Liliana Bautista López

Expediente 708/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
708/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
07/08/2017

Partes del expediente

  • Liliana Bautista López

Actuaciones

  1. Principal

    MESA "7" Ciudad de México, a siete de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a este expediente para que obre como corresponda el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en la Ciudad de México, acusando recibo del oficio 46449 de este juzgado federal, por el que se remitió el expediente en que se actúa, en virtud de que el treinta y uno de julio de la presente anualidad, se declaró la incompetencia por razón de la materia; asimismo informa que el citado juzgado acepta la competencia planteada y se avoca a su conocimiento. ; se le envió el juicio de amparo 418/2017-10, del índice de este juzgado, asimismo informa que se avocó al conocimiento del presente juicio. Ahora bien, en virtud de que no existen actuaciones pendientes por desahogar en el presente asunto, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo, fracción I, se hace la indicación de que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; en consecuencia, una vez transcurridos seis meses, a partir del presente proveído, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA "7" SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y/O AUTORIZADOS EL ACUERDO DE FECHA TREINTA Y UNO DE JULIO DEL DOS MIL DIECISIETE. ACUERDO: "En la Ciudad de México, a treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por LILIANA BAUTISTA LÓPEZ, contra los actos y las autoridades que en la misma se precisan, regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número 708/2017-7 y fórmese el expediente correspondiente. Competencia. Previo a la admisión, desechamiento o prevención de la solicitud que hace valer el peticionario de garantías en su demanda de amparo y en su caso determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos de molestia reclamados, resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ello en virtud que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y por tanto preferentes . Para ello, es pertinente señalar que para determinar si un órgano judicial federal es competente por razón de materia para conocer de una demanda de amparo, debe tomarse en consideración la naturaleza de la acción o pretensión, lo que, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda. En efecto, la competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a invalidar lo resuelto por el juez incompetente. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de materia, cuantía, grado y territorio. La Ley de Amparo vigente, prevé diversos tipos de competencia, a saber: por territorio, por materia, por grado, auxiliar y concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por materia. La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que constituye una ventaja por la formación de su especialidad. Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, lo cual puede dar lugar a que se llegue a plantear un conflicto real de competencia. En esos casos, el tribunal que conozca de ese conflicto, debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida, mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. En consecuencia, debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis es una cuestión relativa al fondo del asunto que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional que sea competente. En esa tesitura, se reitera que para determinar la competencia por materia de un Juzgado de Distrito, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado y no a la relación jurídica sustancial de las partes. Luego, del análisis al escrito inicial de demanda se evidencia que el quejoso señaló como acto reclamado "la abstención y falta de respuesta en los términos previstos por el artículo 8° de la Carta Magna en vigor, respecto de la petición que se hizo vía electrónica el quince de julio de dos mil diecisiete", y señaló como autoridad responsable al Titular de la Visitaduría Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México." Sin embargo, esta juzgadora federal pudo advertir que la promovente de amparo planteó una denuncia o queja de índole administrativa ante el Titular de la Visitaduría Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en contra del Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Tres Sin Detenido, de la Coordinación Territorial y Procuración de Justicia BJ-2, de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación Benito Juárez, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México actuando en la averiguación previa CI-FBJ/BJ-1/VI-1S/D/02659/05/2017. De lo anterior, se desprende que la investigación que en su caso se siga con motivo de la queja presentada por la quejosa vía electrónica el pasado quince de julio de dos mil diecisiete, acto reclamado en este juicio, no es de naturaleza penal, porque no tiene el carácter de averiguación previa, sino que se trata de una investigación de índole administrativo, que tiene por objeto ejercer una "función de control interno", para verificar que la actuación de los servidores públicos de esa dependencia, sea ajustada a derecho. Por ello, se estima que el acto reclamado en el presente juicio, consistentes en la abstención y falta de respuesta en los términos previstos por el artículo 8° de la Carta Magna en vigor, respecto de la petición que se hizo vía electrónica el quince de julio de dos mil diecisiete; no es un acto de naturaleza penal, por el hecho de que no está vinculado con la actividad persecutoria del delito, que atañe a la institución del Ministerio Público, conforme al artículo 21 constitucional; sino que se trata de una investigación de índole administrativo, que tiene por objeto establecer si se acreditan o no los hechos motivo de la queja o denuncia. En ese contexto, al no tener los actos reclamados una connotación penal, sino meramente administrativa, haberse señalado además a una autoridad formalmente administrativa, que actúan en el ámbito de su competencia y sin que esos actos tengan relación alguna con normas o disposiciones penales; es patente entonces que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: "ARTICULO 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." A mayor abundamiento, cabe señalar que el acto reclamado por LILIANA BAUTISTA LÓPEZ no tiene por objeto comprobar la existencia del cuerpo de algún delito, ni la probable responsabilidad de algún sujeto activo, para decidir si procede o no el ejercicio de la acción penal; tampoco provienen de algún proceso penal que se le instruya a la quejosa; ni son actos que afecten la libertad personal, peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; ni guardan relación con la aplicación de penas alternativas a la prisión, la concesión o cancelación de beneficios o con la determinación de los lugares donde se deba cumplir la pena; menos corresponden a una resolución dictada en un incidente de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, ni a resolución emitida en juicio de responsabilidad civil, donde la acción se funda en la comisión de un ilícito; y tampoco atañe a un amparo contra leyes en materia penal. Por tanto, se concluye que esta juzgadora federal especializada en amparo penal, carece de competencia legal, por razón de la materia, para resolver el presente juicio. Consecuentemente, con base en lo dispuesto en el artículo 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el presente asunto es competencia del Juez de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México en turno, motivo por el cual deberá remitirse el expediente en que se actúa por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esa materia y ciudad, para que por su conducto turne al juzgado que corresponda, a cuyo titular se solicita atentamente comunique si acepta o rechaza la competencia declinada. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas, para los efectos legales a que haya lugar. Domicilio de la quejosa y autorizados Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas Carlos López Castellanos, Álvaro Buendía Serrano, Jesús Enrique Díaz Sosa y Jesús Enrique Díaz Aguilar. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, párrafo segundo, en relación con el artículo 12, segunda parte, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por autorizada a Elvia Pamela Díaz Aguilar, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos; quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrase autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Lo anterior de conformidad con el numeral 67, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis; 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    MESA 7: En la Ciudad de México, a treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por LILIANA BAUTISTA LÓPEZ, contra los actos y las autoridades que en la misma se precisan, regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número 708/2017-7 y fórmese el expediente correspondiente. ...al no tener los actos reclamados una connotación penal, sino meramente administrativa, haberse señalado además a una autoridad formalmente administrativa, que actúan en el ámbito de su competencia y sin que esos actos tengan relación alguna con normas o disposiciones penales; es patente entonces que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: ...el presente asunto es competencia del Juez de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México en turno, motivo por el cual deberá remitirse el expediente en que se actúa por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esa materia y ciudad, para que por su conducto turne al juzgado que corresponda, a cuyo titular se solicita atentamente comunique si acepta o rechaza la competencia declinada. ... Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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