Liliana Cortés García Y Otros
Expediente 618/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 618/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/08/2021
Partes del expediente
- Liliana Cortés García Y Otros
Actuaciones
- Principal
...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, seis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98 de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja contra del proveído por el que se desechó de plano el juicio de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. OMAR OSVALDO RUIZ SILVA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 19/07/23 10:09:59 Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso d), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, después de transcurridos tres años en razón de que se desechó de plano la demanda promovida por la parte quejosa. Se requiere a las partes para que de ser el caso acudan dentro del término de noventa días hábiles contado al día siguiente del en que surta la notificación personal del presente proveído a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Asimismo, háganse las anotaciones, en el libro de gobierno de correspondiente que se lleva en este Juzgado de Distrito, y las respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Rosalío Aguilar Cañedo, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio de autorización CCJ/ST/2539/2021, de la Secretaría Técnica de la OMAR OSVALDO RUIZ SILVA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 19/07/23 10:09:59 Amparo indirecto 618/2021-V ??????????????? Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Omar Osvaldo Ruiz Silva, secretario que autoriza y da fe.
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...SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO POR RAQUEL DORANTES VARGAS, ACTUARIA JUDICIAL, MEDIANTE AVISO AL QUEJOSO, POR LO QUE SE LE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE SEIS DE AGOSTO DEL ACTUAL...
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El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a ocho de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito presentado por los quejosos Liliana Cortés García, Patricia Cortés García, Hernán Cortés García y Marco Antonio Cortés García, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado por este este órgano jurisdiccional en proveído de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, refieren lo siguiente: Reclamamos la omisión de declararnos como herederos a bienes de nuestro progenitor Enrique Cortes Sánchez y en vía de consecuencia, la modificación de la resolución interlocutoria de herederos de fecha 02 de marzo de 2021; Tuvimos conocimiento de la resolución interlocutoria el día 12 de marzo de 2021. Empero, versa de una omisión y los derechos hereditarios se pueden reclamar en cualquier tiempo; y, Nos ostentamos con la calidad de terceros extraños a juicio, virtud de que la autoridad responsable esa calidad nos otorgó. En ese sentido, la autoridad responsable dejó a salvo los derechos de tercero en el contexto de la resolución interlocutoria de herederos de fecha 02 de marzo de 2021. Por lo anterior, se le tiene a la parte quejosa dando cumplimiento a la prevención efectuada mediante acuerdo citado. Desechamiento de la demanda Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De la lectura integra de la demanda y del escrito aclaratorio se desprende, el cual fue presentado que la parte quejosa reclama a la autoridad señalada como responsables lo siguiente: "a) La omisión de declararnos como herederos a bienes de nuestro progenitor Enrique Cortes Sánchez y en vía de consecuencia, la modificación de la resolución interlocutoria de herederos de fecha 02 de marzo de 2021". Cabe precisar que en el apartado de hechos de los actos reclamados, precisó: ".Bajo protesta de decir verdad, expresamos los hechos y abstenciones que nos constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado y fundamento de los conceptos de violacion: ". a) Con fecha 18 de noviembre de 2020, nuestra progenitora Refugio Armida García Aldaco, denunció juicio sucesorio intestamentario a bienes de nuestro extinto padre Enrique Cortés Sánchez, en el contexto del expediente 845/2020, del índice del juzgado cuarto de lo familiar con sede en Tepic, Nayarit. b) En la denuncia se precisó que el de cujus procreó como hijos a Liliana, Patricia, Hernán, Marco Antonio y Edgar Enrique todos de apellidos Cortés García. c) Es el caso que con fecha dos de marzo de dos mil veintiuno se dictó sentencia interlocutoria de declaratoria de herederos a bienes de nuestro padre Enrique Cortés Sánchez y se omitió declararnos como herederos a los suscritos en nuestra calidad de descendientes en primer grado. d) Lo anterior, pese a que comparecimos con fecha 04 de diciembre de 2020 y, mostramos interés en la sucesión legítima y señalamos domicilio procesal. Sin embargo, en la resolución interlocutoria que se reclama, específicamente en el resultando 2º (repetido, por cierto) señala - falsamente - que nada manifestamos en el juicio. e) El segundo punto resolutivo, se declaró como únicos y universales herederos a la suscrita Refugio García Aldaco y Edgar Enrique Cortés García; pero, reiteramos, de plano, se omitió referirse a nosotros como hijos del de cujus, Liliana, Patricia, Hernán y Marco Antonio, todos de apellidos Cortés García, pese a que Refugio García Aldaco, nos mencionó a todos en la denuncia intestamentaria y a que Liliana, Patricia, Hernán y Marco Antonio, todos de apellidos Cortés García, nos hicimos presentes en el juicio. f) Ante esa omisión restrictiva de nuestros derechos hereditarios, nos vemos en la necesidad de promover este juicio de derechos humanos y sus garantías para efectos de que se nos respetes nuestros derechos hereditarios a bienes de nuestro padre Enrique Cortés Sánchez. E inclusive, la autoridad responsable nos realiza las notificaciones de las actuaciones en calidad de herederos, por lo que es incongruente que nuestros derechos no los haya reconocido en la resolución interlocutoria. g) De esta manera, la autoridad responsable, nos etiqueta como terceros extraños a juicio, en el que ostensiblemente, tenemos derechos de deducir como herederos y en el resolutivo cuarto de la resolución interlocutoria de declaratoria de herederos, el primario dejó a salvo los derechos de terceros como es nuestro caso, consideren que tienen igual o mejor derecho." De la anterior transcripción, así como de un análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que el acto reclamado por el peticionario de amparo consiste en: La omisión de declararlos como herederos a bienes de su progenitor Enrique Cortes Sánchez y en vía de consecuencia, la modificación de la resolución interlocutoria de herederos de fecha 02 de marzo de 2021". Actos del cual los quejosos manifestaron bajo protesta de decir verdad que tuvieron conocimiento el doce de marzo de dos mil veintiuno. De igual forma, se precisa que el presente estudio se realiza en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Lo anterior, toda vez que del análisis integral de la demanda y del escrito aclaratorio que nos ocupa, se advierte que los promoventes manifestaron en el apartado de antecedentes del acto reclamado [los cuales se transcribieron en párrafos precedentes], bajo protesta de decir verdad, que se enteraron de los actos que reclaman el doce de marzo de dos mil veintiuno. Empero, presentaron su demanda de amparo hasta el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Por ende, a partir de tal premisa, importa tener en cuenta que el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." De conformidad con el artículo y fracción transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento, es decir, en el caso concreto que nos ocupa, a partir del día siguiente a aquel en que tuvo conocimiento o se ostentó sabedor del acto reclamado. Ahora, para conocer los plazos para promover el juicio de amparo, se hace necesario precisar el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Del precepto legal antes transcrito se desprende que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: Primer párrafo: Quince días, regla general; Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general auto-aplicativa, o el procedimiento de extradición; Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y Fracción IV. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, podemos concluir que cuando no se actualice alguno de los supuestos de excepción especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, el plazo para promover la demanda será de quince días [regla general]. Plazo que se computará acorde a lo dispuesto por el diverso numeral 18 de la ley de la materia, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17 en el que el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor. Entonces, siguiendo el marco jurídico, los actos reclamados del escrito inicial y aclaratorio de demanda de amparo, se ubican dentro de la regla general antes enunciada, toda vez que no encuadran en ninguna de las hipótesis precisadas en los incisos b) al e), antes precisados. Así, tenemos que los quejosos manifestaron, bajo protesta de decir verdad, que respecto de los actos reclamados tuvieron conocimiento el doce de marzo de dos mil veintiuno, como lo refirió en su escrito aclaratorio, pues de la lectura de la demanda no se apreciaba dicha circunstancia con claridad, lo que motivó la prevención aquí desahogada. Lo anterior constituye una confesión expresa de la parte quejosa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.". Entonces, si en el caso particular los quejosos conocen el acto reclamado desde el doce de marzo de dos mil veintiuno, como lo manifestaron bajo protesta de decir verdad en su escrito aclaratorio de demanda, es inconcuso que dicha data fija el punto de partida del cómputo del plazo para promover el juicio de amparo, mismo que transcurrió del diecisiete de marzo al nueve de abril, ambos de dos mil veintiuno, conforme se