Liliana Bernal Jiménez

Expediente 1725/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1725/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
19/12/2018

Partes del expediente

  • Liliana Bernal Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 9.-VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista, la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de treinta de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 52 a 54), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en el presente expediente; por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente, toda vez que las autoridades responsables, se encuentran gozando de su periodo vacacional, déjese bajo resguardo del Actuario Judicial que corresponda, los oficios que se libran, para que sean entregados una vez que reanuden sus labores.

  2. Principal

    MESA 9.- SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO.

  3. Principal

    MESA 9.-[...] VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; con la demanda de cuenta se tiene a Liliana Bernal Jiménez, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Pleno Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y otras autoridades, con residencia en esta ciudad, que estima violatorio de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1725/2018-9. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. REQUERIMIENTO Y APERCIBIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Pídase informe justificado a las autoridades responsables al que deberán anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias de las que deriva el acto reclamado, las que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se solicita, apercibidas que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, en términos de la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, se les impondrá a las autoridades responsables omisas, una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional); lo que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho. Hágase del conocimiento a las autoridades señaladas como responsables, que si bien se les otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a las autoridades que en cuanto tengan la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, de inmediato lo hagan saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán rendir el informe que se les solicita con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en los términos del artículo 251 de la citada legislación, se les impondrá una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,418 (dos mil cuatrocientos dieciocho pesos); la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos) valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. En el entendido que de negarse a recibir los oficios de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos); la que se deduce en los mismos términos de lo decretado con anterioridad. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados y delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. INTERVENCIÓN DE LAS DEMÁS PARTES Con copia de la demanda, dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO Ahora, no ha lugar a reconocerle la calidad de tercero interesada a la persona moral que señala en su escrito de demanda, en términos del artículo 5 de la Ley de Amparo, porque aun cuando sea su contraparte en el juicio natural, no tiene interés jurídico en que subsista el acto reclamado, en virtud de que éste es una omisión. PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa, ofreciendo como prueba en el presente asunto la documental que anexó a su escrito de demanda, la que se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórese al momento de dictarse la sentencia respectiva. NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que de conformidad con lo establecido por los artículos 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, en relación a la trascendencia que tenga el auto o resolución que con posterioridad al auto de admisión de demanda, se pretenda notificar a las autoridades responsables, una vez que exista constancia de su notificación en el presente juicio, este Órgano Jurisdiccional, está en aptitud de notificarlas por medio de lista, por lo que los posibles diferimientos del presente asunto que llegaran a presentarse y, como consecuencia la fecha que al efecto se señale para la celebración de la audiencia constitucional, se notificarán por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." APERCIBIMIENTO DE AUTORIDADES INEXISTENTES. Ahora bien, el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables; en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa, que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Por otra parte, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que señala en su escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona por así haberlo solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE No se tramita incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese.

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