Liliana Chávez Talavera

Expediente 1245/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1245/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/06/2023

Partes del expediente

  • Liliana Chávez Talavera

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta de la que se desprende que obran las constancias de notificación a las partes de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, así como del auto por el que se por interpuesto el recurso de revisión. En consecuencia, remítase original y copia del oficio de agravios al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito en Turno; a fin de que realice el trámite del recurso en comento. Asimismo, hágase del conocimiento del Tribunal que conocerá del recurso de revisión de mérito, que el expediente electrónico se encuentra habilitado para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE SIETE DE LOS ACTUALES QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el escrito de cuenta remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por el autorizado legal de la parte quejosa, se acuerda: ACLARACIÓN DE SENTENCIA. En primer lugar, conviene destacar que la Ley de Amparo, en el último párrafo del artículo 74, introduce la figura jurídica de la aclaración de sentencia en los siguientes términos: "Artículo 74. La sentencia debe contener: (.) El órgano jurisdiccional, de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada, solamente para corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con la sentencia, acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma." Como se puede advertir, la disposición legal transcrita establece que una sentencia ejecutoriada puede aclararse, de manera oficiosa, por el órgano jurisdiccional que la emitió, con el único fin de corregir los posibles errores que se adviertan en el documento que contiene el acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma. En ese sentido, la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento. Como acto jurídico decisorio, la sentencia es inmutable, pero como documento puede corregirse para que coincida con la decisión correspondiente. Lo que encuentra sustento en la jurisprudencia que a la letra se lee: "SENTENCIA. INMUTABILIDAD DE LA, COMO ACTO JURÍDICO Y NO COMO DOCUMENTO. La sentencia puede ser considerada como un acto jurídico de decisión y como documento. La sentencia, acto jurídico, consiste en la declaración que hace el juzgador respecto a determinada solución, en tanto que la sentencia documento constituye tan sólo la representación de ese acto jurídico, de tal manera que la sentencia documento es sólo la prueba de la resolución, no su sustancia jurídica. De ahí que el principio de la inmutabilidad de la sentencia sea aplicable única y exclusivamente a la sentencia como acto jurídico de decisión y no al documento que la representa. Consecuentemente, siendo un deber del tribunal sentenciador velar por la exacta concordancia entre la sentencia documento y la sentencia acto jurídico, en cumplimiento de tal deber debe corregirse el error que se haya cometido en la sentencia documento, para que ésta concuerde con el acto jurídico decisorio correspondiente." Entonces, del escrito de cuenta, se tiene que la parte quejosa solicita la aclaración de la sentencia, esencialmente respecto de lo siguiente: 1) La autoridad señalada como responsable ordenadora del acto reclamado que emitió la resolución donde se declara improcedente conceder la pensión por viudez solicitada por la parte quejosa, es la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones para Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, no así el Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Cuernavaca del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social. 2) Así mismo, argumenta que la fecha en que dicha resolución se emitió, fue el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, y no así el siete de agosto de dos mil veintidós. Ahora bien, de la sentencia definitiva dictada el pasado nueve de mayo, en su considerando CUARTO, se advierte lo siguiente: ".Asimismo, la diversa autoridad responsable Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones para Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, Ciudad de México, con sede en Ciudad de México, al momento de rendir su respectivo informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le atribuye. Certeza que se corrobora con las copia fotostática que allegó la parte quejosa, consistente en la resolución emitida con motivo de la solicitud de pensión presentada por la solicitante del amparo, de donde se advierte que el siete de agosto de dos mil veintidós, se pronunció una determinación en la que se declaró improcedente concederle la pensión por viudez solicitada, por no cumplir con el requisito establecido en el artículo 132, fracción III de la Ley del Seguro Social; documental a la que es dable otorgarle valor probatorio pleno, dado que la información que la contiene fue aceptada por la responsable emisora, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Por otra parte, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones para Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Ciudad de México (foja 102), se advierte que esta admite como cierto el acto reclamado, consistente en la resolución donde se declara improcedente conceder la pensión por viudez solicitada por la parte quejosa, así mismo, se advierte que esta fue emitida el diecisiete de agosto de dos mil veintidós. En consecuencia, lo procedente es aclarar la sentencia respecto del acto reclamado y autoridad responsable, siendo así, que es a la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones para Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Ciudad de México, a quien corresponde dar cumplimiento a la sentencia como acto jurídico y no a la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones para Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así mismo, se aclara que la fecha de la resolución emitida por la autoridad responsable, misma que constituye el acto reclamado, es diecisiete de agosto de dos mil veintidós, y no así, siete de agosto de dos mi veintidós. En vista de lo anterior, y toda vez que en auto de dos de junio pasado, se declaró que la sentencia dictada causó ejecutoria, requiriendo en consecuencia al Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Cuernavaca del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social, y al Director de la Subdelegación Cuernavaca del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su calidad de superior jerárquico de la primera, el cumplimiento al fallo protector; suspéndase toda comunicación con las mismas, toda vez que no son autoridades responsables en el presente juicio. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO. En su lugar, por lo ya expuesto, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones para Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Ciudad de México, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la sentencia ejecutoria, en los siguientes términos: 1. Dejar insubsistente la resolución de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, en la que se niega la pensión por viudez, para de esa manera inaplicar en perjuicio de la quejosa la fracción III del artículo 132 de la Ley del Seguro Social, y restituirla en el goce del derecho violado. 