro del incidente. En tal virtud, dígase al tercer interesado que se esté a lo acordado mediante resolución de veintisiete de octubre del año en curso, en donde se determinó negar la suspensión definitiva por los motivos ahí expuestos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
El catorce de diciembre de dos mil veintidós, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 1138/2022, con una promoción registrada con el número 19477. Conste. Morelia, Michoacán, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito presentado por José Gerardo Rentería Jiménez, en su carácter de tercer interesado, y como lo solicita, téngasele autorizando a Jorge Ismael González Jiménez, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos. Asimismo, de conformidad con los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al expediente electrónico a través del "Nombre de Usuario" jorge1973, registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal, proporcionado para tal efecto, por lo que se ordena asociarlo al presente juicio mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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