ilustra a continuación: Marzo de 2021. L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 * 17 1 18 2 19 3 20 21 22 4 23 5 24 6 25 7 26 8 27 28 29 9 30 10 31 Abril de 2021. L M M J V S D 1 2 3 4 5 11 6 12 7 13 8 14 9 15 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Simbología Es aplicable al caso, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de paráfrasis: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados.". Por ende, si la demanda de amparo fue presentada hasta el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, es evidente que ello ocurrió en exceso fuera del término legal de quince días a que se contrae el numeral 17 de la Ley de Amparo; lo que refleja de manera fehaciente, un consentimiento tácito del acto reclamado, que actualiza la causal de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia. Sustenta lo dicho, la tesis del Cuarto Tribunal Colegido en Materia Civil del Primer Circuito, que señala: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda.". Aunado a lo anterior, el peticionario de amparo no se encuentra en las excepciones que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ello es así, porque del dispositivo legal 17, en relación con el diverso ordinal 18, ambos de la Ley de Amparo, se desprende en primer lugar, que el cómputo para la interposición de la demanda de garantías, será de quince días hábiles, y que dicho plazo, empezará a contar a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; tomando en consideración la fecha en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, porque el conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa y que sirve de base para el cómputo del término de quince días hábiles para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. Al respecto, la Segunda Sala del Tribunal más Alto del País, de integración anterior, sostuvo el criterio contenido en la jurisprudencia 5, localizable en la página 6, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, Quinta Época, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Además, resulta aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 193-198, Primera Parte, Séptima Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Igualmente da sustento a lo anterior la jurisprudencial XI.1o.A.T. J/1 (10a.), visible en la página 699, Tomo I, Libro XXVI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre de dos mil trece, Décima Época, la cual se transcribe: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo". Pensar lo contrario implicaría que la parte quejosa podría impugnar los actos reclamados en la demanda de amparo, en cualquier momento, no obstante que tuvo conocimiento de ellos desde el doce de marzo del año en curso. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 115/2010., emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XXXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de dos mil once, Novena Época, en el que literalmente dispone: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". Por lo tanto, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, respecto a los actos que en este amparo se reclaman, con apoyo en el numeral 113 de la ley en cita, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Notifíquese; y personalmente a los quejosos en el domicilio proporcionado en autos. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Jorge Salvador Bañales Sánchez, secretario que autoriza y da fe. L´JSBS/J.a.Juicio de amparo 618/2021-V
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, seis de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de veintinueve de abril del año en curso, se ordenó formar cuadernillo de antecedentes con motivo de la devolución del exhorto 17/2020-X, derivado del presente juicio, ello en razón a que la audiencia constitucional tuvo verificativo el veintiocho de abril del presente año, y no fue posible acordar lo concerniente al medio de comunicación devuelto. Luego, toda vez que el treinta de junio del año actual, se dictó el fallo definitivo en este juicio, resulta innecesario que el expedientillo antes citado continúe separado del expediente principal, por ello, glósese a los autos del juicio de amparo del cual deriva, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, en atención a la promoción que dio origen al cuadernillo señalado en el párrafo anterior se provee: se tiene al Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, devolviendo debidamente diligenciado el exhorto 17/2020-X, derivado del presente juicio, el cual se envió a efecto de notificar los proveídos de catorce de enero y diez de marzo del año en curso, a MARÍA TERESA HERNÁNDEZ GIL, con el carácter de Apoderada Legal de la persona moral quejosa DESARROLLO MARINA VALLARTA S.A. DE C.V, a efecto de que la apoderada en cita tuviera conocimiento de la reanudación del presente juicio en las demás etapas procesales, así como la hora y fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo proveyó y firma
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