2. Reconocerle el derecho de percibir la pensión por viudez. Por ende, de incumplir la autoridad responsable sin causa justificada en los términos ya indicados (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se impondrá a su titular una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. REQUERIMIENTO A SUPERIOR JERÁRQUICO. Ahora, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo se requiere al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Ciudad de México, en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable, para que la requiera a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remita las constancias que acrediten el requerimiento realizado a su subordinado, es decir, a la autoridad señalada como responsable, respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el incidente de inejecución de sentencia estableció los lineamientos bajo los cuales se debe requerir a los superiores jerárquicos de las autoridades responsables para lograr el cumplimiento de las sentencias definitivas, a saber: Que el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo es oficioso, lo que implica que la labor de la persona juzgadora de amparo debe ir más allá que una mera expectación de lo que informen las autoridades responsables, las vinculadas al cumplimiento y sus superiores jerárquicos, sino que merece una actitud proactiva que conduzca al eficaz cumplimiento de lo ordenado en la ejecutoria. Que resulta insuficiente que la autoridad superior jerárquica de la responsable manifieste que giró oficio para instarles a cumplir con la ejecutoria de amparo, pues debe acreditar que ejerció verdaderamente sus facultades como superior jerárquica para vencer la renuencia. Que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance como la imposición de medidas de apremio de índole interno y disciplinarias o tendentes a actuar como auxiliar del Juzgado de Distrito en el cumplimiento, a fin de constreñir al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario, la persona juzgadora de amparo, debe considerar insuficiente la intervención de la superior jerárquica, y por tanto acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. Lo anterior, porque el régimen de obligaciones y sanciones que se regulan en la Ley de Amparo conduce a considerar que la persona que se desempeña como superior jerárquica de las autoridades a quienes corresponda el cumplimiento de la ejecutoria, es igualmente responsable en obtener el cumplimiento que las que supervisa. Por tanto, su actuación debe ir más allá, precisamente porque se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrar que realizó todo lo posible para vencer la renuencia de sus subalternos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a/J 58/2008 y tesis P. CLXXV/2000 de la Primera Sala y Pleno Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro Digital 169286 y 190902, que establecen: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN. LOS SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INCURREN EN RESPONSABILIDAD POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS DE AMPARO. Para que en los incidentes de inejecución se actualice la sanción establecida en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario agotar previamente el procedimiento previsto en la Ley de Amparo; de manera que si al examinar de oficio el cumplimiento de la ejecutoria de amparo se verifica que se requirió al superior jerárquico de las autoridades responsables a fin de conminarlo, al igual que a éstas, a dar cumplimiento a la sentencia de garantías, pero no han llevado a cabo todas las diligencias necesarias dentro del ámbito de sus facultades legales para hacerlo, es evidente que han incurrido en contumacia, retrasando el debido cumplimiento, por lo que debe estarse a lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Amparo, el cual dispone que las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo. En ese sentido, el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin enterarlo de que uno de sus subordinados ha incumplido con una sentencia de amparo y se concrete únicamente a enviarle una comunicación en la que le solicite obedezca el fallo federal, sino que el requerimiento de que se trata debe involucrar a tal grado al superior, que si la sentencia no se cumple, procede separarlo de su cargo y consignar los hechos directamente ante el juez de distrito que corresponda, en términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional y de los numerales 105 y 107 de la Ley de Amparo. De ahí que un requerimiento de esa naturaleza, tiene por efecto que el superior jerárquico quede vinculado con las responsables a fin de hacer uso de todos los medios legales a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda hacer e imponer, para conseguir el cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del juez federal." "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A QUIEN SE REQUIERE SU INTERVENCIÓN CUANDO EL INFERIOR NO CUMPLE, DEBE UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA CONSEGUIRLO, ENCONTRÁNDOSE SUJETO A QUE, DE NO HACERLO, SEA SEPARADO DE SU CARGO Y CONSIGNADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Conforme a lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y en el capítulo relativo a la ejecución de las sentencias de la Ley de Amparo, existe un sistema riguroso que debe seguirse cuando se otorga la protección constitucional al quejoso, conforme al cual no sólo se encuentra vinculada al cumplimiento de la sentencia la autoridad directamente responsable, sino todas las autoridades que lleguen a estar relacionadas con ese acatamiento y también, y de modo fundamental, los superiores jerárquicos de ellas. Esta vinculación no sólo se sigue del requerimiento que debe hacerle el Juez de Distrito cuando la autoridad directamente responsable no cumple con la sentencia, sino de la clara prevención del artículo 107 de la Ley de Amparo, de que "las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo". De esta disposición se sigue que el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin que el mismo se entere de que uno de sus subordinados no cumple con una sentencia de amparo y, cuando mucho, le envíe una comunicación en la que le pida que obedezca el fallo federal. El requerimiento de que se trata tiene el efecto de vincular a tal grado al superior que si la sentencia no se cumple, también procederá aplicar a éste la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y 105 y 107 de la Ley de Amparo, a saber, separarlo de su cargo y consignarlo ante un Juez de Distrito. De ahí que ante un requerimiento de esa naturaleza, el superior jerárquico deba hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del Juez. Es obvio, por otra parte, que si el subordinado se resiste a cumplir con la sentencia la deberá cumplir directamente el superior, independientemente de las sanciones que le pudiera imponer. Se le apercibe que de no hacerlo en el plazo de diez días, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se aplicará en su contra una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    R E S U E L V E : ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio amparo Notifíquese

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