Liliana Castillo Davila
Expediente 766/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 766/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Liliana Castillo Davila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto, agréguese a estos autos el oficio transmitido electrónicamente por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a través del cual comunica el proveído de tres de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio de amparo directo ****, de su índice, en el que esencialmente informa que aun no se pronuncia respecto a la competencia planteada por éste órgano jurisdiccional. En virtud de lo anterior, estese a la espera de que la Superioridad informe la determinación conducente respecto a la competencia planteada por éste órgano jurisdiccional mediante auto de doce de julio del actual, a fin de proveer lo que en derecho corresponda en este cuaderno de antecedentes.
- Principal
Visto el estado procesal que guarda el cuaderno de antecedentes en que se actúa, del que se advierte que por auto de siete de agosto de dos mil diecinueve, la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, comunicó electrónicamente el auto de cinco de agosto del año en curso, dictado en el juicio de amparo directo ******, de su estadística, por el cual la Superioridad determinó que previo a acordar lo conducente respecto a la competencia legal planteada por este órgano jurisdiccional en la demanda de amparo promovida por **********************, le resultaba necesario requerir a la autoridad responsable Juez Menor del Decimoquinto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en Aldama, para que le remitiera los autos del juicio ejecutivo mercantil ****, de su estadística; lo anterior, sin que a la fecha en que se actúa se tenga noticia de lo subsecuentemente acordado por la Superioridad. En virtud de lo anterior, atentamente se solicita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que de no tener inconveniente legal alguno, informe a éste Juzgado de Distrito la determinación que en su caso haya tomado dentro de los autos del juicio de amparo ******, de su índice; lo anterior, a fin de estar en posibilidad de proveer lo que en derecho corresponda dentro del presente cuaderno de antecedentes.
- Principal
Visto, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil, con sede en Ciudad Victoria, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que le fue remitido el juicio de amparo 766/2019, con motivo de la competencia declinada a su favor por este órgano jurisdiccional, y se reserva pronunciarse respecto a la aceptación de la misma, hasta en tanto la autoridad responsable cumpla con los requerimientos ahí precisados; lo anterior, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Vista, la demanda de amparo promovida por ********, con sede en Aldama; regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número de expediente ********. Enseguida, este Juzgador de manera íntegra analiza la demanda de amparo y los anexos que la acompañan y se pronuncia de la siguiente manera: Es necesario destacar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida.
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